UY Press - Agencia uruguaya de noticias

27.05.2013

El silencio y las voces Marcha en silencio en las calles de Montevideo, voces por « el derecho a saber » en el Senado de la República Francesa en París : el 20 de mayo, como todos los años, desfilaron silenciosamente exigiendo Verdad, Justicia, Memoria y Nunca más, miles de orientales, respondiendo al llamado de los familiares de expresos y desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado dictatorial ; al día siguiente , 21 de mayo, se reunían en el Senado de la República francesa, eminentes juristas franc

La marcha silenciosa estaba encabezada por la gran pancarta donde se leía : « En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables ? ». La misma consigna fue repetida el 21 de mayo en París en la inauguración del coloquio que quedará grabado en la memoria de los que pudieron participar y en las relaciones solidarias de jurisprudencia francesa y uruguaya.

La Suprema Corte de Justicia del Uruguay fue reiteradamente cuestionada. No podía ser de otra manera. La decisión aprobada por la ley que re instaura el régimen de impunidad para los militares y sus cómplices que cometieron crímenes de lesa humanidad, ha consternado al mundo jurídico internacional. Significa no solo un retroceso para el derecho en el Uruguay, sino también para la defensa de los derechos humanos en América latina. El destacado jurista internacional Louis Joinet fue muy preciso y categórico en sus apreciaciones. Afirmó que la ley promulgada por la Corte se convierte en un desafío a toda la comunidad internacional. La negación de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es "un grave precedente que puede inspirar a los Estados depredadores que esperan dar vuelta la página para que ésta no pueda ser leída". Recordó que en el Senado francés en 1981 se organizó el primer coloquio sobre la desaparición forzosa en Argentina.

Louis Joinet comentó la otra decisión de la SCJ que provocó en Uruguay, en la región y en el plano internacional un repudio generalizado : el traslado no justificado de la jueza Mariana Mota de la justicia penal a la civil, cuando ésta se ocupaba de más de cincuenta causas relacionadas por la violación de derechos humanos. Uno de los momentos emocionantes del coloquio fue suscitado por las palabras de L. Joinet cuando, después de estimar que la SCJ se había desacreditado a sí misma por la decisión tomada, sin ninguna razón valedera del traslado mencionado, sostuvo que era ella, la jueza, la que representaba el honor de la justicia uruguaya.

El profesor de universidad Olivier de Frouville experto independiente de las Naciones Unidas, insistió en la importancia de ayuda a las víctimas de crímenes de terrorismo de Estado en sus reclamos de justicia. Remarcó la necesidad de las jurisdicciones de derecho supra-nacionales, primeramente en el ámbito de las regiones, pero sobre todo a nivel universal. Señaló que es una de las evoluciones más importantes del derecho contemporáneo : superar los nacionalismos jurídicos, y elaborar normas de valor cada vez más general.

Ante la pregunta precisa del valor a conferir a una ley nacional que infringiera los derechos humanos tal como se les admite por la jurisprudencia internacional, insistió en que no hay excepción posible : la ley que viola con claridad lo establecido por los derechos humanos, no tiene validez. Tampoco ningún referéndum o plebiscito popular pueden ser considerados jurídicamente válido si contradice los derechos humanos.

El laberinto jurídico y su minotauro : el monstruo de la impunidad
La ley 15.848, denominada pomposamente "Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado", que establece que el Estado no castigaría los delitos cometidos por los militares o policías cometidos hasta el 1° de marzo de 1985, es una ley de amnistía para los terroristas de Estado. Los torturadores, los que hicieron desaparecer personas y cadáveres, los ladrones de niños recién nacidos, no serán juzgados. Los familiares y las víctimas no tienen derecho, según esta ley de impunidad, a reclamar ninguna pena, ni siquiera a que la justicia abra procesos judiciales contra ellos. La grosería jurídica de esta ley, está viciada además por el entorno de coacción en la que fue gestada : como es de conocimiento público, fue impuesta por la fuerza a los legisladores, que la votaron bajo amenazas de represalias de toda índole sino se la aprobaba. A pesar de la oposición que desencadenó dicha ley, a pesar de los diversos intentos para erradicarla, sigue inscripta tan campante como cuando fue promulgada en 1986. En octubre 2011, se logró, después de una larga batalla de los legisladores frenteamplistas, votar la llamada ley de interpretación que anulaba varios artículos de la ley de caducidad y restablecía la capacidad punitiva del Estado sobre los delitos de terrorismo de Estado, que catalogó de lesa humanidad (ley 18.831). Pero esta ley fue objeto de una declaración de inconstitucionalidad, de algunos de sus artículos, por la SCJ (febrero 2013). Lo que decretó nuevamente la impunidad de los crímenes de terrorismo de Estado. El laberinto jurídico, complicado y difícil de seguir para el ciudadano común, encierra a la bestia inmunda, al minotauro, que continúa impune en su seno, gozando de buena salud.

Las exposiciones de la fiscal Mirta Guianze, del abogado Carlos López Goldaracena, de la senadora Constanza Moreira, de la jueza Mariana Nota fueron de una claridad y de una precisión convincentes. Esperamos que puedan conocerse a la brevedad la totalidad de estas intervenciones. La aridez de las discusiones jurídicas se transformó en la palabra de los oradores en un interesantísimo debate que cautivó la atención del público. Las conferencias fuero seguidas por numerosas preguntas que animaron discusiones que solo las limitaciones de tiempo pudieron concluir. Al escuchar a los conferencistas nos preguntábamos cómo, a pesar de un pensamiento jurídico de tal solvencia, a pesar de la capacidad de exposición de quienes lo han elaborado, puede estar el Uruguay de hoy empantanado en el marasmo de la impunidad. Se nos hacía flagrante la contradicción : en el Uruguay democrático, cuarenta años después del golpe, gobernado desde hace años por autoridades de izquierda, con mayorías parlamentarias suficientes, subsisten todavía restos del cadáver de la impunidad, perfectamente conservados, y que aplastan con su peso y contaminan con su toxicidad nauseabunda, la sociedad entera. Estos restos arcaicos y regresivos de la impunidad no hay que ir a desenterrarlos en ninguna caserna : con gran desparpajo, el Estado uruguayo los exhibe a su pueblo y al mundo entero por uno de los organismos que debiera hacer todo lo contrario. La Suprema Corte de Justicia se transforma en el portavoz de los criminales impunes, en vez de ser el garante de los derechos de las víctimas.

El derecho a saber y Macarena Gelman

La intervención de Macarena fue otro de los momentos sumamente emotivo del coloquio. La enunciación del nombre con el que ella misma ha decidido presentarse a partir del año 2000, Macarena Gelman García, es como contar un fragmento de la dolorosa historia reciente de dos ciudades, Montevideo y Buenos Aires, de tres generaciones rioplatenses. "Macarena" nos habla de su entorno familiar montevideano en el que creció y se formó como mujer. "Gelman" nos recuerda el nombre de su padre, Marcelo Ariel, periodista y poeta como Juan su propio padre, asesinado a los 20 años en Buenos Aires. "García" el nombre de su madre, María Claudia, secuestrada en Buenos Aires, asesinada luego de parir a su hija en Montevideo, cuando tenía 19 años. Macarena tenía 23 años cuando fue reencontrada, después de innumerables esfuerzos, por su abuelo Juan Gelman, una de las voces poéticas más altas de Latino - américa. Sabemos lo que suscitó esta "aparición" en Montevideo y sus repercusiones. Fue el encuentro de un gran poeta con su gente, fue a la vez un triunfo de la ética política, el reencuentro de un niño robado por la dictadura, y una verdadera victoria de la poesía. El encuentro entre el abuelo y su nieta, fue también el reencuentro de la memoria de los niños de los desaparecidos, el reencuentro de una memoria perdida, de una memoria colectiva que parecía recordarse de sí misma en la reunión simbólica del poeta Juan y de su nieta Macarena. Los poemas leídos por Gelman en el acto memorable en el que se convirtió en ciudadano de honor de Montevideo, reveló una de las significaciones primitivas, y por eso casi olvidadas, de la poesía : reunir lo que el exilio, la tortura, el crimen y la desaparición habían querido separar y borrar, remembrar y hacer resurgir en el canto poético lo que el terror de Estado había pretendido sepultar en el olvido.

Macarena encarna el derecho a saber de los hijos y de los familiares de los desaparecidos. En ese sentido, el coloquio de París les estaba dedicado. La curiosidad infantil, que es el motor primero de la sed de saber que encuentra luego su cauce en la investigación científica y en la búsqueda de incesante de la cultura humana, debe transitar frecuentemente caminos dolorosos para realizarse. Macarena necesitó coraje para avanzar en el conocimiento de sus padres, de la familia que había sido totalmente separada de su propio destino. Tuvo que desprenderse de lo que aparecía como una evidencia cotidiana, para atravesar el horror de la verdad de sus orígenes. Abrazó la causa de sus numerosos hermanos hijos de desaparecidos. Acompaño a su abuelo Juan en el reclamo de verdad y justicia para encontrar los restos de su madre María Claudia y para que los responsables de ese crimen atroz sean sometidos a la justicia. Sus palabra no irradian odio ni venganza : solo derecho a saber y solicitud de verdad y justicia. Fue emocionante escuchar narrar algunas de las diligencias efectuadas con su abuelo ante la Corte Internacional de derecho interamericana. Indignante también enterarnos de cómo fue destratada en alguno de los procesos jurídicos realizados en Montevideo. Pero sobre todo, fue admirable la seguridad y determinación que irradiaban sus palabras simples y sinceras. Recordó las decisiones de esa Corte que obligaban al Estado uruguayo en su conjunto, es decir a sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a acatar la sentencia que exigía dejar sin efecto la ley de caducidad, tomar todas las disposiciones necesarias para que la causa de María Claudia García de Gelman fuera reabierta, que se levantaran todos los obstáculos que se oponen a esa indagación. La decisión de la Suprema corte de justicia de febrero 2013, parece desconocer dicha sentencia e incita a hacer todo lo contrario. Coloca así al Estado uruguayo en su unicidad, al margen de la ley internacional, en un rango de extrema indigencia jurídica, que contrasta con todo lo que se está tramitando en los países de la región en lo que concierne a la promoción y la defensa de los Derechos humanos.

El derecho a saber fue un título bien elegido : no sólo los hijos de los desaparecidos lo reclaman, sino todas las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Cuándo se abrirán los archivos de militares y policiales, de hospitales y centros de detenidos? ¿Cuándo se otorgarán los medios necesarios para que las indagaciones arqueológicas judiciales puedan desarrollarse? ¿Cuándo se amparará a lo jueces y fiscales que quieren saber para ayudar los reclamos de las víctimas del desacato sistemático de las Fuerzas armadas?

Uruguay : ¿un paraíso de la impunidad?

La "Suiza de América", como durante años se llamó a la República Oriental del Uruguay, fue calificada en los últimos años de "paraíso fiscal". Las autoridades económicas hicieron lo posible para desmentir esa apelación La decisión de declarar inconstitucional algunos de los artículos de la ley que restituía el poder punitivo del Estado contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, convierte al país en algo aún peor : un paraíso donde podrían venir a refugiarse los criminales políticos impunes del continente.

Siguiendo las interesantísimas exposiciones de los juristas uruguayos y franceses se tenía la sensación de ver confrontados dos bandos enemigos : por un lado, la obsesión del crimen, la pugnacidad de sus defensores, el hermetismo radical de sus esbirros, la "omertá" del ejército y sus secuaces ; por otro, la obsesión tanto o más empecinada de los que testimonian, de los que claman por el derecho, de los que no olvidan a las víctimas y a los desaparecidos, los que quieren saber la verdad y los que exigen justicia. La responsabilidad, la necesidad de responder ante el otro de los actos realizados, y la impunidad, la negación de respuestas, el desprecio del otro, la irresponsabilidad de quienes se sitúan fuera de la ley.

Son sin duda los que defienden y combaten por la mejor parte del hombre, aquella que los torturadores y los ejecutores de desapariciones forzosas quisieron destruir para siempre sin lograrlo, quienes encarnan la esperanza de una victoria solidaria.

Al final del coloquio, Philippe Texier, miembro del Comité de derechos económicos sociales y culturales, de las Naciones Unidas, enumeró una serie de solicitudes y exigencias que los participantes de la reunión harían llegar al Estado Uruguayo. Entre otras : solicitar a la Suprema Corte de Justicia reconsiderar y abolir su decisión de febrero 2013, restableciendo así la vigencia constitucional de la ley de octubre 2011. Restablecer en su cargo en la justicia penal a la jueza Mariana Mota. Acatar sin más demora las decisiones de la Corte interamericana de derechos humanos en el caso Uruguay-Gelman. Solicitar al Estado uruguayo el desarrollo de una auténtica y profunda política de Derechos humanos.

Se repitió varias veces en el curso del coloquio, que el hecho jurídico siempre está entrelazado con la historia y la política. Para los asistentes quedó claro que lo fundamental es la voluntad política de terminar con la impunidad, de borrar de la Constitución la nefasta ley de impunidad, ella misma inconstitucional. Es responsabilidad del Estado, y aún más cuando está gobernado por un Frente amplio que jamás puso en duda la vigencia de los Derechos humanos, que estos sean protegidos y desarrollados. Sin el pleno reconocimiento de la validez universal y local de los Derechos humanos no hay democracia que pueda avanzar, no hay reconciliación posible en el seno de una comunidad. Solo miando y respetando los Derechos del hombre se podrá mirar y construir el futuro del país.