UY Press - Agencia uruguaya de noticias

22.06.2025

COLONIA (elecodigital) - Los trabajadores del campo, específicamente pequeños productores y peones, exponen en el informe que sigue las necesidades y caminos que se deben tomar para romper el desequilibro social, y parar la fuga de trabajadores del campo hacia la ciudad.

Basándose en oficiales históricos y actuales, nucleados en la gremial "peones de estancia", los pequeños productores y empleados rurales, presentan el informe que sigue:

El medio rural fue cuna de identidad nacional, sostén de su economía e inspiración de su imaginario. Sin embargo, en el presente, el país parece haberle dado la espalda a ese territorio fundacional. Aunque desde el punto de vista macroeconómico se celebren cifras récord en exportaciones agropecuarias, la realidad que viven a diario quienes hacen posible esa riqueza dista mucho de ser motivo de festejo. Detrás de esos logros hay miles de personas que enfrentan condiciones de vida frágiles, con escasas oportunidades de desarrollo y, en muchos casos, obligadas a abandonar el campo por falta de futuro.

En ese escenario desigual, el Instituto Nacional de Colonización ha sido una de las pocas instituciones públicas que ha sostenido una política activa para enfrentar la exclusión rural. A través de la adjudicación de tierras con criterios de equidad y compromiso social, ha intentado mantener viva la posibilidad de una vida digna en el medio rural.

Este informe busca justamente poner en evidencia esa contradicción: mientras el agro sostiene parte fundamental de la economía nacional, quienes lo trabajan suelen quedar al margen de los beneficios. Se trata de visibilizar el abandono estructural que sufren los asalariados rurales y los pequeños productores, pese a su rol clave en la generación de riqueza para el país.

Porque, en definitiva, no hay país productivo posible si se vacía de gente el territorio que lo alimenta.

Una ruralidad que se desvanece: el territorio como recurso, no como hábitat

De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística (2023), solo el 3,64 % de la población uruguaya reside en áreas rurales dispersas. Esta cifra viene cayendo de forma constante desde comienzos del siglo XXI. En 2005, el porcentaje era de 6,7 %. En los últimos cinco años, el campo uruguayo ha venido perdiendo habitantes a un ritmo constante del 1,9 % anual. Esta caída no responde a una dinámica espontánea, sino que es el resultado de un abandono sistemático: la falta de inversión estatal, la creciente concentración de tierras, el cierre de escuelas rurales y la ausencia de políticas firmes que incentiven a las familias a quedarse han empujado esta realidad.

Lejos de ser una elección personal, la salida de las y los jóvenes del medio rural sobre todo entre los 15 y 35 años obedece a un escenario que los expulsa: sin oportunidades reales, sin servicios básicos y sin perspectivas de futuro, permanecer en el campo se vuelve cada vez más inviable.

Lo hace porque las condiciones no permiten construir un proyecto de vida allí. La tierra, para muchos, es improductiva o inaccesible; los créditos, escasos; la tecnología y la conectividad, insuficientes. Se ha instalado una idea preocupante: que Uruguay puede ser agroexportador sin uruguayos viviendo en el agro.

Proyecciones recientes de la CEPAL y el INE advierten que esta tendencia podría continuar, estimando una caída adicional del 30 % en las próximas dos décadas.

El productor familiar: una categoría que se estira para ocultar la desaparición

Durante mucho tiempo, se entendió por productor familiar a quien trabajaba personalmente su campo, de no más de 200 hectáreas (índice CONEAT 100), y que obtenía de esa tierra su sustento principal. No obstante, en 2014 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca amplió ese límite hasta las 500 hectáreas, incorporando así a unidades productivas con mayor capacidad económica dentro de esa clasificación.

Más que un reflejo de expansión o fortalecimiento del sector, este cambio parece haber tenido como objetivo suavizar el impacto de su contracción, estirando los márgenes estadísticos para disimular una caída que, en términos reales, sigue profundizándose.

Hoy, según datos oficiales (MGAP, 2024), hay unos 26.000 productores familiares registrados. Pero si se mantuviera la definición anterior, esa cifra sería notablemente menor: menos de 15.000.

Asalariados rurales: entre el atraso institucional y el abandono

El recorrido de los trabajadores rurales en Uruguay ha sido históricamente desigual en términos de derechos laborales. Mientras la jornada laboral de 8 horas se estableció en 1915 para los trabajadores urbanos, los rurales recién accedieron a ese derecho en 2008, casi un siglo después, mediante la Ley N.º 18.441.

Hasta 2005, tampoco participaban de los Consejos de Salarios. Sus remuneraciones eran fijadas por decreto, sin intervención de sindicatos ni negociación colectiva. Por ejemplo, en ese año, el salario mínimo mensual de un peón común era de $1.192, mientras que el mínimo industrial era de $2.500, una diferencia que evidenciaba el rezago del sector.

Recién en julio de 2005 se aprobó el primer laudo del Grupo 22, con aumentos semestrales. Desde entonces, los salarios han mejorado, pero siguen rezagados. En 2025, el peón rural percibe un salario mínimo de $29.439 brutos, un 10 % por debajo del promedio nacional, y sin compensaciones por la dureza del trabajo rural.

Además, enfrentan:

- Falta de acceso a salud y vivienda adecuadas.

- Jubilaciones insuficientes, por trayectorias laborales interrumpidas o informales.

- Un sistema previsional que no reconoce el desgaste físico propio del trabajo rural, a pesar de que estudios del INMT (Instituto

Nacional de Medicina del Trabajo, Udelar-2020) muestran que el 47 % de los trabajadores rurales mayores de 40 años sufre enfermedades músculo-esqueléticas crónicas.

La mayoría vive a más de 20 km de un centro de salud especializado.

Productividad y envejecimiento: la ecuación que nadie quiere ver

En el medio rural, el trabajo depende en gran medida de la fuerza física. Labores como regar, sembrar, pastorear, domar, esquilar, cosechar, curar ganado, levantar pesos, hacer alambrados, ordeñar, o caminar largas distancias bajo sol, viento o lluvia, exigen un desgaste corporal constante, muchas veces al límite. Con el paso del tiempo, cuando el cuerpo empieza a resentirse, también lo hace la capacidad de generar ingresos, justo en el momento en que más se necesita estabilidad económica.

Este deterioro progresivo crea un ciclo de empobrecimiento para las personas mayores, desalienta a las nuevas generaciones y acelera el vaciamiento del campo.

Un campo sin juventud: crónica de un éxodo anunciado

Las cifras lo muestran con claridad: más del 50 % de los productores tiene más de 55 años, y apenas un 7 % son menores de 35 (DIEA, 2023). Pero no es que la juventud haya perdido el interés por la vida rural; el problema es que las condiciones actuales no les permiten proyectarse ni quedarse.

La vida rural hoy en su gran mayoría carece de condiciones básicas para sostener un proyecto familiar o personal.
El cierre de escuelas, la precariedad de la salud, la falta de acceso a tierras y créditos, y la ausencia de políticas públicas integrales han convertido al campo en un lugar que produce, pero no reproduce vida.

Economía próspera, distribución desigual

El sector agropecuario es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional: aporta más del 7 % al Producto Interno Bruto y es responsable de aproximadamente el 70 % de las exportaciones uruguayas. Solo en 2022, la venta al exterior de carne vacuna superó los 2.500 millones de dólares, reafirmando su rol estratégico dentro del modelo productivo del país. Sin embargo:

- El 10 % de las empresas concentra el 60 % de la tierra y del valor exportado.

- Los productores familiares acceden a menos del 25 % del crédito.

- El trabajo rural sigue siendo el peor remunerado del país.

Uruguay exporta alimentos de alta calidad, pero invisibiliza la injusticia estructural que los produce.

El papel del Instituto Nacional de Colonización

El Instituto Nacional de Colonización (INC) ha sido una de las pocas instituciones del Estado con una política
territorial sostenida en favor de la vida rural. A través de herramientas específicas, ha promovido el acceso a la tierra para sectores históricamente excluidos: productores familiares, asalariados rurales organizados, mujeres jefas de hogar, jóvenes y cooperativas.

Sin embargo, por valiosas que sean estas políticas, resultan insuficientes si no se acompañan de medidas estructurales que permitan a esas familias permanecer y desarrollarse en el medio rural. La tierra por sí sola no garantiza el arraigo. Si no hay acceso al crédito, infraestructura, servicios básicos como salud o educación, y asistencia técnica, muchos de los beneficiarios quedan a mitad de camino, enfrentando enormes dificultades para sostener su proyecto de vida.

Esta fragilidad golpea especialmente a los asalariados rurales, históricamente relegados. La falta de capital y de respaldo institucional hace que compitan en condiciones desiguales frente a otros perfiles. Lo mismo ocurre con pequeños productores familiares, particularmente los que operan en predios menores a 50 hectáreas en el norte del país, muchas veces excluidos de los sistemas de apoyo estructural.

Un dato ilustrativo: en la última década, más de 10.000 jóvenes postularon al INC para acceder a tierras. Solo un 2 % logró ingresar. Esta desproporción refleja no solo las limitaciones presupuestarias del Instituto, sino también los múltiples obstáculos económicos, sociales y técnicos que persisten.

Desde 2005, el INC ha incorporado más de 100.000 hectáreas, adjudicadas bajo modalidades como el arrendamiento con opción a compra, colonias colectivas y núcleos familiares. A diferencia del mercado especulativo, el INC aplica criterios de justicia social y desarrollo territorial. Pero su accionar ha sido solitario y su financiamiento dependiente de un 3 % de las compraventas de tierras rurales lo vuelve vulnerable a los vaivenes del mercado y de la política.

Pese a estas restricciones, en 2023 logró sostener proyectos productivos de más de 4.000 familias, muchas con hijos en edad escolar, evitando así su desplazamiento hacia la periferia urbana. Este esfuerzo demuestra que otra ruralidad es posible, aunque queda claro que, sin respaldo estatal más amplio y políticas integrales, el impacto seguirá siendo limitado.

¿Qué futuro es posible si el campo se queda sin uruguayos?

La continuidad del modelo actual nos empuja hacia un escenario preocupante: jóvenes que emigran, trabajadores sin retiro digno y territorios vacíos. Un país agro exportador sin gente en el campo no es desarrollo, por ende, no es viable.

Propuesta: reforma rural para el arraigo y la dignidad

Resulta imprescindible una reforma del régimen previsional rural que contemple las particularidades del sector. El sistema actual desconoce condiciones laborales propias del campo, como:

- El esfuerzo físico y la exposición a las inclemencias climáticas.

- El inicio temprano en la actividad.

- La intermitencia del empleo.

A esto se debe sumar el reconocimiento de:

- Años de trabajo efectivo, más allá de los aportes formales.

- Tareas no remuneradas, particularmente las asumidas por mujeres.

- La posibilidad de retiro anticipado (por ejemplo, a los 55 años con 25 de trabajo rural comprobado).

Esta propuesta no es solo un acto de justicia histórica. Es también una señal clara para las nuevas generaciones: el país necesita y valora a quienes sostienen el campo.

La jubilación como elemento de justicia social para quedarse

Hoy en día, no son pocos los jóvenes rurales que abandonan el campo. No lo hacen por falta de apego, sino porque no encuentran un horizonte que les permita proyectar una vida digna en su lugar de origen. Al mirar la historia de sus familias (padres, madres, abuelos y abuelas que han trabajado toda su vida como peones o pequeños productores) lo que encuentran es una realidad repetida: salarios insuficientes, viviendas precarias y una jubilación que no refleja ni mínimamente el sacrificio acumulado durante décadas.

Modificar esta situación no es solo una cuestión de justicia social, sino también una forma concreta de reconocer el valor real que este sector aporta a la economía del país. Porque quienes trabajan la tierra, quienes crían, siembran y cosechan, no solo alimentan al país: sostienen gran parte de su motor exportador. Sin embargo, paradójicamente, son quienes menos reciben a cambio.

Una jubilación adecuada y diferencial que contemple la dureza de las tareas rurales, el inicio temprano en la actividad y las trayectorias interrumpidas no debería ser vista como un gasto, sino como una forma legítima de retribución a quienes han sido actores clave del desarrollo económico nacional. La seguridad social debe adaptarse a esta realidad.
No se puede seguir exigiendo lo mismo a quienes han trabajado a la intemperie, con el cuerpo como principal herramienta, que a quienes han tenido una trayectoria urbana o de oficina.

El arraigo no se construye solamente con tierra o con caminos transitables. Se construye, sobre todo, con certezas. Y una de esas certezas fundamentales es saber que el trabajo realizado a lo largo de toda una vida va a ser reconocido con una vejez digna, sin miseria ni olvido. Reformar el régimen jubilatorio del peón rural y del pequeño productor no solo es justo: es una herramienta imprescindible para frenar el éxodo, sostener las comunidades rurales y construir un futuro donde el campo siga siendo habitado por uruguayos y uruguayas, no solo por cifras en los balances económicos.

Conclusión: reconstruir la raíz para sostener el país

Uruguay no puede permitirse seguir dándole la espalda a su ruralidad. La deuda no es solo económica, sino también histórica e institucional. Si no se adoptan medidas urgentes para garantizar condiciones de vida dignas en el medio rural, la despoblación del campo se volverá irreversible.

Promover el acceso a la tierra, mejorar la seguridad social rural y fortalecer organismos como el INC no son acciones aisladas: son pasos necesarios para construir un país más justo, equitativo y con futuro. La justicia rural no es un privilegio. Es el cimiento de una nación viva.

Sindicato de Peones de Estancia

Bibliografías:
INE. Censo Nacional de Población y Vivienda 2023.
DIEA - MGAP. Anuarios Estadísticos Agropecuarios 2020-2024.
MGAP. Registro de Productores Familiares, 2024.
PIT-CNT / Instituto Cuesta Duarte. Informes de Consejos de Salarios 2023-2025.
BCU. Informe Económico Trimestral 2023.
BPS. Informe de Seguridad Social Rural, 2023.
INMT - Udelar. Diagnóstico sobre salud laboral rural, 2020.
Ley N.º 18.441 (2008) - Jornada laboral rural.
Ley N.º 5.350 (1915) - Jornada de 8 horas para trabajadores urbanos.
Instituto Nacional de Colonización. "Memorias anuales 2010-2024".
Observatorio de Tierra. MGAP, 2024.
MIDES/BPS. "Estudio de condiciones de vida de productores rurales", 2022.
PIT-CNT. "Laudo rural y Ley de 8 horas: una conquista histórica", 2009.
DELOITTE Uruguay. "Informe sobre el sistema previsional y las AFAP", 2024.
PNUD Uruguay. "La ruralidad

Imagen:  Viviendo en el medio rural (Foto gremial Peones de Estancia) (El Eco Digital)

https://elecodigital.com.uy/sociedad/uruguay-y-su-ruralidad-invisible-hablan-los-trabajadores/