UY Press - Agencia uruguaya de noticias

03.09.2026

La Rendición de Cuentas volvió a enfrentar al gobierno con una vieja contradicción de la izquierda: administrar los límites de la economía o intentar modificarlos.

Los reclamos del PIT-CNT, la discusión sobre gravar al 1% más rico y la promesa de Yamandú Orsi de "ordenar para transformar" abren una pregunta mucho mayor que el presupuesto: qué significa transformar cuando la izquierda ya está en el poder.

La discusión parece ser sobre números. Cuánto dinero hay. Cuánto puede gastarse. Cuánto permite el déficit. Cuánto reclaman la Universidad, la educación y las políticas sociales. Cuánto puede conceder el gobierno sin apartarse de las restricciones fiscales que decidió respetar.

Pero debajo de la Rendición de Cuentas se desarrolla otra discusión. Mucho más antigua. Y mucho más importante. ¿Qué hace una izquierda con los límites cuando llega al gobierno?

Puede administrarlos. Puede intentar ensancharlos. O puede proponerse modificarlos. La diferencia entre esas posibilidades quizá explique buena parte del desencuentro que comienza a hacerse visible entre el gobierno de Orsi y el PIT-CNT.

El gobierno sostiene que no puede distribuir recursos que no existen. La central sindical responde, en los hechos, que la cantidad de recursos disponibles también depende de decisiones políticas: cuánto se recauda, de quién se recauda, qué sectores contribuyen más y cuáles son las prioridades del gasto.

Por eso la propuesta de gravar adicionalmente al 1% más rico resulta políticamente mucho más interesante que su eventual rendimiento fiscal. Porque cambia la pregunta. Ya no se trata solamente de cómo repartir lo que hay. Se trata de discutir por qué hay lo que hay. Y esa diferencia aparentemente pequeña nos devuelve a una palabra que prácticamente desapareció del vocabulario de la izquierda contemporánea.

Revolución. No necesariamente la que imaginó el siglo XX. Quizá otra. Una revolución democrática.

Administrar no es transformar

Gobernar obliga a administrar. Hay que pagar salarios, financiar servicios, mantener equilibrios fiscales, negociar inversiones y responder a restricciones que ningún gobierno puede abolir mediante voluntad política.

El problema comienza cuando esa necesidad se convierte en doctrina. Cuando administrar bien deja de ser una condición para transformar y empieza a sustituir la transformación.

Una izquierda puede gestionar eficientemente una economía desigual. Puede mejorar políticas sociales, ampliar derechos, aumentar determinados presupuestos y reducir algunas injusticias sin modificar sustancialmente las relaciones de poder que reproducen la desigualdad.

Todo eso importa. Pero no necesariamente transforma. Transformar significa producir cambios que alteren las condiciones bajo las cuales deberán decidir quienes gobiernen después.

Una reforma tributaria estructural transforma si modifica de manera duradera quién financia al Estado. Una política productiva transforma si crea capacidades nacionales antes inexistentes. Una reforma educativa transforma si modifica las posibilidades reales de las nuevas generaciones. Una política laboral transforma cuando cambia la relación de fuerzas entre capital y trabajo.

La diferencia no está solamente en la magnitud. Está en si la decisión modifica o no la estructura que condiciona las decisiones futuras.

Gobernar también es elegir conflictos

Una de las ilusiones más persistentes del progresismo contemporáneo consiste en imaginar que existe una transformación sin conflicto. Pero le tengo una mala noticia: eso no existe.

Toda modificación relevante de una relación de poder perjudica alguna expectativa, limita algún privilegio o redistribuye alguna capacidad de decisión.

Gravar más la riqueza genera resistencia de quienes deben pagar. Fortalecer salarios modifica la distribución entre capital y trabajo. Condicionar beneficios a una inversión afecta la libertad empresarial. Ampliar el papel del Estado disputa espacios que el mercado considera propios.

El conflicto no demuestra que una política sea correcta. Pero su ausencia tampoco demuestra virtud. A veces sólo indica que nada suficientemente importante está siendo modificado.

La cuestión para una izquierda democrática no consiste en buscar conflictos artificialmente, sino en decidir cuáles está dispuesta a asumir porque forman parte del país que quiere construir.

Gobernar es también elegir adversarios, aunque la palabra incomode. Intereses legítimos que pueden entrar en contradicción con otros intereses igualmente legítimos y frente a los cuales el gobierno debe decidir. Porque cuando la política intenta satisfacer simultáneamente a todos termina muchas veces preservando la distribución de poder existente.

La correlación de fuerzas

Aparece entonces el argumento más poderoso del realismo político: la correlación de fuerzas. Y es un argumento verdadero. Un gobierno no actúa en el vacío. Existen mayorías parlamentarias, restricciones económicas, mercados internacionales, capacidad empresarial de inversión, organismos financieros, medios de comunicación, opinión pública y actores sociales con diferente capacidad de presión.

Ignorarlo sería voluntarismo. Pero hay dos maneras de entender una correlación de fuerzas. Como fotografía o como proceso. Si se la considera una fotografía, la política debe adaptarse permanentemente a lo que resulta posible hoy. Si se la entiende como proceso, gobernar también consiste en crear las condiciones para que mañana sean posibles cosas que hoy no lo son.

Ahí reaparece el PIT-CNT. Cuando el gobierno afirma que determinados recursos no existen está describiendo una restricción real. Cuando la central sindical propone obtenerlos mediante una mayor imposición sobre la riqueza está afirmando que esa restricción también puede convertirse en objeto de decisión política.

El PIT-CNT no tiene necesariamente razón en cada instrumento que propone. El gobierno tampoco carece necesariamente de argumentos económicos para rechazarlos. Pero ésa no es la cuestión más interesante. La discusión tributaria contiene otra discusión: ¿hasta qué punto gobernar consiste en aceptar restricciones y hasta qué punto transformar consiste en modificar las condiciones que las producen?

Aquí adquiere sentido recuperar la palabra revolución. Durante buena parte del siglo XX significó ruptura: toma del poder, cambio abrupto de régimen, sustitución de una clase dominante por otra. Esa imagen histórica continúa condicionando el lenguaje. Por eso cuando alguien habla de revolución parece obligado a elegir entre dos caricaturas: defender una ruptura imposible o renunciar definitivamente a cualquier horizonte que supere la administración progresista del capitalismo.

Pero puede existir otra concepción. Una revolución democrática no necesita imaginar un día en que todo cambia. Puede concebirse como una acumulación sostenida de transformaciones que modifica progresivamente la distribución del poder económico, político, social y cultural. No destruye la democracia para transformar la sociedad. Utiliza, profundiza y expande la democracia para hacerlo.

Democratizar no solamente el voto, sino también las oportunidades, el conocimiento, la propiedad, el acceso a la riqueza, las decisiones sobre los recursos estratégicos, la capacidad de los trabajadores para intervenir en aquello que determina sus vidas. La revolución deja entonces de ser un acontecimiento y se convierte en proceso.

En ese sentido, la reflexión de Rodney Arismendi conserva una actualidad que merece ser recuperada. Su idea de democracia avanzada buscaba precisamente escapar de la oposición mecánica entre reforma y revolución: concebía la democracia no como una estación final ni como un simple procedimiento institucional, sino como un terreno de lucha desde el cual podían acumularse fuerzas, ampliar derechos, desplazar relaciones de poder y crear condiciones para transformaciones más profundas. Cada conquista democrática podía modificar la correlación existente y abrir posibilidades que antes no estaban disponibles. La revolución dejaba así de pensarse exclusivamente como el instante de la ruptura para entenderse también como un proceso de acumulación política, social y cultural capaz de ensanchar progresivamente los límites de lo posible. No se trataba de renunciar al horizonte transformador en nombre de la democracia, sino de convertir la propia profundización democrática en uno de los caminos de la transformación.

Una vieja discusión uruguaya

Esta idea tampoco resulta extraña a la experiencia histórica del Frente Amplio. La fuerza política nacida en 1971 consiguió articular tradiciones revolucionarias, socialistas, comunistas, democristianas, nacionalistas, populares y sectores provenientes de los partidos tradicionales alrededor de una convicción compartida: la democracia podía ser no solamente un régimen que defender, sino también el terreno desde el cual impulsar transformaciones estructurales.

Esa fue una de las originalidades de aquella construcción. La discusión no consistía simplemente en elegir entre reforma y revolución como categorías abstractas. La cuestión era determinar qué reformas modificaban realmente las relaciones de poder, ampliaban la participación popular y creaban condiciones para avanzar hacia transformaciones posteriores.

Una reforma podía limitarse a corregir una injusticia dentro del orden existente. Pero también podía modificar la correlación de fuerzas y abrir posibilidades que antes no existían. En esa diferencia residía buena parte de la dimensión transformadora del proyecto.

El programa fundacional del Frente Amplio expresaba precisamente esa ambición. Nacionalización de la banca, reforma agraria, recuperación de resortes estratégicos de la economía, redistribución del ingreso y ampliación de la participación popular no aparecían como medidas aisladas. Formaban parte de una determinada idea de país y de un proceso de transformación del poder.

No se trataba solamente de gobernar mejor el Uruguay existente. Se trataba de comenzar a construir otro. Esa discusión fue perdiendo centralidad cuando el acceso al gobierno convirtió inevitablemente la gestión en el núcleo de la experiencia política.

Gobernar cambia a quien gobierna. Obliga a negociar, administrar restricciones, medir consecuencias y asumir responsabilidades que desde la oposición pueden ignorarse. Nada de eso constituye una traición ni demuestra por sí mismo una pérdida de identidad. El problema no es aprender a gobernar.

El problema aparece cuando ese aprendizaje termina enseñando solamente por qué determinadas cosas no pueden hacerse y deja de preguntarse qué fuerza sería necesario construir para hacerlas posibles.

El problema no es la moderación

Una izquierda democrática no necesita demostrar radicalidad mediante gestos. La moderación puede ser una virtud. Negociar puede ser imprescindible. Retroceder puede incluso ser necesario. El problema es hacia dónde se avanza cuando se puede avanzar y qué se hace durante los retrocesos para modificar la fuerza disponible.

Una fuerza transformadora puede aceptar una derrota sin convertirla en doctrina. Puede reconocer que hoy no posee mayoría para determinada reforma y trabajar políticamente para construirla. Puede negociar una medida parcial sin olvidar el objetivo completo.

Lo que no puede hacer es transformar cada límite coyuntural en horizonte histórico. Ahí adquiere particular importancia la fórmula de Orsi: "ordenar para transformar". Puede expresar una secuencia razonable. Ordenar las cuentas, recuperar capacidades, estabilizar y después avanzar.

Pero toda secuencia política contiene una pregunta temporal ¿Cuándo comienza la segunda parte? Porque también existe el riesgo de ordenar para continuar ordenando. De convertir la preparación de las condiciones para transformar en una tarea permanente que nunca llega al momento de la transformación.

Volver al presupuesto

Tal vez por eso la discusión alrededor de esta Rendición de Cuentas importe bastante más que los números que finalmente queden escritos en sus artículos. El gobierno dice que existen límites. Y existen. El PIT-CNT responde que algunos pueden modificarse. Y también es cierto. La política comienza precisamente allí.

Una izquierda no demuestra su vocación transformadora negando las restricciones de la realidad. Pero tampoco convirtiéndolas en permanentes. Gobernar exige saber qué no puede hacerse hoy. Transformar exige preguntarse qué habrá que hacer para que mañana sí pueda hacerse.

Quizá en esa diferencia se encuentre una definición posible de revolución democrática para nuestro tiempo. No una ruptura repentina ni la promesa de abolir de un día para otro el orden existente.

Una acumulación democrática de cambios capaces de alterar progresivamente quién posee, quién decide, quién contribuye, quién produce, quién se apropia de los beneficios del crecimiento y cuánto poder conserva la sociedad sobre las decisiones económicas que condicionan su futuro.

Por eso la pregunta que deja abierta la Rendición de Cuentas no es solamente cuánto puede gastar este gobierno. Es bastante más incómoda: ¿la izquierda llegó al gobierno para administrar los límites que encontró o también para construir la fuerza política necesaria para modificarlos?

Y entonces aparece inevitablemente el problema siguiente. Porque esa transformación deberá realizarse dentro de una economía capitalista. Sabemos que la izquierda puede administrarla. Lo que todavía debemos preguntarnos es si puede hacerlo sin perder, en el camino, aquello que alguna vez quiso transformar.

Queda planteada de manera natural, estimada y estimado lector, la columna siguiente: si una izquierda puede gobernar una economía capitalista y, al mismo tiempo, construir condiciones para trascender sus límites.