UY Press - Agencia uruguaya de noticias

14.06.2026

La política tiene una particularidad que muchas veces escapa a los protagonistas de los acontecimientos: los hechos concretos importan, pero los símbolos importan más.

Y cuando una crisis adquiere dimensión simbólica, deja de discutirse el episodio que la originó para transformarse en una disputa sobre algo mucho más profundo.

Por eso el problema que enfrenta hoy el gobierno de Yamandú Orsi ya no es una camioneta Hyundai, un descuento comercial, una rifa realizada durante la campaña electoral o la utilización de un vehículo donado como parte de pago de otro. Todo eso pertenece al terreno de los hechos. Lo que está en juego es la credibilidad política de un proyecto que llegó al gobierno prometiendo cambios y recuperando para miles de uruguayos una esperanza colectiva.

Antonio Gramsci escribió que el poder no se sostiene solamente por la coerción o por la capacidad administrativa del Estado. Se sostiene, sobre todo, por la construcción de consenso, por la capacidad de una fuerza política de transformarse en dirección moral e intelectual de la sociedad.

La hegemonía no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste en lograr que amplios sectores sociales consideren legítimo un proyecto político y confíen en quienes lo conducen.

Desde esa perspectiva, el verdadero riesgo de esta crisis no está en sus eventuales consecuencias jurídicas ni en el aprovechamiento político que pueda hacer la oposición. El problema radica en que erosiona uno de los principales activos históricos de la izquierda uruguaya: la confianza ética.

Durante décadas el Frente Amplio construyó una identidad política basada en la honestidad, la austeridad y una relación diferente con el Estado. Esa construcción no surgió de la nada. Fue el resultado de una acumulación histórica de luchas, sacrificios y coherencia política.

Pero existe un aspecto todavía más delicado. No todos los dirigentes políticos construyen su legitimidad de la misma manera. Algunos lo hacen a partir de su capacidad técnica, otros desde el liderazgo ideológico, otros desde una trayectoria de gestión particularmente exitosa.

Yamandú Orsi construyó su liderazgo desde otro lugar. Su principal activo político nunca fue el carisma arrollador, ni una poderosa maquinaria partidaria propia, ni una elaborada construcción doctrinaria. Su principal activo fue la confianza.

La percepción de que se trataba de una persona sencilla, cercana, auténtica y esencialmente honesta. Un dirigente que podía equivocarse, pero que no simulaba. Un hombre común que parecía vivir bajo las mismas reglas que la inmensa mayoría de los uruguayos.

Miles de ciudadanos votaron al Frente Amplio, pero también votaron a Orsi por esa razón. Porque confiaban en él. Por eso esta crisis resulta especialmente peligrosa. No porque hasta ahora haya demostrado corrupción o probado la existencia de delitos.

Sino porque golpea directamente el corazón de la construcción política que permitió a Orsi transformarse en presidente de la República.

Cuando la sociedad comienza a preguntarse si conoció toda la información desde el principio, si las explicaciones fueron completas o si determinados hechos aparecieron solamente porque fueron revelados por investigaciones periodísticas, el daño deja de estar asociado a una camioneta.

La pregunta se desplaza hacia otro terreno mucho más complejo: si la imagen de autenticidad que proyecta el presidente coincide plenamente con las prácticas que se desarrollan en torno al ejercicio del poder.

Y allí aparece una interrogante todavía más incómoda. ¿Estamos frente a una sucesión de torpezas políticas o frente a una forma de operar que contradice la tradición histórica del Frente Amplio?

La diferencia es enorme.

Si se trata de torpezas, el problema es grave pero corregible. Los errores de evaluación, la improvisación, la subestimación de los costos políticos o las respuestas comunicacionales equivocadas forman parte de la historia de todos los gobiernos.

Pero si detrás de estos episodios existe una lógica según la cual determinadas conductas se consideran aceptables porque son legalmente posibles, aunque contradigan las sensibilidades éticas y culturales de la izquierda, entonces el problema adquiere otra dimensión.

Porque, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el Frente Amplio no nació simplemente para administrar mejor el Estado. Nació también para hacer política de otra manera.

Rodney Arismendi comprendió como pocos que la construcción de una mayoría nacional requería mucho más que programas o victorias electorales. Requería autoridad moral, credibilidad, y una relación de confianza entre los representantes y las grandes mayorías populares.

Cuando desarrolló la teoría de la democracia avanzada insistió en que la izquierda debía transformarse en una fuerza dirigente del pueblo, capaz de ampliar derechos, fortalecer la soberanía y profundizar la participación democrática.

Pero esa tarea exigía una condición básica: coherencia.

La democracia avanzada de Arismendi no era solamente un conjunto de reformas institucionales o económicas. Era también una elevación de la cultura política y de la ética pública.

Por eso el debate actual no puede reducirse a una discusión jurídica sobre si algo fue legal o ilegal. La izquierda uruguaya nunca fue evaluada únicamente por la ley, sino por estándares éticos más exigentes, construidos por ella misma durante décadas de oposición, resistencia y lucha política. Y aunque esa exigencia pueda parecer injusta, constituye una parte esencial de su identidad.

Antonio Gramsci sostenía que toda fuerza política que aspira a dirigir una sociedad debe construir una superioridad moral e intelectual reconocida por amplios sectores de la población.

Cuando esa superioridad comienza a ser cuestionada, no necesariamente porque existan delitos, sino porque aparecen contradicciones entre el discurso y las prácticas, la hegemonía empieza a erosionarse.

Las informaciones conocidas durante las últimas semanas muestran precisamente ese riesgo. Cada explicación generó nuevas preguntas. Cada intento de cerrar la discusión abrió otro capítulo. Cada aclaración pareció demostrar que existían actores relevantes dentro del propio oficialismo que desconocían información importante.

En términos políticos, esto revela algo más delicado que un error comunicacional. Revela dificultades en la conducción.

Gramsci diferenciaba entre dominación y dirección. Un gobierno puede ocupar formalmente el poder y, sin embargo, comenzar a perder capacidad de dirección política. Eso ocurre cuando deja de controlar el relato de los acontecimientos y pasa a reaccionar permanentemente ante agendas impuestas por otros. Es exactamente ese riesgo el que enfrenta hoy el oficialismo. 

La oposición no necesita demostrar grandes escándalos ni construir acusaciones sofisticadas. Le alcanza con instalar una secuencia permanente de dudas y contradicciones para erosionar la autoridad política del gobierno.

Y aquí aparece una enseñanza que atraviesa toda la historia de las izquierdas. Los proyectos populares rara vez son derrotados solamente por la fuerza de sus adversarios. Muchas veces comienzan a debilitarse cuando dejan de escuchar las señales de alerta provenientes de su propia base social.

La reacción de muchos frenteamplistas frente a este episodio no es la indignación absoluta que promueve la oposición. Es algo más preocupante: es decepción.

Porque quienes votaron por un proyecto de transformación no esperaban encontrarse discutiendo automóviles, rifas o descuentos comerciales. Esperaban debatir cómo combatir la pobreza infantil, cómo mejorar la seguridad pública, cómo fortalecer la educación, cómo impulsar el desarrollo productivo o cómo ampliar derechos.

Cada semana consumida por una crisis mal gestionada es una semana perdida para construir la agenda transformadora que la sociedad espera.

Arismendi enseñaba que avanzar y profundizar la democracia significaba ampliar permanentemente la participación popular, fortalecer la conciencia ciudadana y consolidar la confianza entre pueblo y gobierno. Y esa confianza nunca es definitiva. Debe renovarse todos los días.

Por eso el desafío del gobierno no consiste solamente en responder las preguntas pendientes sobre este episodio. Debe recuperar iniciativa política, reconstruir credibilidad, volver a colocar en el centro de la agenda los problemas reales de la población, y comprender que la transparencia no es una obligación defensiva, sino una herramienta de construcción de hegemonía democrática.

Porque, en definitiva, la cuestión ya no es una camioneta. La cuestión es si la izquierda uruguaya será capaz de preservar aquello que durante más de medio siglo constituyó una de sus mayores fortalezas: la confianza de la gente común.

Se me dirá, desde el exotismo más ramplón, "las elecciones se ganan con votos". Y es una verdad, a medias, porque la hegemonía, como enseñaron Gramsci y Arismendi, se construye con credibilidad, coherencia y autoridad moral.

Y ninguna de esas tres cosas puede darse por garantizada.

Una aclaración ¿necesaria?

Hay una tradición muy valiosa en nuestra izquierda uruguaya -desde Arismendi hasta Seregni, pasando por muchas queridas y queridos compañeros intelectuales y militantes- que consiste en ejercer una crítica exigente hacia los propios, no para debilitarlos, sino para evitar errores que terminen debilitando un proyecto colectivo. Cuando esa crítica se formula desde la preocupación y no desde el resentimiento, suele tener más profundidad y también más legitimidad.

Los frenteamplistas nos preguntamos antes del 89 (que asumimos el gobierno de Montevideo por primera vez) y con más seriedad a partir de las elecciones del 2004 (que nos dieron la posibilidad de llegar al gobierno en 2005) ¿cómo una fuerza transformadora conserva su identidad cuando pasa de la oposición al ejercicio del poder?, lo que fue una preocupación permanente de Gramsci primero, y de Arismendi después, cada uno en su contexto. Y a decir verdad, cada día deberíamos tenerla más presente, con humildad, por sobre todas las cosas.

Y otra "aclaración" sería: no estoy dispuesto, al menos por ahora y mientras no se me demuestre lo contrario (mis amigos dicen que soy muy inocente), a hablar desde la certeza absoluta, sino desde una inquietud política, tratando de provocar la reflexión en la y el amable lector. Que nadie interprete que estas columnas vienen con todas las respuestas cerradas. Recuerden que desde los 90 las certezas fueron sustituidas, felizmente, por la duda perenne. Ojalá no se encargue el gobierno de barrer con mi "inocente percepción", que supongo es la de muchas y muchos.