UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.03.2026

La reciente concurrencia del líder de Cabildo Abierto y otrora comandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos, a la sede de la Embajada de la República Islámica de Irán a los efectos de suscribir el libro de condolencias por la muerte del ayatolá Alí Jameneí no puede ser leída como un mero formalismo, por más que se trate de una decisión estrictamente personal.

En el marco de la política exterior uruguaya, baluarte ético donde el apego a los supremos valores de la democracia ha sido históricamente nuestro activo más preciado, gestos como el ensayado recientemente por el exlegislador preocupan y desconciertan.

La falacia de la equidistancia espiritual

Haciendo ejercicio del libre pensamiento y la libertad de expresión, derechos desde antiguo conculcados por el extinto líder del chiismo, Manini Ríos ha intentado rodear su acto de un halo de respeto protocolar, esgrimiendo una analogía tan audaz como imprecisa: comparar la pérdida de un líder teocrático, despótico e inmisericorde con la de un Sumo Pontífice católico, escotomizando la naturaleza absolutista del poder que Jameneí detentó durante más de tres décadas.

Mientras el Uruguay republicano se cimenta, fiel a sus más caras tradiciones, en la separación de poderes y el respeto irrestricto a las libertades individuales, el gobierno que recibió el pésame del líder cabildante encarna, anacrónica y extemporáneamente, aquellos modelos medievales inquisitoriales en que la disidencia se paga con el ostracismo, la cárcel, la tortura o la vida.

Como si fuera poco, esta inoportuna muestra de empatía se produjo en momentos en que decenas de miles de ciudadanos iraníes son masacrados en las calles de Teherán a manos de los esbirros de un régimen que criminaliza el cabello descubierto y somete a los rigores de su preceptiva fundamentalista a quienes legítimamente se revelan ante los implacables edictos de las cúpulas clericales.

A diferencia de otros países musulmanes dispuestos a flexibilizar su ordenamiento jurídico acompasando los cambios que propone el propio devenir histórico, la Constitución iraní establece categóricamente que las normas civiles, penales, financieras y políticas deben sustanciarse exclusivamente en la ley islámica.

Se trata, obviamente, del mismo país que bajo las órdenes del hoy extinto líder supremo patrocinó desde las sombras los atentados que en marzo de 1992 y julio de 1994 dieron literalmente por tierra con las instalaciones de la Embajada de Israel y la AMIA, cercenando en total la vida de 114 personas, causando heridas a más de medio millar e infligiendo una artera estocada al corazón de una sociedad argentina ávida aún de conocer el pronunciamiento final de la justicia con respecto a las responsabilidades que le caben a quienes desde el poder facilitaron entonces el accionar de Hezbolá y sus cómplices vernáculos.

Quizás no sea un dato a soslayar que Ahmad Vahidi, quien por aquellos años fuera comandante de la Fuerza Quds -el cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria- y luego ministro del Interior, acaba de ser convocado desde su cómodo retiro para hacerse del control del brazo armado del régimen.

En efecto, sobre este siniestro personaje estrechamente vinculado al atentado a la AMIA (en calidad de autor intelectual y facilitador), recae al día de hoy  una orden de captura emitida por Interpol, pese a los ingentes esfuerzos del kirchnerismo por encubrir a los culpables desestimando pruebas irrefutables, estableciendo un bochornoso memorándum con Irán y acallando para siempre la voz del Fiscal de la Nación, Alberto Nisman, en la víspera de su comparecencia ante el parlamento argentino con el fin de denunciar la connivencia y complicidad de la exmandataria argentina, Cristina Fernández, a quien, al igual que a su excolega venezolano Nicolás Maduro, parece habérsele "terminado el recreo"...

Gestos que instituyen subjetividad 

Rendir tributo a través de un libro de condolencias suele ser un hecho de por sí inocuo, ajeno a suspicacias ideológicas; sin embargo, en esta  oportunidad, ha trascendido con creces los límites de un mero acto de cortesía. Es un gesto político que, en virtud de la consabida ascendencia e influencia que ejercen los referentes partidarios sobre sus prosélitos, moldea opiniones e instituye subjetividad.

Bien se ha dicho que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. En el ejercicio de la alta representación, esta máxima adquiere una significación insoslayable y un valor cuasi axiomático: el protocolo no es un territorio neutro ni un refugio aséptico donde la responsabilidad de un actor político se diluye.

Lic. Jorge Schneidermann. Psicólogo clínico, docente y ensayista