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18.03.2026

Por resolución de Naciones Unidas, cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la conservación y desarrollo de los recursos hídricos y contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: agua y saneamiento para todos de aquí al 2030.

Este tema también se relaciona directamente con la definición y alcances del Derecho Humano al Agua, por lo que esta vez nos enfocaremos en analizar la carencia del servicio de agua gestionado en forma segura en la mayor parte de países de América Latina y El Caribe.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el acceso al agua sin riesgos se refiere a que este líquido vital para consumo provenga de una fuente de agua mejorada ubicada en la vivienda o lote, disponible en el momento en que se necesita y libre de contaminación fecal y por químicos prioritarios.

La presencia o ausencia del servicio de agua sin riesgos puede marcar la frontera entre la salud y la enfermedad, y en casos extremos entre la vida y la muerte, principalmente en la niñez y las personas adultas mayores. Como sabemos, el acceso seguro al agua es vital para la alimentación, la preparación de alimentos, la higiene personal y en general para que las personas logren un nivel de vida adecuado.

Para explorar la carencia del servicio de agua gestionado en forma segura, utilizamos la información de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), que entrega datos de este indicador con una cobertura de 14 países de la región.

Un primer acercamiento trata de la proporción de población a nivel nacional que en 2024 no tenía acceso a agua limpia, destacando México y Chile como los países con mayor y menor carencia de servicios de agua segura, respectivamente.

Los datos revelan que en la mayoría de los países existen considerables proporciones de población que sufren la ausencia de agua limpia, siendo más grave las carencias reportadas en Surinam, Perú, Guatemala, República Dominicana y México, que oscilan entre el 44% y el 57%.

Cabe destacar que, según la información analizada, poco más de una quinta parte de la población de América Latina y El Caribe (específicamente el 21,07%), solo puede acceder a un servicio de agua no segura, lo que sin duda plantea grandes desafíos en materia de derechos básicos como la salud, la alimentación y vivienda adecuada.

Como es de suponerse, el servicio de agua sin riesgos presenta un comportamiento distinto en las áreas urbanas y rurales en nuestra región. Como resultado de la revisión de los datos de CEPAL, se ha identificado que, con la excepción de Islas Turcas y Caicos y Costa Rica, todos los países reportan mayor carencia de agua segura en el área rural.

A nivel regional, el 46,3% de la población rural sufre deficiencia de agua segura, muy superior al 15,5% en la zona urbana, lo que deja clara la gran brecha existente entre ambas áreas geográficas en perjuicio de la ruralidad.

Considerando este panorama, merece la pena reiterar que los Estados, en el marco del Derecho Humano al Agua, tienen como obligación básica, con efecto inmediato, el garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico. 

La reivindicación activa de este derecho permitirá un mayor acceso a agua limpia, requisito fundamental para avanzar hacia la dignidad y el desarrollo humano.

Este contenido forma parte del Informe "Economía y Sociedad" N°28, elaborado por la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable y que puede leerse aquí:

https://consumoyaccion.org/wp-content/uploads/2026/03/Economia-y-Sociedad-28.pdf 

Juan Trímboli. Presidente de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable.