UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.06.2025

El caso Carrera lleva casi tres años en un ambiente donde la judicialización de la política fue ganando terreno al influjo de los embates virulentos que han posicionado al "lawfare" en el mundo y muy especialmente en la región latinoamericana.

Los de Lula y Dilma Roussef son los más emblemáticos pero no los únicos. Y como todo tarda (tardaba) pero llega, Uruguay no sería la excepción a esta regla impuesta por la derecha internacional, que no acepta derrotas electorales y persigue llegar al poder a cualquier precio. Tras un pedido de desafuero que lo llevó a renunciar a todo siendo el tercer titular de la lista más votada del país, y tras una escandalosa demora tras su pedido de desafuero, en 10 días se pisó un acelerador inentendible en el caso para imputarlo sin un estudio profundo y serio. Algo que luce claramente como una cancelación al político más combativo y denunciante de la mayor entrega de soberanía que registra la historia del país: la entrega del puerto por 12 períodos de gobierno a una multinacional belga.

Péguenle a Carrera

¿Se acuerdan de aquel eslogan de "Sígalo a Varela"? Los carteles inundaban la costa de Canelones en una popular campaña publicitaria de una conocida inmobiliaria canaria. Parafraseando aquella consigna comercial hoy se puede concluir que el "Péguenle a Carrera" se impuso como misión de una derecha local que lo puso en la mira por haber tenido el tupé de denunciar la mayor entrega de soberanía que registra nuestra historia. Porque a nadie escapa que esta verdadera inquisición política uruguaya en que se ha transformado el caso Carrera, tiene su génesis en aquella labor legislativa que puso en cuestión un acuerdo ilegal, inconveniente e inconstitucional al denunciar la entrega del mayor negocio del puerto de Montevideo -a cambio de nada- por 60 años, es decir 12 períodos de gobierno. Fue allí donde todo comenzó y se dio inicio a una verdadera persecución del denunciante al mejor estilo argentino y sus "carpetazos", con el exceso de utilizar el aparato del Estado para perseguirlo y espiarlo junto al senador Bergara. Algo que quedó sumariamente demostrado con la condena en la justicia de uno de los ejecutores del mandato sin que se conozca aún quien dio la orden de espiarlos.

Fue allí donde todo comenzó a gestarse con una investigación que debió hurgar en los anales del Ministerio del Interior para encontrar un desgraciado caso en el que se hicieron gestiones humanitarias que el propio Ministerio del Interior, denunciante en sede penal, usó  luego como argumento para su defensa en la órbita civil. Algo que califica -esto sí- como un fraude judicial al ostentar posiciones antagónicas sobre un mismo caso, lo que lleva a que en alguno de los dos ámbitos se falta a la verdad.

Ni Supermán lo hubiera hecho mejor

Un caso que lleva más de 11 millones de hojas acumuladas, y que la fiscal Fleitas leyó a razón de 763 por minuto en un lapso de 10 días, para llegar a la conclusión de que no era el abuso innominado de funciones lo que habría cometido Carrera sino otros tres delitos (fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada). 

Sin la erudicción jurídica que esgrimió la defensa de Carrera, hablar de fraude es un sinsentido cuando todo quedó documentado por el propio Carrera en su función de Director General de Secretaría y no se aprecia intención alguna de inducir a error a nadie, mucho menos a la administración pública. Si quedó documentado fue porque Carrera lo dejó debidamente formalizado con los comprobantes firmados no solo por él sino por la subdirección general de Secretaría, que -de ser correcta la imputación fiscal- debiera también ser acusado. 

Sobre el destino de esos tickets entregados a la víctima, corresponde decir que eran sobrantes que de no ser utilizados perdían validez  y que no hubo ningún policia que dejó de recibirlos por esta medida. Asimismo, fueron destinados a dar alimentación a alguien que había dejado parapléjico una bala policial de la que no quedan dudas en La Paloma sobre su origen pero que, por alguna razón que no conoceremos nunca, no se pudo probar ante la insólita desaparación del arma en la comisaría del lugar. También se habla de uso de información privilegiada cuando a Carrera se lo investigó -por hechos de hace más de una década- de forma secreta sin darle vista nunca y utilizando el aparato del Estado.

También se lo imputa por su decisión de atención de la víctima en el Hospital Policial  tipificándole falsificación ideológica por el virtual grado policial que se le atribuye a todo paciente que es autorizado especialmente. Algo que quedó sumariamente demostrado con información pública que exhibió el abogado defensor cuando esgrimió el organigrama del Ministerio del Interior, por el que la Dirección General de Secretaría no tiene mando alguno sobre Sanidad Policial ya que depende directamente del Ministro del Interior. En suma, no fue Carrera quien le asignó ese grado que no tiene otra razón que permitir el ingreso al sistema y erogar el ticket más caro para esa atención especialmente autorizada.

Carrera cumplió un pedido que le fuera hecho, al fallecido Eduardo Bonomi, por organizaciones sociales como Serpaj y IELSUR, así como por el exdiputado nacionalista de Rocha, José Carlos Cardozo: dar ayuda humanitaria a quien se presumía haber sido herido de gravedad por una bala que partió de la casa del comisario de La Paloma.

Luz al final del túnel y olor rancio en Fiscalía

La justicia tarda pero llega, y este caso no será la excepción. Habrá que navegar -todavía- por las turbulentas aguas de los titulares de prensa que sobredimensionan un pedido que no es condenatorio ni mucho menos, sino que ahora abre un tiempo donde la justicia empieza a tomar las riendas de un disparatado y dilatado proceso de desinformación en el que lo peor de la política hizo su juego. 

Es inverosímil por donde se lo mire que una ayuda humanitaria -de hace más de una década- lleve a que el tercero del Ministerio del Interior resulte imputado por el mero hecho de haber sido el brazo ejecutor de decisiones tomadas por otros y con la única intención de reparar un daño provocado por un funcionario de la cartera. Y encima, se lo haga con la ligereza que impulsó el accionar de una fiscal que recién aterriza en el cargo, nombrada directamente y salteándose la carrera de decenas de colegas que -extrañamente- no reclaman por sus derechos funcionales vulnerados con esa designación. 

Hay otras responsabilidades que no se dicen pero que están presentes y es la del ambiente político que no termina de definir la titularidad de una Fiscalía General de la Nación que deja muchas dudas al estar liderada por subrogante de subrogante y donde los procedimientos de su actuación merecen reparos a propios y extraños. 

La política se ha metido en la justicia y parece algo inevitable en la región y el mundo. A pocos kilómetros de acá la expresidenta de Argentina fue condenada tras fallos controversiales que dejan al desnudo de forma descarnada una tendencia que parece imponerse y que torpedea al mejor sistema de gobierno que creó la humanidad: la democracia.

Son tiempos difíciles de entender y mucho más de sobrellevar, porque si la justicia empieza a ganar terreno con acciones de este tipo, quedará en duda la esencia de la democracia misma y la soberanía dejaría de estar en la Nación para esconderse y actuar desde un sillón de magistrado.

el hombre trotaba a su ritmo,

el perro ladraba alentando el final de la carrera...