Caso Cardama: Garcia el ofendido indagado. Ismael Blanco
02.10.2026
Si repasamos la historia, no es difícil encontrar casos en los que jerarcas de gobierno, que hubieren sido implicados en actos de corrupción de diverso tipo, llámese mal manejo de dineros públicos, abusos de poder, malversación de fondos estatales etc., hayan acudido a los Tribunales Judiciales denunciando haber recibido "graves ofensas personales al honor ", sintiendo mancillado su buen nombre.
Esta judicialización de asuntos políticos es usada como estrategia de defensa con el propósito de distraer a la ciudadanía de los hechos confusos, mutando el rol de victimarios al de víctimas difamadas o injurias.
Esta estrategia es muy antigua y ya era utilizada en la antigua Roma, en la que encontramos estos encuadres judiciales utilizados como mecanismo cuasi mafioso de pasar al terreno de la ofensiva y arremeter contra cualquiera que quiera investigar una gestión gubernamental, convirtiéndolo en el "agresor de turno".
Esta práctica era corriente en tiempos de la República en la antigua Roma, en la que cuando algún gobernante - llámese, Cuestores, integrantes del Senado Romano, Tribunos, Pretores y demás - era descubierto en un proceder de corrupción, traición o inmoralidad en el manejo de arcas del Estado Romano, o cualquier otra conducta reprochable, el protocolo conveniente para articular su defensa era siempre articular un buen ataque sobre la base de ofensas personales.
Se inventaba algún artilugio siguiendo el infalible camino de invocar "la ofensa extrema al honor" posicionándose de esta forma y férreamente en el papel de víctima de ataques injustos, arremetiendo ferozmente contra el presunto "atacante" que se atreviera a pedir explicaciones, sindicándolo como difamador o injuriante.
A partir de allí, se judicializaba el asunto con un tinglado de artificios, colocándose el investigado en un nuevo escenario de víctima. ¿Cuál era el propósito? Claramente era desplazar su responsabilidad institucional, corriendo el foco de atención de la opinión pública, torciendo las reglas de la política.
Es decir, se usaba el tortuoso mecanismo para zafar y desplazar el foco del debate mutando el rol de "sospechado al de "víctima de agravios al amparo del honor mancillado", lo que se dirimía en los Tribunales Romanos permanentes ( Quaestione Perpetuae), sin que se hiciera mención alguna a la causa pública de fondo.
¡Astuta manera de zafar y desplazar foco del debate!, con resultados, en algunos casos, de solidaridad de los ciudadanos romanos logrando así salir airoso del asunto.
Ahora bien, volviendo a nuestros tiempos, la reciente denuncia por difamación e injurias presentada por el senador Javier García contra el periodista y publicista Esteban Valenti nos muestra que no hay nada nuevo bajo el sol.
Munido con todos sus fueros parlamentarios (con los cuales no puede ser responsabilizado penalmente) y en una cobarde desigualdad de posiciones, acude a la Justicia denunciado al periodista Esteban Valenti por sus dichos en redes sociales.
Queda claro que esta cuestión tiene un tufo similar al reseñado y no hace más que replicar esta vieja estrategia carente de fundamento por si algún rédito logra.
Estos procederes no son más que un vergonzoso abuso de las vías judiciales.
El caso conocido como "Cardama Gate" escandalizó a la ciudanía y causó un grave perjuicio al Estado uruguayo el cual está siendo investigado sus entretelones en comisión parlamentaria y judicial.
En este contexto, no es menor el hecho que la Fiscalía Penal solicitara la remisión de los antecedentes antes de la culminación del trabajo parlamentario para investigar ribetes penales del mismo.
Recordemos que el actual senador Javier García, quien invoca agravio, difamaciones e injurias, no es un recién llegado a la política y conoce bien los gajes del oficio. Tuvo un rol protagónico durante el gobierno de Lacalle Pou, ocupando el cargo de Ministro de Defensa durante su gestión y por tanto, intervino en forma directa en la firma de la contratación del Estado Uruguayo con el astillero Cardama por un valor aproximado que ronda en los 100.000. de dólares.
Como es público, durante la mentada contratación, Cardama incumplió en forma reiterada con su obligación legal de otorgar aval contractual válido en el citado contrato, dejando desprotegido al Estado Uruguayo.
Se solicitó informe jurídico al prestigioso Estudio del Catedrático Delpiazzo, el que categóricamente recomendó no hacer entrar en vigor el contrato por los incumplimientos en las garantías. Sin embargo, dicho informe jurídico no fue remitido al astillero Cardama y se siguió adelante la tramitación como si nada hubiera pasado. En lugar de rescindir, la administración de Lacalle Pou, optó por seguir adelante con la contratación, a pesar del grave incumplimiento y con los plazos vencidos, otorgando injustificadas prorrogas y plazos al astillero no previstos en el llamado, aceptando finalmente los avales de Eurocommerce.
El actual gobierno rescindió el contrato con Cardama, decisión tomada con el aval jurídico de un posterior informe requerido en el año 2026 al citado estudio jurídico, disponiendo paralelamente llevar adelante investigación parlamentaria por falsedad y presunta estafa.
El actual senador Javier García, hoy agraviado en su honor, formó parte del gabinete ministerial del Gobierno de Lacalle Pou, durante cuya gestión, como todos recordamos más de una decena de altos jerarcas políticos, ministros y subsecretarios debieron renunciar en medio de crisis ministeriales y escándalos políticos y judiciales.
Sin ánimo de hacer una enumeración taxativa, el escándalo del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marcet cuando estaba recluido en una cárcel de Dubai, implicó que entre otros, el entonces Canciller Francisco Bustillo, debiera renunciar cuando salieron a luz audios en los que sugería suspicazmente la ocultación de información de los hechos a la justicia penal.
La lista de cesados en los cargos de gobierno es larga; entre otros tenemos al entonces Ministro del Interior Luis Alberto Heber, quien también debió renunciar en medio de cuestionamientos y escándalos en su cartera vinculados al referido otorgamiento de pasaporte; Guillermo Maciel Subsecretario del Interior, quien renunció por los chats vinculados a estos hechos; Roberto Lafluf Asesor presidencial quien también debió renunciar tras el escándalo de chats referidos a destrucción de documentos del caso en aquella anecdótica reunión en Torre Ejecutiva a la que el Presidente Lacalle " pasó a saludar"...
Estas renuncias, en medio del renombrado "caso Astesiano" asesor presidencial con oficina de falsificación de pasaportes montada en Torre Ejecutiva-
Todos recordamos también el confuso episodio del obsequio presidencial de "pescado congelado" y la filtración de Chats entre el entonces presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde y el exsenador Penades, formalizado posteriormente por hechos de corrupción de menores y su intento de incidir en la Fiscal del caso; además de millonarias compras directas de publicidad extranjera entre tantas irregularidades y lo dejamos por acá.
Por todas estas fundadas razones, los uruguayos estamos demasiado cansados del mal uso del poder institucional de personajes políticos de turno que desempeñan los cargos públicos a piacere, con impunidad absoluta abusando de las potestades institucionales y luego se dan por ofendidos y no dan explicaciones a la ciudadanía, de los cuestionamientos graves que sobre ellos recaen, haciendo mal uso y abuso de la vía judicial penal.
Estos procederes maliciosos de servidores públicos dañan altamente la institucionalidad, el republicanismo, la libertad de prensa, el derecho a la información de los ciudadanos y por sobre todo generan descrédito en el sistema político. Hacen demasiado daño.
A estas alturas y ante este tipo de estratégicas denuncias por ofensas al honor yo me pregunto: Con todas las cartas servidas y los hechos sobre la mesa, ¿Quién es el que debe sentirse ofendido e injuriado? ¿Es usted senador García ?, o acaso ¿no será el legítimamente ofendido todo el pueblo uruguayo por los resultados de su gestión?
Dr. Ismael Blanco
