UY Press - Agencia uruguaya de noticias

01.06.2026

En mi opinión, considero que sería muy positivo que el Presidente evalue la opción de devolver la camioneta de la discordia, recupere su dinero y utilice toda la logística y seguridad del Estado, comprando una camioneta con los recursos previstos en el presupuesto de Presidencia.

Cuando esté próximo a culminar su mandato podrá cambiar comprar un vehículo de última generación que comparado con este seguramente lo dejará muy atrás tecnológicamente y no se quedará con un vehículo que quedará absolutamente desgastado y obsoleto  después de 5 años de transporte por todo el país.

El debate público en torno a la adquisición de una camioneta eléctrica Hyundai Santa Fe por parte del presidente Yamandú Orsi -quien adquirió el bien de su propio peculio obteniendo un abatimiento de 25.000 dólares sobre un valor de plaza de 79.000 dólares- invita a una reflexión serena y objetiva sobre las obligaciones del cargo, la tradición institucional y la prudencia financiera.

1. La conveniencia del vehículo oficial y la estructura del Estado
Desde una perspectiva institucional, se puede argumentar que el presidente de la República tiene un derecho-deber, porque representa al país y es el jefe de Estado y de gobierno. Por ende, la forma en que se desplaza hace directamente a la estabilidad institucional del Uruguay.

Bajo esta óptica, el primer mandatario tiene el derecho a usar la estructura del Estado, utilizando vehículos oficiales para trasladarse con la debida protección, custodia y la compleja logística que habitualmente acompañan las salidas del presidente por todo el país. Siempre en el Uruguay, tradicionalmente, el vehículo del presidente ha sido una unidad oficial propiedad del Estado uruguayo, utilizando uno o varios vehículos durante los cinco años que dura el período del mandato. Al presidente se le cuida y se trabaja con él durante todo el tiempo; es una consideración de Estado hacia quien fue elegido para estar al frente del país, siendo el primero entre todos los ciudadanos por sus responsabilidades.

2. La convivencia de un bien privado en la función pública
De acuerdo con la información trascendida, el presidente Orsi compró con su propio dinero, de su peculio personal, el vehículo con el que estará trabajando. Sobre esa unidad obtuvo una diferencia de USD 25.000 sobre los USD 79.000 de su valor de lista, quedando el coche afectado tanto al trabajo de presidente como a su vida personal y familiar.

Ante este diseño, resulta claro que ese vehículo necesariamente debe estar bajo el seguimiento y el cuidado del departamento correspondiente de la Presidencia de la República. Más allá de que quede en la casa del presidente y lo utilice para otros fines por ser un vehículo propio, no deja de ser el vehículo del presidente en ejercicio, lo que complejiza la situación.

3. El impacto en el patrimonio personal y la fatiga del activo
Un elemento central para analizar con calma en esta situación es la composición del patrimonio personal del mandatario. A diferencia de otros presidentes que han contado con caudales económicos o financieros personales de otra magnitud, para Orsi esta compra significa una parte sumamente considerable de su patrimonio.
Al cruzar esto con los estudios técnicos especializados sobre el comportamiento de los vehículos eléctricos sometidos a regímenes de fatiga extrema, la conveniencia de la operación resulta incomprensible:

Régimen de marcha: Una camioneta de estas características, afectada a la movilidad permanente de un presidente por todo el país y acumulando miles de kilómetros anuales, va a tener con seguridad un desgaste muy severo en su estructura.

Desgaste y obsolescencia: Las baterías tendrán un importante desgaste por el régimen de uso intensivo y la propia estructura del coche quedará con el atraso tecnológico inevitable frente a los vehículos que serán recién puestos a la venta en aquellos años, viendo el avance constante de la tecnología eléctrica.

Valor residual: De acuerdo con estos cálculos, si el vehículo no sufre ningún tipo de accidente o alteración estructural, al cumplirse el quinquenio de mandato tendrá con certeza un valor residual de apenas USD 25.000. Un bien que hoy vale USD 79.000 quedaría valiendo USD 25.000 a cumplirse el quinquenio.

Sopesando estos elementos, lo que hizo Orsi resulta incomprensible, siendo lo indicado que el presidente anduviera en vehículos oficiales propiedad del Estado, inclusive esta propia camioneta, sometida a todo el régimen de control y logística que tiene el deber de transportarlo a todas partes.

4. El valor publicitario frente a las corporaciones multinacionales

Para analizar el descuento obtenido conviene observar la naturaleza del mercado automotor global. Estamos hablando de empresas multinacionales de un enorme poder económico. Para una marca, el hecho de que una sola de las unidades que ellos venden sea utilizada de manera pública y notoria por el presidente de la República representa una plataforma publicitaria absolutamente poderosa.

Si se compara esto con los millones de dólares que estas compañías gastan habitualmente en campañas de publicidad tradicional, la mera visibilidad de que el primer mandatario circula en ella tiene un valor comercial y de posicionamiento que supera con creces la rebaja realizada. Estas corporaciones no necesitan otorgar ni recibir prebendas a cambio por USD 25.000; la mera publicidad del jefe de Estado sobre el vehículo vale mucho más que el descuento que se le habrá hecho.

5. Una propuesta de salida inteligente
Si se hubiera actuado como indica la lógica, se habría manifestado en Presidencia el requerimiento de un vehículo para que lo transporte por el país, se habría llamado a una licitación y se habría comprado el modelo elegido o uno muy similar que cumpliera los objetivos de transporte y seguridad, como esta camioneta Hyundai Santa Fe. Esto habría permitido disponer del mismo vehículo durante cinco años o cambiarlo cuando le pareciera, dado que el recambio de flota es habitual en Presidencia -o debiera serlo- para mantener el valor de sus activos.

Lejos de posturas drásticas, el escenario actual permite proponer una salida inteligente y equilibrada para todas las partes: considerar la posibilidad de rescindir el contrato, devolver la camioneta y recuperar el dinero invertido, contemplando la eventual depreciación que corresponda por el uso que ya ha tenido.

Mientras tanto, durante su período, existiría la total tranquilidad de que se estarían utilizando los vehículos oficiales con toda la infraestructura logística de apoyo y de seguridad que está prevista presupuestalmente en Presidencia de la República desde siempre.

La ocasión oportuna para adquirir un vehículo particular de última generación será cuando esté por terminar su mandato o próximo a él, optando por los modelos cero kilómetro que recién salgan a la venta en esos años. En ese momento, con su propio dinero, el presidente podrá comprar una unidad absolutamente superior, beneficiándose de los avances de la tecnología eléctrica y protegiendo su patrimonio personal de un desgaste innecesario. No se entiende cuál es la ventaja de haber comprado un vehículo con ese enorme costo, más allá de la rebaja, sabiendo que al cabo del quinquenio ese auto con suerte estará valiendo USD 25.000. Lo racional es dar marcha atrás, manejarse dentro de la flota oficial del Estado y preservar su patrimonio particular para la ocasión adecuada.

Alberto Scaravelli