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Cuando intereses privados consiguen acceso privilegiado al poder público, competir puede dejar de depender únicamente de producir mejor.

Un pequeño productor puede perder una cosecha esperando un permiso. Su competidor puede obtenerlo a tiempo gracias a una llamada. Ambos aparecen en las estadísticas como empresarios sujetos a las mismas reglas.

Pero uno compite produciendo. El otro compite produciendo y, además, teniendo acceso a quien decide.

La escena es hipotética. El mecanismo que ilustra no lo es.

Durante décadas, la investigación económica e institucional ha estudiado qué ocurre cuando determinadas empresas consiguen influir en las reglas, reducir obstáculos que otros deben enfrentar o acceder de manera privilegiada a quienes administran permisos, contratos y recursos públicos. El problema no consiste simplemente en que algunas empresas tengan mejores relaciones. Consiste en que esas relaciones puedan cambiar las condiciones bajo las cuales todos los demás deben competir.

Pocas cosas deterioran tanto la confianza en una economía como descubrir que cumplir las reglas no garantiza recibir el mismo trato. Formalizar trabajadores, pagar impuestos, obtener certificaciones, esperar autorizaciones y cumplir requisitos ambientales o sanitarios representan costos legítimos de participar en una economía regulada. El problema aparece cuando esos costos se aplican rigurosamente a unos mientras otros reciben excepciones, información anticipada, trámites acelerados o tolerancia frente a incumplimientos equivalentes.

Entonces surge una pregunta incómoda: ¿cuánto del éxito empresarial corresponde a producir mejor y cuánto a conseguir que las instituciones funcionen de manera diferente para los competidores?

La literatura sobre captura del Estado ofrece una primera respuesta.

Hellman, Jones y Kaufmann estudiaron economías en transición y distinguieron entre influencia legítima, corrupción administrativa y captura del Estado. Esta última ocurre cuando empresas buscan moldear leyes, regulaciones y decisiones públicas mediante beneficios privados otorgados a funcionarios y políticos. Los autores encontraron que las empresas captoras podían obtener ventajas privadas importantes en economías donde la captura estaba extendida, mientras el sector empresarial en conjunto soportaba costos sustanciales [1]. Su investigación no describe automáticamente a América Latina ni permite suponer captura cada vez que una empresa se relaciona con el gobierno.

Pero permite identificar un mecanismo fundamental: el poder público puede convertirse en una fuente de ventaja privada cuando las reglas dejan de funcionar como bienes comunes y comienzan a distribuirse selectivamente.

No toda relación entre empresas y Estado constituye corrupción.

Los gobiernos necesitan consultar productores, trabajadores y organizaciones empresariales. Coordinar infraestructura, desarrollar sectores estratégicos o diseñar políticas para pequeñas empresas puede requerir cooperación estrecha entre actores públicos y privados. La diferencia está en otra parte.

¿Quién puede participar?

¿Con qué información?

¿Bajo qué criterios se concede una ventaja?

¿Puede la decisión explicarse públicamente?

¿Pueden otros actores solicitar el mismo tratamiento bajo las mismas condiciones?

Una política puede favorecer legítimamente a agricultores pequeños, empresas emergentes o sectores estratégicos si existe una razón pública, criterios transparentes y posibilidades verificables de acceso. Otra cosa es construir una regla aparentemente general que, en la práctica, solo beneficia a quienes ya estaban cerca de la mesa donde se diseñó.

El favoritismo tampoco necesita aparecer siempre como una maleta de dinero. Puede adoptar formas mucho menos visibles: una especificación técnica innecesariamente restrictiva. Una excepción que nadie explica. Información que algunos conocen antes que los demás. Un permiso que tarda meses para una empresa y días para otra. Una inspección rigurosa para unos y flexible para otros. Un contrato diseñado de tal manera que solamente un proveedor pueda cumplirlo.

Ninguno de esos ejemplos demuestra corrupción por sí mismo. Puede existir una justificación legítima para cada decisión.

Precisamente por eso la transparencia es indispensable.

Una institución debería permitir reconstruir quién decidió, con qué criterios, sobre qué evidencia y quién resultó beneficiado.

Para el pequeño empresario, la desigualdad puede comenzar incluso antes de presentar una oferta.

Imagine una contratación pública que agrupa en un solo contrato un volumen que varios pequeños productores podrían suministrar separadamente, pero que ninguno puede cubrir individualmente. La decisión puede tener razones operativas válidas: reducir costos administrativos, asegurar continuidad o simplificar supervisión.

Pero también puede excluir innecesariamente a proveedores capaces.

La pregunta no es si el contrato es grande. La pregunta es si alguien examinó alternativas antes de decidir que solamente una empresa grande tendría la oportunidad de competir.

Algo semejante ocurre con los plazos de pago. Una empresa con reservas financieras puede esperar meses para cobrar. Un pequeño proveedor debe continuar pagando salarios, transporte, impuestos y materias primas mientras espera.

Formalmente, ambos enfrentan el mismo contrato. Económicamente, no enfrentan el mismo riesgo.

Si además algunos proveedores consiguen acelerar sus pagos mediante contactos mientras los demás permanecen en la fila, la desigualdad deja de explicarse únicamente por diferencias de tamaño. Pasa a depender del acceso institucional.

El privilegio de uno puede financiarse con la espera de otro.

El problema también alcanza la innovación.

Akcigit, Baslandze y Lotti estudiaron empresas italianas utilizando información sobre firmas, trabajadores, políticos, estados financieros, patentes y elecciones. Encontraron que las conexiones políticas estaban asociadas con mayores probabilidades de supervivencia y con crecimiento del empleo y de los ingresos, pero no con mayor productividad. También observaron que las empresas líderes del mercado eran considerablemente más propensas a mantener conexiones políticas y, al mismo tiempo, menos propensas a innovar [2]. La investigación corresponde a Italia y no debe trasladarse mecánicamente a América Latina.

Pero plantea una advertencia económica importante. Una empresa puede crecer sin que ese crecimiento provenga de producir mejor.

Cuando las conexiones reducen cargas regulatorias, protegen posiciones o facilitan ventajas que otros no poseen, crecimiento empresarial y productividad pueden dejar de avanzar juntos. Y eso modifica los incentivos.

Innovar exige invertir, experimentar y asumir la posibilidad de fracasar. Mejorar calidad requiere tiempo. Capacitar trabajadores cuesta dinero. Desarrollar tecnología supone incertidumbre. Conseguir una excepción puede ser mucho más rápido.

Si las empresas empiezan a percibir que las relaciones políticas generan mayores retornos que mejorar procesos, una parte de los recursos que podrían dirigirse hacia productividad, tecnología o innovación puede terminar orientándose hacia la preservación del acceso. Entonces el problema deja de pertenecer únicamente a quienes fueron excluidos.

La economía completa comienza a aprender la lección equivocada.

Quien está dentro aprende que la proximidad protege. Quien está fuera aprende que producir mejor puede no ser suficiente.

Existe evidencia latinoamericana de que reducir esas ventajas puede modificar efectivamente la estructura empresarial.

Colonnelli y Prem analizaron un programa brasileño de auditorías anticorrupción a gobiernos municipales cuya selección incorporaba un mecanismo aleatorio. Después de las auditorías, aumentó el número de empresas en los municipios afectados, particularmente en actividades dependientes de relaciones con el gobierno y de la contratación pública. Al mismo tiempo, las empresas políticamente conectadas resultaron perjudicadas [3]. El hallazgo es especialmente relevante porque permite observar algo más que irregularidades administrativas.

Cuando disminuyeron determinadas ventajas asociadas con la corrupción, cambiaron las condiciones de entrada empresarial.

Combatir la corrupción, por tanto, no significa solamente recuperar dinero perdido o castigar funcionarios. También puede ampliar el espacio económico disponible para empresas que anteriormente enfrentaban barreras creadas por relaciones privilegiadas.

La responsabilidad empresarial debe examinarse desde la misma perspectiva.

En una investigación realizada con Cristian Salazar-Concha analizamos las relaciones entre las dimensiones económica, legal, ética y discrecional de la ciudadanía corporativa. Los resultados mostraron, desde la percepción de los participantes estudiados, relaciones positivas entre estas dimensiones y particularmente entre ciudadanía económica y ciudadanía legal, mediadas por componentes éticos y discrecionales [4]. Ese estudio no examinó captura del Estado, contratación pública ni conexiones políticas. Su pertinencia para esta discusión es conceptual.

Una organización no puede evaluar su responsabilidad únicamente preguntándose cuánto valor económico produce o cuánto contribuye voluntariamente a la comunidad. También debe preguntarse cómo obtiene sus resultados y cómo se relaciona con las reglas que permiten obtenerlos.

Financiar actividades comunitarias, conceder becas o publicar un informe de sostenibilidad no resuelve la contradicción de beneficiarse de condiciones institucionales que excluyen injustificadamente a otros.

La ciudadanía corporativa también se demuestra cuando una empresa compite. Cuando solicita un permiso. Cuando participa en una contratación pública. Cuando pide una excepción. Y cuando decide qué hacer con el acceso que posee a quienes administran recursos colectivos.

Corregir estas distorsiones no requiere sospechar de toda relación entre gobierno y empresa. Requiere hacer las decisiones verificables.

Los requisitos de contratación deben guardar proporción con el bien o servicio solicitado. Las excepciones necesitan justificación pública. Los criterios de evaluación deben conocerse antes de competir. Los plazos de pago deben poder comprobarse. Las reclamaciones requieren instancias suficientemente independientes de quienes tomaron la decisión original.

Y las instituciones no deberían limitarse a informar quién ganó un contrato. También deberían preguntarse cuántas empresas pudieron competir realmente y por qué otras quedaron fuera. Publicar documentos no equivale automáticamente a transparencia.

Una institución es transparente cuando la información permite comprender la decisión, reconstruirla y cuestionarla.

Los pequeños productores y empresarios también necesitan acceso efectivo a los espacios donde se diseñan las reglas. Escuchar exclusivamente a organizaciones que disponen de abogados, consultores y relaciones permanentes con las autoridades puede producir políticas técnicamente sofisticadas y económicamente sesgadas.

Quien no está presente en la conversación también soporta sus consecuencias.

Defender la competencia no significa garantizar que todos ganen. Algunas empresas serán más eficientes. Otras innovarán mejor. Algunas ofrecerán precios inferiores o productos superiores y desplazarán legítimamente a sus competidores.

Eso forma parte de una economía competitiva.

Lo que no debería formar parte de ella es que el poder público determine anticipadamente quién tendrá una oportunidad real de demostrarlo.

Un empresario puede aceptar perder frente a alguien que produce mejor. Puede estudiar qué hizo su competidor y tratar de mejorar.

Lo que destruye la confianza es descubrir que no perdió frente a un producto, una tecnología o una estrategia superior.

Perdió frente a alguien que consiguió que las reglas funcionaran de otra manera.

Cuando cumplir las reglas se convierte en una desventaja, el privilegio empieza a decidir quién puede producir.

Luis J. Camacho es académico, investigador y editor en las áreas de negocios internacionales, comportamiento del consumidor y sostenibilidad. Preside ALBUS y dirige LABSREVIEW.

Referencias

[1] Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2003). Seize the state, seize the day: State capture and influence in transition economies. Journal of Comparative Economics, 31(4), 751-773. https://doi.org/10.1016/j.jce.2003.09.006

[2] Akcigit, U., Baslandze, S., & Lotti, F. (2023). Connecting to power: Political connections, innovation, and firm dynamics. Econometrica, 91(2), 529-564. https://doi.org/10.3982/ECTA18338

[3] Colonnelli, E., & Prem, M. (2022). Corruption and firms. The Review of Economic Studies, 89(2), 695-732. https://doi.org/10.1093/restud/rdab040

[4] Camacho, L. J., & Salazar-Concha, C. (2020). Corporate citizenship: Toward an extended understanding of the relationship between economic and legal citizenship. Journal of Economics Studies and Research, 2020, Article 472317. DOI: 10.5171/2020.472317