UY Press - Agencia uruguaya de noticias

22.06.2025

A menos de una década del plazo final para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la distancia entre los compromisos asumidos y los resultados concretos es motivo de creciente preocupación. La Agenda 2030, adoptada con la promesa de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger el planeta y garantizar sociedades pacíficas e inclusivas, se enfrenta hoy a un escenario complejo, donde los avances son desiguales, los desafíos estructurales persisten y en varios ámbitos se observa un preocupante retroceso.

La visión transformadora de los ODS implicaba un cambio profundo en las prioridades de los gobiernos y en la manera en que se concibe el desarrollo. Sin embargo, muchos de los obstáculos que dificultaban ese camino al momento de la firma de la Agenda siguen vigentes: sistemas económicos excluyentes, capacidades institucionales limitadas, marcos de gobernanza frágiles y brechas estructurales en acceso a financiamiento, tecnología e información.

Los datos más recientes muestran que apenas una pequeña fracción de las metas están en camino de cumplirse. Algunos indicadores avanzan lentamente; otros, en cambio, se han estancado o incluso han retrocedido. Los esfuerzos por erradicar la pobreza extrema, garantizar la seguridad alimentaria, ampliar el acceso a servicios esenciales o enfrentar el cambio climático, han sido insuficientes. Esta situación pone en duda no sólo la viabilidad técnica de alcanzar los ODS, sino también la voluntad política real de convertirlos en prioridades concretas de gestión.

La situación se agrava cuando se analiza el déficit de financiamiento. Las estimaciones indican una brecha de varios billones de dólares anuales a nivel global para cumplir los compromisos asumidos. Sin mecanismos sólidos de cooperación, justicia fiscal internacional y movilización de recursos internos con criterios de equidad y eficiencia, será difícil lograr las transformaciones que la Agenda exige.

Además, muchas estrategias nacionales de desarrollo sostenible han quedado atrapadas en marcos cortoplacistas, poco articulados entre niveles de gobierno o desconectados de las realidades locales. La planificación inter-temporal -es decir, que contemple el largo plazo sin subordinarse a ciclos políticos inmediatos- sigue siendo una tarea pendiente. Lo mismo ocurre con la necesidad de integrar enfoques intersectoriales, capaces de responder a problemas complejos que no respetan fronteras institucionales.

Otro aspecto central es la participación ciudadana. La Agenda 2030 se sustenta en un enfoque de inclusión y corresponsabilidad, pero la distancia entre el Estado y la ciudadanía sigue siendo un factor crítico. Abrir espacios reales y efectivos de diálogo, consulta e incidencia puede fortalecer el tejido democrático y enriquecer el diseño e implementación de políticas públicas. La creación de valor público depende, en última instancia, de la percepción y evaluación que las personas hacen sobre la acción del Estado.

En este contexto, urge replantear ciertas prácticas. Por un lado, se requiere fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para planificar, implementar y evaluar políticas sostenibles con transparencia, datos confiables y rendición de cuentas. Por otro, es fundamental avanzar hacia marcos normativos que garanticen derechos, corrijan desigualdades estructurales y estimulen la innovación social y tecnológica.

La Agenda 2030 no es sólo un conjunto de metas técnicas: es una hoja de ruta hacia un modelo de desarrollo centrado en la dignidad humana, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad ambiental. Más que una obligación internacional, representa una oportunidad histórica para repensar lo público, reconfigurar las relaciones entre Estado y sociedad, y fortalecer la cohesión social.

Los próximos años serán decisivos. No se trata sólo de recuperar el tiempo perdido, sino de acelerar la acción colectiva con inteligencia, responsabilidad y sentido de urgencia. Para ello, es indispensable que las decisiones se orienten a generar valor público, que los recursos se asignen con visión estratégica, y que las voces de la ciudadanía sean parte activa en el proceso.

La Agenda 2030 no es un destino fijo, sino un camino que se construye con cada decisión pública, cada política bien diseñada y cada ciudadano que se compromete. Más que preguntarnos si llegaremos a tiempo, deberíamos preguntarnos si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para no dejar a nadie atrás. Porque el verdadero progreso no se mide sólo en indicadores, sino en la transformación concreta de las condiciones de vida de las personas.

Federico Rodríguez Aguiar. Analista en Marketing, egresado de la Universidad ORT-Uruguay, con sólida formación en estrategias comerciales y desarrollo económico. Su trayectoria académica está complementada por diversas certificaciones y cursos internacionales en áreas clave como la gestión pública, cooperación internacional, y liderazgo.