UY Press - Agencia uruguaya de noticias

15.08.2026

En todas las democracias existe una tensión que rara vez ocupa el centro del debate público. Cuando un gobierno toma una decisión importante, ¿quién la está tomando realmente? ¿Los dirigentes elegidos por la ciudadanía? ¿Los equipos técnicos que diseñan las políticas? ¿Los organismos internacionales? ¿Los actores económicos cuya confianza resulta decisiva para la inversión y el empleo?

La pregunta resulta especialmente pertinente cuando se observa el funcionamiento de los gobiernos contemporáneos. Y también el de la izquierda uruguaya.

Porque una cosa es reconocer que gobernar un país moderno requiere conocimiento técnico y otra muy distinta aceptar que la política deba limitarse a administrar aquello que los técnicos consideran posible.

Nadie seriamente podría defender un Estado sin economistas, abogados, ingenieros, especialistas en salud, energía, educación, infraestructura o tecnología. Los problemas que enfrenta Uruguay son demasiado complejos como para resolverlos únicamente a partir de intuiciones políticas. La técnica es imprescindible. Pero la técnica no puede decidir por sí sola qué sociedad queremos construir.

La política define el rumbo; la técnica ayuda a recorrerlo. El problema comienza cuando esa relación se invierte y las decisiones políticas empiezan a presentarse como simples consecuencias inevitables de la realidad económica. Entonces ya no se discute qué queremos hacer, sino qué podemos hacer. Y entre ambas preguntas existe una diferencia enorme.

Cuando gobernar se convierte en "administrar"

Durante las últimas décadas, los gobiernos incorporaron un número creciente de economistas, especialistas en políticas públicas, abogados, ingenieros y expertos en administración para conducir áreas estratégicas del Estado. La transformación es comprensible. Los Estados administran presupuestos enormes, regulan mercados complejos y deben tomar decisiones sobre asuntos que requieren conocimientos altamente especializados.

El problema no es que haya técnicos en el gobierno. El problema aparece cuando la técnica deja de ser un instrumento de la política y comienza a ocupar su lugar.

No ocurre necesariamente mediante una decisión explícita. Es un desplazamiento gradual. Las preguntas políticas -¿qué país queremos?, ¿qué modelo de desarrollo perseguimos?, ¿qué desigualdades estamos dispuestos a tolerar?, ¿qué sectores deben contribuir más?, ¿qué intereses deben ser afectados para modificar una estructura injusta?- empiezan a ser sustituidas por preguntas de gestión: ¿cuánto cuesta?, ¿qué impacto fiscal tiene?, ¿qué reacción tendrá el mercado?, ¿qué efecto provocará sobre la inversión?, ¿qué dicen los indicadores?

Todas son preguntas necesarias. Pero no son suficientes. Una planilla de cálculo puede establecer cuánto recaudaría un impuesto. Puede calcular sus efectos sobre las cuentas públicas, estimar impactos sobre determinadas variables y proyectar escenarios. Lo que no puede hacer es decidir si una sociedad considera justo que quienes concentran una parte extraordinaria de la riqueza contribuyan proporcionalmente más.

Eso es una decisión política. Y aquí aparece una cuestión particularmente incómoda para la izquierda uruguaya.

Uruguay: la política que termina pidiendo permiso

El gobierno de Yamandú Orsi llegó al poder reivindicando la necesidad de construir un país más justo, reducir desigualdades y fortalecer la protección social. El Frente Amplio no se presentó ante la ciudadanía como una fuerza destinada simplemente a administrar con mayor eficiencia el mismo modelo económico.

Sin embargo, cuando llega la hora de discutir algunas transformaciones concretas, el lenguaje cambia. La discusión comienza a girar alrededor de la responsabilidad fiscal, las señales a los inversores, la confianza, la competitividad, la necesidad de atraer capitales y los límites que impone la economía uruguaya. Todo eso es real.

Uruguay es un país pequeño, abierto, dependiente del comercio exterior y necesitado de inversión. No existe ninguna política seria que pueda ignorar esas condiciones. Pero reconocer una restricción no significa convertirla en una prohibición. Y allí aparece una diferencia fundamental entre una izquierda que gobierna con realismo y una izquierda que termina gobernando desde el realismo.

El realismo político debería servir para encontrar el camino posible hacia un objetivo. Pero si cada objetivo es descartado antes de ser discutido porque puede generar resistencia económica, entonces el realismo deja de ser una herramienta y se transforma en una frontera ideológica.

El caso del impuesto del 1% al 1% más rico resulta especialmente ilustrativo. La discusión no debería reducirse a si ese impuesto es bueno o malo, suficiente o insuficiente, conveniente o inconveniente. Todas esas cuestiones pueden y deben ser debatidas. Lo verdaderamente significativo es que desde el gobierno ni siquiera parezca existir disposición a discutirlo seriamente.

Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿en qué momento una restricción económica legítima se convierte en un límite político autoimpuesto?

Porque si la izquierda considera que determinadas estructuras tributarias reproducen desigualdad, debería poder discutir cómo modificarlas. Puede concluir que un impuesto determinado no es el instrumento adecuado. Puede considerar que genera efectos negativos. Puede optar por gravar patrimonio, rentas, herencias, ganancias extraordinarias o determinadas formas de concentración económica.

Pero una cosa es rechazar una propuesta después de estudiarla y otra muy diferente es clausurar la discusión antes de que empiece. La diferencia es política.

El economista no puede reemplazar al dirigente político

Antes que algún amigo se enoje, aclaremos que el problema no son los economistas. Mucho menos los buenos economistas.

El problema aparece cuando la economía deja de ser una disciplina que proporciona herramientas para convertirse en una especie de autoridad superior que establece de antemano aquello que una sociedad puede o no puede discutir.

Porque los economistas pueden explicar las consecuencias de una decisión. Pueden advertir sobre sus riesgos. Pueden proyectar escenarios. Pueden establecer costos y beneficios. Pero no pueden decidir cuál de esos escenarios prefiere una sociedad. Eso corresponde a la política.

Un gobierno de izquierda debería poder escuchar al economista que advierte que determinada reforma puede reducir la inversión y, después de escucharlo, decidir si esa eventual consecuencia justifica abandonar la reforma o si existen mecanismos para evitarla. Debería poder escuchar al empresario que advierte sobre el impacto de una medida y al mismo tiempo escuchar al trabajador que explica por qué esa medida resulta necesaria. Debería poder incorporar las restricciones fiscales sin convertirlas en una doctrina.

Porque gobernar no consiste únicamente en administrar lo posible. También consiste en ampliar el campo de lo posible. Y esa es una distinción que importa especialmente en la izquierda.

El problema no es la tecnocracia: es la ausencia de política

La tecnocracia puede presentarse como neutral. Los números parecen hablar por sí mismos. Un déficit es un déficit. Una tasa de crecimiento es una tasa de crecimiento. Una inversión es una inversión. Pero las decisiones que se toman a partir de esos números nunca son neutrales.

Detrás de cada presupuesto hay prioridades. Detrás de cada exoneración tributaria hay una decisión sobre quién paga y quién deja de pagar. Detrás de cada política de inversión hay una determinada concepción sobre qué sectores productivos deben desarrollarse. Detrás de cada negociación salarial existe una determinada relación entre capital y trabajo. Por eso el problema no consiste en preguntarse si una política es técnica o política. Casi todas son ambas cosas.

La pregunta realmente importante es quién establece las prioridades y quién tiene capacidad para definir los límites del debate. Y allí Uruguay tiene una experiencia que debería resultar especialmente incómoda para el Frente Amplio.

Durante décadas, buena parte de la izquierda construyó su identidad alrededor de la idea de que la política debía recuperar capacidad de decisión frente a los poderes económicos. No se trataba de negar la existencia del mercado ni de desconocer las restricciones de una economía pequeña. Se trataba de discutir quién debía conducir el proceso de desarrollo.

Hoy la cuestión parece haberse invertido. Ya no siempre se pregunta qué puede hacer la política con la economía. Muchas veces se pregunta qué puede hacer la política sin molestar demasiado a la economía. Es una diferencia pequeña en apariencia, pero enorme en términos de proyecto.

El miedo a incomodar

El Frente Amplio conoce bien esta tensión porque forma parte de su propia historia. Cuando fue creado, no nació para administrar con mayor eficiencia el mismo orden económico. Nació de una convergencia de fuerzas que entendían que la estructura económica uruguaya reproducía desigualdades y relaciones de poder que debían ser transformadas.

Con el tiempo, sus gobiernos aprendieron a administrar el Estado, a negociar con empresarios, a garantizar estabilidad macroeconómica, a atraer inversiones y a construir políticas sociales de gran alcance. Ese aprendizaje fue necesario. Pero existe un riesgo cuando la experiencia de gobierno termina transformándose en una pedagogía de la prudencia.

La izquierda empieza a saber muy bien todo aquello que no puede hacer, pero cada vez le cuesta más explicar qué quiere hacer. Y ese es un problema político mucho más profundo que la composición de un gabinete.

Porque una izquierda puede gobernar con economistas. Lo que no debería hacer es gobernar "para los economistas". Puede dialogar con empresarios. Lo que no debería hacer es convertir las preocupaciones empresariales en el límite natural de sus decisiones. Puede cuidar la inversión. Lo que no debería hacer es asumir que cualquier modificación de las relaciones económicas será necesariamente una amenaza para la inversión. Puede defender la responsabilidad fiscal. Lo que no debería hacer es presentar la responsabilidad fiscal como sinónimo de inmovilidad social. Y puede reconocer que Uruguay necesita capital privado. Lo que debería preguntarse es qué condiciones pone el Estado para que ese capital contribuya a un proyecto nacional de desarrollo.

¿Quién decide qué es posible?

Aquí regresamos a la pregunta inicial. ¿Quién gobierna realmente? La respuesta no puede ser que gobiernan únicamente los políticos. Tampoco que gobiernan los técnicos. En una democracia moderna intervienen instituciones, expertos, empresarios, trabajadores, organismos internacionales, mercados y ciudadanos.

Pero no todos tienen la misma legitimidad. Los técnicos tienen conocimiento especializado. Los empresarios poseen recursos económicos y capacidad de inversión. Los sindicatos tienen capacidad de organización. Los organismos internacionales tienen influencia. Los mercados reaccionan.

Pero quienes reciben el mandato para gobernar son los representantes elegidos por la ciudadanía. Por eso la política no puede renunciar a establecer prioridades.

Si un gobierno considera que la desigualdad es uno de los principales problemas nacionales, debe poder discutir cómo reducirla. Si entiende que Uruguay necesita modificar su estructura productiva, debe poder decidir qué instrumentos utilizar. Si cree que la concentración económica amenaza la cohesión social, debe poder discutir cómo enfrentarla. Y si finalmente concluye que una determinada propuesta -como gravar con un 1% adicional al 1% más rico- es inconveniente, tiene todo el derecho a explicarlo.

Lo que resulta difícil de justificar para una fuerza que históricamente hizo de la igualdad una de sus banderas es que determinadas alternativas ni siquiera lleguen al terreno de la discusión. Porque cuando una sociedad deja de discutir aquello que puede cambiar, comienza a aceptar como natural aquello que simplemente existe.

Tal vez aquí se encuentre uno de los problemas centrales del gobierno de Orsi. No que haya economistas. No que existan restricciones. No que se cuide la inversión. No que se busque estabilidad.

El problema es que todas esas condiciones pueden terminar construyendo, sin que nadie lo haya decidido explícitamente, una concepción de gobierno en la cual la política aparece subordinada permanentemente a lo que se considera económicamente aceptable. Y entonces la pregunta vuelve con más fuerza: ¿quién gobierna realmente?

Porque si cada transformación importante debe ser previamente aprobada por quienes pueden invertir, desinvertir, mover capitales o modificar sus decisiones empresariales, entonces la democracia conserva formalmente su capacidad de elegir gobiernos, pero pierde parte de su capacidad para decidir rumbos.

Eso no significa que el poder económico gobierne directamente. Es algo más sutil. Significa que puede establecer los límites dentro de los cuales la política se considera razonable. Y cuando esos límites son aceptados incluso antes de que comience la discusión, la política pierde una parte esencial de su función.

La izquierda uruguaya debería preguntarse si eso es exactamente lo que quiere. Porque gobernar no consiste únicamente en elegir entre las opciones que la realidad ofrece. También consiste en construir nuevas opciones. La política puede aceptar que algunas cosas son imposibles. Pero no debería comenzar suponiendo que todo aquello que incomoda a los poderes establecidos es imposible.

De lo contrario, la tecnocracia termina haciendo algo mucho más profundo que administrar el Estado: termina administrando el horizonte. Y si los tecnócratas administran el horizonte la izquierda corre el riesgo de quedarse sin futuro.

La pregunta, entonces, ya no es solamente quién gobierna. La pregunta verdaderamente importante es ¿para quién y para qué se gobierna?.

Y esa pregunta, que debería estar en el centro de cualquier proyecto de izquierda, es también la que puede determinar si el Frente Amplio del siglo XXI seguirá siendo una fuerza de transformación o terminará convirtiéndose en una eficaz administración progresista de los límites que alguna vez quiso cambiar.