UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.09.2026

La izquierda puede ganar elecciones dentro del capitalismo. Puede gobernarlo, regularlo, cobrar impuestos, ampliar derechos, fortalecer salarios y construir políticas sociales. La experiencia histórica ya demostró todo eso.

La pregunta más difícil es otra: ¿puede gobernar una economía capitalista durante mucho tiempo sin terminar aceptando como propios los límites que esa economía le impone?

No es una discusión académica. Aparece cuando un gobierno quiere aumentar el gasto social pero teme afectar el déficit; cuando considera necesario gravar más la riqueza pero advierte que puede desalentar la inversión; cuando pretende elevar salarios pero debe preservar la competitividad.

La contradicción es real. Para transformar la sociedad, la izquierda necesita recursos. Para obtenerlos necesita una economía que produzca riqueza. Y en una economía capitalista buena parte de esa producción depende de decisiones privadas. Ahí comienza el problema.

El poder de decidir si invertir

El capitalismo no necesita gobernar directamente para ejercer poder político. Le alcanza con conservar una facultad decisiva: decidir dónde, cuándo y cuánto invertir.

Una empresa puede postergar un proyecto. Un fondo puede trasladar capital. Una multinacional puede elegir otro país. Los mercados pueden exigir mayores retornos para financiar al Estado. Cada decisión puede ser racional para quien la adopta, pero juntas producen una capacidad privada de condicionar decisiones públicas.

El gobierno puede aprobar leyes. El capital conserva, en buena medida, la decisión sobre si invierte bajo esas leyes. Por eso cualquier gobierno escucha inevitablemente una palabra: confianza. Hay que generarla para atraer inversiones, preservarla para evitar fuga de capitales y transmitirla para financiarse.

La confianza importa. Pero existe una pregunta que rara vez se formula: ¿confianza de quién en quién?

La sociedad debe confiar en que las empresas cumplirán las normas, pagarán impuestos y respetarán derechos laborales y ambientales. Sin embargo, la preocupación suele concentrarse en la confianza que el gobierno debe generar en los inversores. Esa asimetría revela una relación de poder.

La inversión no es neutral

Uruguay necesita inversión. Necesita capital, tecnología, conocimiento, infraestructura y acceso a mercados. La discusión no debería ser entre aceptar o rechazar la inversión privada, sino otra: ¿qué inversión, para producir qué, con qué beneficios para el país y bajo qué condiciones?

Una inversión puede generar encadenamientos productivos, transferir tecnología, formar trabajadores y desarrollar proveedores locales. Otra puede funcionar como enclave, importar buena parte de sus insumos, exportar sus ganancias y aprovechar beneficios fiscales sin transformar significativamente la estructura productiva.

Las dos aumentan la inversión. Pero no construyen el mismo país. El problema aparece cuando atraer capital se convierte en objetivo en sí mismo. Entonces la política empieza a medirse por cuánta inversión consigue y no por qué transformación produce.

Los países, además, compiten por atraerla ofreciendo estabilidad, exoneraciones, infraestructura y regímenes especiales. Cada concesión puede justificarse porque, si Uruguay no ofrece determinadas condiciones, otro país puede hacerlo.

Pero un beneficio fiscal sólo tiene sentido si aquello que recibe la sociedad compensa lo que deja de recaudar. La pregunta debería ser qué obtiene Uruguay: tecnología, empleo de calidad, proveedores nacionales, investigación, descentralización, capacidad exportadora, conocimiento.

La inversión debería ser un instrumento del proyecto nacional. No el proyecto nacional un instrumento para atraer inversión.

El riesgo progresista

Aquí aparece una contradicción particularmente incómoda. Los gobiernos progresistas necesitan crecimiento para financiar políticas sociales, inversión para generar empleo y estabilidad para evitar que las crisis castiguen a quienes poseen menos.

Tienen razones legítimas para cuidar la actividad económica. El problema surge cuando esa necesidad produce una adaptación progresiva. Primero se acepta una restricción porque la correlación de fuerzas no permite otra cosa. Después se incorpora como criterio de prudencia. Finalmente se convierte en principio económico.

Entonces ya no hace falta que el poder económico imponga determinados límites. La propia izquierda comienza a administrarlos como si fueran técnicamente inevitables. La pregunta deja de ser cómo modificar una estructura económica y pasa a ser cómo conseguir que esa estructura funcione suficientemente bien para financiar mejores políticas sociales.

Eso puede producir un capitalismo más regulado, menos desigual y socialmente más tolerable. No es poco. Pero tampoco es necesariamente una transformación estructural.

El Estado también puede crear

La alternativa no consiste en sustituir de un día para otro la inversión privada por el Estado, sino en reducir la dependencia absoluta respecto de decisiones privadas.

Uruguay conoce esa historia. UTE, ANCAP, Antel y el Banco República no fueron creados simplemente para administrar servicios. Expresaron una idea más ambiciosa: determinadas capacidades estratégicas debían permanecer bajo control de la sociedad.

Ese principio adquiere nueva importancia en el siglo XXI. Datos, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables, producción farmacéutica, infraestructura digital y conocimiento científico son territorios donde se distribuye el poder mundial.

Una izquierda transformadora debería preguntarse: ¿qué capacidades debe poseer la sociedad para no depender enteramente de decisiones que no controla?

Eso supone inversión pública, empresas estatales modernas, universidades, investigación, cooperativas, capital nacional y asociaciones con empresas extranjeras que permitan aprender y acumular capacidades.

No se trata de Estado contra mercado. Se trata de decidir cuánto poder económico puede delegar una democracia sin debilitar su propio poder político.

La riqueza también gobierna

Aquí reaparece -sí, amable lectora y lector, otra vez- la discusión sobre el 1% más rico. Su importancia excede ampliamente un impuesto. Una sociedad muy desigual no distribuye solamente de manera desigual el dinero. Distribuye también poder.

Quien posee grandes recursos puede financiar organizaciones, contratar especialistas, acceder a gobernantes, influir sobre medios, trasladar inversiones y soportar durante más tiempo las consecuencias de una decisión económica. Quien depende de un salario posee capacidades mucho menores.

La democracia establece que cada ciudadano tiene un voto. La economía distribuye de manera extraordinariamente desigual la capacidad de influir sobre las condiciones en que esos votos se convierten en decisiones.

Democratizar una sociedad también significa democratizar poder económico. No necesariamente igualando patrimonios, sino evitando que determinadas concentraciones de riqueza funcionen como poderes capaces de vetar decisiones colectivas.

Gobernar sin ser gobernado

¿Puede entonces la izquierda transformar el capitalismo desde dentro? La historia demuestra que puede modificarlo. Los derechos laborales, la seguridad social, los impuestos progresivos, las empresas públicas, la negociación colectiva y los sistemas universales de salud y educación fueron conquistas políticas. El capitalismo que resultó de ellas fue diferente del anterior.

Pero queda una segunda pregunta: ¿hasta dónde puede avanzar esa transformación sin modificar también la propiedad y el control de los principales resortes económicos?

Una izquierda responsable debe gobernar la economía que existe, no la que desearía tener. Debe atraer inversiones, cuidar equilibrios, negociar con empresarios y comprender las restricciones de un país pequeño inserto en una economía mundial capitalista.

Pero existe una diferencia decisiva entre reconocer una realidad y convertirla en horizonte. Gobernar el capitalismo debería significar utilizar el poder democrático para ampliar progresivamente el territorio sobre el cual la sociedad puede decidir: más capacidad pública, más conocimiento, más propiedad social, más poder de los trabajadores, más soberanía productiva, más democracia económica.

Quizá ese sea el sentido contemporáneo de una transformación democrática: no abolir mediante decreto el sistema existente, sino construir dentro de él fuerzas, instituciones y capacidades que reduzcan la dependencia de la sociedad respecto de poderes que no eligió.

La cuestión, entonces, no es si la izquierda puede gobernar el capitalismo. Ya sabemos que puede. La pregunta verdaderamente política es otra: ¿puede gobernarlo de tal manera que, después de cada gobierno, el capitalismo tenga un poco menos de poder sobre la democracia y la sociedad un poco más de poder sobre su propio destino?

Si la respuesta es sí, administrar puede formar parte de una transformación. Si la respuesta es no, la izquierda seguirá gobernando el capitalismo. Pero habrá que preguntarse quién está gobernando a quién.