UY Press - Agencia uruguaya de noticias

02.11.2026

MELBOURNE (Uypress) – La legalización y regulación del cannabis para uso adulto podría representar una mejora acumulada de 859 millones de euros (aproximadamente US$ 963 millones) para las finanzas públicas del estado australiano de Victoria hasta 2037. La estimación, elaborada por la Oficina Presupuestaria del Parlamento estatal, contempla un modelo comercial que combina distribución mayorista pública con producción y venta minorista a cargo de empresas privadas autorizadas. Sin embargo, la iniciativa todavía enfrenta obstáculos políticos y regulatorios antes de convertirse en una realidad.

El análisis fue solicitado por David Limbrick, legislador del Partido Libertario en el Consejo Legislativo de Victoria, con el objetivo de evaluar las consecuencias económicas de establecer un mercado legal y regulado de cannabis.

El informe examina un escenario hipotético de funcionamiento durante aproximadamente una década, con la eventual puesta en marcha del sistema en julio de 2027 y el comienzo de las ventas comerciales a mediados de 2028.

Las cifras no corresponden a ingresos ya obtenidos ni a una decisión de legalización aprobada. Representan una proyección económica condicionada a la adopción de una reforma que todavía no cuenta con el respaldo necesario del gobierno estatal.

Un mercado con distribución mayorista estatal y comercios privados

El modelo estudiado establece una participación directa del Estado en la cadena de comercialización del cannabis.

La propuesta contempla la creación de una entidad mayorista de propiedad pública, encargada de adquirir cannabis a productores autorizados y distribuirlo posteriormente a establecimientos minoristas habilitados.

Las empresas privadas podrían participar en el cultivo, procesamiento y comercialización final, siempre que obtuvieran las licencias correspondientes y cumplieran los controles regulatorios.

El objetivo declarado es combinar la participación empresarial con una estructura pública que permita supervisar el abastecimiento, mantener controles de calidad y captar parte de los beneficios económicos del mercado.

El sistema también permitiría determinadas modalidades de autocultivo doméstico para personas adultas y establecería un organismo responsable de administrar las autorizaciones y fiscalizar su cumplimiento.

Las ventas a menores de 18 años permanecerían prohibidas.

El esquema se diferencia de otros modelos internacionales, como el uruguayo, donde el Estado regula el mercado y establece las condiciones de producción y distribución, pero no opera como comprador mayorista exclusivo de toda la cadena comercial.

Casi 900 millones de euros en ingresos proyectados

Según las cifras difundidas del análisis presupuestario, el modelo podría generar ingresos públicos brutos cercanos a 898 millones de euros (aproximadamente US$ 1.006 millones) durante el período evaluado.

De esa cantidad deberían descontarse alrededor de 33 millones de euros (US$ 37 millones) en gastos operativos y otros 5,9 millones de euros (US$ 6,6 millones) correspondientes a inversiones iniciales en instalaciones, equipamiento y puesta en funcionamiento.

El resultado sería una mejora fiscal acumulada estimada en 859 millones de euros (US$ 963 millones).

La mayor parte de los recursos provendría de los beneficios obtenidos por la entidad mayorista estatal y de las tasas asociadas al otorgamiento de licencias.

El cálculo considera que una proporción importante de las personas que actualmente adquieren cannabis en el mercado ilegal comenzaría a utilizar los canales autorizados.

Sin embargo, la Oficina Presupuestaria advierte que las estimaciones presentan un grado considerable de incertidumbre, debido a las dificultades para determinar el tamaño real del mercado ilícito y anticipar las decisiones de los consumidores.

El resultado económico dependerá especialmente de los precios, la disponibilidad de productos y la capacidad del sistema regulado para competir con los proveedores clandestinos.

Un estudio anterior proyectó beneficios económicos todavía mayores

La nueva estimación parlamentaria se suma a otros análisis sobre las consecuencias de regular el cannabis en Victoria.

En julio de 2025, el Penington Institute presentó una investigación elaborada por la consultora económica Sapere Research Group que examinó el impacto potencial de un mercado legal para personas adultas.

Ese estudio proyectó una expansión de la actividad económica, la creación de empleos y una transferencia progresiva de consumidores desde el mercado ilícito hacia los comercios autorizados.

Según sus estimaciones, un sistema regulado podría generar 3.125 empleos equivalentes a tiempo completo durante el primer año de funcionamiento y añadir alrededor de 17.000 puestos equivalentes a tiempo completo a lo largo de una década, bajo los supuestos utilizados por los investigadores.

También identificó oportunidades para las economías regionales y rurales, particularmente mediante nuevas actividades agrícolas, industriales y comerciales.

El informe estimó que aproximadamente el 52,5% de los beneficios económicos directos podría concentrarse fuera del área metropolitana de Melbourne.

Los resultados del Penington Institute y de la Oficina Presupuestaria no son directamente equivalentes, ya que utilizan modelos regulatorios y metodologías diferentes.

Sin embargo, ambos trabajos identifican la existencia de una actividad económica que actualmente opera en gran medida fuera del sistema tributario y de los mecanismos formales de control.

La legalización todavía enfrenta resistencia política

A pesar de las proyecciones económicas, el gobierno de Victoria no ha anunciado una decisión para establecer un mercado comercial de cannabis destinado a personas adultas.

En agosto de 2026, representantes del Ejecutivo señalaron ante el Parlamento que no existían planes para despenalizar de manera general la posesión y el consumo personal.

Esta posición constituye uno de los principales obstáculos para avanzar hacia el esquema evaluado por la Oficina Presupuestaria.

El Partido Legalise Cannabis Victoria y otros sectores políticos han promovido diferentes iniciativas destinadas a modificar la legislación vigente.

Una de ellas, presentada en julio de 2026, propone realizar una consulta ciudadana sobre la legalización del cannabis.

Sin embargo, el proyecto de consulta no establece por sí mismo un mercado comercial regulado. La propuesta sometida a consideración de los legisladores se concentra en permitir determinadas cantidades para posesión, consumo privado y autocultivo doméstico.

La existencia de iniciativas diferentes demuestra que el debate todavía no ha alcanzado un acuerdo sobre el modelo regulatorio que debería adoptarse.

Los desafíos sanitarios y el mercado ilegal

Los defensores de la regulación argumentan que un mercado legal permitiría mejorar los controles sobre la composición de los productos, reducir la participación de organizaciones criminales y generar recursos para financiar políticas públicas.

También consideran que las autoridades podrían establecer requisitos de trazabilidad, etiquetado, límites de edad y condiciones de comercialización que actualmente no se aplican sobre las operaciones clandestinas.

Sin embargo, los sectores contrarios a la legalización advierten sobre posibles efectos en la salud pública, especialmente en relación con el consumo problemático, la exposición de adolescentes y los trastornos vinculados con el uso frecuente de cannabis.

Otra cuestión central es la capacidad real para desplazar al mercado ilegal.

La experiencia internacional muestra que la creación de canales autorizados no elimina automáticamente la comercialización clandestina.

Los precios, los impuestos, la disponibilidad territorial y las restricciones sobre determinados productos pueden influir en las decisiones de los consumidores.

Por esta razón, la estimación de ingresos no debe interpretarse como una garantía de recaudación.

El beneficio fiscal proyectado depende de que una parte importante del consumo existente se traslade efectivamente al sistema regulado y de que los costos administrativos y sanitarios permanezcan dentro de los parámetros previstos.

Australia mantiene diferencias regulatorias entre sus territorios

Australia permite el acceso a cannabis medicinal bajo un sistema federal de regulación sanitaria, pero mantiene restricciones importantes sobre el uso no médico.

El Territorio de la Capital Australiana, donde se encuentra Canberra, introdujo en 2020 un régimen que permite a las personas adultas poseer cantidades limitadas de cannabis y cultivar algunas plantas para consumo personal.

Sin embargo, ese sistema no autoriza una red comercial de establecimientos dedicados a la venta recreativa.

Victoria mantiene un marco legal diferente, con sanciones sobre actividades no autorizadas y un debate legislativo que todavía no ha producido una reforma integral.

La coexistencia de distintas normas estatales y federales representa un desafío adicional para establecer cadenas de producción y comercialización.

Cualquier proyecto de regulación comercial deberá considerar también las competencias del gobierno australiano en materia de sustancias controladas y las obligaciones internacionales asumidas por el país.

Uruguay como antecedente para el debate australiano

La discusión en Victoria tiene puntos de contacto con la experiencia de Uruguay, que en 2013 aprobó la Ley 19.172 y se convirtió en el primer país en establecer un sistema nacional de regulación del cannabis para uso adulto.

El modelo uruguayo contempla tres vías de acceso para las personas habilitadas: adquisición en farmacias, cultivo doméstico y participación en clubes de membresía.

La producción y comercialización están sujetas a condiciones establecidas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

Sin embargo, el modelo australiano estudiado presenta una diferencia estructural importante: contempla que una entidad pública concentre la distribución mayorista y participe directamente en la captación de los ingresos comerciales.

En Uruguay, la regulación no fue concebida principalmente como una política destinada a maximizar la recaudación tributaria, sino como un instrumento de salud pública y control del mercado.

La experiencia uruguaya también demuestra que el funcionamiento de un sistema regulado requiere mecanismos permanentes de fiscalización, adaptación de precios, seguimiento de consumidores y revisión de las condiciones de acceso.

Uypress ha abordado anteriormente estas cuestiones al analizar la Estrategia Nacional de Drogas 2026–2030 y las propuestas para ampliar las modalidades de acceso legal al cannabis.

La discusión australiana permite incorporar otra perspectiva: el potencial fiscal de la regulación y el papel que podría desempeñar el Estado en la comercialización.

Una oportunidad económica que depende de una decisión política

La estimación de 859 millones de euros (US$ 963 millones) constituye un argumento económico relevante en el debate sobre la legalización del cannabis en Victoria.

Sin embargo, la existencia de un beneficio fiscal potencial no resuelve automáticamente las diferencias políticas, sanitarias y jurídicas que rodean la propuesta.

El modelo de distribución mayorista pública requeriría crear nuevas instituciones, establecer mecanismos de supervisión y definir procedimientos de control sobre toda la cadena productiva.

También sería necesario determinar cómo se utilizarían los ingresos obtenidos y qué proporción se destinaría a prevención, atención sanitaria, investigación y reducción de daños.

Por el momento, el gobierno estatal mantiene sus reservas sobre avanzar hacia una legalización comercial.

La propuesta de David Limbrick y los estudios económicos disponibles muestran que el debate ha dejado de concentrarse exclusivamente en las consecuencias penales del consumo.

La discusión también incorpora preguntas sobre el desarrollo de una nueva industria, la creación de empleo, la participación del Estado y el destino de los recursos actualmente movilizados en el mercado clandestino.

Hasta 2037, Victoria podría obtener un beneficio fiscal considerable si adopta un modelo regulado y si se cumplen las condiciones previstas por los investigadores.

Pero el primer paso continúa pendiente: alcanzar un acuerdo político sobre la legalización y definir qué sistema de producción, distribución y comercialización estaría dispuesto a implementar el estado australiano.