UY Press - Agencia uruguaya de noticias

10.11.2025

La compra de las dos patrullas oceánicas (OPVs) al astillero Francisco Cardama, es el mayor fraude de la historia de las compras militares del Uruguay en toda su historia. Y la información que se maneja públicamente hasta ahora, es solo una mínima parte de la muy cruda realidad.

Es un fraude premeditado, planificado y con responsabilidades directas del director de Cardama, Mario Cardama en complicidad con autoridades civiles al más alto nivel civil y militar (Armada) del Uruguay. Una parte, reitero una parte, la del aval está en la justicia, pero aparecerán nuevos elementos que ampliarán la causa, pero lo importante es también incorporar el fraude material y los aspectos económicos y políticos.

Los aspectos legales

Está absolutamente demostrado, con pruebas de todo tipo, que el aval presentado por Cardama al Ministerio de Defensa Nacional (Lacalle-García) es falso, no es un aval, fue emitido por una empresa fantasma que ya fue disuelta en el Reino Unido, EuroCommerce. A ello se agrega que el escribano que certificó la firma del aval, negó rotundamente haberlo hecho e hizo una denuncia ante la Policía Nacional Española. ¿Qué otra cosa se puede pedir para probar el fraude de los que fabricaron el aval (garantía trucha) y los que la recibieron en mano en Montevideo en diciembre del 2024? Los mismos que ordenaron de inmediato el pago de 8.200.000 euros a Cardama.

Hay otro elemento muy importante, por el cual debo disculparme, porque en artículos anteriores, maneje livianamente el nombre del estudio Carlos Delpiazzo. Todos los documentos muestran un rigor extremo e incluso el último, el modelo de carta enviada al Ministerio de Defensa Nacional, para anular el contrato por incumplimiento por parte de Cardama de expresas disposiciones establecidas en varios artículos del Contrato. Esa carta de finalización del contrato fue enviada en agosto del 2024. La garantía, que debía ser presentada en un máximo de 60 días, demoró once meses en entregarse y la que se entregó en diciembre de 2024, es falsa de toda falsedad.

Otra parte del FRAUDE, es que para una compra nada menos que de 90 millones de dólares en forma directa, luego de anular una licitación, la mayor compra directa para las FF.AA. de la historia y de un buque nuevo desde 1910, no se elaboró un ningún expediente administrativo. Se hace para comprar una fotocopiadora. Lo más básico que existe y siempre existió para un trámite público de estas características. Nadie dijo una palabra del gobierno anterior.

Otro elemento grave, es que la investigación administrativa debería esclarecer con cierta premura, para que no se nos oxide la paciencia y los cascos vetustos de la patrullera, que el aval por expresa mención en el TOCAF, forma parte del contrato. Por ello, su falsedad anula todo el contrato, aún para aquellos que siguen manoseando este tema.

El contrato no está vigente, porque con un aval falso se invalida la legalidad de todo el contrato y eso no hay ninguna autoridad que pueda cambiarlo.

En cuanto a las responsabilidades, son importantes las declaraciones del ex subsecretario de Defensa Coronel (R) Rivera Elgue al afirmar que el tema del aval estaba en manos del ministro Javier García en directo contacto con el presidente Luis Lacalle Pou. Elgue, siendo un coronel del ejército, fue enviado en misión a Vigo para informar sobre el astillero Cardama y no conoce absolutamente nada de construcciones navales, pero renunció al Ministerio el 7 de agosto del 2024, cuatro meses antes de presentarse el aval, por lo que no tuvo directa participación en la culminación de este bochornoso tema. No desconocemos que en todo el proceso no hizo valer el factor plazo de construcción tan determinante en su selección por Cardama, mirando para otro lado, mientras transcurrían 8 meses de idas y vueltas con los avales de ley que no aparecían.

Mientras tanto, mar adentro seguíamos tan desprotegidos como hoy, pero parece que el tan anunciado saqueo de nuestros recursos comenzó el día en que el actual presidente decidió poner freno a un contrato sin garantías e ir por una solución en favor del Uruguay. Antes, nadie puso el grito en el cielo, la mar estaba serena y un año más de espera a la economía nacional no le hacía nada. Y para peor, el único pesquero chino que se capturó, anunciado ante la prensa con bombos y platillos, iba con su carga rumbo al puerto de Montevideo.

Aspectos materiales

Además de los aspectos legales, existen aspectos materiales concretos de este fraude, donde la responsabilidad es directa de los máximos jerarcas políticos y militares (Armada) involucrados en el tema.

Cardama fue seleccionada luego de anular una licitación legal y formal donde se presentaron varios astilleros especializados y con antecedentes muy serios en la fabricación de este tipo de buques y diversas naves militares. Cardama cayó en paracaídas traído por un marino retirado. La empresa estaba en una extrema situación financiera y económica, tenía un barco en dique, un remolcador para Senegal, que había demorado 9 años en construir y no podía entregarlo ni terminarlo. Casualmente, lo pintó de gris e intentó finalizarlo luego de recibir la primera entrega de dinero de Uruguay. En mayo anunció ante la prensa local, el Faro de Vigo, que estaría listo a entregarlo en un par de meses, luego de las pruebas de mar. Ya van 6 meses desde el anuncio y ese buque, el C 243, no está en condiciones de ser entregado. Resumen: estaba al borde de la quiebra al punto que el socio titular del 39% de las acciones, no firmó sus balances. ¿A nadie se le ocurrió la básica idea de informarse mínimamente sobre esta empresa? Sí, lo hicieron y se aprovecharon de su desesperación.

Otra, todavía más grave:  Cardama nunca, absolutamente nunca había construido una nave militar, ni de este tipo ni de ningún otro, los buques multipropósito no son naves militares ni de cerca. Al punto que cuando se tuvo que hacer la prueba hidrodinámica del casco de la patrulla uruguaya, que se hizo en Países Bajos, con un modelo a escala 9 x 1 tomando barcos que no habían sido construidos por Cardama, ni tenían nada, absolutamente nada que ver, ni en prestaciones ni en otros elementos importantes con el modelo uruguayo. Que lo desmienta Cardama o sus socios uruguayos.

España dispone de varios prestigiosos astilleros navales inscriptos en el Catálogo de la Industria Española de Defensa 2023-2024 y esto lo sabía perfectamente el gobierno uruguayo y la embajada de España en Uruguay, que cometió una grave falsedad al emitir la carta del 13 de junio del 2023, firmada por el entonces embajador Santiago Jiménez Martín. Emplazamos a la embajada a que respondiera y guardó total mutismo. Es también una responsabilidad del Ministerio de Relaciones de Uruguay exigir aclaración a su homólogo de España. Afirmaba "...y con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior". Totalmente falso.

Un documento elaborado por dos oficiales uruguayos, tras una inspección en Vigo España, revela que Cardama: "No dispone de la capacidad técnica ni administrativa necesaria para cumplir con los plazos y los estándares exigidos". Más claro echarle agua. 

El nivel de avance en la construcción de la primera patrulla varía desde el 60% del casco que afirma Cardama y sus socios en Uruguay y los blancos implicados, y los análisis hechos en Vigo por diversos expertos de otros astilleros de la zona, que, con un conocimiento básico de la construcción de buques y de acuerdo a las imágenes que se ven desde distintos ángulos, al máximo hay construido un 20%. El hito de la colocación de la quilla se realizó el 15 de mayo del 2025. Es decir, hace seis meses, se pueden apreciar muchos menos bloques construidos que los comprometidos (nota que apareció en varios medios de prensa) y que incluso, por el espacio ocupado, tendrá que terminar la construcción soldando los últimos bloques bajo el agua...

No está en condiciones de ninguna manera de cumplir con el cronograma establecido de entregar a la Armada el primer buque en setiembre del 2026. A este ritmo necesitaría más de dos años, agosto 2028. Violando uno de los aspectos fundamentales que utilizó Cardama a pedido de sus socios uruguayos para que obtener el contrato. La rapidez de entrega. Ver las apariciones desfachatadas del ex ministro García en televisión sobre este tema.

Hay otro detalle miserable, la patrullas iniciales estaban planificadas, de acuerdo a sus misiones, a la experiencia que la Armada tiene de armas navales y al tonelaje con un cañón de 76.2 mm en la proa, con carga automática de las diferentes municiones, y central de tiro, al igual que otra central de tiro para las dos ametralladoras de 12.5 mm en la parte media de la nave.

Hasta 40mm un arma puede ser considerada policial a nivel de patrullaje costero etc., a partir de ese calibre pasan a ser obligatoriamente armas militares, como Cardama no tenía ninguna posibilidad de conseguir una autorización para instalar un arma militar (cañón del 76.2mm) se cambió el calibre. Cambiaron a un cañón de 30 mm, una abrupta reducción del calibre. No colocaron una honda de casualidad.

Cardama actualmente y a pesar de que hemos pagado el 63% de la primera unidad, no tiene más dinero para pagar los módulos que encargó a otros astilleros, ni para los motores Caterpillar.

Los aspectos económicos

Cardama presentó un precio por las dos patrullas de 82.400.000 euros, aproximadamente 90 millones de dólares, en promedio, la mitad de lo que ofertaron los otros astilleros en la licitación. ¿Cómo lo logró, si además hay que descontar los costos de las comisiones...? Muy simple, era un precio "anzuelo" y nada más. A medida que recibía dinero, su última solicitud fue el 10 de octubre de 2025 en Montevideo ante el Ministerio de Defensa, de adelantar otro pago por 12.200.000 de euros. Ese adelanto le fue negado por la decisiva participación en la reunión de una abogada y un contador de la Torre Ejecutiva que tomó directamente el tema en sus manos.

Alcanza con preguntar, ¿en qué se gastó el dinero de los uruguayos? Recordemosque en sus declaraciones aseguró que ya había comprado el 90% de los equipos necesarios para este buque.  ¿Cardama está dispuesto a presentar rápidamente un balance de los 28.2 millones de euros transferidos para este contrato con todas las compras, servicios, adelantos, comisiones legales, contratos y materiales invertidos en este OPV 87? Si no fuera así, tal vez entonces los ciudadanos querrán saber si se efectuarán compras a representantes que ya cerraron sus empresas o se mudaron y Cardama, como con la garantía trucha, no se enteró ni le avisaron.

Si hubiéramos pagado los 12.400.000 reclamados por Mario Cardama en su último viaje a Uruguay en octubre del 2025, con esa cifra prácticamente habríamos pagado el precio total de la primera patrulla que cuesta 41.200.000 euros y ya habríamos entregado 40.600.000 euros. Y aquí comenzaba la parte fundamental de la estafa económica y política: Cardama comenzaría a reclamar nuevos pagos, aumentando el precio de la primera nave, con diversas razones y la responsabilidad de que se detuviera la construcción por falta de pago y del aumento del precio, sería totalmente del actual gobierno. Ya lo tenían todo planeado.

El precio real promedio para construir una nave de 1700 toneladas y con las prestaciones de las OPVs, es entre 70 y 80 millones de euros, 75 a 85 millones de dólares, es decir que las dos patrullas terminarían costando 150 a 170 millones de dólares. A lo que habría que agregarle las comisiones ¿Cuánto son esas comisiones, del 10%?

De esa manera se completaría la estafa legal, económica y material, porque la calidad de las patrullas estaría a la altura de un astillero fallido, sin antecedentes y que actuaba con un fraude en su garantía Todo redondo.

Con las pruebas existentes e irrefutables presentadas hasta ahora, queda absolutamente demostrado el FRAUDE, ya realizado al pueblo uruguayo, no solo por los millones ya pagados por todos nosotros, algunos de los cuales podíamos haberlos frenado antes de seguir por este tobogán de porquerías. El aspecto más grave no es la plata, es construir dos naves sin garantía ninguna para los miles de marineros que durante 40 años tendrían que navegar en ellas.

Un FRADE al Estado uruguayo, por todo, los aspectos legales, materiales y económicos y un FRAUDE a la ARMADA porque con la complicidad de marinos inmorales, altos oficiales, incluso al más alto nivel que siguieron y aprobaron este proceso que enlodaba su nombre y comprometía su función de vigilancia de nuestras aguas territoriales. Me dan realmente asco los senadores blancos que saben de todo esto y declaran que el FA no quiere patrullar el mar territorial. Además de hipócritas, lo hacen gratis, porque no todos estuvieron en el esquema.

Voy comprendiendo lentamente el silencio de los colorados, que en este tema y a pesar de ser fieles seguidores de los blancos en tantas cosas, guardan silencio. Sería el colmo de la estupidez que se sumen a este FRAUDE y frenen que los culpables paguen por sus responsabilidades políticas, pero también penales, al más alto nivel.

El presidente del Banco de Seguros del Estado durante el anterior gobierno, el colorado José Amorín Batlle del Partido Colorado, rechazó con claros argumentos técnicos la solicitud de garantía de fiel cumplimiento de Cardama, aún después de varias llamadas de García o alguien más para que cediera. Espero que no sigan hundiendo al Partido Colorado, no es bueno para ellos, pero tampoco para el Uruguay.

Cabildo Abierto por boca de su líder, Guido Manini Ríos se ha ido despegando de esta ciénaga.

Un último aspecto, de acuerdo a una encuesta de la empresa Nómade el 46.1% de los uruguayos considera el caso Cardama como "un hecho de corrupción" un 22,9% considera que es un problema que se origina en los controles de las compras del Estado y un 12,9% lo identifica como un hecho aislado de mala gestión. Por otro lado, un 18,1% de la población menciona no tener una opinión formada.

Entre los votantes de Yamandú Orsi existe un gran consenso: un 85,1% considera que es un caso de corrupción, mientras que el 6,4% considera que es un problema en las compras del Estado y un 3,3% lo identifica como un hecho aislado de mala gestión.

A pesar de no existir consenso detrás del origen, la naturaleza de la problemática, los responsables, las declaraciones y decisiones tomadas, sí resulta evidente que la temática es considerada de gravedad para toda la ciudadanía: 1 de cada 2 encuestados (50,2%) considera que el episodio es muy grave, sumado a un 27,8% que considera el tema algo grave. Mientras que 7,8% menciona que el episodio no reviste gravedad (nada grave) y un 9,1% considera que es poco grave.

La denuncia contra Cardama e inexorablemente contra sus cómplices uruguayos, es la medida de este gobierno, que ha tenido más respaldo en sus 8 meses de ejercer la Presidencia y es todo mérito de La Torre Ejecutiva, pero los datos de la encuesta esconden otro FRAUDE, hay una parte de la ciudadanía que aunque es menor, insiste en refugiarse en su preferencia partidaria y menosprecia la gravedad del FRAUDE y todas sus consecuencias. Es el acostumbramiento lento y peligroso a la inmoralidad, aunque sea flagrante, en la política nacional. Es parte de la batalla cultural de una parte de la derecha, la corrupta.