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Controlando y fiscalizando la solidaridad

Pablo Mieres

22.07.2018

Hace dos años presentamos un proyecto de ley para promover y dar un marco normativo favorable a las actividades de voluntariado que desde centenares de organizaciones sociales se desarrollan en nuestra sociedad.

Se trata de miles de personas que dedican una parte de su tiempo a ayudar a los más débiles y necesitados sin recibir ninguna remuneración a cambio, por el simple hecho de colaborar, de donar gratuitamente su tiempo para que la sociedad sea mejor.

Los ejemplos de voluntariado se multiplican a lo largo y ancho del país a través de todo tipo de organizaciones. Comisiones barriales, policlínicas, comedores, hogares de la tercera edad, grupos de ayuda contra las adicciones, parroquias, o simplemente vecinos que quieren dar una mano. Son muy conocidas las jornadas solidarias de jóvenes y adolescentes que dedican su tiempo a ayudar a personas y hogares en situación de indigencia, pero además de esas jornadas puntuales y periódicas, está la actividad silenciosa y menos visible, pero igualmente valiosa de miles de personas que durante todos los días o semanalmente se dedican a ayudar a sus semejantes.

Desde la Red de Voluntariado en 2015 nos plantearon el interés de que se legislara para dar mayor promoción y respaldo a estas actividades voluntarias. En diálogo con ellos elaboramos un proyecto de ley que presentamos en 2016 al Senado. En el período parlamentario anterior, la diputada Berta Sanseverino (lamentablemente fallecida hace muy pocas semanas) había presentado un proyecto similar.

En función de ello, decidimos, junto a la diputada Sanseverino, trabajar en su proyecto anterior en la Cámara de Diputados y alcanzamos un texto consensual que, además, contó con el beneplácito de las organizaciones de voluntariado. Ese proyecto de ley se votó en Diputados por unanimidad y todo indicaba que sería acompañado por todos los partidos en el Senado.

Pues no. Lamentablemente, en la Comisión de Población del Senado se realizaron un conjunto de modificaciones sugeridas por el Ministerio de Trabajo, sin consultar a la Red de Voluntariado, que desnaturalizaron totalmente la propuesta original.

En efecto, el nuevo proyecto tiene una concepción de control y fiscalización sobre las organizaciones sociales y sobre los vínculos con sus voluntarios en un afán de detectar eventuales relaciones laborales encubiertas.

La concepción del nuevo proyecto consiste en desconfiar de la actividad de los voluntarios y de las organizaciones donde realizan sus actividades, estableciendo un conjunto de disposiciones que tienen por finalidad obstaculizar y perseguir a las organizaciones sociales, buscando irregularidades.

En tal sentido se establece la obligación para las organizaciones sociales de contratar un seguro contra accidentes de trabajo y responsabilidad civil que, como se podrá apreciar, implica un costo nuevo y muy elevado, imposible de asumir para la gran mayoría de las organizaciones sociales. Nosotros proponíamos la eventualidad del seguro sólo para actividades de construcción y proponiendo una línea especial subsidiada para este tipo de situaciones.

Esta exigencia es, en los hechos, un obstáculo imposible de sortear para casi todas estas organizaciones de voluntariado. ¿Se imaginan a un comedor popular pagando un seguro por los voluntarios que ayudan en la realización de su actividad?

También se otorga a la Inspección General de Trabajo la facultad de controlar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y se le otorga potestad sancionatoria con respecto a la violación de sus disposiciones. O sea que, en vez de promover el voluntariado, se lo controla y persigue, buscando eventuales violaciones normativas.

Lo más grave es que el proyecto establece una insólita presunción de la existencia de una relación laboral encubierta por el mero hecho de que una organización social no haya inscripto en el Ministerio de Trabajo el acuerdo entre la organización y el voluntario. Es decir que toda omisión en inscribir en el Registro de Voluntariado el acuerdo entre la organización y el voluntario se presume como una relación laboral encubierta, con las consiguientes consecuencias en términos de cargas para las organizaciones.

A su vez, se le otorga al Ministerio de Trabajo la potestad de reglamentar la inscripción y el control del registro de relaciones de voluntariado.

Resulta evidente que en caso de aprobarse esta normativa, la consecuencia será, lisa y llanamente, "matar" la actividad de voluntariado social porque se le incorporan cargas, costos y tareas burocráticas absolutamente insoportables para la gran mayoría de las organizaciones que trabajan con voluntarios.

Pero, peor aún, se los pone en situación de "sospecha" y "persecución" por parte del Estado.

La filosofía del nuevo proyecto, que alteró absolutamente lo aprobado en la Cámara de Diputados, es propia de una mentalidad estatista que desconfía de la sociedad civil organizada y que pretende monopolizar o controlar todas las actividades desde el Poder Ejecutivo. Es tributaria de un concepto de Estado centralista que no reconoce la autonomía de la sociedad civil.

Tan grave es la propuesta alternativa que, como dijimos en el debate ocurrido días atrás en el Senado, más vale que no se apruebe nada y que la actividad de voluntariado continúe desarrollándose en el marco de la libertad ciudadana como ha sido hasta ahora, a que se la destruya con el afán de contralor y fiscalización estatal.

Parece mentira que a esta altura de los acontecimientos tengamos que defender la autonomía de la sociedad civil y reivindicar la importancia positiva de la actividad voluntaria que refleja el valor de la solidaridad social que, a nuestro juicio, forma parte de las mejores tradiciones de la sociedad uruguaya.



Pablo Mieres

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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