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12.03.2026

La presidencia de Gabriel Boric ha constituido, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia política reciente de Chile.

No sólo por tratarse del mandatario más joven en asumir la conducción del Estado desde el retorno a la democracia, sino también por haber impulsado una agenda de transformaciones de carácter estructural, explícita en sus objetivos y carente de ambigüedades programáticas. Este impulso reformista, sin embargo, se desenvolvió en un escenario político particularmente complejo, atravesado por una fuerte polarización y por resistencias provenientes tanto de sectores conservadores como de fracturas internas dentro del propio campo progresista. En ese contexto, varias de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo encontraron obstáculos que limitaron su concreción o condujeron, en algunos casos, a su definitivo naufragio.

Aun así, sería intelectualmente deshonesto desconocer la magnitud de ciertas transformaciones sociales impulsadas durante su administración. Entre ellas destaca la aprobación de la largamente postergada reforma previsional, destinada a modificar un sistema históricamente cuestionado desde su instauración durante el régimen de Augusto Pinochet. A esto se suman avances significativos como la extensión de la gratuidad en el acceso al sistema de salud para sectores de clase media y la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, medida que sitúa a Chile en sintonía con tendencias internacionales orientadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En el plano macroeconómico, la administración también logró estabilizar un escenario inflacionario que había alcanzado niveles cercanos al 14%, reduciéndolo hasta cifras en torno al 2,4%. Podría afirmarse que se trata de logros que, aun cuando no alteran de forma abrupta la arquitectura institucional del país, sí inciden de manera tangible en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

La política exterior constituye otro ámbito en el cual el gobierno buscó imprimir una impronta propia. Bajo la conducción de Boric, Chile adoptó una postura favorable a la revitalización de los mecanismos de integración latinoamericana, promoviendo el diálogo entre gobiernos de diferentes signos ideológicos con el objetivo de fortalecer una visión regional común frente a las tensiones geopolíticas contemporáneas. Al mismo tiempo, la diplomacia chilena procuró mantener una posición firme en la defensa de la democracia y los derechos humanos, denunciando prácticas autoritarias allí donde éstas persistían. Esta actitud se inscribe en una tradición latinoamericana que, desde las luchas independentistas del siglo XIX, ha buscado afirmar la soberanía política de la región frente a diversas formas de dominación externa.

No obstante, el proyecto progresista enfrentó también importantes reveses políticos. El más significativo de ellos fue, sin duda, el fracaso del proceso de reforma constitucional que pretendía reemplazar la carta magna heredada del periodo autoritario. Tras el estallido social de 2019 (episodio que reveló profundas fracturas sociales acumuladas durante décadas) la sociedad chilena depositó grandes expectativas en la posibilidad de inaugurar un nuevo pacto institucional. Sin embargo, la iniciativa terminó frustrándose tras sucesivos procesos plebiscitarios. Si bien la oposición conservadora manifestó desde el inicio su rechazo al cambio constitucional, la dificultad para construir consensos dentro del propio campo reformista también contribuyó a erosionar la viabilidad del proyecto. El resultado fue la postergación indefinida de una transformación que, de haberse concretado, habría marcado un hito en la historia política contemporánea de Chile.

A ello se sumó el fracaso de otras iniciativas relevantes, como la reforma tributaria destinada a financiar parte de la agenda social del gobierno. La imposibilidad de reunir los apoyos parlamentarios necesarios reflejó, una vez más, las limitaciones estructurales del sistema político chileno para procesar reformas profundas en contextos de fragmentación legislativa.

Con todo, el desafío más complejo para la administración de Boric fue probablemente la cuestión de la seguridad pública. Aunque los indicadores estadísticos no mostraron un deterioro dramático en comparación con periodos anteriores, la percepción ciudadana de inseguridad se intensificó de manera significativa. Este fenómeno, ampliamente estudiado en la literatura sobre opinión pública, evidenció la distancia que puede existir entre la evolución objetiva de ciertos indicadores y la experiencia subjetiva de la ciudadanía. En ese clima, el debate político tendió a vincular el aumento de la sensación de inseguridad con los flujos migratorios, alimentando narrativas que favorecieron el ascenso electoral de opciones situadas más a la derecha del espectro político desde el retorno a la democracia.

El nuevo escenario político que se abre en Chile está, por tanto, marcado por una mezcla de incertidumbre y redefinición estratégica. Las primeras señales provenientes del gobierno entrante sugieren una política exterior más estrechamente alineada con los intereses de Estados Unidos, en detrimento de proyectos de integración regional que durante décadas han sido considerados estratégicos para América Latina. En el ámbito interno, persisten interrogantes sobre la viabilidad de promesas particularmente controvertidas, como la deportación masiva de inmigrantes o eventuales revisiones de políticas de ampliación de derechos sociales.

Si tales orientaciones llegaran a materializarse en su forma más radical, Chile podría enfrentarse nuevamente a un clima de polarización y conflictividad social. La historia reciente del país demuestra que los ciclos de crispación política rara vez contribuyen a resolver los problemas estructurales de la sociedad; por el contrario, suelen desplazar el debate público hacia confrontaciones simbólicas que benefician, en última instancia, a los sectores más privilegiados.

Ante este panorama, el progresismo chileno enfrenta un desafío estratégico ineludible: recomponer su cohesión interna y superar rivalidades que, en retrospectiva, han demostrado ser estériles. Sólo a través de una articulación política más sólida será posible construir un proyecto capaz de reconectar con las expectativas de amplios sectores de la sociedad.

En ese marco, la salida de Boric del gobierno difícilmente pueda interpretarse como el final de su trayectoria política. Su juventud y el nivel de aprobación con el que concluye su mandato (comparable al registrado por las administraciones de Sebastián Piñera y el segundo gobierno de Michelle Bachelet) sugieren que su figura seguirá desempeñando un papel relevante en la vida pública chilena.

Quizás por ello la célebre metáfora pronunciada por Salvador Allende (aquella que evocaba la apertura de "las grandes alamedas por donde pase el hombre libre") conserva todavía una poderosa resonancia simbólica. Más que una consigna del pasado, continúa siendo una imagen de futuro para un pueblo que, pese a las incertidumbres del presente, sigue transitando su destino con la persistente esperanza de ampliar los márgenes de su democracia.

Gaston Castillo. Diputado suplente por Montevideo y dirigente de Encuentro Sur (Espacio 609 - Frente Amplio)