Uruguay tiene 3.244 refugiados y más de 30.000 pedidos sin resolver
13.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress)- Personas de 52 países tienen reconocido el estatuto de refugiado pero hay más de 30.000 solicitudes de refugio que permanecen pendientes, fuerte aumento que desbordó la capacidad de respuesta y mantiene miles de expedientes pendientes.
Uruguay tiene actualmente 3.244 personas reconocidas como refugiadas provenientes de 52 países, mientras enfrenta un problema de dimensiones muy superiores: más de 30.000 solicitudes permanecen en trámite a la espera de que el Estado determine si corresponde otorgarles esa condición.
Las cifras muestran el fuerte crecimiento que experimentó en los últimos años un fenómeno que durante décadas tuvo una dimensión relativamente reducida en el país. La diferencia entre ambas categorías es fundamental. Una persona refugiada es aquella cuyo pedido ya fue estudiado y a quien Uruguay reconoció formalmente la necesidad de protección internacional. Un solicitante de refugio, en cambio, permanece a la espera de que la Comisión de Refugiados (CORE) resuelva su expediente. ACNUR utiliza precisamente esa distinción en sus estadísticas oficiales.
El volumen acumulado de expedientes se convirtió en uno de los principales desafíos de la política migratoria uruguaya.
Un sistema bajo presión
Durante 2025 Uruguay recibió más de 16.000 nuevas solicitudes de refugio, una cantidad extraordinariamente elevada para la capacidad administrativa del país. En abril de este año, Csukasi informó que ya existían unas 30.000 solicitudes sin tramitar y reconoció que la situación representaba un "desafío enorme".
La cifra contrasta con lo que ocurría pocos años atrás. Los datos oficiales recopilados por ACNUR muestran que en 2024 se habían presentado 6.780 nuevas solicitudes; en 2023 fueron 8.322 y en 2022, 9.129. El aumento de los expedientes no significa necesariamente que todas esas personas terminarán siendo reconocidas como refugiadas.
La legislación internacional reserva esa condición para quienes requieren protección debido, entre otras causas, a persecución, conflictos o graves situaciones que amenazan su seguridad. Una parte de quienes llegaron a Uruguay utilizó inicialmente el mecanismo de refugio porque encontraba dificultades para acceder a otras vías de regularización migratoria. Ese fenómeno llevó al Estado a buscar mecanismos alternativos.
El programa de arraigo
En 2024 se creó el Programa de Residencia por Arraigo, dirigido precisamente a personas que habían ingresado por un punto de control migratorio solicitando refugio, residían en Uruguay y no podían obtener una residencia mediante los procedimientos disponibles hasta entonces.
La iniciativa permitió regularizar a alrededor de 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos, que pudieron abandonar la vía del refugio y tramitar una residencia legal. ACNUR valoró positivamente esa solución. Pero la presión sobre el sistema continuó.
Uruguay mantiene una política migratoria comparativamente abierta y, según el último censo, unas 120.000 personas nacidas en el exterior viven actualmente en el país. Argentinos, venezolanos y cubanos constituyen algunos de los grupos más numerosos.
Venezuela encabezaba los refugiados reconocidos
Los últimos datos desagregados publicados por ACNUR permiten observar además una diferencia importante entre refugiados y solicitantes.
A fines de 2024, los venezolanos constituían el principal grupo entre los refugiados reconocidos, con 799 personas, seguidos por colombianos, sirios, salvadoreños y cubanos. Entre quienes esperaban una resolución, en cambio, predominaban ampliamente los cubanos: entonces había 23.825 solicitudes pendientes correspondientes a ciudadanos de ese país.
La composición actual puede haber cambiado con el crecimiento registrado durante 2025 y 2026, por lo que esos datos no deben confundirse con las cifras más recientes del total.
Menos cooperación internacional
El incremento de solicitudes coincidió además con una reducción de los recursos internacionales disponibles. Csukasi explicó que Uruguay venía sosteniendo parte de la atención mediante programas de ACNUR financiados en gran medida con cooperación proveniente de Estados Unidos. Esa fuente de recursos desapareció durante 2025 y el gobierno tuvo que reasignar fondos nacionales para mantener el funcionamiento del sistema.
La vicecanciller planteó entonces una cuestión central: independientemente de que finalmente obtengan o no el estatuto de refugiado, quienes presentan una solicitud tienen derecho a recibir una respuesta del Estado. Y allí se encuentra el principal problema.
Uruguay ha conseguido desarrollar mecanismos para regularizar a miles de migrantes y mantiene una política de protección internacional, pero la capacidad institucional para resolver expedientes no creció al mismo ritmo que las solicitudes.
El resultado es una fotografía paradójica: 3.244 personas ya cuentan con el reconocimiento formal de refugiadas, mientras más de 30.000 siguen esperando que Uruguay decida si tienen derecho a recibir esa misma protección.
Foto: Nicolás celaya / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
