UY Press - Agencia uruguaya de noticias

05.02.2026

La ira hacia Ottawa ha ido creciendo en Alberta durante décadas, en gran medida arraigada en disputas sobre cómo el gobierno federal gestiona los vastos recursos de petróleo y gas de la provincia. ¿Y quién podría estar interesado?: Donald Trump.

Muchos habitantes de Alberta sienten que las políticas federales -en particular las regulaciones ambientales, la fijación de precios del carbono y las aprobaciones de oleoductos- limitan la capacidad de Alberta para desarrollar y exportar su energía.

¿Quién podría estar interesado?

Donald Trump, quien se le ha hecho lo imposible para tratar de anexionarse Groenlandia ante la protesta internacional. Pero recordemos que su otra gran idea era convertir a Canadá en el estado Nro. 51. Los canadienses protestaron. Bueno no todos. Los habitantes de la provincia occidental de Alberta manifiestan que las riquezas del gas y petróleo terminan en las provincias pobres de la Confederación, incapaces de autofinanciar sus presupuestos

Altos cargos de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, han mantenido tres reuniones desde abril del año pasado (2025) con representantes del Alberta Prosperity Project (APP), un grupo separatista de extrema derecha que promueve la independencia de la provincia de Alberta, Canadá, informó Financial Times citando a personas al tanto del asunto.Según el medio, los encuentros se produjeron en un contexto de deterioro de las relaciones entre Washington y Ottawa y de fuertes tensiones políticas entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El Alberta Prosperity Project busca el apoyo de Estados Unidos para su agenda secesionista y ha planteado a funcionarios estadounidenses la creación de una línea de crédito por valor de 500.000 millones de dólares para ayudar a financiar la provincia si se aprueba un referéndum de independencia, aún por convocar".Estados Unidos está sumamente entusiasmado con una Alberta libre e independiente", dijo a FT Jeff Rath, asesor legal de APP que asistió a las conversaciones. Asimismo, aseguró que tenía una «relación mucho más fuerte» con la Administración Trump que Carney.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, acusa de traición a los habitantes de Alberta.

Eby hizo estas declaraciones espontáneas a los periodistas antes de una reunión con otros primeros ministros y el primer ministro Mark Carney en Ottawa.

Sus comentarios se referían a las afirmaciones del principal asesor del Proyecto de Prosperidad de Alberta, Jeffrey Rath, quien afirmó durante varios meses haber viajado a Estados Unidos varias veces para reunirse con miembros de la administración Trump.

"Ir a un país extranjero y pedir ayuda para desmantelar Canadá, existe una palabra antigua para eso, y esa palabra es traición", dijo David Eby, señalando la dinámica actual entre los dos países.

"Es completamente inapropiado intentar debilitar a Canadá, intentar pedir ayuda para separar a este país de una potencia extranjera y, con todo respeto al presidente, (Trump) que a menudo es particularmente irrespetuoso con la soberanía de Canadá", agregó más adelante, "debemos poner un límite a las personas que buscan la ayuda de países extranjeros para separar esta hermosa tierra nuestra por la que lucharon nuestros antepasados, nuestras antepasadas, nuestros padres, nuestros abuelos". "Están negociando activamente con un gobierno extranjero que ha declarado al más alto nivel que quiere desestabilizar la federación canadiense".

El protagonismo reciente del Alberta Prosperity Project toma impulso en medio de un resurgir del debate separatista en la provincia, vinculada estrechamente con el sector petrolero y gasístico.

Falta de apoyo total.

No obstante, los movimientos secesionistas han tenido históricamente un apoyo limitado entre la población. Aunque el APP intenta tejer alianzas con otros movimientos soberanistas, como los independentistas de Quebec, y busca ganar visibilidad en la escena política.

Pero el apoyo a los partidos secesionistas de Quebec se ha hundido junto con la economía de la provincia. El idioma francés "quebeqois", se están convirtiendo en una minoría lingüística. El convertir el idioma francés como el único idioma de la provincia provoco la huida de empresas y capital humano, altamente especializado. Hoy Quebec necesita ayuda federal para mantener su sistema de bienestar social. La mayoría de los niños concurren a escuelas bilingües. Sus padres quieren un futuro para sus hijos, más allá de Quebec. Nadie habla de independencia.

En Alberta el apoyo estaría en un 34%, pero cuando se les pregunta en caso de que diera un plebiscito independentista. Los encuestados confiesan que se lo pensaría mejor. Mayormente los albertanos quieren mayor autonomía, y que el flujo de dinero por el petróleo quede- en su mayor parte- en la provincia.

Consideraban que el voto a favor de abandonar Canadá era en gran medida simbólico: una forma de señalar insatisfacción política en lugar de un firme deseo de independencia.

Como provincia sin salida al mar, Alberta depende de los oleoductos y de la cooperación con otras provincias para acceder a los mercados globales, lo que hace que esas decisiones federales sean especialmente polémicas.

El fantasma del secesionismo siempre está ahí.

En los márgenes del orden liberal occidental, incluso en democracias consolidadas y federaciones estables, resurgen periódicamente pulsiones secesionistas que ponen a prueba los límites del derecho constitucional y del consenso político. Canadá, durante décadas presentado como un modelo de federalismo cooperativo y multicultural, no es ajeno a estas tensiones. Tras el largo ciclo del independentismo quebequés, hoy es Alberta -provincia rica en recursos energéticos y profundamente alienada del centro político de Ottawa- la que vuelve a plantear, aunque todavía de forma minoritaria, la posibilidad de abandonar la federación canadiense.

La novedad no reside únicamente en el resurgimiento del discurso separatista, sino en la deriva discursiva que acompaña a algunos de sus sectores más visibles: la idea de que una Alberta independiente podría, eventualmente, integrarse en Estados Unidos.

Esta hipótesis, repetida en medios, redes y foros políticos, obliga a separar con claridad la retórica política de la realidad jurídica, tanto en Canadá como en EE. UU., y a comparar este escenario con otros procesos históricos de ruptura territorial.

Alberta contra Ottawa: raíces profundas de un separatismo energético, fiscal y cultural.

El separatismo en Alberta no es un fenómeno repentino ni una excentricidad marginal surgida al calor de las redes sociales o de coyunturas políticas recientes. Es la expresión acumulada de décadas de fricción estructural entre una provincia cuya identidad política se construyó alrededor del petróleo, el mercado y el autonomismo, y un Estado federal que, desde Ottawa, ha ido reforzando regulaciones ambientales, mecanismos de redistribución fiscal y una visión del federalismo percibida en el oeste como centralista y moralizante.

Comprender por qué una parte significativa de la sociedad albertana contempla hoy la separación de Canadá exige ir más allá de los eslóganes soberanistas y analizar las "causas materiales y simbólicas" que sostienen ese malestar.

El petróleo como identidad política y fuente de conflicto.

Alberta no es solo una provincia rica en hidrocarburos: es una economía estructuralmente dependiente del petróleo y el gas, especialmente de las arenas bituminosas. Durante décadas, estos recursos financiaron salarios elevados, crecimiento demográfico, servicios públicos y una cultura política basada en la idea de autosuficiencia económica.

Desde la perspectiva albertana, Ottawa ha actuado repetidamente como freno estructural a ese modelo:

• Restricciones ambientales crecientes
• Cancelación o bloqueo de oleoductos clave
• Impuestos al carbono diseñados a escala federal

-        Narrativas políticas que presentan a la industria energética como un problema moral y climático

Para muchos albertanos, especialmente en áreas rurales y entre trabajadores del sector energético, estas políticas no son simples ajustes regulatorios, sino" ataques directos a su modo de vida". El conflicto no es solo económico: es identitario. Alberta percibe que se le exige financiar la transición energética del país a costa de su propia prosperidad.

El agravio fiscal: la percepción de pagar sin decidir.

Uno de los motores más persistentes del separatismo albertano es el resentimiento fiscal. A través del sistema de equalization payments, Alberta ha sido durante años una de las principales contribuyentes netas al presupuesto federal, transfiriendo recursos a provincias menos prósperas.

Desde Ottawa, este sistema se justifica como un pilar de solidaridad federal. Desde Alberta, se vive como una expropiación estructural:

Alberta aporta más de lo que recibe.

No controla el destino de esos fondos, la provincia observa cómo provincias receptoras adoptan políticas contrarias a sus intereses energéticos

Esta percepción se agrava cuando decisiones federales afectan directamente a la principal fuente de ingresos provincial, reduciendo la capacidad de Alberta de sostener ese mismo sistema redistributivo. El resultado es una narrativa poderosa: "pagamos por un país que no nos escucha".

Alienación política y representación desigual.

El sistema político canadiense refuerza esta sensación de marginación. Alberta está subrepresentada en los centros reales de poder federal:

-El Senado canadiense no es electo y responde en gran medida a designaciones federales

-Las grandes mayorías parlamentarias suelen construirse sin necesidad del voto del oeste

-Los partidos dominantes a nivel federal tienen escasa implantación en Alberta

Esto alimenta una convicción arraigada: Alberta puede perder siempre en Ottawa, incluso cuando gana elecciones provinciales por amplias mayorías. La democracia federal, desde esta óptica, funciona formalmente, pero no sustantivamente para el oeste.

Dimensión cultural: el choque entre dos Canadas

Más allá de la economía y la política, existe un "conflicto cultural profundo". Alberta se percibe a sí misma como, socialmente más conservadora, más favorable al libre mercado, y menos alineada con las agendas progresistas urbanas.

El Canadá que domina el discurso nacional -urbano, multicultural, ambientalista, postindustrial- se identifica con Toronto, Montreal y Vancouver. Alberta se siente "culturalmente extranjera dentro de su propio país".

Este choque se intensifica cuando debates sobre clima, género, identidad o regulación económica se presentan no como opciones políticas, sino como imperativos morales, reforzando la sensación de imposición desde el centro.

Del autonomismo al separatismo: el salto psicológico.

Históricamente, Alberta fue más autonomista que separatista. Sin embargo, la acumulación de agravios ha empujado a una parte del electorado a considerar la secesión como única vía de escape.

El separatismo albertano actual no es tanto un proyecto detallado de Estado independiente como un gesto de ruptura, una amenaza política destinada a forzar concesiones. En este contexto aparece la idea -todavía minoritaria- de una posible integración a Estados Unidos, no tanto por un análisis jurídico realista, sino como símbolo de afinidad económica y cultural frente a Ottawa.

El muro jurídico: cuando la Constitución enfría la ruptura.

Aquí es donde la retórica choca con la realidad. El marco constitucional canadiense no permite la secesión unilateral. Incluso un referéndum exitoso solo abriría un proceso de negociaciones complejas y una enmienda constitucional de altísimo umbral político.

Comparado con Yugoslavia o Crimea, el caso canadiense es radicalmente distinto. No hay vacío legal, ni colapso estatal, ni ocupación militar. Hay un Estado funcional que ha blindado jurídicamente su integridad territorial, precisamente para evitar rupturas impulsivas.

Conclusión: una protesta profunda, no una secesión inminente.

El separatismo en Alberta no es un delirio pasajero. Es la manifestación política de un conflicto estructural no resuelto entre un modelo energético-regional y un proyecto nacional que avanza hacia otra dirección.

Pero entre el malestar y la independencia existe un abismo jurídico y político. La Constitución canadiense está diseñada para absorber tensiones sin romperse, y Estados Unidos no ofrece una salida legal automática ni realista.

Alberta, hoy, no está preparando su salida de Canadá. Está gritando dentro de él. La pregunta decisiva no es si puede irse, sino si el federalismo canadiense será capaz de reformarse lo suficiente para que esa salida deje de parecer, para algunos, la única opción imaginable.

Muchos albertanos creen que la provincia genera una riqueza considerable, pero tiene una influencia limitada en la toma de decisiones a nivel nacional. En 2024-25, por ejemplo, contribuyó con el 20 % del producto interior bruto (PIB) de Canadá, a pesar de albergar solo al 12 % de la población.

Alberta produce consistentemente más del 80 por ciento del petróleo de Canadá y el 60 por ciento del gas natural del país.

Sin embargo, muchos albertanos afirman que el gobierno federal no les proporciona la parte que les corresponde de los impuestos recaudados. Canadá cuenta con un sistema de pagos de compensación, en virtud del cual el gobierno federal otorga fondos adicionales a las provincias más pobres para garantizar que puedan mantener los servicios sociales. Si bien Quebec y Manitoba reciben los pagos más altos, Alberta, al igual que Columbia Británica y Saskatchewan, actualmente no reciben pagos de compensación.

Carney firmó recientemente un acuerdo con Alberta, abriendo la puerta para un oleoducto hacia el Pacífico, pero hay oposición y enfrenta obstáculos importantes.

Un referéndum sobre la independencia de Alberta podría celebrarse a finales de este año si un grupo de residentes logra reunir las casi 178.000 firmas necesarias para forzar una votación sobre el tema. Pero incluso si el referéndum se aprueba, Alberta no sería inmediatamente independiente.

Según la Ley de Claridad, el gobierno federal tendría que determinar primero si la pregunta del referéndum era clara y si el resultado representaba una mayoría clara. Solo entonces comenzarían las negociaciones, que abarcarían temas como la división de bienes y deudas, las fronteras y los derechos indígenas.

Tema tabú, contaminación.

Contaminación.Antes de seguir analizando el intento separatista, la pregunta en la Provincia de Alberta es ¿Después del petróleo?

El petróleo es la principal fuente de ingresos de exportación de Canadá, y aunque la producción ha experimentado un auge aún mayor en Estados Unidos últimamente, gracias a la fracturación hidráulica de esquisto, el petróleo representa una parte mucho mayor de la economía canadiense. La gran mayoría del petróleo de Canadá se produce en Alberta.

Aunque parezca sorprendente, las arenas petrolíferas no contienen petróleo propiamente dicho. En cambio, una enorme área del tamaño de Florida o Wisconsin, al norte y al este de Edmonton, Alberta, contiene un betún alquitranado mezclado con arena extraído del subsuelo del bosque boreal.

En conjunto, las compañías extraen 2,6 millones de barriles diarios. Lo que se envía es betún diluido, no petróleo crudo. El betún es demasiado espeso para bombearlo, por lo que se utiliza "agua caliente a gran presión" para sepáralo de la arena se le añade petróleo crudo ligero y productos químicos y recién allí es enviado por oleoductos. Prácticamente en su totalidad se envían a refinerías estadounidenses. El volumen total de relaves ha seguido creciendo durante más de 50 años. Algunos estanques se están filtrando al río Athabasca, afirma Paul Belanger, extrabajador de arenas petrolíferas y actual copresidente de Keepers of the Athabasca, una organización de pueblos indígenas y ambientalistas.

La contaminación atmosférica, incluida la lluvia ácida, también afecta a esta remota región. Un estudio reveló que la lluvia ácida podría llegar a dañar un área casi del tamaño de Alemania.

La industria de las arenas petrolíferas ha sido muy destructiva para el medio ambiente y nuestras comunidades en la región, dice Eriel Tchekwie Deranger, director ejecutivo de Indigenous Climate Action , una organización liderada por indígenas.

"Ha tenido un gran impacto en los caribúes, bisontes, alces, aves, peces, el agua, el bosque. Ha afectado nuestra capacidad de desplazarnos y de recolectar alimentos de la tierra; es realmente abrumador",

"A menudo se considera que los pueblos indígenas se oponen ampliamente a la explotación de petróleo y gas natural; eso simplemente no es así. Hay muchas comunidades indígenas que han construido, y siguen construyendo, un futuro económico próspero trabajando con la industria",

Los habitantes de la provincia de Columbia Britanica se oponen firmemente, construirse, el oleoducto en su provincia. podría aumentar drásticamente el número de grandes petroleros que utilizan las aguas costeras. Esto podría poner en peligro la población local de orcas y provocar derrames de petróleo. Igualmente, el oleoducto tendría que pasar por la Cordillera de las Rocosas, un proyecto costoso que tiene que pasar por áreas ecológicas y reservas indígenas, y luchar para que las tuberías no se congelen en la de altitud de las montañas.

Las provincias de vecina de las praderas canadienses Saskatchewan y Manitoba no quieren oleoductos en sus tierras.

No todas las naciones originarias se oponen.

La Primera Nación de Fort McKay es un ejemplo. Rodeada de minas de arenas petrolíferas, obtienen un ingreso anual promedio de más de 500 millones de dólares canadienses por la prestación de servicios a la industria de las arenas petrolíferas, según un estudio del Instituto Fraser. El ingreso per cápita de Fort McKay es considerablemente superior al promedio de Alberta o Canadá.

Pero cuando la bonanza petrolera se acabe o deje de ser rentable ¿Quién se hace cargo de la limpieza ambiental? La limpieza de minas y estanques de relaves requerirá a la larga una inversión enorme. Un cálculo gubernamental estima que la factura ascenderá a 195 000 millones de dólares estadounidenses (260 000 millones de dólares canadienses).

A diferencia de países petroleros, que cuentan con fondos soberanos, el reparto de la riqueza entre las provincias le deja poco margen al gobierno de Edmonton.

Independencia, una pesadilla jurídica.

Las enmiendas constitucionales en Canadá: rigidez diseñada para impedir rupturas fáciles.

Desde 1982, la Constitución canadiense solo puede modificarse siguiendo los procedimientos establecidos en el Constitution Act, 1982. Estos procedimientos están deliberadamente diseñados para ser complejos y exigentes, precisamente para evitar cambios estructurales impulsivos.

Una secesión provincial implicaría alterar la composición territorial del Estado, el equilibrio federal y, probablemente, múltiples disposiciones fundamentales. En la práctica, ello exigiría recurrir al procedimiento general 7/50 (aprobación del Parlamento federal y de al menos 7 provincias que representen el 50 % de la población), o incluso al procedimiento de unanimidad, si se afectan aspectos centrales del pacto constitucional.

Esto significa que la independencia de Alberta no depende solo de Alberta. Depende del consentimiento activo o pasivo del resto del país. Desde una perspectiva realista, lograr ese nivel de consenso en una federación profundamente interdependiente es extraordinariamente difícil. El derecho constitucional canadiense, sin prohibir explícitamente la secesión, la hace políticamente costosa y jurídicamente casi inaccesible.

¿Qué es el Proyecto de Prosperidad de Alberta y qué pretende?

APP es un grupo posindependencia que está haciendo campaña para un referéndum sobre la salida de Alberta de Canadá.

Sostiene que la provincia estaría en mejor situación si controlara sus propios recursos, impuestos y políticas, y ha estado trabajando para reunir firmas bajo las reglas de iniciativa ciudadana de Alberta para activar una votación.

Aunque se describe a sí mismo como un proyecto educativo y no partidista, el grupo ha generado controversia por sus afirmaciones sobre la viabilidad económica de una Alberta independiente.

En su sitio web, la APP dice: "La soberanía de Alberta, en el contexto de su relación con Canadá, se refiere a la aspiración de Alberta de obtener mayor autonomía y control sobre las áreas provinciales de responsabilidad".

"Sin embargo, una combinación de factores económicos, políticos, culturales y de derechos humanos... ha llevado a que muchos albertanos definan la 'soberanía de Alberta' como que Alberta se convierte en un país independiente y toma el control de todos los asuntos que caen dentro de la jurisdicción de una nación independiente", añade.

¿Qué más ha dicho Washington?

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado dijeron al FT que funcionarios de la administración se reúnen regularmente con grupos de la sociedad civil y que no se transmitió ningún apoyo ni compromiso.

Un informe publicado por la emisora pública canadiense CBC a principios de este año citó al analista de seguridad nacional estadounidense Brandon Weichert diciendo que los comentarios de Trump sobre que Canadá se convertiría en el "estado 51" estaban, en realidad, dirigidos a Alberta.

En un programa presentado por el ex estratega jefe de Trump, Steve Bannon, Weichert sugirió que un voto por la independencia en Alberta impulsaría a Estados Unidos a reconocer la provincia y guiarla hacia convertirse en un estado estadounidense.

¿Ha intentado la administración Trump hacer lo mismo en otras ocasiones? Sí, en Groenlandia.

Al igual que en el caso de Canadá, Trump ha pedido reiteradamente la incorporación de Groenlandia a Estados Unidos. Sus amenazas de anexar Groenlandia han suscitado una fuerte oposición del gobierno de la isla ártica, de Dinamarca (que gobierna Groenlandia) y de Europa.

Pero, al igual que en el caso de Alberta, la administración de Trump también ha intentado poner a prueba el sentimiento separatista. En agosto de 2025, el gobierno danés convocó al principal diplomático estadounidense en Copenhague después de que la emisora nacional danesa informara que tres aliados de Trump habían comenzado a elaborar una lista de groenlandeses que apoyaban los esfuerzos del presidente estadounidense para lograr su adhesión a Estados Unidos.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, está utilizando los sentimientos de soberanía en Alberta como una especie de amenaza implícita para conseguir un mejor trato para la provincia.

En una carta a Mark Carney en el período previo a la reciente conferencia de primeros ministros en Saskatchewan (junio 2025), Smith le dijo al primer ministro que el hecho de no construir oleoductos adicionales para el petróleo de Alberta "enviaría una señal no deseada a los habitantes de Alberta preocupados por el compromiso de Ottawa con la unidad nacional".

Por lo tanto, vale la pena preguntarse: ¿qué pasaría si Alberta votara por salir?

Dos puntos de referencia históricos son el referéndum de soberanía de 1995 en Quebec y el referéndum del Brexit en el Reino Unido en 2016. De diferentes maneras, ambos ejemplos ponen de manifiesto una idea inevitable: en caso de un voto a favor de la soberanía, el futuro de Alberta tendría que negociarse paso a paso, de forma dolorosa e incierta.

Anarquía internacional.

La soberanía es una afirmación de la autoridad gubernamental independiente, que incluye, en particular, el monopolio del uso legítimo de la fuerza sobre un pueblo y territorio definidos. A diferencia de las provincias en un país como Canadá, los países soberanos cooperan entre sí, y solo si, les conviene hacerlo.

Algunos defensores del separatismo han argumentado que una Alberta independiente podría ampararse en el derecho internacional para asegurar el acceso continuo a las aguas de marea a través de Canadá. Esta idea parece ser la base de las afirmaciones de Smith de que una nación no puede "abandonar" a otra según el derecho internacional. Pero ese no es el caso.

Es más, el derecho internacional, aunque se aplique en teoría, no siempre se cumple en la práctica. Esto se debe a que entre los países prevalece la anarquía formal: nadie tiene la responsabilidad de aplicar el derecho internacional por sí solo. Si un país lo infringe, los demás deben responder. Si eso no sucede, simplemente no sucede.

En pocas palabras, si Alberta se separara de Canadá, perdería todos los derechos y protecciones exigibles que ofrece la Constitución canadiense y que aplican las instituciones y los tribunales. En su lugar, Alberta obtendría exactamente, y solo, lo que puede negociar.

El ejemplo de Quebec

La saga de la independencia de Quebec ha aclarado y refinado en muchos sentidos el camino hacia una posible secesión de las provincias de Canadá y es una pista de lo que puede suceder después de un referéndum sobre la soberanía.

A raíz del casi fracaso del referéndum de 1995 -cuando quienes querían permanecer en Canadá derrotaron a quienes votaron por separarse por el margen más estrecho- el gobierno liberal de Jean Chrétien tomó medidas rápidas para responder.

El Plan A se centró en acciones destinadas a abordar los reclamos de Quebec, de forma similar a la búsqueda de Carney de un consenso nacional para construir un oleoducto adicional.

Otro curso de acción, conocido como Plan B, definió el camino hacia la secesión.

El gobierno federal solicitó a la Corte Suprema de Canadá una aclaración sobre la legalidad de la soberanía. Posteriormente, aprobó la Ley de Claridad, que consagró en derecho la interpretación de Ottawa de la respuesta de la corte. Tanto la referencia como la ley dejaron claro que cualquier intento de secesión solo podía ser impulsado por una "mayoría clara" en una "cuestión clara".

La ley también ilustró los riesgos de la secesión. El preámbulo de la legislación, por ejemplo, explica que la soberanía provincial significaría el fin de la ciudadanía canadiense garantizada para los residentes provinciales que salieran de sus territorios.

La ley también establece algunos de los puntos que se negociarán en caso de secesión, "incluida la división de activos y pasivos, cualquier cambio en las fronteras de la provincia, los derechos, intereses y reivindicaciones territoriales de los pueblos aborígenes de Canadá y la protección de los derechos de las minorías". Si los pueblos originarios desean quedarse en Canadá, la provincia de Alberta perdería su forma cuasi rectangular, a una forma de un queso suizo, perdiendo hasta el 30% de su territorio.

Alberta tendría poca influencia

Una vez independiente, Alberta sería una nación sin litoral y exportadora de petróleo. Negociaría con Canadá -y con Estados Unidos, su vecino del sur- todos los aspectos de su nueva relación.

Sus fronteras con otras provincias y territorios deberían negociarse, al igual que la situación de las poblaciones marginadas y los pueblos indígenas de Alberta. La situación de las tierras sujetas a tratados -es decir, la mayor parte de la provincia- también debería negociarse.

Los propios pueblos indígenas ya han dejado claro que no tienen ningún interés en la secesión y que defenderían enérgicamente los derechos indígenas tal como existen en Canadá.

Después de todo, si Canadá es divisible, Alberta también lo es. Una nueva república no tiene derechos territoriales automáticos respecto a los pueblos indígenas ni a las tierras bajo tratados.

Una vez establecidas las fronteras, Alberta tendría poca influencia y necesitaría mucha ayuda como país de unos 4,5 millones de habitantes que negocia con vecinos de 35 millones en Canadá y 350 millones en Estados Unidos. ¿Quiénes serían sus aliados?

Nada estaría garantizado, ni la admisión de Alberta a las Naciones Unidas, ni el establecimiento de una moneda albertana y tipos de cambio, ni la defensa nacional y continental, ni la gestión de las fronteras compartidas y las normas de ciudadanía, ni las condiciones del comercio y la inversión transfronterizos.

El acceso a los puertos canadienses quedaría a discreción de Canadá, negociado en términos que Canadá considerara favorables a sus intereses. Alberta no podría imponer un oleoducto a través de Canadá, ni a través de Estados Unidos.

¿Y después qué? La fantasía del "51.º estado" y la Constitución de Estados Unidos

Supongamos -por un momento- que Alberta supera todos los obstáculos anteriores y se convierte en un Estado independiente reconocido internacionalmente. ¿Podría entonces integrarse en Estados Unidos?

Desde el punto de vista constitucional estadounidense, la respuesta es simple y brutal: solo si el Congreso quiere.

La Constitución de EE. UU., en su Artículo IV, Sección 3, establece que nuevos estados pueden ser admitidos en la Unión únicamente mediante una ley del Congreso, aprobada por ambas cámaras y promulgada por el presidente. No existe ningún derecho de adhesión, ningún automatismo y ningún precedente de una provincia de otro país soberano convertida directamente en estado estadounidense.

Más aún, en el contexto político contemporáneo, la admisión de un nuevo estado es una decisión profundamente partidizada, ya que altera el equilibrio del Senado, el Colegio Electoral y el mapa del poder federal. Incluso territorios bajo soberanía estadounidense desde hace más de un siglo, como Puerto Rico, siguen sin ser estados. Pensar que una Alberta independiente sería rápidamente aceptada es una ilusión política más que una posibilidad jurídica.También desaparecerían los reclamos de compartir bienes colectivos. Los vecinos de Alberta no tendrían incentivos, por ejemplo, para ayudar con la inevitable limpieza posterior al petróleo, estimada en cientos de miles de millones de dólares.

¿Puerto Rico Norte?

Por supuesto, una república de Alberta tendría la libertad de profundizar sus relaciones con la república estadounidense al sur. Sin embargo, el presidente estadounidense ya ha dejado claro cuáles serían las probables condiciones para el libre comercio: la adhesión.

Aquí tampoco habría garantías. Alberta podría fácilmente convertirse en un territorio estadounidense, con representación limitada, o en el estado número 51. «Puerto Rico Norte» es tan posible como «Alaska Sur».

Conclusión: una protesta profunda, no una secesión inminente.

El separatismo en Alberta no es un delirio pasajero. Es la manifestación política de un conflicto estructural no resuelto entre un modelo energético-regional y un proyecto nacional que avanza hacia otra dirección.

Pero entre el malestar y la independencia existe un abismo jurídico y político. La Constitución canadiense está diseñada para absorber tensiones sin romperse, y Estados Unidos no ofrece una salida legal automática ni realista.

Alberta, hoy, no está preparando su salida de Canadá. Está gritando dentro de él. La pregunta decisiva no es si puede irse, sino si el federalismo canadiense será capaz de reformarse lo suficiente para que esa salida deje de parecer, para algunos, la única opción imaginable.

En pocas palabras, si Alberta votara a favor de abandonar Canadá, realmente estaría sola.

Michael Mansilla

michaelmansillauypress@gmail.com

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