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06.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Uruguay se incorporó a una iniciativa regional impulsada por Naciones Unidas y financiada por Japón para fortalecer la seguridad marítima y mejorar el combate contra el narcotráfico en los corredores sudamericanos hacia Asia y el Pacífico.

El proyecto fue lanzado en Montevideo con participación del Ministerio del Interior, la Armada Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y representantes diplomáticos japoneses. La iniciativa apunta a reforzar capacidades de vigilancia marítima, intercambio de información y respuesta frente al crimen organizado transnacional.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, sostuvo que la cooperación internacional es hoy una “condición necesaria e imprescindible” frente a organizaciones criminales cada vez más globalizadas y sofisticadas. El programa busca precisamente fortalecer la llamada “Conciencia del Dominio Marítimo”, es decir, la capacidad de detectar, monitorear y responder a movimientos sospechosos en rutas marítimas estratégicas.

El proyecto se concentrará especialmente en puntos críticos de salida en México, Ecuador, Argentina y Uruguay, considerados corredores relevantes para el tráfico internacional de drogas, incluidas drogas sintéticas y precursores químicos destinados a mercados de Asia y Oceanía.

El Director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, destacó que el intercambio permanente entre instituciones y países es indispensable para alcanzar objetivos estratégicos en seguridad. La dimensión regional aparece como un eje central: el narcotráfico dejó hace tiempo de operar bajo lógicas puramente nacionales y hoy funciona mediante redes transnacionales conectadas a lavado de activos, tráfico de armas, sicariato, extorsión y delitos financieros.

La presencia de Japón en el financiamiento del programa muestra además cómo el problema dejó de ser exclusivamente latinoamericano. El embajador japonés en Uruguay, Kenichi Okada, señaló que Tokio busca fortalecer la cooperación con Montevideo no solo por razones de seguridad, sino también para contribuir a la estabilidad regional y a un entorno de negocios más seguro para inversiones extranjeras.

La conexión Asia-América del Sur se volvió particularmente sensible en los últimos años. Diversos informes de Europol, Naciones Unidas y agencias antidrogas muestran que puertos sudamericanos incrementaron su peso como plataformas de salida de cocaína hacia Europa, África y Asia, aprovechando redes logísticas marítimas cada vez más complejas y diversificadas.

Uruguay aparece frecuentemente en ese mapa por su posición portuaria, conectividad logística y estabilidad institucional. El puerto de Montevideo se transformó en un nodo relevante del comercio regional y, al mismo tiempo, en un punto de atención para organizaciones criminales que buscan infiltrar cadenas de exportación mediante contenedores contaminados o estructuras de lavado vinculadas al comercio exterior.

La preocupación regional creció después de varios decomisos internacionales vinculados a cargamentos salidos desde puertos sudamericanos. El avance de drogas sintéticas y precursores químicos también modificó la agenda de seguridad: ya no se trata únicamente de cocaína tradicional, sino de nuevas sustancias, laboratorios clandestinos y cadenas de suministro químico internacional.

El lanzamiento de esta iniciativa coincide además con una intensificación de la cooperación internacional en seguridad impulsada por Uruguay durante 2026. En abril, Montevideo fue sede de la Segunda Reunión de Coordinación Regional de la División Cono Sur de la DEA, con participación de representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos.

Paralelamente, el Ministerio del Interior firmó recientemente un memorando de entendimiento con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una organización con sede en Ginebra especializada en análisis, investigación y estrategias contra redes criminales internacionales. El acuerdo apunta a fortalecer políticas basadas en evidencia, cooperación regional y capacidades de investigación.

El gobierno uruguayo busca construir una estrategia de seguridad con fuerte componente internacional. El propio ministro Carlos Negro sostuvo en distintos foros que el crimen organizado “transversaliza todos los delitos” y que las fronteras nacionales son insuficientes para enfrentar estructuras criminales que operan simultáneamente en varios países.

La dimensión marítima se volvió especialmente estratégica. El comercio internacional depende de rutas oceánicas y puertos cada vez más integrados, lo que convierte al control marítimo en una prioridad no solo para seguridad pública, sino también para estabilidad económica, comercio exterior y reputación internacional de los países exportadores.

En ese escenario, la cooperación entre fuerzas policiales, armadas, organismos internacionales y sistemas de inteligencia aparece como un eje central. La UNODC advirtió que las organizaciones criminales aprovecharon la globalización logística y tecnológica para expandir operaciones hacia otros continentes, utilizando corredores marítimos complejos y redes financieras internacionales.

Uruguay apuesta a reforzar capacidades antes de que el problema alcance niveles más graves. La estrategia combina intercambio de inteligencia, coordinación regional, monitoreo marítimo y fortalecimiento institucional. El desafío será sostener esas capacidades frente a organizaciones criminales con enorme capacidad financiera, adaptación tecnológica y alcance transnacional.

La incorporación a esta iniciativa muestra una señal política clara: el país busca posicionarse como un actor activo en la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero también refleja una preocupación creciente: en un mundo donde las redes criminales operan sin fronteras, la seguridad marítima dejó de ser solo un asunto naval y pasó a convertirse en una cuestión estratégica de Estado.

Imagen: Portal Mnisterio del Interior Uruguay