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07.08.2026

La historia de Cardama no es solamente la historia de dos patrulleros que nunca llegaron. Es la historia de un Estado que decidió, de un gobierno que contrató, de controles que no alcanzaron, de garantías que terminaron cuestionadas y de responsabilidades políticas que todavía deben establecerse. Por eso el libro de Esteban Valenti no llega tarde: llega cuando más se lo necesita.

Hay libros que aparecen cuando un acontecimiento está sucediendo.Y hay otros que aparecen cuando un acontecimiento comienza a ser deliberadamente olvidado.

"Cardamagate. La mayor estafa a las Fuerzas Armadas de Uruguay", de Esteban Valenti, pertenece a la primera categoría, pero tiene la oportunidad de convertirse en algo mucho más importante: un documento político sobre una de las operaciones más controvertidas realizadas por el Estado uruguayo en los últimos años.

Porque el tema no se agota con la rescisión del contrato, ni con las denuncias, y mucho menos con el cambio de gobierno.

La rescisión administrativa dispuesta por el gobierno de Yamandú Orsi el 13 de febrero de 2026 cerró una etapa contractual, pero abrió otra mucho más importante: la de determinar qué ocurrió, cómo pudo ocurrir y quiénes deben responder por ello.

La propia Presidencia explicó que la decisión se tomó ante varios incumplimientos de la empresa y recordó que, en octubre de 2025, el gobierno había descubierto que la garantía de fiel cumplimiento "no existía" o, peor aún, que se trataba de un documento falso. El Poder Ejecutivo ordenó además iniciar acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales para preservar los intereses del Estado. Por eso "Cardamagate" no es un libro sobre un episodio terminado, sino sobre un caso que todavía está abierto. Y, sobre todo, sobre preguntas que siguen abiertas.

El problema nunca fueron solamente los barcos

El contrato firmado el 15 de diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa y Astilleros Cardama establecía la construcción de dos patrulleros oceánicos por 82.372.000 euros. El propio Ministerio de Defensa presentó entonces la operación como una decisión estratégica destinada a recuperar capacidades de la Armada y poner fin a décadas de frustraciones en la adquisición de este tipo de buques.

No era una compra cualquiera. Era una operación vinculada con la soberanía nacional, el control de los recursos marítimos, la seguridad y la capacidad de vigilancia de un país cuya superficie marítima y zona económica exclusiva tienen una dimensión enorme en relación con su territorio terrestre.

Por eso el fracaso del contrato no puede ser reducido a una mala compra, ni puede ser explicado simplemente como un error empresarial de Cardama. Y mucho menos puede ser presentado como una desgracia inevitable.

Porque el Estado no compra como compra un particular. El Estado tiene abogados, técnicos, ministerios, jerarquías, organismos de control, procedimientos, información ...y responsabilidades.

Y cuando todos esos mecanismos existen, la pregunta fundamental no es solamente por qué una empresa incumplió. La pregunta es: ¿Por qué el Estado llegó hasta allí?. Ese es uno de los grandes méritos políticos del libro Cardamagate: desplazar la mirada desde la anécdota hacia el sistema.

La garantía es solamente la punta del iceberg

Uno de los aspectos más graves del caso fue la garantía de fiel cumplimiento.

El contrato exigía garantías como condición para su entrada en vigor y para la protección de los recursos públicos. Sin embargo, el proceso estuvo marcado desde el comienzo por demoras, prórrogas y dificultades para que Cardama presentara la documentación exigida. Ya en 2024 el astillero había solicitado extensiones de los plazos previstos.

Con el paso del tiempo, la cuestión adquirió una dimensión mucho más grave. El notario español Luis Calabuig de Leyva, cuyo nombre aparecía asociado a documentación presentada en relación con la garantía de EuroCommerce, cuestionó la autenticidad del documento y posteriormente denunció en España la presunta falsificación de su firma.

Y en julio de 2026 nuevas informaciones incorporadas a la investigación parlamentaria profundizaron las dudas sobre la documentación notarial presentada ante el Estado uruguayo. 

Pero incluso si mañana se demostrara judicialmente cada una de las irregularidades denunciadas, todavía quedaría una pregunta esencial: ¿Cómo pudo una operación de semejante magnitud llegar a ese punto?

Porque una garantía falsa no aparece "mágicamente" dentro del Estado. Alguien la presenta. Alguien la recibe. Alguien la analiza. Alguien la observa. Alguien la considera suficiente. Alguien decide. Y, cuando se trata de decenas de millones de euros, las decisiones no son neutras.

Aquí aparece una de las razones más profundas por las que el libro era necesario. Los Estados democráticos necesitan memoria. No solamente memoria histórica de las grandes tragedias nacionales. También memoria administrativa, institucional, de los errores, de las decisiones, de las responsabilidades.

Porque cuando un escándalo termina reducido a una sucesión de titulares, existe el riesgo de que cada nuevo gobierno vuelva a empezar desde cero. La política tiene una capacidad extraordinaria para producir olvido.

Y este libro cumple, en ese sentido, una función que excede la del periodismo cotidiano: "Fija una historia", la ordena, la documenta y la convierte en memoria pública.

Y eso tiene una importancia extraordinaria en un país pequeño como Uruguay, donde la proximidad entre política, administración, empresas, grupos de interés y medios de comunicación hace todavía más necesario que determinados episodios queden registrados con el mayor grado posible de precisión.

La pregunta política no es solamente quién se equivocó

Una de las trampas habituales de los escándalos administrativos consiste en individualizarlos demasiado rápido: un funcionario, un ministro, un asesor, un empresario, un técnico, un abogado, un documento. Y asunto terminado.

Pero los grandes problemas del Estado casi nunca son explicables por una sola persona. La política consiste también en analizar las cadenas de decisión: quién propone, quién informa, quién recomienda, quién decide, quién habilita, quién firma, quién prorroga, quién paga, y finalmente, quién mira para otro lado.

Eso es lo que vuelve políticamente imprescindible una investigación como la que propone Valenti. Porque obliga a reconstruir la cadena. Y una vez reconstruida, aparece una cuestión mucho más incómoda que cualquier acusación individual: ¿qué tipo de Estado permitió que esto ocurriera?

La responsabilidad política no es lo mismo que la responsabilidad penal

Hay otra distinción que el libro ayuda a mantener viva y que resulta fundamental para cualquier democracia. Una cosa es la responsabilidad penal, otras son las responsabilidades civil y administrativa. Y otra, diferente, es la responsabilidad política.

No es necesario esperar una sentencia judicial para discutir si una decisión política fue correcta. Un ministro puede no haber cometido un delito y, sin embargo, haber tomado una decisión políticamente irresponsable. Un jerarca puede no haber falsificado un documento y, sin embargo, haber sido responsable de que un procedimiento se prolongara cuando las señales de alarma ya eran evidentes. Un funcionario puede haber actuado dentro de la formalidad y, sin embargo, haber fallado en su obligación de advertir.

La democracia no funciona solamente con el Código Penal. Funciona también con la responsabilidad política. Y ese es uno de los asuntos centrales que el caso Cardama pone sobre la mesa.

Uno de los elementos que más merece atención política es el mecanismo mediante el cual el Estado fue extendiendo los plazos para que Cardama cumpliera con las condiciones contractuales.

La existencia de prórrogas no es, por sí misma, una irregularidad. Una administración puede legítimamente conceder una extensión cuando existen razones objetivas.

Pero las prórrogas adquieren otro significado cuando se acumulan, cuando los incumplimientos se vuelven persistentes y cuando las garantías exigidas continúan sin aparecer.

Entonces la pregunta deja de ser: ¿Era legal conceder una prórroga? Y pasa a ser: ¿Era políticamente razonable seguir confiando?"

Ese cambio de pregunta es decisivo. Porque la buena administración no consiste únicamente en cumplir formalmente procedimientos. Consiste en tomar decisiones racionales cuando las circunstancias cambian. Y Cardama fue acumulando señales.

El dinero público cambia completamente la naturaleza del problema

Hay otra razón por la que este libro es imprescindible porque detrás de Cardama no hay solamente una controversia institucional. Hay dinero público.

El contrato fue firmado por 82.372.000 euros. Y la rescisión posterior del contrato no significa que el Estado pueda simplemente borrar lo ocurrido. Queda por determinar qué dinero se desembolsó, qué se recuperará, qué daños produjo el incumplimiento, qué responsabilidades pueden atribuirse, qué acciones judiciales prosperarán y quién terminará pagando la factura final.

Ese dinero no pertenece a un gobierno, no pertenece al Partido Nacional ni al Frente Amplio. No pertenece al Ministerio de Defensa, pertenece a la sociedad uruguaya.

Por eso Cardama es también un problema de ciudadanía. Cada euro mal administrado es un euro que deja de financiar otra política pública. Cada pérdida del Estado tiene un costo social. Cada fracaso de una inversión pública deteriora la confianza en las instituciones. Y cada episodio de este tipo alimenta una de las enfermedades más peligrosas de las democracias contemporáneas: la idea de que "da lo mismo quién gobierne porque siempre pasa lo mismo".

Porque cuando los ciudadanos observan una operación de decenas de millones de euros, problemas de garantías, decisiones cuestionadas, documentos presuntamente falsificados y responsabilidades que se desplazan de una oficina a otra, aparece una sensación corrosiva: nadie es responsable.

Y cuando nadie es responsable, la política pierde credibilidad. La democracia se vuelve un mecanismo donde los gobiernos cambian pero las responsabilidades desaparecen. Ese es un problema mucho más profundo que Cardama. Es un problema de legitimidad.

Un libro que también interpela al Frente Amplio

Existe además una dimensión política particularmente importante para el gobierno actual. Yamandú Orsi decidió rescindir el contrato, el gobierno denunció incumplimientos graves, s habló expresamente de transparencia. Presidencia dispuso acciones destinadas a preservar los intereses del Estado.

Todo es correcto pero no alcanza. Porque la responsabilidad de un gobierno progresista no puede limitarse a desmontar una mala decisión de la administración anterior. Debe también explicar públicamente qué aprendió de ella: ¿qué mecanismos cambiarán? ¿qué controles serán fortalecidos? ¿qué responsabilidades políticas se determinarán? ¿qué ocurrirá con las contrataciones estratégicas del Estado? ¿qué se hará para que nunca más una operación de esta magnitud avance entre prórrogas, dudas y garantías cuestionadas?

El Frente Amplio no debería mirar Cardama solamente como un arma contra el gobierno de Lacalle Pou. Sería un error. Porque la verdadera oportunidad es mucho mayor: convertir Cardama en una discusión sobre el Estado que Uruguay necesita.

Un Estado profesional, transparente, eficiente y capaz de controlar al poder económico. Un Estado que no se limite a tener procedimientos escritos, sino que tenga capacidad real para hacerlos cumplir. Un Estado donde la responsabilidad política exista. Y donde las decisiones de los gobernantes puedan ser revisadas sin que eso sea considerado una persecución partidaria.

Aquí el libro también puede contribuir a una discusión política más amplia. Cuando se habla de corrupción, inmediatamente aparecen las coimas, el sobre, la cuenta bancaria, el funcionario que recibe dinero, el empresario que paga.

Pero existe una corrupción mucho más sofisticada y difícil de detectar, la de los controles débiles, la de los favores, la de las relaciones privilegiadas. El Estado que se adapta a las necesidades del privado en lugar de exigirle el cumplimiento de sus obligaciones.

Y también existe una zona gris todavía más incómoda: la irresponsabilidad política. No todo fracaso estatal es corrupción. Pero tampoco todo fracaso estatal puede explicarse como simple incompetencia.

La investigación debe establecer dónde termina el error y dónde comienza la responsabilidad. Esa frontera es precisamente la que una democracia madura tiene que investigar.

"La mayor estafa a las Fuerzas Armadas de Uruguay", es un título fuerte, provocador, y justamente por eso cumple una función imprescindible, obliga a discutir, a probar, a responder.

El título no debería ser leído como una sentencia judicial. Debe ser entendido como la tesis política y periodística de una investigación que pone sobre la mesa una serie de hechos que reclaman esclarecimiento. Y allí está la fortaleza del libro.

Porque si todo fuera evidente, si todo estuviera resuelto, si todas las responsabilidades ya estuvieran determinadas, "Cardamagate" sería innecesario. Pero precisamente porque no está todo resuelto, es necesario.

Hay otra razón que hace especialmente oportuna su aparición. La historia no quedó archivada. En 2026 el Parlamento continúa examinando el proceso de adquisición.

Las comparecencias han vuelto a colocar en escena a funcionarios y jerarcas de la administración anterior, y distintas declaraciones han puesto en discusión quién tomó las decisiones fundamentales. El caso, por lo tanto, está atravesando simultáneamente tres espacios: la política, la Justicia y la memoria pública.

El Parlamento intenta reconstruir responsabilidades. La Justicia deberá determinar eventuales delitos. Y el libro contribuye a que la sociedad no pierda de vista el proceso.

Finalmente existe una razón que excede incluso a Cardama. La necesidad de este libro también tiene que ver con el periodismo. En Uruguay se ha producido una transformación profunda de la agenda pública. La información circula a una velocidad extraordinaria, cada declaración dura horas, cada polémica desplaza a otra, cada escándalo es reemplazado por el siguiente.

En ese contexto, investigar significa también resistir al olvido. Un periodista que escribe un libro después de seguir durante meses una trama compleja está haciendo algo que la lógica de las redes sociales dificulta enormemente: reconstruir.

No solamente informar qué pasó, sino tratar de explicar cómo llegamos hasta aquí. Eso es lo que hace valioso este libro: cumple una función que ninguna institució puede cumplir exactamente de la misma manera: construye memoria pública.

Este libro era necesario porque había que ordenar la historia, había que preservar los documentos, había que reconstruir la cadena de decisiones. Pero también porque la Justicia deberá determinar responsabilidades: el Estado uruguayo ya reconoció que la operación terminó en un fracaso suficientemente grave como para rescindir el contrato y promover acciones en distintos ámbitos. Era necesario porque las preguntas siguen abiertas.

Sin embargo "Cardamagate" no debería ser leído solamente como la historia de una compra frustrada sino como una advertencia sobre lo que sucede cuando el Estado confunde voluntad política con capacidad de control, lo que sucede cuando las señales de alarma no producen decisiones o cuando la responsabilidad se diluye entre expedientes, jerarquías y procedimientos.

Y también como una oportunidad de discutir qué Estado queremos. Qué controles necesitamos. Qué Fuerzas Armadas queremos. Qué relación debe existir entre política, empresas y administración pública. Qué significa realmente combatir la corrupción. Y qué significa gobernar responsablemente.

Y permitame, amable persona que lee estas líneas, agregar algo más personal, que considero una de las claves interpretativas del libro. La condición comunista de Valenti -y, particularmente, su formación política en el PCU de la tradición de Rodney Arismendi- permite leer este libro desde una perspectiva que combina Estado, ética pública, soberanía, defensa nacional, responsabilidad política y lucha contra la corrupción.

Los que somos comunistas como él entendemos cabalmente que en su caso (como el nuestro) comunista refiere a una formación política e intelectual de origen y a una identidad que hemos reivindicado y seguiremos reivindicando, por eso es importante no dejar pasar quién escribe el libro.

Esteban Valenti no es un observador externo de la política uruguaya. No es un periodista que un día se encontró con el caso Cardama y decidió investigarlo. Es un hombre formado políticamente en el comunismo, y no en cualquier comunismo. Nada más y nada menos que el uruguayo.

Su formación política está vinculada a una tradición cuyo principal referente fue Rodney Arismendi: el Partido Comunista del Uruguay que construyó una concepción profundamente política del Estado, de la democracia, de la soberanía nacional, de la unidad de la izquierda y de la relación entre las transformaciones sociales y las instituciones. Reconocemos a Arismendi como una figura central de nuestra historia, de nuestra formación y ese dato importa. Mucho.

Permite entender que “Cardamagate" no es solamente una investigación sobre una compra fallida de patrulleros oceánicos. Es también la mirada de alguien que aprendió a pensar el Estado como una cuestión política y no simplemente administrativa.

La tradición arismendiana no reducía la política a la disputa electoral ni a la administración cotidiana de los recursos públicos. Había detrás una concepción mucho más amplia. El Estado era un terreno de disputa. La soberanía era una cuestión concreta. La democracia no podía separarse de las relaciones de poder. Y la política debía ser capaz de interpretar la realidad para transformarla.

Esa formación deja una marca. Hay aprendizajes políticos que permanecen. Y uno de ellos es la idea de que el Estado nunca es neutral ni inocente.

Existe, además, una contradicción interesante que el libro pone de manifiesto. Durante décadas, la derecha uruguaya construyó una imagen del comunismo asociada casi exclusivamente a la cuestión de la propiedad privada y la intervención estatal.

Pero hay otra dimensión mucho más profunda de la tradición comunista uruguaya: la defensa de lo público. Defender al Estado no significa defender a cualquier funcionario. Defender las instituciones no significa justificar cualquier decisión gubernamental. Defender los recursos públicos significa exigir que sean utilizados con responsabilidad, transparencia y sentido estratégico.

Desde esa perspectiva, Cardama adquiere una dimensión particularmente significativa. Porque lo que está en discusión no es simplemente si un astillero español cumplió o incumplió un contrato. Está en juego la capacidad del Estado uruguayo de proteger sus propios intereses frente a un privado.

La tradición comunista uruguaya -con todas las contradicciones y tragedias que atravesaron al movimiento comunista internacional- construyó durante décadas una cultura política donde la militancia estaba asociada a una idea fuerte de compromiso. Había una idea de servicio, de sacrificio, de responsabilidad colectiva, de que la política debía estar subordinada a determinados principios.

Esa cultura puede haber cambiado. Puede haber sido revisada. Puede incluso haber sido parcialmente abandonada. Pero cuando alguien se forma políticamente en ella, deja una marca. Y quizás esa sea otra de las razones por las que Valenti no pudo mirar Cardama como un episodio más.

Porque detrás de una operación fallida hay algo más profundo: la idea de que quienes administran recursos colectivos tienen una obligación moral y política frente a quienes no tienen poder.