UY Press - Agencia uruguaya de noticias

11.08.2026

Durante buena parte del siglo XX, la izquierda latinoamericana formuló una pregunta que parecía inevitable: ¿cómo transformar una sociedad cuya estructura económica estaba concentrada en pocas manos? Detrás de esa interrogante había otra, menos explícita pero igualmente decisiva: ¿es posible impulsar un proyecto de cambio profundo sin alterar la relación entre el poder político y el poder económico?

Esa discusión nunca desapareció. Cambiaron los contextos, las herramientas y los lenguajes, pero el dilema permanece. Hoy, cuando la mayor parte de las izquierdas gobierna en economías abiertas, integradas a los mercados internacionales y dependientes de la inversión privada, la pregunta adquiere nuevas formas: ¿hasta dónde puede un gobierno orientar el desarrollo sin desalentar la inversión? ¿Qué margen tiene el Estado para definir prioridades cuando el capital dispone de una movilidad que décadas atrás no tenía? ¿Y cuándo la búsqueda de estabilidad deja de ser una condición para gobernar y pasa a convertirse en el objetivo principal del gobierno?

No son preguntas nuevas, pero sí particularmente actuales. Y para la izquierda uruguaya dejaron de ser discusiones teóricas desde el momento en que el Frente Amplio volvió al gobierno.

Porque una cosa es discutir en abstracto la relación entre izquierda y capital y otra muy distinta es hacerlo desde el Poder Ejecutivo, cuando las decisiones económicas tienen consecuencias concretas y cuando los intereses que se pretende regular tienen capacidad real de presión.

Ahí es donde la discusión sobre el gobierno de Yamandú Orsi adquiere otra dimensión. ¿Puede una izquierda que reivindica la igualdad gobernar buscando permanentemente la confianza del capital sin terminar aceptando como límites políticos los intereses de aquellos que debería, al menos, estar dispuesta a discutir?

La experiencia comparada muestra que prácticamente todos los gobiernos progresistas han debido enfrentar esa tensión. En distintos momentos, administraciones de países tan diversos como Chile, Brasil, Uruguay o los países nórdicos apostaron por combinar disciplina macroeconómica, apertura a la inversión y ampliación de políticas sociales. Los resultados fueron heterogéneos, pero dejaron una enseñanza común: crecimiento económico y redistribución pueden coexistir durante un tiempo, aunque esa convivencia no resuelve necesariamente las desigualdades estructurales ni redefine quién conduce el proceso de desarrollo.

Ese punto merece atención. Con frecuencia el debate público reduce la discusión a una falsa dicotomía entre Estado y mercado. Sin embargo, la cuestión central rara vez consiste en elegir uno u otro. Todas las economías contemporáneas combinan ambos. La diferencia está en cómo se distribuyen las capacidades de decisión entre actores públicos y privados, quién fija las prioridades estratégicas y qué instrumentos conserva el Estado para orientar el rumbo económico.

Desde esa perspectiva, atraer inversiones no constituye por sí mismo un proyecto de desarrollo. Puede ser un componente importante, incluso indispensable, pero difícilmente alcance para definir una estrategia nacional. La inversión responde a incentivos, oportunidades y expectativas de rentabilidad; un proyecto de desarrollo, en cambio, supone decisiones acerca de qué producir, cómo hacerlo, qué capacidades tecnológicas fortalecer, cómo formar capital humano y de qué manera distribuir los beneficios del crecimiento.

Y aquí aparece el primer problema uruguayo.

Durante años, el país ha construido un modelo en el que la atracción de inversiones, los incentivos fiscales y la estabilidad de las reglas de juego ocupan un lugar central. No es necesariamente una mala política. Un país pequeño, abierto y dependiente del comercio exterior necesita inversión y necesita reglas previsibles.

Pero una cosa es ofrecer certezas a quienes invierten y otra es convertir la necesidad de atraer capital en una suerte de veto previo a cualquier política que pueda afectar sus intereses.

Porque si cada vez que se plantea aumentar la carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos la primera respuesta es que eso puede afectar la inversión, la competitividad o la confianza, entonces el problema deja de ser exclusivamente económico. Se transforma en político.

La pregunta pasa a ser quién establece los límites de lo posible.

Los países que suelen citarse como ejemplos de transformaciones exitosas muestran trayectorias diferentes entre sí, pero comparten un rasgo: el Estado desempeñó un papel activo en la orientación del proceso. Corea del Sur impulsó políticas industriales de largo plazo; Finlandia apostó por la educación, la innovación y la articulación entre universidades y empresas; China combinó planificación estatal con mecanismos de mercado; Vietnam desarrolló una apertura gradual bajo una conducción pública persistente.

Ninguno de esos casos puede trasladarse mecánicamente a otras realidades, pero todos recuerdan que el desarrollo rara vez es el resultado exclusivo de la suma de decisiones privadas.

Y esa constatación también interpela a las izquierdas contemporáneas.

Históricamente, buena parte de sus tradiciones no limitaron la discusión a la distribución del ingreso. También se preguntaron quién controla los recursos estratégicos, cómo se organiza la producción, qué papel cumple el conocimiento y qué relación existe entre democracia política y democracia económica. El desarrollo era entendido como una construcción colectiva y no únicamente como un aumento del producto interno bruto.

En las últimas décadas, sin embargo, muchas fuerzas progresistas desplazaron parte de ese debate hacia la gestión de los resultados del crecimiento. Las políticas sociales adquirieron un protagonismo indiscutible y produjeron avances significativos en materia de reducción de la pobreza, ampliación de derechos y acceso a servicios. Al mismo tiempo, quedó abierta una discusión sobre hasta qué punto esas mejoras modificaron las bases económicas que generan desigualdad o si, por el contrario, actuaron principalmente sobre sus consecuencias.

Uruguay conoce perfectamente esa discusión. El Frente Amplio llegó al gobierno en 2005 y produjo una transformación indiscutible en materia social. La reforma tributaria, la expansión de las políticas sociales, el aumento del salario real, la negociación colectiva y la reducción de la pobreza modificaron la vida de cientos de miles de uruguayos. Pero el paso del tiempo dejó también una pregunta pendiente: ¿hasta dónde llegó aquella transformación?

Porque redistribuir una parte de la riqueza generada por el sistema no es exactamente lo mismo que modificar la estructura que determina cómo se produce, cómo se concentra y quién tiene capacidad de decisión sobre ella.

La cuestión vuelve a aparecer hoy, de manera particularmente incómoda, con una propuesta que debería resultar natural para una izquierda que coloca la desigualdad en el centro de su discurso: aplicar un impuesto de 1% sobre el patrimonio del 1% más rico de la población.

No se trata de una revolución fiscal. No se propone confiscar patrimonios, estatizar empresas ni romper con la economía de mercado. Se plantea que quienes concentran una porción extraordinariamente elevada de la riqueza contribuyan algo más al financiamiento de las políticas públicas.

Y, sin embargo, la propuesta ha encontrado una frontera política evidente.

El gobierno de Orsi no incorporó el impuesto a su proyecto presupuestal y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, sostuvo que no formaba parte de las ideas impulsadas por la administración y lo consideró inconveniente.

La discusión no está o no debería estar cerrada dentro del Frente Amplio. Por el contrario, sectores de la fuerza política y organizaciones sociales continúan planteándola, y la propia estructura partidaria ha discutido propuestas de revisión del sistema tributario.

Pero justamente allí aparece la contradicción. Una cosa es que la izquierda debata internamente cómo gravar más a quienes tienen más. Otra, bastante diferente, es que esa discusión llegue a convertirse en una decisión de gobierno.

Y esa distancia merece ser discutida. Porque si una izquierda que gobierna considera razonable pedir más esfuerzos a trabajadores y sectores medios, pero encuentra demasiados obstáculos cuando se trata de pedir un esfuerzo adicional al 1% más rico, entonces la cuestión ya no es solamente cuánto dinero puede recaudar el Estado. Es qué intereses está dispuesto a enfrentar.

Ahí se vuelve concreta la pregunta que atraviesa esta columna: ¿Puede una izquierda gobernar con el gran capital sin perder su vocación transformadora?

Naturalmente que puede dialogar con él. Debe hacerlo. Un gobierno responsable no puede desconocer a quienes invierten, producen, exportan y generan empleo. Tampoco puede gobernar suponiendo que el capital es un enemigo al que hay que expulsar.

Pero dialogar no significa subordinarse. Y negociar no significa aceptar que determinados intereses económicos establezcan de antemano qué políticas son posibles y cuáles no.

El problema aparece cuando la confianza de los inversores empieza a pesar más que la confianza de los ciudadanos. Cuando la competitividad se convierte en argumento para limitar cualquier discusión redistributiva. Cuando la necesidad de atraer capital termina funcionando como explicación anticipada de por qué algunas reformas no pueden hacerse.

Allí la izquierda corre el riesgo de transformar una restricción económica real en una restricción política autoimpuesta.

Obvio que no existe una respuesta única. Algunos sostienen que las reformas graduales constituyen el camino más realista en sociedades democráticas complejas y que la construcción de consensos exige evitar cambios bruscos. Desde esa perspectiva, fortalecer instituciones, mantener estabilidad y generar confianza serían condiciones previas para cualquier transformación duradera.

Otros argumentan que una estrategia excesivamente orientada a preservar certidumbres corre el riesgo de reducir el horizonte político. Si el principal criterio para evaluar una política pública pasa a ser su aceptación por parte de los actores económicos más poderosos, el margen para impulsar cambios estructurales puede estrecharse progresivamente. Entre ambas posiciones existe un amplio espacio de matices.

El desafío para cualquier gobierno de izquierda parece residir precisamente en encontrar un equilibrio entre gobernabilidad y transformación. La gobernabilidad es indispensable: sin estabilidad institucional, reglas claras y capacidad de gestión resulta difícil sostener políticas públicas en el tiempo. Pero la transformación también forma parte de la identidad histórica de muchas corrientes progresistas.

Y aquí aparece el verdadero problema de la izquierda uruguaya. Porque puede ser razonable que el gobierno diga que no es el momento de aplicar un determinado impuesto. Puede haber argumentos técnicos, económicos o políticos para discutir su conveniencia. Lo que resulta más difícil de justificar para una fuerza que históricamente hizo de la redistribución de la riqueza uno de sus principios rectores es que determinadas discusiones parezcan encontrar rápidamente un límite cuando afectan a los sectores más poderosos.

La izquierda puede concluir que el impuesto al 1% más rico no es la herramienta adecuada. Lo que no debería hacer es concluir que discutir la concentración de riqueza es inconveniente. Porque entonces el problema ya no sería una medida tributaria concreta. Sería el abandono de una pregunta histórica: ¿Quién debe pagar qué en una sociedad que pretende ser más igualitaria?

Uruguay ya tiene un Impuesto al Patrimonio. Para las personas físicas residentes, las tasas vigentes parten de 0,10% sobre el patrimonio imponible por encima del mínimo no imponible y aumentan según los tramos; el sistema, por tanto, ya reconoce que la riqueza puede y debe ser gravada.

La discusión no consiste, entonces, en inventar una herejía fiscal. Consiste en preguntarse si el sistema tributario uruguayo alcanza para expresar una determinada idea de redistribución.

Y esa pregunta resulta todavía más pertinente cuando se observa que la riqueza no se distribuye de manera equivalente al ingreso. Quien vive de su salario tiene una relación con el sistema tributario muy diferente de quien dispone de grandes patrimonios, activos financieros, empresas, inmuebles y múltiples instrumentos para organizar su carga fiscal.

Por eso la discusión sobre el 1% más rico tiene un valor político que excede ampliamente la recaudación que pueda generar. Es una discusión sobre el poder.

Una izquierda transformadora no debería tener miedo de discutir cuánto tiene el que más tiene, cuánto aporta y cuánto poder económico concentra. No para demonizar la riqueza ni para convertir al empresario en enemigo, sino porque una democracia política difícilmente pueda considerarse plenamente equilibrada cuando enormes concentraciones de riqueza conviven con enormes capacidades de influencia.

La cuestión de fondo consiste en determinar quién define finalmente las prioridades estratégicas del desarrollo y mediante qué mecanismos democráticos esas prioridades se construyen.

En un contexto internacional marcado por la transición energética, la revolución tecnológica, la competencia geopolítica y los desafíos ambientales, esa discusión adquiere una importancia creciente. La capacidad de un país para insertarse en ese escenario dependerá tanto de su dinamismo económico como de la claridad de su proyecto nacional.

Uruguay no puede pretender convertirse en una potencia industrial ni competir con economías de escala gigantescas. Pero sí puede decidir qué tipo de país quiere construir con los recursos que tiene.

Puede decidir si la inversión extranjera será simplemente una fuente de capital o si formará parte de una estrategia de transferencia tecnológica, formación de trabajadores y desarrollo nacional. Puede decidir si sus recursos naturales serán explotados bajo una lógica puramente extractiva o si estarán integrados a una política de agregación de valor. Puede decidir si el Estado se limitará a crear las condiciones para que otros inviertan o si tendrá capacidad para establecer prioridades estratégicas. Puede decidir, también, si la política tributaria será apenas una herramienta para financiar el gasto público o una herramienta para intervenir sobre la concentración de riqueza y poder.

Tal vez allí resida uno de los grandes desafíos de la izquierda uruguaya del siglo XXI: demostrar que es posible combinar estabilidad con innovación, crecimiento con redistribución, inversión con planificación pública y apertura al mundo con una estrategia de desarrollo definida democráticamente.

Pero para eso necesita recuperar una palabra que en algún momento dejó de ocupar el centro de su vocabulario: transformación. No se trata de volver mecánicamente a las viejas consignas ni de desconocer las restricciones de una economía pequeña y abierta. Tampoco de imaginar que el Estado puede reemplazar al mercado o que todo capital privado es necesariamente enemigo del interés nacional.

Se trata de algo más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil: que la política vuelva a tener la pretensión de conducir la economía y no solamente de adaptarse a ella.

La pregunta es si la izquierda puede gobernar con los empresarios sin gobernar para los empresarios. Si puede atraer inversiones sin convertir la rentabilidad en el criterio último de sus decisiones. Si puede garantizar estabilidad sin transformar la estabilidad en inmovilismo. Si puede crecer sin aceptar que la distribución de la riqueza sea un asunto secundario.

Y también si puede mirar al 1% más rico y decirle que una sociedad más justa requiere un esfuerzo mayor de quienes tienen más, sin pedir disculpas por plantearlo.

El verdadero desafío no es elegir entre capital y Estado. Es decidir quién conduce el proceso y para qué. Porque una izquierda que administra el capitalismo puede mejorar sus resultados. Una izquierda que pretende transformarlo tiene que estar dispuesta, en algún momento, a discutir con quienes concentran el poder económico.

Incluso cuando esos sectores son los mismos que pueden financiar inversiones, generar empleo o condicionar las expectativas de los mercados.

La política comienza precisamente allí donde termina la comodidad de administrar lo posible. Y si la izquierda uruguaya quiere volver a ser una fuerza transformadora, tendrá que recuperar esa capacidad: no la de negar la realidad, sino la de disputar sus límites.