UY Press - Agencia uruguaya de noticias

11.07.2026

Cada día que pasa, el debate público se desvía hacia el "quién roba o acomoda más" en lugar de exigir el cumplimiento de la ley.

Cuando, hace unos días, en un informe de un noticiero sobre el porcentaje de contrataciones municipales directas (a dedo), una joven periodista dijo que, las intendencias de Montevideo y Canelones contratan APENAS, un 36-39% de personal nuevo de forma directa, me di cuenta que, a pesar que, según la Ley 20451, el máximo de contrataciones directas es del 4%, la corrupción se volvió tanto parte del paisaje, algo normal y cotidiano, que las nuevas generaciones periodísticas consideran común está práctica corrupta. 

El artículo 46 del TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) confirma que el concurso público es la regla para garantizar la igualdad de oportunidades y la idoneidad, La designación directa debe ser una excepción estrictamente justificada. y la Constitución uruguaya, establece el concurso como regla, pero aquí, chocamos contra una patética realidad. La excepción (la contratación directa) se convirtió en norma nacional con un 56% de promedio país. 

Mientras que en un país serio, esto sería un escándalo de dimensiones catastróficas para la DEMOCRACIA, los extremos de este informe son escandalosos. Por un lado, tenemos la Intendencia de Lavalleja, que lidera el ranking del clientelismo con el disparate del 98% de designaciones directas. En la otra vereda, San José, a pesar que tiene más del doble permitido por ley, demuestra que es posible gobernar con cierta institucionalidad, registrando apenas (y acá el apenas se justifica) un 9%, bajo esta modalidad, resolviendo el resto por concurso, como indican las leyes. 

Pero el dato más peligroso no está en las planillas del informe, sino en el lenguaje de quien lo comunicaba. Al analizar los números de las comunas frentistas de Montevideo y Canelones, cuyos porcentajes de contratación directa rondan el 40%, la periodista concluyó, con natural soltura, que ambas administraciones "apenas" llegaban a esa cifra en comparación con el bochorno de Lavalleja.  

Este "apenas" precisa un freno de mano analítico. ¿Desde cuándo cuatro de cada diez puestos públicos entregados discrecionalmente es un logro o algo aceptable? Es aquí donde crece el verdadero drama de nuestra sociedad: la fatal normalización de la corrupción. 

La sociedad desarrolló una tolerancia inmunológica al abuso de los recursos públicos tan grande, que la corrupción se volvió una regla. Cuando la gravedad de un comportamiento institucional ya no se mide contra la ley, sino contra el peor ejemplo disponible, la democracia se desintegra. Si Lavalleja comete un atropello del 98%, entonces el 40% de Montevideo y Canelones se transforma, en una conducta casi virtuosa. 

Esta lógica del "mal menor" muestra una ceguera partidaria general y bidireccional que la sociedad justifica y hasta admira. Los defensores de un color político se consuelan mirando el desastre del vecino, mientras que Doña Maria mira el noticiero, totalmente anestesiada, viendo cómo el reparto del Estado es un botín político. 

El clientelismo, así como la anestesia general, no tienen ideología, sólo códigos de beneficio mutuo. Destruyen la carrera administrativa, decodifican el derecho al trabajo en igualdad de condiciones para todos los uruguayos y destrozan la confianza y credibilidad en las instituciones. La normalización de la corrupción, es el último peldaño de la descomposición de la ética pública. 

Cuando los comunicadores y la sociedad civil asimilan que el desvío de la norma es norma, los contrapesos democráticos no funcionan, simplemente flotan entre la mugre de un contenedor vaciado por alguien en situación de calle. No hay "apenas" justificables cuando se vulnera descaradamente la transparencia. Un 40% de discrecionalidad, cuando el máximo debería ser la décima parte, es una patología institucional tan real como el 98% de Lavalleja.  

La única diferencia es la velocidad con la que el paciente se encamina al sanatorio o el colapso. Como sociedad, si dejamos que el debate público se reduzca a discutir el tamaño del feudo, la República ya está entregada. El 9% de San José demuestra que la transparencia no es una utopía jurídica, sino una decisión política. Lo demás es complicidad, con adverbios volviéndose atenuantes.  

Cuando la excepción se convierte en norma para el 56% de la realidad nacional, el sistema está al revés. Así que tenemos la Intendencia de Lavalleja con un 98% de designaciones directas, mientras que San José resuelve la institucionalidad con un 91% por concurso. 

Sin embargo, el dato más peligroso está en el lenguaje de la prensa. Al constatar que Montevideo y Canelones promedian un 40% de contrataciones directas, la periodista concluyó que ambas administraciones "apenas" llegaban a esa cifra. Ese "apenas" merece un freno de mano analítico. ¿Desde cuándo son consuelos o logros que cuatro de cada diez puestos públicos se entregan discrecionalmente?

Cuando la gravedad de un comportamiento se mide con el peor ejemplo disponible (Lavalleja), chau DEMOCRACIA. El "mal menor" es anestesia general. 

Para dimensionar este desastre, damos una vuelta por el mundo. En democracias europeas consolidadas, como Dinamarca o Suecia, las designaciones directas en el funcionariado medio y bajo, simplemente no existen, porque, el ingreso al Estado, está regido por sistemas ciegos de mérito y oposición pública, donde el clientelismo local se paga con muerte política inmediata y destitución. 

Si vamos al otro extremo, Singapur es el paradigma, algo así como una isla que pasó de ser un pobre puerto corrupto a uno de los centros financieros más limpios del mundo por su Ley de Prevención de la Corrupción. En Singapur, hay tolerancia cero. El funcionario que acepta un soborno pierde inmediatamente, su empleo, su jubilación y es encarcelado. Aunque la pena capital es para otros delitos, su historia registra que la inflexibilidad punitiva llegó a extremos drásticos cuando la corrupción afectó la salud pública o costó vidas humanas. 

En esta línea, potencias como China directamente la pena de muerte a altos funcionarios, por delitos de malversación de fondos públicos, entendiendo que el desfalco al Estado es un crimen de lesa patria. Acá no se trata de empezar con soluciones draconianas que no tienen nada que ver con la visión de nuestra tradición republicana "pseudo-humanista", pero el contraste es para aprender algo. 

Mientras que en muchos países la corrupción se castiga  con la muerte civil, prisión o pena capital, en Uruguay nos permitimos el lujo semántico de usar el adverbio "apenas" para disculpar un 40% de delitos institucionales. 

El clientelismo tiene códigos de beneficio mutuo, destruyendo la carrera administrativa y vulnerando el derecho constitucional de cada uruguayo para acceder al trabajo público en igualdad de condiciones. Si dejamos que el debate público se reduzca a discutir el tamaño del feudo, estamos entregando la República. Lo que pasa en nuestras intendencias es una patología institucional que estamos eligiendo no ver. 

Stefano Casini es periodista. Empezó en Radio Clarín, su primer noticiero en 1968. Después continuó por L'Eco D'Italia, L'Ora D'Italia, Guía Financiera, suplementos en El País, El Observador, La República, fue 23 años Corresponsal  de RAI, Gente dItalia, 5 años de Radio TV Suiza Internacional y 2 años de CNN.