UY Press - Agencia uruguaya de noticias

19.06.2024

Los casos del ex vicepresidente Raúl Sendic, del ex Ministro Fernando Lorenzo, del ex presidente del BROU Fernando Calloia, regresan al tapete en el año electoral. Hay comparaciones odiosas, pero también las hay mentirosas y abusivas.

Si no fuera por el uso de tiempos verbales pretéritos, cualquier visitante extranjero desinformado que escuchara las declaraciones de los actuales gobernantes, los confundiría, sin más, con la oposición del momento. Afanosos por aplicar el recurso de la reducción de daños, transfieren responsabilidades y culpas y sus víctimas pasan rápidamente a ser victimarios. Las excusas, minimizaciones, desconocimientos y olvidos, operan siempre igual y con el mismo estilo de manual de operaciones políticas.

Hasta ahora, campea la sensación de que los desaguisados son perpetrados a cuenta de mayor cantidad. Pasada la pandemia y su rebote, no hemos tenido descanso. Más que gobernar, los multicolores dan la impresión de surfear en la superficie de un mar agitado. Y lo decimos sin alusiones al hobby preferido del presidente; asumimos que se trata de una mera coincidencia. O sea que, más que un deporte sobre una tabla flotante, estamos ante todo un estilo de gobernar. Es tedioso llevar registros y listados de protagonistas oficiales de hechos. Banalizan los dislates por saturación. Acosados por periodistas, recurren al pasado para extraer, via exageración y medias verdades, algunos hechos a los que consideran peor catalogados que los propios. 

  Vayamos a las comparaciones más manejadas. Una de ellas, pese al tiempo transcurrido, es la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. Es cierto, Sendic cometió irregularidades por las que fue procesado y condenado por la Justicia. Fue por el uso de la tarjeta corporativa, y el juez de la causa lo condenó por Peculado, según detalla la sentencia. Otras acusaciones, tiradas a Fiscalía por la "barra de los sobretodos crema", fueron archivadas (como los asuntos referidos a los negocios con Venezuela y la interferencia de una empresa ecuatoriana, etc). Y digámoslo claro y fuerte: pese a la poca entidad del delito, éste era indigno de un vicepresidente de la República y la renuncia ocurrió porque la fuerza política a la que pertenecía, así lo decidió en su máximo organismo de dirección, el Plenario Nacional. Había suficientes motivos para exigir la renuncia, pero el que más mella produjo en la interna de la fuerza política fue el manejo de un inexistente título de Licenciado. Fue un tema ético, que pesó mucho en la interna frenteamplista y condujo inexorablemente a la decisión final, luego de un exhaustivo análisis del Tribunal de Conducta Política. Ante un Plenario Nacional proclive a la sanción, un vapuleado vicepresidente, decidió presentar su renuncia a la Asamblea General, actitud que fue informada al Plenario antes de que éste decidiera lo inevitable. Sendic no ocupaba un cargo "fusible", como el de un ministro o director de algún organismo descentralizado, era un Vice Presidente de la República, electo por el voto ciudadano. No era de fácil resolución el tema, ni el FA funciona a demanda de requerimientos de adversarios. Se tomó el tiempo necesario, estudió, analizó pruebas e informes y finalmente resolvió. ¿Qué otro reproche se le puede hacer al Frente Amplio, sobre ese punto? La fuerza política hizo lo que tenía que hacer, porque además suspendió los derechos políticos del dirigente condenado por la Justicia. Mucha diferencia con casos más evidentes y graves de tiendas multicolores, donde incluso hubo expulsiones y luego reintegros para apoyar a quienes cometieron faltas graves, a ocupar cargos de importancia.

Hasta ahí fue todo. Lo demás es pura fantasía y tergiversación de los hechos. Que se repiten hasta el cansancio como verdades o medias verdades. Se puede recriminar por mala gestión, y hasta de uso indebido de la tarjeta corporativa a Raúl Sendic. Pero en las redes y en las insinuaciones permanentes de dirigentes notorios, siempre se atacó por el lado de la mala gestión asimilándola a la corrupción, asunto que nada tiene que ver y que fue archivado por la Fiscalía. Leíamos azorados, en las redes, disparates tales como "Sendic se llevó para su casa 800 millones de USD y los jueces no lo llevan preso", "Que aparezca la plata que robó Sendic de ANCAP", etc etc. Una sarta de estupideces, mentiras repetidas hasta el hartazgo, fake news que nadie desmentía, asuntos que se multiplicaron durante años, y que ahora recobran vigencia para renovar bríos electorales. Sin escrúpulos otra vez.

También recuerdan los casos de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia. Ambos enredados en sendos problemas sobre los que no tuvieron incidencia en su gestación (quiebra de la empresa PLUNA), pero que debieron afrontar para encontrar una solución, desde los importantes cargos que ejercían en ese momento. El primero como ministro de Economía y el segundo como presidente del Banco República. Dos de los más dedicados y honestos funcionarios del gobierno, tuvieron que soportar el desquicio de una negociación en la cual debieron intervenir poniendo la cara a errores ajenos. Errores que ya venían desde los gobiernos anteriores y que continuaron con el gobierno del FA. No entraré en los detalles de estos casos, que siguieron los canales de la justicia, con acusaciones, procesamientos, condenas, sobreseimientos, apelaciones, etc, pero me bastaría con recordar el comentario de uno de los fiscales que operaron en las causas: De ambos se puede decir que no recibieron ni un peso, ni una prebenda, ni un beneficio personal. Y ambos fueron procesados por abuso de funciones, con faltas de debido control y cuidado de los bienes públicos.

La Justicia actuó correctamente, habida cuenta de que se recurrió a todas las apelaciones posibles (el caso de Calloia llegó hasta la SCJ), por lo que no hacemos aquí ninguna objeción a sus sentencias.

Pero tengamos en cuenta que el abuso de funciones es un delito genérico (rara avis en la doctrina penal) sobre el que, además de políticos de todos los partidos, también penalistas, fiscales, jueces, abogados y demás operadores del área jurídica, son contestes en que es un delito que no debería formar parte del Derecho Positivo Uruguayo, por vetusto, residual y alejado del ejercicio de la justicia en los actos de funcionarios públicos. Pero ahí está, y ese delito tipificado en un área marginal del Código Penal fue reclamado, en estos casos, con fruición y alegría por quienes tantas otras veces habían propuesto su derogación. En todo caso debería figurar en el ámbito administrativo, como imprudencia, negligencia y/o impericia en actos relativos al cargo, con sanciones específicas, que pueden ir desde la multa a la suspensión o el despido. Incluso de la reparación de pérdidas a cargo de su peculio personal.

Por contraposición los casos de Marset (pasaporte exprés), de Astesiano, Jefe de la guardia de custodia presidencial (asociación para delinquir en el 4to Piso de la Torre Ejecutiva), la reunión previa a la interpelación al Ministro del Interior y de RREE en conjunto, donde armaron una mentira al Parlamento, con revelación de la destrucción de un documento público probatorio, la renuncia de jerarcas de primera línea en el Consejo de Ministros (Interior y RREE), más algunos jerarcas policiales, a quienes se les agradeció por su servicio, más las repercusiones posteriores del "caso Penadés", el involucramiento de otros jerarcas policiales y las últimas revelaciones de las andanzas de Astesiano, durante su instancia protagónica, con chats dirigidos a su jefe, etc, etc, no tienen, ninguno de ellos, puntos de comparación con lo ocurrido en los gobiernos del FA. Tampoco en densidad, los sucesos mencionados, más otros que dejamos fuera por razones de tiempo, acontecidos en menos de dos años, difícilmente puedan equipararse a los asuntos que ocurrieron a lo largo de quince años de gobierno de la izquierda.

No solo los acontecimientos en sí mismos, sino también la defensa cerrada que los gobernantes y quienes les apañan desde tiendas interesadas, están haciendo daño a las instituciones republicanas.

Atrás de muchos de estos hechos está la política activa de gobernar en beneficio de personas con nombre y apellido. No el conjunto de los "malla oro", sinó las "fábricas de galletitas" individuales a las que se servía con el regalo del puerto, con la aprobación de decretos redactados por ellos o de espionajes a pedido. Y eso es una gran diferencia. No sólo porque lesiona al Estado, sino porque desalienta la inversión productiva al abrir canales paralelos de lucro.

Esperemos que el pueblo uruguayo sepa definir con claridad estas diferencias a la hora de votar. No se puede, por el bien del país, permitir que los protagonistas de estos desaguisados continúen con tal nivel de impudicia en el ejercicio del gobierno, utilizando como explicación la afirmación de que "ellos también lo hicieron".

No solamente se pone en juego la seriedad y la eficiencia de quienes manejan las riendas del poder político, sino que se lastiman los fundamentos mismos de la Democracia.

Carlos Pérez Pereira