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18.09.2025

"Si nuestros gobernantes redujeran sus sueldos a lo que percibe como salario la gente común, buena parte de la pobreza se resolvería en Uruguay".

"Señores gobernantes, bajen sus sueldos si quieren bajar la pobreza". Carlos Pérez Pereira

"Si nuestros gobernantes redujeran sus sueldos a lo que percibe como salario la gente común, buena parte de la pobreza se resolvería en Uruguay".

Palabras más, palabras menos, esto se ha leído y escuchado en textos y audios en las redes. El razonamiento no resiste el análisis de los números reales. Pero lo peor es que, cuando se comienza a atacar a los políticos (aún de modo leve), se está atacando a la democracia. Y los uruguayos tenemos suficiente experiencia para saber qué sigue después de ese ataque, cuando esa consideración se multiplica y se hace masa crítica en la población.

La democracia es un sistema de gobierno frágil, con dificultades, sujeto a errores, con altibajos en sus propósitos y con variantes en sus mecanismos de gobernanza.  En el fondo el problema de la democracia es, precisamente, el cómo mejorarla, cómo avanzar en los asuntos que le dan sentido al propio sistema. Se trata siempre de lograr la participación de la población en la elección de sus gobernantes y de sus programas de gobierno. Y es el mejor sistema, al que hay que cuidar, "buscarle la vuelta", pero siempre con el objetivo de mantenerlo en funciones. No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. En todo caso, es y será siempre perfectible. Porque es, en definitiva, la garantía de que los más poderosos no claven sus garras en los gobiernos, para impedir el papel de los organismos de participación y control, resortes fundamentales del funcionamiento del sistema.

En otros países ha pasado. La lucha contra "la casta política" termina siendo una lucha contra los mecanismos democráticos. Pasó en Brasil, pasa en Argentina. Y, sin ir más lejos, pasó en los momentos más terribles que vivimos los uruguayos, cuando allá por los fines de los sesenta del siglo pasado, la democracia republicana se fue desbarrancando, hasta llegar al funesto golpe de estado de 1973. Cundió la consigna de "los políticos son todos corruptos", lo que habilitaba a fuerzas del oscurantismo a entrar a tallar en la sociedad uruguaya. Y así nos fue.

Hoy día, este ataque a lo que se dio en llamar "la clase política", está generando factores de efervescencia que a nada bueno conducen. Y se da en el contexto de la discusión de un nuevo Presupuesto para el país, presentado por el reciente ascendido gobierno de Yamandú Orsi.

En un presupuesto nacional base, de más de 23 mil millones de USD, la suma de sueldos de legisladores e integrantes del Ejecutivo, es un porcentaje despreciable. Y una medida de "rebaja" de salarios de gobernantes, tendría por cierto un efecto simbólico, pero el ahorro por esa medida no movería ni un ápice la aguja de la distribución del PBI en políticas sociales. No soy especialista, pero algo he leído sobre el punto, escrito por gente que sabe.

Hay, por otro lado, un aspecto político que es el que más me interesa subrayar: Rebajar los sueldos, como se pide por varios activistas de redes sociales (de diversos partidos y espacios de opinión) al nivel de "lo que ganan trabajadores calificados", haría que mucha gente preparada no quisiera abandonar sus empleos en empresas privadas (ajenas o propias), para asumir cargos en la administración pública. Es un riesgo notorio, porque todo empleo en la Administración Pública, en cargos electivos o de confianza política es, por naturaleza, esencialmente revocable. Por decisión superior, o por las siguientes elecciones. Y está bien exigir la "vocación de servicio" a la gente, pero esa vocación está limitada por la realidad de los bolsillos, de las cuentas a pagar, del sustento de las familias, etc.  Se hace más difícil aceptar responsabilidades y cargos, si ellos no son bien remunerados.  

Si eso pasa, vendrán a ocuparlos aquellos que tienen ingresos suculentos, que les permiten hacer política merced a sus fortunas personales. Sartori se daba el lujo de donar todo su sueldo, pues no lo necesitaba.  La función política no solo es valorable desde el punto de vista cualitativo, pues en esas personas está el destino de la población, sino que cuantitativamente requiere del tiempo completo de trabajo de los protagonistas. No sirve dedicar horas sobrantes del ejercicio de otras profesiones o tareas remuneradas, para aplicar su "vocación de servicio". No va por ahí. Hoy mismo tenemos un ejemplo muy claro en la exigencia de la oposición, para que el doctor Danza, presidente de ASSE, abandone sus ocupaciones en empresas privadas para poder ejercer su cargo público.

Por último, y no menos grave, está el efecto que puede tener el permanente acoso de las "tentaciones" del poder, en quienes ejercen cargos políticos. Hablamos directamente de la corrupción de gobernantes. Esto es un riesgo que todos asumimos. Y nadie está libre. Se ha harto demostrado que le pasa tanto a la derecha como a la izquierda en todos los países de mundo (en América Latina especialmente, pero no solo). Aunque la izquierda siempre alardeó de ser inmune ante el peligro de la corrupción, los hechos y la historia le han explotado en la cara muchas veces. En definitiva, es un riesgo consciente, calculado y controlable, si los pueblos participan en el control de sus gobernantes. No hay otro modo. Para ello es necesario, además, crear condiciones que impidan el ingreso de los factores de corrupción en los organismos y personas dedicadas a la administración de los recursos del Estado. No hay que dar esos cachones, porque "la probidad de los hombres es muy veleidosa", como dijo alguien muy apreciado por todos los uruguayos.

¿Readecuar los salarios de los gobernantes a las condiciones económicas del país, de sus ingresos y gastos? Sí, por supuesto. Pero de ahí a solicitar medidas como la de que un presidente y sus ministros perciban lo mismo que un obrero calificado, o de tantos salarios mínimos (lo cual es una base esencialmente variable), son propuestas descabelladas que a nada bueno conducen. Lo peor es que pueden caer simpáticas a muchas personas que padecen problemas económicos. Ha pasado en otros países y repetimos: acá también. Las consecuencias son que, cuando esa variable de opinión se hace masiva, puede cambiar el curso de los acontecimientos sociales.  Hay mucha evidencia de ello en los alrededores y en nuestra propia realidad histórica.

Hay que saber que esos problemas no son derivados de los sueldos que perciben los gobernantes, sino de otras condiciones y contextos de tipo económico social que, esos sí, deben ser modificados en beneficio de la gente.

CARLOS PÉREZ PEREIRA