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30.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El debate sobre memoria, pasado reciente y libertad de expresión volvió al centro de la discusión política luego de que el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir planteara su intención de desarchivar y volver a tratar un proyecto de ley contra el negacionismo del terrorismo de Estado.

La iniciativa había sido presentada durante el período legislativo anterior y apunta a sancionar a quienes nieguen públicamente, justifiquen o minimicen las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante la dictadura cívico-militar, entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

El proyecto propone que la persona que incurra en ese tipo de manifestaciones públicas deba corregir el sentido de sus afirmaciones y retractarse en el mismo espacio en que fueron realizadas. En caso de no hacerlo, establece una sanción de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, específicamente en tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica.

Valdomir explicó que su intención de reflotar el texto se produce en un contexto de declaraciones políticas que, a su juicio, relativizan o minimizan el terrorismo de Estado. En particular, se refirió a dichos recientes de dirigentes nacionalistas, entre ellos Sergio Botana y Graciela Bianchi, que generaron rechazo en sectores del Frente Amplio y organizaciones vinculadas a la memoria histórica.

El legislador frenteamplista sostiene que no se trata de castigar opiniones sobre el pasado, sino de impedir la negación de hechos históricos respaldados por evidencia, investigaciones judiciales, políticas públicas de memoria y reconocimiento legal del propio Estado uruguayo.

La reacción de la oposición no tardó en llegar. El exsenador colorado Ope Pasquet cuestionó este viernes la iniciativa en la red social X y afirmó que el Frente Amplio busca “crear un delito de opinión”. Según Pasquet, si se abre esa puerta, podría habilitarse en el futuro el castigo de otras negaciones o afirmaciones, obligando a preguntar al poder político “de qué se puede hablar y qué hay que decir”.

Pasquet calificó la propuesta como un “delirio estalinista” y una “gravísima amenaza a la libertad”, postura que fue compartida por la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

Valdomir respondió recordando que en la legislatura pasada legisladores de distintos partidos impulsaron un proyecto para sancionar la negación, banalización o menoscabo del Holocausto judío, el genocidio armenio y otros genocidios reconocidos por el Estado uruguayo. El diputado señaló que entonces no vio a Pasquet expresar la misma preocupación por la libertad de expresión.

El cruce expone el centro del debate. Para los impulsores del proyecto, la democracia tiene derecho a proteger la verdad histórica frente a discursos que niegan crímenes cometidos desde el aparato estatal y que lesionan la memoria de las víctimas. Para sus críticos, en cambio, una ley de estas características podría convertirse en un instrumento para sancionar opiniones, incluso cuando esas opiniones sean equivocadas, ofensivas o históricamente falsas.

La discusión tiene base jurídica e histórica. Uruguay ya reconoció por ley la responsabilidad del Estado en prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada, prisión sin intervención judicial, homicidios, aniquilación de personas, exilio político y destierro de la vida social durante el período de actuación ilegítima del Estado y la dictadura.

También creó por ley los Sitios de Memoria Histórica del pasado reciente, concebidos como espacios de recordación, reconocimiento, reparación simbólica y transmisión de memoria sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por motivos políticos, ideológicos o gremiales.

El proyecto contra el negacionismo se apoya en ese marco. Sus defensores afirman que no busca imponer una versión partidaria del pasado, sino defender hechos ya reconocidos por normas, investigaciones y políticas públicas. Sus detractores responden que el artículo 29 de la Constitución protege de forma amplia la comunicación de pensamientos y que cualquier castigo penal o cuasipenal sobre manifestaciones públicas debe analizarse con extrema cautela.

La tensión no es nueva ni exclusivamente uruguaya. Varios países europeos sancionan la negación del Holocausto o la apología de crímenes nazis. Pero la recepción de ese tipo de normas depende de cada tradición constitucional, del peso histórico de los crímenes y de los límites que cada democracia fija entre libertad de expresión, discurso de odio, apología del delito y protección de la memoria.

En Uruguay, el debate tiene una sensibilidad particular. La búsqueda de detenidos desaparecidos continúa abierta, las causas judiciales por delitos de lesa humanidad avanzan lentamente y cada 20 de mayo miles de personas marchan en silencio para reclamar verdad y justicia. En ese contexto, las declaraciones que minimizan el terrorismo de Estado suelen generar fuerte impacto político y social.

La discusión parlamentaria, si finalmente se reactiva, deberá resolver varias preguntas: qué se entiende jurídicamente por negacionismo, cómo se diferencia de una opinión política, quién determina la existencia de una negación de hechos probados, qué garantías tendrá el acusado y si la sanción propuesta es compatible con la libertad de expresión.

Por ahora, el proyecto vuelve a instalar un debate de fondo: cómo protege una democracia la memoria de sus víctimas sin debilitar las libertades que la sostienen.

El Frente Amplio parece dispuesto a reabrir la discusión. La oposición ya marcó su resistencia. Y el país vuelve a enfrentarse a una pregunta que atraviesa todo el pasado reciente: hasta dónde puede llegar la libertad de opinar cuando lo que se niega son crímenes cometidos por el propio Estado.