El Fraude forzado: El doble rasero de la Fiscalía en el caso caso Charles Carrera. Ismael Blanco
17.11.2026
Con el inicio del juicio oral contra el ex senador Charles Carrera en noviembre de 2026, se cierra un ciclo de exposición mediática para dar paso a la etapa de un proceso penal que nacio en medio de tensiones político partidarias.
Lejos de aquel pedido inicial de desafuero que fue impulsado en medio de la campaña electoral, plena coyuntura electoral por presunto abuso de funciones, hoy la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Sandra Fleitas, acusa formalmente al exjerarca por dos delitos: fraude y utilización indebida de información privilegiada, por lo que el Ministerio público solicita una pena de cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 unidades reajustables.
Para comprender la dimensión real del expediente que se sustancia en Sede Penal conviene repasar el núcleo de la imputación. A Carrera se le reprocha haber autorizado durante su gestión como director general del Ministerio del Interior la internación en el Hospital Policial y la entrega mensual de $ 20.000 en tickets de alimentación al Sr. Víctor Hernández, un civil que en el año 2012 quedó parapléjico tras recibir una bala perdida presuntamente disparada desde una fiesta de funcionarios policiales en La Paloma.
Para comprender la dimensión real del expediente, conviene sintetizar el núcleo de la imputación y su verdadero contexto. A Carrera se le reprocha haber intervenido durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior para autorizar la internación en el Hospital Policial y la entrega mensual de 20.000 pesos en tickets de alimentación a Víctor Hernández, un civil que en 2012 quedó parapléjico tras recibir una bala perdida presuntamente disparada desde una reunión de funcionarios policiales en La Paloma.
Lo que la Fiscal omite ponderar al acusarlo penalmente de fraude es que esa asistencia humanitaria no surgió de un capricho personal suyo, ni lo ocultó ni lo gestionó en las sombras, sino que, por el contrario, fue una decisión de gobierno, institucional que se adoptó a partir del pedido expreso de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos que intercedieron ante la tragedia del hecho y una familia sin recursos a -entre ellas el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur)-, sumado a la exhortación de la propia Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para que el Estado adoptara medidas por el daño al Sr. Victor Hernández.
La defensa rebate estos ligeros argumentos acusatorios ya que que cada orden se firmó con nombre propio, a la luz del día, bajo conocimiento y respetando todos los controles administrativos; sin beneficio personal alguno, demostrando además su apego institucional al haber renunciado a su banca para la que fue electo por la ciudadanía en 2024 para responder a la Fiscalía sin fueros, ni privilegios igual que cualquier ciudadano común.
Resulta alarmante la liviandad con la que el Ministerio Público echa mano a una figura penal tan grave como el delito de fraude, tipificado en el artículo 160 del Código Penal uruguayo. Este tipo penal castiga al funcionario público que, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la Administración en beneficio propio o ajeno, previendo penas que van desde los doce meses de prisión hasta los seis años de penitenciaría. El verbo nuclear de este delito gravísimo es el engaño: la maquinación fraudulenta destinada a inducir en error al Estado para esquilmar el erario público.
Acusar a Carrera bajo el artículo 160 con tanta ligereza por haber firmado como Jerarca resoluciones administrativas formales, auditadas por Tesorería y Contaduría del Ministerio e informadas a la propia Justicia, dictadas con el propósito de asistir a la víctima de un disparo policial, supone vaciar de contenido la ley penal. Se confunde deliberadamente una decisión de gestión - que aunque fuere discutible en el plano administrativo, fue transparente - y asimilarla a una trama delictiva de corrupción, no es más que torcer el principio de legalidad estricta hasta límites demasiado peligrosos para todo el sistema institucional.
Claramente los hechos analizados desde un punto de vista estrictamente dogmático y penal, evidencian que la acusación que realiza la Fiscal, muestra claramente un esfuerzo poco tranquilizador en la aplicación de los tipos penales que se le imputan, porque claramente para que se configure el delito de fraude nuestra ley exige que exista un engaño o artificio orientado a obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en perjuicio de la administración pública. La pregunta es ¿En que parte del proceder como jerarca de Carrera la fiscalía encuentra estos aspectos del tipo penal? Yo no los veo.
Queda claro que este tipo no encuadra con la conducta de Carrera pretender aplicárselo no corresponde ya que no es otra cosa que aplicar una figura penal a una resolución administrativa transparente, debidamente documentada y dictada con el claro propósito de reparar el daño causado por agentes estatales.
El criterio de la fiscalía desnaturaliza el principio de legalidad estricta que corresponde en materia penal y convierte el derecho penal de ultima ratio en un mero tribunal de cuentas retroactivo.
Pretender que el auxilio a una víctima del accionar policial constituya un fraude no es otra cosa que "criminalizar" la discrecionalidad administrativa y el deber estatal de garantía, borrando la frontera entre el error o la irregularidad formal convirtiéndolo en un dolo delictivo.
Sin embargo, el debate de fondo excede los tecnicismos burocráticos y peripecias de las veintiséis audiencias previstas en el caso y expone una preocupante disparidad en el funcionamiento y aplicación de la ley penal de los operadores de justicia.
Resulta imposible no advertir la asimetría en los tiempos, en la calificación jurídica y en el rigor aplicado según quién sea el indagado.
No tenemos más que remitirnos a los hechos: mientras la maquinaria fiscal desplegó una interpretación extensiva de la ley penal para llevar a juicio oral una decisión tomada hace más de una década por Carreras, en ese interín, otros expedientes penales de suma gravedad institucional han recibido un tratamiento sumamente benévolo o han encallado en conocidos laberintos procesales.
Basta mirar hacia los episodios ocurridos en el corazón de la Torre Ejecutiva durante la administración de Lacalle Pou para notar el contraste jurídico. En el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, el exasesor presidencial Roberto Lafluf admitió haber destruido un documento público protocolizado perteneciente a un expediente de Cancillería, tras convocar a una reunión en Presidencia a altos jerarcas como Carolina Ache y Guillermo Maciel con el fin de ocultar comunicaciones comprometedoras. Pese a que la destrucción o supresión de un documento público verdadero tiene un encuadre penal expreso y directo en nuestro Código Penal, y a que la propia Fiscalía reconoció al archivar la causa madre que las autoridades ocultaron información y faltaron a la verdad ante el Parlamento, los operadores fiscales aplicaron allí un criterio de atipicidad o de extrema prudencia probatoria que contrasta de forma escandalosa con la severidad exhibida contra Carrera.
Algo similar ocurre al observar cómo se fragmentaron y acotaron las responsabilidades jerárquicas en la red de corrupción encabezada por Alejandro Astesiano desde el piso de Presidencia, o la lentitud para desentrañar el espionaje ilegal montado contra el propio Carrera y el exsenador Mario Bergara.
Es aquí donde asoma la temeridad de judicializar la política y de transformar decisiones de gestión en crímenes de lesa administración. Cuando se utiliza el derecho penal como herramienta de desgaste o se aplican varas hermenéuticas opuestas -rigorismo extremo e interpretación analógica in malam partem para unos, minimalismo penal y archivo para otros -, se lesiona el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Pretender equiparar el auxilio estatal a una víctima de un disparo policial con las tramas de corrupción estructural o la destrucción deliberada de documentos oficiales no solo distorsiona la realidad, sino que erosiona la legitimidad misma de la judicatura y del Ministerio Público.
No se trata de eludir responsabilidades penales ni de defender conductas por mera pertenencia partidaria. Quien ocupa un cargo de responsabilidad pública debe rendir cuentas por sus actos. Pero, como enseñaba el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, todo discurso en criminología es político porque siempre resulta funcional o disfuncional al poder, aunque no deba serlo en un sentido partidario..
Cuando la justicia penal actúa con esta disparidad, estirando los tipos penales para perseguir a unos y encogiéndolos para exculpar a otros, el daño trasciende el expediente judicial y golpea directamente en el corazón de la democracia. Este doble rasero envía un pésimo mensaje a la sociedad y siembra un profundo descrédito en la ciudadanía respecto a la imparcialidad y la seriedad de las instituciones encargadas de impartir justicia. Si la balanza parece inclinarse según el color político del acusado, se erosiona la confianza pública en el Estado de derecho, dejando instalada la peligrosa percepción de que la ley ha dejado de ser una garantía igualitaria para convertirse en un instrumento al servicio de la contienda política.
Dr. Ismael Blanco