¿Seguiremos viviendo en la complacencia?
Carlos Santiago
27.03.2014
El lenguaje de la
verdad es sencillo,
Eurípides, siglo IV A.C.
Uno de los temas que preocupa más al gobierno y qué está provocando el mayor desajuste en la calidad de vida de los uruguayos, particularmente los que cuentan con ingresos fijos, es el empuje inflacionario.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los valores interanuales llegaron en febrero a 9,82%, el más elevado desde el año 2004.
El ministro de Economía Mario Bergara afirmó en el marco de la difícil situación por la que atraviesa el país, que este es el principal problema macroeconómico del Uruguay, agregando que se han sufrido presiones inflacionarias domésticas y externas.
Explicó que en el marco de la estrategia del gobierno para combatir uno de los peores flagelos económicos, que generaliza un impuesto que carcome los ingresos de la población, se están tomando medidas como el vidrioso acuerdo de precios con los supermercados, la rebaja del precio de las carnes bobina y de pollo y el manejo de las tarifas públicas a las que se les reducirá la incidencia del IVA, decisión que se expresará a través de un proyecto de Ley que analiza el Parlamento y del que no se conocen todavía, todos sus alcances.
Sería un error asignar responsabilidad en general al gasto público en la explicación de la inflación, como también sería un error creer que la inflación se combate reduciendo un gasto público que en muchos casos es absolutamente esencial tanto para inversiones públicas, por ejemplo, como para el financiamiento de políticas sociales muy importantes , opinó. Dijo que el gobierno no tiene un objetivo de reducción del gasto público, pero sí de cuidar mucho la relación entre gasto y Producto Interno Bruto .
Claro está, de trata de una estrategia destinada a bajar la fiebre más que a curar la enfermedad, porque la teoría indica, más allá de las cifras, que el problema inflacionario está dado por el abultado déficit de cuenta corriente a lo que se suma otro déficit, en el gasto público, en que los egresos son mayores que los ingresos. Durante el año 2012, para ser más exactos de acuerdo a estimaciones preliminares del Banco Central, la economía uruguaya registró un déficit por transacciones corrientes con el resto del mundo de 2.626 millones de dólares, equivalentes al 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Como venía sucediendo desde el primer semestre de 2011, el déficit en cuenta corriente se ha financiado con un flujo creciente de capitales hacia la economía doméstica. Este ingreso de capitales permitió también una acumulación de activos de reserva.
En el sector público el resultado negativo se fue profundizando desde el primer trimestre de 2012 impulsado por el aumento del costo de generación de energía eléctrica debido al prolongado período de sequía que atravesó el país y por otros aumentos de gastos del Gobierno Central. En el cuarto trimestre de 2012 mejoró el resultado de las empresas públicas, lo cual se reflejó una reversión de la tendencia antes señalada. En el sector privado, mientras tanto, el desequilibrio fue evolucionando relativamente a la baja hasta el tercer trimestre de 2012 y volvió a mostrar cierto incremento en el cuarto trimestre de ese año. Hay que agregar que en las postrimerías del 2013, con un juego de facturas de UTE que incluyeron una rebaja de los cómputos cobrados por el ente estatal, se logró un momentáneo abatimiento del cómputo inflacionario que se reflejó, luego, en una reducción salarial para quienes habían logrado atar los aumentos a los niveles inflacionarios.
Fue una jugada contable que redundó en un menor incremento de las mejoras establecidas en los convenios e incluso, en la propia Constitución de la República, como en el caso de jubilados y pensionistas. Pero, en verdad, el juego de regalos con que UTE ayudó a la reducción del cómputo inflacionario poco contribuyó con el combate al flagelo inflacionario. Solo determinó un juego contable que abatió incrementos salariales que deberían haber sido iguales al nivel inflacionario registrado.
Obviamente el futuro económico del país está en cuestión en la lucha en contra de la inflación, pese a que, en los cómputos, seguimos creciendo a un ritmo no despreciable, a tasas que medidas en lo que va de la última década, son importantes en nuestra historia, apuntaladas por una producción creciente de materias primas agropecuarias (este año seguramente habrá otra producción record de soya y una muy buena cotización de la carne a nivel internacional). Y decimos que está en cuestión porque el fenómeno del desarrollo nacional, que tiene por supuesto su ritmo y sus particularidades, sigue sin ser comprendido por muchos actores de esta difícil realidad. Ese déficit engrosado y cuantioso que está provocando el alto índice inflacionario es producto de una política del gobierno que creyó que el período de las vacas gordas continuaría eternamente y se acabarían los ciclos positivos y negativos del sistema capitalista que siempre afectaron a nuestra economía. También entendemos que existe cierta miopía en algunos sectores, tanto del gobierno como de la dirigencia sindical, que mantienen conceptos perimidos sobre la lucha de clases, estatismo productivo, etc, fenómenos que muy poco tienen que ver con la realidad uruguaya en donde, más bien, lo que está perjudicando es la falta de apertura a los negocios por la existencia de un estatismo exacerbado y monopólico y una paralela carencia de productividad por parte de cada unidad de trabajo. Veamos al respecto que de acuerdo a nuestra modalidad productiva, que difiere con las modalidades del mercado y, además, nada tiene que ver con los mecanismos establecidos para las producciones estratégicas de países como China, que las mantiene también en mano del Estado, pero logran por la ruptura de prácticas monopólicas, en base a la diversidad de plantas de producción estatales pero independientes, una competencia que abate en buena medida los precios finales que se cobran a la población y a los productores.
El propio ministro Bergara, respondiendo al Parlamento, sostuvo que buena parte de la responsabilidad del déficit, uno de los esenciales factores que foguean a la inflación, estuvo dado por la gestión perdidosa de varias empresas públicas, que no solo son deficitarias, caras en su producción, sino que producen productos de pésima calidad que los uruguayos tienen que pagar al precios récords. El caso de ANCAP es paradigmático. En el sector público, según el informe del propio Banco Central, el resultado negativo se fue profundizando desde el primer trimestre de 2012 impulsado por el aumento del costo de generación de energía eléctrica debido al prolongado período de sequía que atravesó el país y por otros aumentos de gastos del Gobierno Central. En el cuarto trimestre de 2012 mejoró el resultado de las empresas públicas, lo cual se reflejó en una reversión de la tendencia antes señalada.
Los balances negativos de ANCAP, que produce combustibles de muy baja calidad y los vende a precios altos, los más onerosos del continente para el consumidor, son una de las características sustanciales (o típicas) de nuestra realidad económica que no se ha podido contrarrestar. Inclusive los nuevos emprendimientos impulsados por esa empresa pública, como el caso de ALUR, que se caracterizan por sus saldos negativos, déficit endémicos y la imposibilidad objetiva de revertir una situación perdidosa que parece insoslayable. Sin embargo, por razones de política menuda desde el gobierno se sigue aplaudiendo un emprendimiento ineficiente, obviamente mal administrado, sobre el cual habría que estudiar rotundas reformas de gestión y métodos productivos. De lo contrario las pérdidas seguirán engrosando la columna en rojo de los balances del Banco Central y, por supuesto, con los precios finales que cobra por sus productos, Uruguay seguirá siendo un país caro, alejado en mucho de las facilidades que tienen en sus manos los productores de los países vecinos. Seguiremos compitiendo en algunos rubros en que la calidad de los productores (como carne), abren las puertas del comercio exterior, pero sin posibilidades de apuntalar la industrialización vertical de esos productores, porque es en ese proceso en donde recaen con más fuerza las deficiencias y carestías intrínsecas de los monopolios estatales.
Pero hay un hecho que contrasta luego de casi la década de crecimiento y cifras positivas, manejadas por el gobierno, sobre el descenso de la pobreza y la marginación. Y es el ostensible descenso de la calidad de vida de los uruguayos en materia de convivencia ciudadana, agobiada la población por condiciones sociales y culturales que han impulsado a la violencia delictiva. Los factores coadyuvantes en el fenómeno son muchos, pero la verdad que la inseguridad, tema que ha saltado al primer lugar de las preocupaciones de la gente, sigue sin revertirse pese a las políticas asistenciales impulsadas desde el gobierno, uno de sus caballitos de batalla , pero que está mostrando casi nula efectividad. Es evidente, además, que esas políticas que se han aplicado sin contrapartidas han consolidado en ciertos grupos de población, el fácil arbitrio de vivir de la ayuda estatal, sin trabajar. ¿Esto es posible? Si no se modifica esa política habrá una generación perdida que salió desde el punto de vista estadístico de la pobreza pero que vive en una miseria conceptual, sin hábitos de trabajo, comenzando a aparecer una próxima generación de uruguayos, cohabitando en los mismos barrios, manteniendo la falta de objetivos de futuro y en similares condiciones de irresponsabilidad social.
Es indiscutible, por más que algunos se empeñen en sostener que en razón de la preponderancia política del Frente Amplio en el gobierno y su aparente comprensión de los problemas sociales, se debieran haber ido reduciendo, de alguna manera, los problemas más agudos existentes en los conglomerados urbanos de Montevideo y el interior del país. Sin embargo la política del MIDES solo ha servido para que en el tiempo en que se mide el resultado en una generación, las cosas, más allá de los números fríos, no hayan cambiado en nada.
Pese a la comprobada caída de la pobreza y la indigencia, medidas por el INE, nunca los ciudadanos debimos fortificarnos de tal manera en contra la delincuencia, la que adopta mil formas para cometer delitos en contra de la propiedad y las personas. Rejas, alarmas, guardias de seguridad, perros guardianes, cámaras de vigilancia., armas de todo tipo y color: desde gas pimienta y otros, de dudosa eficacia, hasta sofisticadas pistolas y revólveres de alto poder de tiro, pasando por armas de caza que, a la postre, también se utilizan para la defensa de las vidas de las personas y de los bienes de las familias.
Esa protección, por supuesto, desciende de acuerdo a la capacidad económica de las familias, por lo que se evidencia que los más afectados por la delincuencia son justamente los más pobres. Ello desemboca, por supuesto, en una estigmatización clasista que se visualiza con nitidez en la que se engloba a los jóvenes provenientes de las zonas menos favorecidas, con quienes violentan las normas de convivencia. La falta de respuestas institucionalizadas al avance de la delincuencia, en lo que juega un papel la absoluta orfandad legal con que actúa la Justicia que ni siquiera, hasta el presente, tiene posibilidades de contar con los antecedentes de los menores que llegan a los juzgados y ni hablar de un Código Penal juvenil que sirva con eficiencia a la reeducación y no apuntale, como hasta hoy la impunidad, convirtiéndose esos factores en el caldo de cultivo de una situación que no debiera seguir agravándose.
Planteada así la situación del país, con el anuncio oficial del mantenimiento de un crecimiento moderado en el año que corre y una lucha sin cuartel contra la inflación, sin que se avizore, es justo decirlo, una reducción programada del gasto público, caben algunas reflexiones porque, en evidencia, si bien el país puede lucir significativas cifras de ocupación, caída de la pobreza y de la marginalidad, en otros rubros los indicadores son menos halagüeños.
Sabemos que la inflación y los déficit permanentes de cuenta corriente de la balanza de pagos, son los principales problemas a los que América del sur deberá hacer frente de forma prioritaria. Inclusive al respecto ha existido una advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que fundó sus preocupaciones en el costo que tiene la inflación sobre los sectores de ingresos fijos y los de menores remuneraciones. Sobre el déficit de cuenta corriente en momentos sólidos de la economía señaló que esos países se han acostumbrado a vivir con préstamos de los no residentes, proceso que en un período de menor bonanza o de crisis se convertiría en un agravante de la situación.
Uruguay, luego de los descalabros record de Venezuela y Argentina, encabeza en la región el cuadro comparativo del nivel de inflación general menos inflación fijada como meta, lo que no es nada auspicioso. El FMI proyectó los crecimientos de la economía en América del sur para ese año; el promedio de la subregión es de 5,3%.
¿Las advertencias del FMI presentaron alguna novedad o son temas sobre los que algunos expertos, académicos y otras publicaciones no tradicionales han estado insistiendo en el último año? Cuando las potencias económicas para intentar escapar de la última crisis iniciaron una fuerte inyección de liquidez para evitar la depresión, ¿la teoría económica no estaba advirtiendo que llegarían los actuales problemas con la inflación? ¿Por qué el sector académico demoró también en analizar esta realidad?Ahora veremos que nos ocurre a los uruguayos que, claramente, no podremos seguir viviendo en la bonanza del crecimiento sin el aditamento del desarrollo, situación atípica que vivimos en los últimos ocho años. El país además mejoró en mucho las cifras de su problemática social, pero sin enfrentar los problemas con la profundidad suficiente como para erradicarlos. La enseñanza continúa trancada y la inseguridad, temas claramente vinculados, se encuentran todavía en el haber de un país que podría si no es por su estrechez política partidaria, haber ya acordado soluciones de fondo para esos grandes dilemas de la coyuntura.
El peor escenario sería que los actores entendieran que en la actualidad se vive la misma ventura económica que en los años precedentes y que es posible seguir en ese suigéneris esquema de crecimiento sin un desarrollo que compense y consolide el esfuerzo de todos.
O sea, seguir viviendo en la complacencia.
Carlos Santiago
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias