POLÍTICA / SEGURIDAD PÚBLICA
Uruguay y la tentación del “modelo Bukele”: por qué no existe una fórmula exportable
09.09.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – Uruguay mantiene desde 2018 una tasa de entre diez y doce homicidios cada 100.000 habitantes, con una concentración especialmente alta en Montevideo y su área metropolitana. La persistencia de la violencia alimenta la angustia ciudadana, endurece el debate político y vuelve atractivas las promesas de soluciones rápidas.
Según el Ministerio del Interior, durante 2025 se registraron 371 homicidios y una tasa nacional de 10,3 cada 100.000 habitantes. El promedio de Montevideo entre 2022 y 2024 fue de 15,8, aunque en algunos períodos y zonas de la capital superó ampliamente ese nivel.
La preocupación no surge solamente de las cifras actuales. Los homicidios crecieron durante las últimas décadas, cambiaron sus características y se vincularon cada vez más con disputas entre grupos criminales, mercados ilegales, armas de fuego y dinámicas de represalia.
La inseguridad aparece regularmente entre los principales problemas mencionados por los uruguayos en las encuestas. Esa percepción genera pedidos de renuncias, reclamos de mayor presencia policial y propuestas para endurecer las penas o ampliar la participación militar.
En ese contexto reaparece una referencia regional: el llamado “modelo Bukele”.
Una reducción extraordinaria de los homicidios
El Salvador pasó de registrar una de las tasas de homicidios más altas del mundo a presentar niveles comparables con los de países europeos.
En 2015 contabilizó aproximadamente 105 homicidios cada 100.000 habitantes. El Gobierno salvadoreño informó que durante 2025 ocurrieron 82 asesinatos, equivalentes a una tasa de 1,3 cada 100.000 habitantes.
La reducción es real y modificó profundamente la vida cotidiana. Comunidades que permanecían bajo el control territorial de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 recuperaron espacios públicos, disminuyeron las extorsiones y volvieron a circular entre barrios que anteriormente estaban separados por fronteras criminales.
El resultado convirtió al presidente Nayib Bukele en uno de los gobernantes más populares de América Latina y transformó su política de seguridad en una referencia para dirigentes de distintos países.
Sin embargo, las cifras oficiales salvadoreñas deben analizarse con cierta cautela. Organizaciones independientes cuestionan la falta de acceso a los datos completos y señalan que algunas muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos, fallecimientos en prisión y desapariciones no son incorporadas a las estadísticas de homicidios.
Esas observaciones no eliminan la magnitud de la reducción, pero impiden atribuirle al indicador oficial una precisión absoluta.
El régimen de excepción
La política de Bukele se consolidó en marzo de 2022, después de una serie de asesinatos que dejó 87 muertos en tres días.
El Gobierno declaró un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales, amplió los plazos de detención, restringió el acceso inmediato a la defensa y permitió arrestos sin orden judicial.
Desde entonces fueron detenidas más de 90.000 personas, una proporción excepcionalmente alta para un país de alrededor de seis millones de habitantes.
Miles de acusados fueron procesados colectivamente y permanecieron durante largos períodos en prisión preventiva. El Gobierno construyó además el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, con capacidad para decenas de miles de reclusos.
La estrategia desarticuló las estructuras territoriales de las pandillas, pero también provocó detenciones de personas que no figuraban en los registros policiales como integrantes o colaboradores de esos grupos.
Miles fueron liberadas después de que las autoridades reconocieran que no existían pruebas suficientes para mantenerlas encarceladas.
Organizaciones de derechos humanos documentaron denuncias de tortura, desapariciones, falta de atención médica y centenares de muertes bajo custodia. El Gobierno rechaza que esas prácticas formen parte de una política sistemática y sostiene que los abusos denunciados son investigados.
Seguridad a cambio de controles democráticos
La transformación de El Salvador no se limitó a la seguridad pública.
En 2021, la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Los nuevos jueces habilitaron posteriormente la reelección presidencial consecutiva, pese a que durante décadas la Constitución había sido interpretada en sentido contrario.
Bukele obtuvo un segundo mandato en 2024 con más de 80% de los votos. En 2025, la Asamblea aprobó una reforma que eliminó los límites a la reelección presidencial, extendió el mandato de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral.
Periodistas, organizaciones sociales y dirigentes opositores denunciaron además vigilancia, persecución judicial y restricciones al acceso a la información pública.
El informe de Varieties of Democracy de 2026 clasifica a El Salvador como una autocracia electoral. Esto significa que conserva elecciones y algunas instituciones formales, pero carece de condiciones suficientemente libres y equilibradas para ser considerado una democracia electoral.
La disyuntiva, por tanto, no consiste únicamente en evaluar si la estrategia redujo los homicidios. También implica determinar qué instrumentos fueron utilizados, qué controles desaparecieron y cuánto poder quedó concentrado en el Ejecutivo.
Uruguay no enfrenta el mismo fenómeno criminal
El primer obstáculo para trasladar el modelo es que Uruguay y El Salvador no parten de la misma realidad.
Las maras salvadoreñas eran organizaciones masivas, visibles y territorialmente estructuradas. Controlaban barrios completos, imponían extorsiones sistemáticas, regulaban la movilidad de la población y mantenían decenas de miles de integrantes identificados.
En Uruguay, la violencia criminal está más fragmentada. Existen organizaciones vinculadas con el narcotráfico, pero la mayoría posee menor escala, estructuras inestables y una implantación territorial diferente.
Una parte importante de los homicidios se relaciona con conflictos interpersonales, violencia intrafamiliar y disputas entre pequeños grupos criminales. No existe una única organización cuya desarticulación permita reducir automáticamente la mayor parte de la violencia.
El territorio también importa. El Salvador tiene una superficie menor que la de varios departamentos uruguayos y una densidad de población muy superior. Esa configuración facilita el despliegue militar y el control simultáneo de las principales zonas urbanas.
Uruguay posee, además, una tradición institucional distinta, con mayor independencia judicial, controles parlamentarios, libertad de prensa y mecanismos de protección de los derechos individuales.
Aplicar un régimen de detenciones masivas exigiría modificar o desconocer garantías constitucionales fundamentales.
Las cárceles pueden fortalecer al crimen organizado
El segundo problema es el sistema penitenciario.
El modelo salvadoreño se apoya en la capacidad de encerrar durante períodos prolongados a decenas de miles de personas, muchas de ellas sin condena individual.
En Uruguay las cárceles ya presentan problemas de hacinamiento, violencia, dificultades de rehabilitación y limitada capacidad de control estatal. Una expansión masiva de las detenciones podría agravar esas condiciones.
La experiencia de varios países latinoamericanos demuestra que las prisiones superpobladas pueden transformarse en centros de reclutamiento y coordinación criminal.
Brasil ofrece uno de los ejemplos más claros: organizaciones como el Primer Comando de la Capital crecieron dentro de las cárceles y posteriormente extendieron su poder hacia las calles y otros países.
El encarcelamiento puede neutralizar temporalmente a determinados grupos, pero sin inteligencia financiera, control penitenciario, investigación criminal y capacidad judicial también puede contribuir a reorganizarlos.
Lo que sí puede aprender Uruguay
La imposibilidad de reproducir el modelo completo no significa que la experiencia salvadoreña carezca de elementos para estudiar.
La recuperación del control territorial, la identificación de las estructuras criminales, la coordinación entre organismos, el bloqueo de comunicaciones desde las cárceles y la intervención sostenida en zonas dominadas por grupos violentos son objetivos aplicables dentro del Estado de derecho.
Uruguay también puede mejorar la investigación de homicidios, seguir el dinero del narcotráfico, controlar las armas ilegales y actuar sobre las cadenas de suministro de drogas.
Una estrategia sostenible requiere fortalecer la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, pero también intervenir sobre la deserción educativa, la exclusión laboral, las adicciones y la concentración territorial de la pobreza.
No se trata de elegir entre prevención y represión. Los homicidios exigen una respuesta policial inmediata, pero su reducción permanente depende también de evitar que los grupos criminales puedan reemplazar rápidamente a cada integrante detenido.
Una fórmula política difícil de revertir
El principal atractivo del “modelo Bukele” es su aparente sencillez: decisión política, despliegue militar, detenciones masivas y caída inmediata de los homicidios.
Su principal riesgo es que las facultades extraordinarias no desaparezcan cuando disminuye la amenaza que justificó su creación.
El régimen de excepción salvadoreño fue presentado como una respuesta temporal, pero continúa renovándose desde 2022. Durante ese período, el Gobierno no solamente encarceló a presuntos pandilleros: también consolidó su control sobre la Justicia, debilitó a la oposición y eliminó los límites a la reelección.
El éxito en seguridad otorgó a Bukele el respaldo social necesario para transformar el sistema político. Esa combinación explica por qué el modelo resulta tan atractivo para algunos dirigentes y tan preocupante para quienes advierten sobre el deterioro democrático.
Uruguay necesita reducir una tasa de homicidios que permanece en niveles elevados para su historia y supera ampliamente el promedio mundial. Pero importar una respuesta creada para otra estructura criminal, otro territorio y otro sistema institucional puede generar consecuencias diferentes.
El desafío consiste en recuperar seguridad sin convertir la excepción en regla ni presentar las garantías democráticas como obstáculos para combatir el delito.
Imagen: Operativo policial en Montevideo. Crédito: Ministerio del Interior. Imagen institucional.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
