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29.09.2026

Durante buena parte del siglo XX, para la izquierda discutir el Estado era discutir el poder. No simplemente quién administraba el gobierno, sino quién tenía capacidad para orientar la economía, distribuir recursos, definir prioridades y construir una determinada organización de la sociedad.

El Estado era, al mismo tiempo, territorio de disputa e instrumento de transformación. Algo de esa convicción se ha perdido.

La izquierda contemporánea sigue defendiendo al Estado, pero muchas veces lo hace desde una posición defensiva. Lo reivindica frente a las privatizaciones, reclama recursos para la educación, la salud y la protección social, exige mejores servicios públicos y resiste los intentos de reducirlo. Todo eso importa. Pero hay una pregunta anterior que aparece cada vez menos: ¿para qué queremos el Estado?

Porque defender un Estado grande no equivale necesariamente a defender un Estado transformador. Puede existir un Estado con elevada presión tributaria, numerosas empresas públicas, importantes transferencias sociales y una extensa burocracia que, sin embargo, tenga muy poca capacidad para alterar la estructura económica de un país. Puede redistribuir una parte de la riqueza después de que el mercado la produjo y concentró, sin intervenir sustancialmente sobre la manera en que esa riqueza se genera.

Ahí está una de las discusiones que la izquierda necesita recuperar.

Del Estado propietario al Estado impotente

La vieja izquierda tendió, muchas veces, a identificar transformación con propiedad estatal. Si determinadas actividades pasaban del capital privado al Estado, se suponía que automáticamente quedaban subordinadas al interés general.

La historia demostró que las cosas eran bastante más complejas. Una empresa pública puede ser eficiente o ineficiente, innovadora o conservadora, estratégica o puramente burocrática. La propiedad estatal, por sí sola, no garantiza orientación socialista, desarrollo económico ni democratización del poder.

Pero del fracaso de aquella simplificación se pasó con demasiada facilidad a otra. Desde los años ochenta y noventa se instaló progresivamente la idea de que el Estado debía abandonar la pretensión de orientar la economía y limitarse a crear condiciones para que el sector privado tomara las decisiones fundamentales. Su misión sería asegurar estabilidad macroeconómica, reglas previsibles, infraestructura, educación, seguridad jurídica y protección para quienes quedaran rezagados.

El mercado decidiría después dónde invertir, qué producir y hacia dónde debía avanzar la economía. La izquierda latinoamericana resistió los aspectos más radicales de esa concepción, pero terminó incorporando una parte considerable de su lenguaje.

Por eso hoy escuchamos con frecuencia a gobiernos progresistas hablar de "generar condiciones", "dar señales", "atraer inversiones", "mejorar el clima de negocios" o "facilitar" la actividad privada.

Nada de eso es necesariamente incorrecto. El problema comienza cuando facilitar las decisiones de otros sustituye la capacidad de decidir.

El Estado no puede limitarse a reparar

La desigualdad no comienza cuando se pagan los salarios ni cuando se cobran los impuestos. Empieza mucho antes. Se construye en la propiedad de las empresas, en el acceso al capital, en la capacidad tecnológica, en la formación de los trabajadores, en quién controla los datos, en quién posee las patentes, en qué sectores recibe financiamiento, en cuáles se invierte y en cuáles no.

Si el Estado interviene únicamente al final de ese proceso, su tarea consiste básicamente en reparar. Recauda impuestos y redistribuye. Financia políticas sociales. Compensa desigualdades. Protege a quienes el mercado dejó atrás.

Todo eso es imprescindible, pero tiene un límite evidente: el Estado termina intentando corregir permanentemente una estructura productiva cuya orientación fundamental no controla.

Una estrategia transformadora necesita intervenir también antes de que la riqueza sea distribuida. Eso significa política industrial, ciencia, tecnología, crédito, compras públicas, infraestructura, empresas estatales, formación profesional y capacidad para seleccionar sectores estratégicos. Significa, sobre todo, aceptar algo que durante décadas pareció casi prohibido decir: el Estado tiene derecho a elegir prioridades.

El mercado también planifica

Una de las victorias culturales más importantes del neoliberalismo fue presentar la planificación estatal como una interferencia artificial y al mercado como un mecanismo espontáneo.

Pero las grandes empresas planifican constantemente. Planifican inversiones a diez o veinte años. Deciden tecnologías. Organizan cadenas internacionales de proveedores. Investigan mercados futuros. Compran competidores. Financian investigación. Controlan patentes.

La cuestión nunca fue planificación contra mercado. La cuestión es quién planifica y en función de qué intereses. China lo comprendió de una manera particularmente evidente. Su extraordinaria transformación productiva no fue consecuencia de haber abolido el mercado, sino de haberlo utilizado dentro de una estrategia estatal.

También las economías capitalistas desarrolladas recurren al Estado cuando consideran estratégicos determinados sectores. Estados Unidos subsidia semiconductores y tecnologías energéticas; Europa protege industrias consideradas esenciales; Corea del Sur construyó buena parte de su desarrollo mediante una relación deliberada entre Estado, crédito, empresas y tecnología.

Nadie espera pasivamente que "el mercado descubra" qué actividades son importantes cuando están en juego intereses nacionales decisivos. ¿Por qué debería hacerlo Uruguay?

El verdadero problema es la capacidad

Pero aquí aparece la otra mitad de la discusión. Reivindicar al Estado no significa idealizarlo. Un Estado puede querer orientar el desarrollo y carecer completamente de capacidad para hacerlo. Puede transformarse en refugio de intereses corporativos, clientelismo, burocracia, lentitud y captura política.

Por eso una izquierda moderna no debería discutir solamente cuánto Estado quiere. Debería preguntarse qué Estado necesita. Un Estado transformador necesita funcionarios altamente calificados, sistemas profesionales de selección, capacidad técnica, evaluación de políticas, información, planificación y continuidad más allá de los períodos electorales.

Necesita también aceptar la evaluación y el fracaso. Si una política industrial no funciona, debe modificarse. Si una empresa pública pierde sistemáticamente recursos sin cumplir una función estratégica, debe revisarse. Si un programa estatal no alcanza sus objetivos, defenderlo simplemente porque pertenece al Estado no es una posición progresista.

La izquierda debería ser mucho más exigente con el Estado precisamente porque deposita en él mayores responsabilidades.

Uruguay y una paradoja histórica

Uruguay tiene una ventaja extraordinaria para esta discusión. No necesita inventar desde cero un Estado con capacidad de intervención. Lo construyó hace más de un siglo. UTE, Antel, Ancap, el Banco República y otras instituciones no son solamente empresas o organismos públicos. Constituyen una acumulación histórica de capacidades nacionales.

Pero justamente por eso resulta llamativo que el debate sobre ellas se haya vuelto fundamentalmente defensivo. La izquierda suele movilizarse cuando aparece una amenaza de privatización. Mucho menos frecuente es preguntarse: ¿qué nuevas funciones estratégicas deberían cumplir esas empresas en los próximos veinte años?

UTE no debería ser únicamente una empresa que produce y distribuye electricidad. Puede ser un instrumento central de una estrategia nacional basada en energía renovable, almacenamiento, electrificación del transporte y atracción de industrias intensivas en energía limpia.

Antel no debería limitarse a garantizar conectividad. Puede formar parte de una estrategia sobre inteligencia artificial, infraestructura digital, centros de datos y soberanía tecnológica.

El Banco República podría tener un papel mucho más explícito en el financiamiento de sectores productivos definidos como estratégicos.

Y Ancap obliga a una discusión todavía más profunda: ¿qué papel debería desempeñar en un país que simultáneamente piensa en hidrógeno verde, combustibles sintéticos, transición energética y ahora incluso explora la posibilidad de hidrocarburos offshore?

Esas son discusiones sobre el Estado. No cuántos funcionarios tiene, sino qué proyecto nacional ejecuta.

La inversión privada no resuelve la pregunta

Esto conduce inevitablemente al debate actual sobre la inversión. Uruguay necesita inversión privada. Necesita capital extranjero. Necesita empresas capaces de incorporar tecnología y abrir mercados. Negarlo sería absurdo.

Pero de ahí no se desprende que el país deba aceptar pasivamente cualquier inversión que llegue. La pregunta debería ser otra: ¿qué inversiones necesita Uruguay para convertirse en el país que quiere ser?

Ese cambio aparentemente semántico modifica completamente la política económica. Un Estado pasivo pregunta qué condiciones exige el inversor. Un Estado estratégico pregunta qué condiciones exige el país.

Qué tecnología se incorpora. Qué proveedores nacionales participan. Qué empleo se crea. Qué conocimiento queda. Qué infraestructura se construye. Qué impacto ambiental produce. Qué encadenamientos productivos genera. La inversión deja entonces de ser un objetivo en sí mismo y se convierte en instrumento de una estrategia.

El riesgo de administrar bien lo existente

El progresismo uruguayo enfrenta aquí una contradicción particularmente incómoda. Puede administrar correctamente el Estado, preservar las empresas públicas, mejorar políticas sociales y mantener estabilidad macroeconómica. Y aun así no transformar la estructura del país.

Porque, repito una vez más, gestionar mejor lo existente no equivale necesariamente a construir algo diferente. La izquierda nació históricamente para modificar relaciones de poder, no solamente para administrar con mayor sensibilidad social las estructuras heredadas.

Eso no significa regresar al estatismo del siglo XX. Significa superar la falsa alternativa entre Estado omnipotente y mercado omnipotente.

Las experiencias más interesantes del desarrollo contemporáneo muestran combinaciones mucho más sofisticadas: mercados dinámicos, empresas privadas, capital extranjero, empresas públicas, planificación estratégica, política industrial y fuerte inversión en conocimiento.

La cuestión decisiva no es quién sustituye a quién. Es quién conduce.

Recuperar la voluntad de conducir

Tal vez allí esté el verdadero debate sobre el Estado para la izquierda del siglo XXI. No se trata de estatizar toda la economía. Tampoco de convertir cada empresa pública en un símbolo intocable.

Se trata de recuperar la capacidad democrática de una sociedad para decidir hacia dónde quiere ir. Porque cuando el Estado renuncia a orientar el desarrollo, las decisiones no desaparecen. Alguien las toma. Las toman los grandes fondos de inversión, las multinacionales, los mercados financieros, las plataformas tecnológicas y los propietarios del capital.

La pregunta, entonces, no es si habrá planificación. La pregunta es quién planificará el futuro de Uruguay. Y quizá esa sea una de las fronteras más importantes entre administrar y transformar.

Una izquierda que se limite a corregir las consecuencias del mercado podrá construir una sociedad algo menos desigual. Una izquierda que aspire a cambiarla deberá volver a pensar el Estado no solamente como escudo social, sino como instrumento democrático para construir capacidades, orientar la producción y disputar el futuro.

Pero tampoco alcanza con conquistar el gobierno y disponer de un Estado capaz de intervenir. Ninguna transformación profunda puede sostenerse únicamente desde las instituciones. Para cambiar una sociedad es necesario construir una mayoría que comprenda ese cambio, lo haga suyo y esté dispuesta a defenderlo; disputar valores, sentidos comunes y expectativas sobre lo que una sociedad considera posible, justo y deseable.

Ahí aparece una dificultad todavía mayor para la izquierda contemporánea. Las sociedades sobre las que pretende actuar ya no están organizadas alrededor de identidades políticas, laborales y culturales relativamente estables. El trabajo se fragmentó, las experiencias sociales se diversificaron, las identidades se multiplicaron y el espacio público se dispersó entre redes, plataformas y comunidades que muchas veces apenas dialogan entre sí.

Por eso, después de preguntarnos qué lugar ocupa el Estado en una estrategia de cambio, aparece inevitablemente otra pregunta: ¿cómo se construye una voluntad colectiva capaz de utilizar ese Estado para transformar? Y ese será el problema de la próxima columna: ¿Cómo se construye hegemonía en una sociedad fragmentada?

Porque gobernar el Estado no es necesariamente conducir una sociedad. Y sin una mayoría capaz de compartir un horizonte, incluso el Estado más poderoso puede terminar administrando aquello que alguna vez pretendió cambiar.