UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.01.2021

Ante el permanente aumento del número de accidentes -proporcional al gran crecimiento del parque automotor- en 2007 Uruguay inició el camino, ya transitado por otros países, tendiente a controlar en ciudades y carreteras, los niveles de “alcoholemia en sangre” de los conductores.

La medida se basa en la constatación de que, a partir de cierto nivel, el alcohol reduce la aptitud conductiva, lo que trae como consecuencia el aumento del número de lesionados y muertos en calles y carreteras. Loable iniciativa, que definió en sus inicios un máximo tolerado de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, nivel que decretos posteriores redujeron primero a 0,5 y luego a 0,3 gr/l, hasta que finalmente en 2016, la Ley 19.360 impuso la "tolerancia 0".

Como dato de contexto, digamos que en los países desarrollados -esos con los que Uruguay pretende entreverarse- como los de la Unión Europea, EEUU, Japón etcétera, existen desde hace unos cuantos años los mismos controles, pero la intolerancia es la excepción y no la regla. En la UE el rango de valores aceptados va de los 0,2 en Suecia a 0,8 gr/l en los países del Reino Unido, promediando 0,5, siempre con exigencias mayores para los conductores profesionales (en España, por ejemplo, 0,5 y 0,3 gr/l respectivamente). Y eso que hay autopistas en las que se circula a más de 200 km/hora. En Japón también es de 0,5 gr/l, en EEUU hay diferentes niveles según Estados, y en otros países como México, el máximo es 0,4 gr/l, con multas que aumentan en proporción con el exceso constatado.

En Uruguay, para la última rebaja de 0,3 gr/l a "tolerancia 0", se utilizó como fundamento, un informe de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev). Dicho informe mostraba que en el primer semestre de 2015, de los casi 9.000 controles de consumo de alcohol a conductores que participaron de accidentes, un 93% no tenía alcohol en sangre; un 1% tenía algo pero menos de lo que hasta ese momento era el límite (0,3 gramos/l) y solo el restante 6% había mostrado valores superiores a dicho límite. Lo que, en principio, tampoco es prueba de que el alcohol fuera el causante del accidente. 

O sea que cuando la evidencia estadística recabada era clara en el sentido de que el límite existente era más que adecuado a los fines perseguidos, se usa esa evidencia para imponer lo contrario, eliminando el límite para sustituirlo por el cero absoluto. El absurdo se completó con las declaraciones de Gerardo Barrios, por entonces director de la Unasev que declaró: "desde que el límite se redujo de 0,8 a 0,5 y luego a 0,3 gr/l, la cantidad de accidentes de tránsito vinculados al alcohol (espirometría positiva) se redujo en un 300%" Aclaremos: si solo se hubieran reducido la tercera parte (100%) ya habrían quedado en cero, no habría existido un solo "accidente vinculado al alcohol" ¡pero además se redujeron otro 200% adicional! Misterios de las estadísticas oficiales.

Tolerancia 0 es un eufemismo que quiere decir que se castiga la alcoholemia, no quiere decir que la tasa permitida es 0, porque eso no es ningún permiso, es una prohibición, y no un límite entre un nivel permitido y otro que no lo es. Además, para probar la absoluta inexistencia, que solo la puede hacer un análisis de sangre, se utiliza una tecnología de aproximación, que tiene cierto margen de error, y que además no toma en cuenta variables que inciden en el resultado, como el tiempo de la última ingesta y el volumen de la misma, el peso y talla del individuo, las horas de sueño etc.

Pero con un sustento tan endeble, se perjudica a sectores económicos de la importancia de la vitivinicultura o de los bares y restaurantes, se condiciona arbitrariamente el uso del ocio de los ciudadanos afectando su calidad de vida y se afectan rutinas laborales y familiares por prolongadas inhabilitaciones a la conducción. Y además, el nivel de las multas. La tolerancia 0 es lo que se debería tener, pero para mandar a la cárcel a los que realmente manejen borrachos o drogados, permitiendo un límite moderado de alcoholemia (que no es delito ni afecta al conductor) de, por ejemplo, 0,5 gr/l, lo que evitaría la mayoría de los problemas e injusticias que genera el fundamentalismo actual.

Los párrafos anteriores los escribíamos en mayo de 2017 cuando se instauró la "Tolerancia 0". El tema fue puesto nuevamente sobre la mesa por el actual Presidente de la República en su campaña electoral, y en estos momentos se discute un proyecto de ley que pretende derogar la intolerancia, partiendo de la base de que el tema es discutible por la relatividad de los conceptos y los parámetros involucrados. 

Y la reacción inmediata, tan antigua que se remonta a la Grecia clásica, es la de pegarle al mensajero. Sin entrar al contenido de la propuesta, sin analizar los pro y los contra de una y otra opción buscando un equilibrio sensato, se escamotea el tema medular sacando a relucir las debilidades, reales o presuntas, de la trayectoria del parlamentario que presenta el proyecto de ley.

Nada se dice del rebuzno, presentado como argumento estadístico, en que se fundamenta la ley actual, ya que en la abrumadora mayoría de los accidentes no se constata la presencia de alcohol, y cuando este está presente, en niveles a veces ínfimos, nada permite asegurar que haya sido la causa del siniestro.

Y causas pueden haber muchas, las vemos a diario. El mal estado y las deficiencias en señalización en calles y carreteras, la ejecución de obras o reparaciones que se prolongan durante meses o años  obstaculizando el tránsito, la "tierra liberada" para motos, bicicletas y peatones que no respetan ninguna norma de circulación, las licencias de conducir que se otorgan sin una prueba de conducción nocturna o por carretera, el estado de algunos vehículos que no deberían circular y lo hacen, y, en los últimos años, los conductores que usan el celular, para hablar o escribir mientras manejan, y un largo etcétera. 

Si habrán cosas para corregir antes de caer en la moralina fundamentalista. Si hasta la pulcra Suiza, donde los problemas antedichos no existen ni por asomo, tiene una tolerancia de 0,2 gr/lt, y en todo el mundo desarrollado, ese que tanto nos atrae y queremos imitar, la norma es la tolerancia y lo que se discute son los niveles, la progresividad de las multas y los atenuantes o agravantes de las infracciones en función del nivel real de alcohol en sangre, de la historia previa del infractor, de su edad y su responsabilidad social, se trate de un conductor amateur o de un profesional. En resumen, respetando la relatividad de los hechos.

Y si alguien tendría que haber mantenido la boca cerrada en la polémica actual, es el presidente del Banco de Seguros del Estado. Pero no lo hizo, manifestó su apoyo a la intolerancia actual. Y no tendría que opinar porque es parte interesada, dado que la institución que preside es una gran beneficiaria de dicha normativa, porque le cae del cielo el ahorro del pago de todo seguro en accidentes en los que exista espirometría positiva del asegurado. No importa si el auto estaba detenido y se lo destruyó un camión a contramano. El asegurado había comido un bombón de licor y por lo tanto es culpable, y el banco no paga nada. Convengamos en que no es un método muy elegante de obtener balances positivos.

Estamos en el momento oportuno para subsanar un error, producto de un posicionamiento radical ante una disyuntiva que exigía ponderación y relatividad. Y los beneficios que supuestamente brinda no son reales, porque casi todos los accidentes se producen sin intervención del alcohol, y nada impide, en la propuesta de reforma, que cuando esa causal realmente exista, sea castigada con el nivel de pena que corresponda. Porque nadie está proponiendo suspender la espirometría. Lo que sí existe en forma real y tangible, son los daños causados a importantes sectores de la economía, y la injusticia que sufren los ciudadanos duramente castigados por una culpa la mayoría de las veces inexistente.

"Si bebe no maneje" es una falacia, que se resolvió por la vía rápida de la prohibición. Porque tomar un una copa de vino con la comida no es ser un bebedor, en el sentido habitual del término. Negarse a aceptarlo defendiendo la medida a rajatabla, es una actitud reaccionaria, que debemos modificar si pretendemos que en nuestra sociedad predominen los mecanismo democráticos de resolución de diferendos. 

Y trabajemos en forma proactiva en la resolución de la compleja problemática realmente responsable de la siniestralidad que a todos nos preocupa.

Rodolfo M Irigoyen

Los artículos del autor están en www.rodolfomartinirigoyen.uy