UY Press - Agencia uruguaya de noticias

06.01.2014

Como un déjà vu, la semana pasada una realidad invisibilizada estallaba en nuestras narices: nuevos casos de explotación sexual de adolescentes y los involucrados son varones vinculados al poder.

Críticas y reflexiones periodísticas en las redes sociales en torno a si es o no correcto decir el nombre de los procesados, con argumentos por el sí que daban cuenta que el propio testimonio del empresario gastronómico esteño se implicó a sí mismo, por lo que acabó procesado, y entonces allí ya no había atisbo de inocencia, más allá del fallo final. Otros decían que más allá de ser procesados como explotadores sexuales de jóvenes que tienen entre 15 y 17 años, debía preservarse su identidad, las iniciales y demás detalles, como se hace con otros presuntos delincuentes.

Y en el medio del planteo, notas periodísticas que deslizaban, como remate de la información brindada, la posibilidad de que las madres de las adolescentes también sean procesadas por faltar a su responsabilidad de Patria Potestad. El remate de la condena estaba, otra vez, en las madres. Otra vez se diluía la culpa de otras figuras de referentes adultos que estas víctimas de explotación sexual, que pertenecen a contextos sociales vulnerables, puedan tener. Otra vez varias nos preguntábamos: ¿cuándo van a nombrar a los padres?

Esto último no es una persecución sexista. Es una apelación a la coherencia: ¿por qué si constantemente se continúa haciendo referencia a la familia heteronormativa como 'modelo' para la sociedad, no se toma esa misma 'familia' constituída por 'mamá y papá' y también se busca una corresponsabilidad en la Patria Potestad?

La necesaria apelación a la figura paterna también tiene que ver con que la trayectoria de muchas de las niñas o adolescentes hacia la explotación sexual comercial está vinculada en un alto porcentaje de los casos con violencia intrafamiliar y abusos por parte de su padre, su tío, su primo, su abuelo.

Luis Purtscher, del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES) lo sintetiza de esta manera en el Informe "Explotación y Desamparo" (2012) de la Asociación Civil Servicios y Acciones por la Infancia (S.A.I. - Programa Arcoiris) y Fundación Justicia y Derecho (FJD): "Una niña que está sufriendo violencia intrafamiliar, abusada por su padre, por su tío, por su primo, en situaciones de violencia pasa a ganar el espacio de la calle, se va de la casa y deja la escuela. Comienza a quedar sola en el mundo de la calle, allí aparece algún vínculo que muchas veces es de carácter afectivo, es la figura que aparece como 'protector' y la introduce en la explotación. Muchas veces la gurisa te dice que su proxeneta es su novio y que va a ser el padre de sus hijos".

"El carácter de víctima de explotación sexual infantil suele ser el acumulado de una serie de situaciones vividas por las niñas y las adolescentes que las colocan en posición de víctima con anterioridad a dicha causa. Buena parte de las niñas y adolescentes explotadas, fueron previa y concomitantemente víctimas de otras formas de violencia entre otras vulneraciones de derechos", añade el citado documento, que se presentó a mediados de 2013.

A esto debe sumarse que los pocos casos de explotación sexual infantil y juvenil que salen a la luz mediática, y que se han conocido recientemente, aluden justamente a víctimas que forman parte de contextos socioeconómicos vulnerables. Como si en otras esferas sociales, en los estratos medios y altos de la sociedad uruguaya, no hubiera abusos. O como si "el vecino cercano a la niña que le da un kilo de azúcar a cambio de un favor sexual" (ejemplo utilizado en el informe) no estuviera ejerciendo abuso.

Una nueva apelación a que los y las periodistas utilicemos el lenguaje correcto para este tipo de situaciones de vulneración de derechos, nunca está de más. No es "prostitución infantil". Es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Molestémonos por intentar llamar a las cosas por su nombre y a los explotadores como lo que son.

Ah. Ocurre que sin "clientes" se acaba el negocio. Y un problema mayor es que si nos metemos con los "clientes" vamos a tener que meternos con tu hijo, con tu marido, con el legislador, con el sindicalista, con el comisario, con el turista. ¿Estamos listos y listas para reventar este negocio? ¿Seguro?

No dudo de las mejores intenciones de la CONAPEES y de todas las instituciones que la integran y que trabajan en pos del Protocolo y de reforzar los controles y advertir este tipo de delitos. Pero todavía nos falta, y reconocerlo alcanza para empezar.

En Uruguay, "año a año se reciben más denuncias de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes", afirma el Informe de S.A.I. y FDJ. Puede que haya más casos, como también que las víctimas o su entorno se animen más a denunciar.

A pesar del aumento de denuncias, las cifras siguen sin ser claras. Existe un "subregistro", debido a problemas en la sistematización de la información: la Suprema Corte de Justicia se excusa de detallar la información brindada, porque el proceso de datos es "manual"; sin embargo, indica que en 2011 hubo 5 casos de procesos concluidos por violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, niñas y adolescentes en Montevideo y 6 en el interior del país.

En el Ministerio del Interior le expresaron a los investigadores del citado informe que "no existe, hasta este año, una base de datos en red con alcance nacional para el registro de denuncias de delitos y hechos policiales en general. Históricamente las estadísticas del Ministerio del Interior se elaboraron a partir de información obtenida mediante un formulario mensual que cada Jefatura debía completar consignando en el mismo una serie de cifras relativas a los delitos sobre los que había tomado conocimiento durante el mes. Por razones de economía de procedimiento y para no sobrecargar de tareas administrativas a las Unidades Ejecutoras, en este formulario se priorizaba la información vinculada con eventos delictivos (poniéndose mucho menos énfasis en recoger datos sobre las personas vinculadas con estos eventos)".

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) respondió que "no tiene conocimiento de la existencia de un sistema de registro de casos de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes" y "tampoco existe, en el ámbito del CODICEN, un programa especial de protección y/o rehabilitación para las víctimas de explotación sexual comercial de niños y adolescentes".

Desde INAU, una de las instituciones clave en la recepción de denuncias por violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, la información fue remitida por la CONAPEES, a través de la Defensoría Pública del Poder Judicial. De allí se desprende que entre 2009 y 2012 se dieron 23 procesamientos: "seis por contribución a la ESC, seis por retribución por actos sexuales o eróticos, seis por pornografía, atentado violento al pudor seis, proxenetismo uno, trata, reclutamiento uno, lavado de activos provenientes de trata uno. Los perpetradores fueron mayoritariamente -hombres, salvo en cuatro casos que eran madres de las víctimas. Asimismo, el 56% de los casos fueron mayores de 40 años de edad. No disponemos de información adicional sobre el alcance de la información antes referida".

Pienso si a esta altura hay que ver o proceder. Comparto la idea de que la explotación sexual infantil y adolescente está "invisibilizada". En especial en los casos menos obvios; menos obvios que el hecho de que un empresario gastronómico de 75 años en Punta del Este pague a un proxeneta de Melo para acostarse con una chica de 15 años.

Pero también hay que proceder. "Los especialistas consultados coinciden en que los encuentros sexuales con las víctimas suelen ocurrir en lugares cercanos a los circuitos de prostitución adulta. Quienes trabajan en el control de whiskerías y prostíbulos (INAU y Policía) sostienen que en los casos de los centros dedicados específicamente a la prostitución, como whiskerías, prostíbulos y casas de masajes, las niñas y adolescentes suelen estar cerca, pero no adentro del sitio, para evitar sanciones", indica el Informe de FDJ.

En Montevideo, los barrios identificados como de mayor riesgo de situaciones de explotación sexual comercial son: la Ciudad Vieja, en especial la zona portuaria y la zona del Mercado del Puerto, donde ingresan turistas y camioneros. También: Cordón, Parque Batlle, la Aguada y zonas aledañas al Palacio Legislativo. Además, se identifican calles o avenidas importantes de la capital, como: Camino Maldonado, Avenida Garzón, Boulevard Artigas y Avenida 18 de Julio.

El inspector Diego Fernández, jefe de Policía de Montevideo, declaraba para el informe que "este tipo de fenómenos no se da en el centro de la ciudad, sino, en los cinturones, aunque hay bolsones de la zona del Centro. Está muy vinculado con el nivel socioeconómico del área, pero más que eso no hay conclusiones que sacar porque indudablemente este tipo de prostitución es oculta y no está a la vista de la autoridad. Por lo tanto, es difícil de combatir por su propia naturaleza ilegal".

Y está la frontera: seca, al Norte, y líquida, en el litoral de Uruguay.

Desde 2008 se ha constatado que "hay un síntoma grave que se repite en varios puntos del país: el auge de la prostitución infantil. En varios puntos del país la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se ha vuelto habitual. A nadie sorprende hoy ver chicas de 14, 15 y 16 años en puntos ya 'clásicos' de varias ciudades (diversas fuentes, testimonios y observaciones coinciden en señalar Salto, Paysandú, Mercedes, Nueva Palmira, Carmelo y algunos puntos de Maldonado) y de varias rutas nacionales (ruta 1 y las carreteras del litoral) en lo que parecen ser acciones que están yendo más allá de esporádicas y ocasio- nales estrategias de supervivencia. Estas prácticas superan el accionar de los organismos de protección social", indica el documento.

Esto puede verse en Colonia y Nueva Palmira (en Colonia); en Mercedes (Soriano) y en Fray Bentos (Río Ne- gro) y en Bella Unión (Artigas), relacionado con la existencia de mega emprendimientos, así como el desarrollo y la producción de caña de azúcar.

Purtscher analiza que faltan estudios sobre el impacto social que estos emprendimientos han representado: "Estos son problemas que se generan por la demanda y, paradojalmente, estos modelos de desarrollo tienen enjundiosos estudios sobre el daño o sobre el potencial daño ambiental, pero nunca se generan espacios de análisis de amortiguación del daño social".

El psicólogo Sergio Pereira, responsable del Proyecto Frontera, señala que las fronteras secas generan condiciones propicias para este delito: "traer chiquilinas de otro lado permite cierto anonimato y la forma de escaparse es más fácil también. Si yo estoy a punto de ser capturado en determinado país, en el caso de Uruguay, me voy rápido para el otro lado y entonces ya es más difícil que me encuentren".

La conexión entre Melo y Maldonado dio cuenta justamente de una trata de niñas y adolescentes mujeres a nivel interno en el país.

En septiembre del año pasado, "La Casita del Parque" corrió un velo y el entonces jerarca sanducero, Horacio De los Santos, terminó procesado. La jueza que lo procesó, Karen Ramos, trasladada.

Ahora que ya vimos lo que pasa a diario, hay que proceder: para desentrañar estos casos y desnaturalizarlos de nuestra cotidianeidad.