UY Press - Agencia uruguaya de noticias

04.05.2026

Ni UYPRESS y menos Bitácora nos ocupamos de la crónica policial, ya tenemos suficientes con los grandes canales, pero el caso Ciipriani-Minetti es un asunto descarnado de poder, del poder económico internacional que se está instalando en Uruguay con todas sus consecuencias. Sobre todo la más peligrosa: la impunidad.

La política no es solo la gestión de lo público; es, fundamentalmente, la administración de las expectativas y la defensa, a veces solitaria, de los límites. En el Uruguay de estos tiempos, asistimos a un fenómeno que requiere de una mirada lúcida: la difusa línea entre la inversión necesaria y la captura de la voluntad pública y sobre todo de las normas y las leyes por parte de intereses privados.

El proyecto del Hotel San Rafael, bajo el paraguas de Giuseppe Cipriani, es el caso de estudio perfecto. Se nos presenta como el gran motor del turismo, la panacea de la inversión extranjera directa. Y bajo ese manto, el poder político -con el presidente Lacalle Pou a la cabeza- se ha movido con una flexibilidad que debería, al menos, encender algunas luces de alarma.

Lacalle visitó las obras el miércoles 28 de agosto de 2024 estuvo acompañado por jerarcas de la Intendencia de Maldonado, entre ellos Miguel Abella (entonces director de Recursos Humanos), la arquitecta Soledad Laguarda (Directora de Urbanismo) y el director general de Gestión Ambiental, Jorge Píriz. No hay nada extraño, lo que llama la atención es como a nivel nacional y de la Intendencia de Maldonado se comprometieron con esa inversión.

La flexibilización como norma, tal como la hemos visto en torno a la reconstrucción del San Rafael y los edificios del complejo, de dimensiones siderales, no es un proceso administrativo convencional. Es una sucesión de excepciones. Excepciones de altura, cambios de diseño, concesiones de casinos privados; una suerte de "traje a medida" institucional. Cuando el Estado comienza a alterar las reglas del juego urbanístico y regulatorio para facilitar un proyecto en particular, el mensaje que se envía es peligroso: el derecho a la ciudad y la normativa no son leyes, sino sugerencias sujetas a negociación con el gran inversor.

Es necesario, además, barrer con la confusión interesada -o acaso negligente- que circula en la opinión pública. La figura de Giuseppe Cipriani (el empresario hotelero) a menudo se mezcla, en el barullo de las redes y el debate menor, con la de Leonardo Cipriani (el exjerarca de ASSE). Son dos historias distintas, sí, pero ambas nos hablan de una misma patología: la porosidad de los límites del poder. Mientras uno negocia licencias de casino y torres, el otro protagonizó un capítulo sobre convenios en la salud que merece su propio examen sobre la ética en la función pública.

El poder tiene una gravedad propia que atrae la tentación de la arbitrariedad. Cuando un gobierno hace del seguimiento personal de una obra un acto de gestión -con el presidente supervisando, presionando por plazos y depósitos de garantía-, está dejando de ser el árbitro que garantiza la igualdad ante la ley para convertirse en un socio de la aventura.

La pretensión actual de obtener una licencia de casino online es el corolario lógico de esta dinámica. Una vez que se entrega la primera excepción, el inversor siente, legítimamente desde su lógica empresarial, que el Estado es un socio que debe seguir cediendo. Y el gobierno, atrapado en su propia narrativa de "éxito del proyecto", se encuentra en la encrucijada: o mantiene la firmeza institucional o sucumbe al chantaje de la inviabilidad financiera. Incluso el proyecto de Cipriani que pretendía poner a funcionar el juego online antes de comenzar las obras.

El peligro no es el hotel. El peligro es el debilitamiento de las instituciones cuando estas se subordinan a las urgencias de los grandes capitales. La democracia uruguaya se ha construido sobre la previsibilidad de sus normas. Si empezamos a sustituir el orden jurídico por el pragmatismo de los acuerdos de despacho, estaremos abriendo una caja de Pandora.

El poder debe ser, ante todo, un ejercicio de contención. Cuando el poder se enamora de la inversión a cualquier precio, pierde su mayor capital: la credibilidad. Y en un país donde las instituciones son nuestra mayor riqueza, eso es un precio demasiado alto para pagar, incluso por el más icónico de los hoteles.

La historia de las prebendas otorgadas al proyecto Cipriani en Maldonado es un testimonio doloroso de cómo, ante la seducción de la inversión extranjera, los mecanismos de contralor democrático no solo se debilitan, sino que se vuelven irrelevantes. Lo que estamos presenciando es la institucionalización de una excepción permanente: un territorio donde las normas urbanísticas, ambientales y sociales han dejado de ser el marco de convivencia para convertirse en una hoja de ruta maleable, ajustada al deseo del inversor.

Maldonado como laboratorio del exceso

En Maldonado, la política local ha operado como un catalizador de esta lógica. Durante años, se han concedido permisos que desafían la lógica del entorno: alturas que desdibujan el paisaje, cambios normativos hechos a medida y una permisividad que, lejos de atraer solo desarrollo, ha atraído la especulación. Cuando una autoridad departamental decide que una zona no es un espacio público regido por un plan de ordenamiento territorial, sino un terreno de juego para la "flexibilidad" en nombre de la inversión, se está rompiendo el contrato social con los ciudadanos.

Las prebendas no son solo "ayudas"; son una forma de subordinar el interés común al privado. Cuando se otorgan excepciones de altura o de diseño -cambios estructurales sobre la marcha-, se le está diciendo a la sociedad que el poder político local carece de la voluntad, o quizás de la fuerza, para mantener los límites. El resultado es un modelo de desarrollo que no se integra al territorio, sino que lo ocupa. O que hay "fuerzas y recursos" que pueden torcer y someter las leyes y las disposiciones municipales.

La erosión del límite

El peligro de este "Maldonado sin límites" es que crea un precedente de impunidad administrativa. Si al proyecto de mayor escala se le puede cambiar la cara mediante decretos, excepciones y "vistos buenos" exprés, ¿cuál es el mensaje para el resto de los actores económicos? Que la legalidad es una variable de ajuste.

El gobierno nacional, lejos de poner paños fríos, ha validado esta dinámica. Al involucrarse directamente en el seguimiento y la "gestión" de la obra -casi como un capataz de lujo del proyecto-, el Poder Ejecutivo renuncia a su rol de contralor independiente. Se vuelve cómplice de la excepción. Cuando un presidente visita la obra para presionar por plazos, no está ejerciendo la función de gobierno; está operando como un gestor de intereses privados, diluyendo la separación que debe existir entre el Estado y el negocio particular.

El riesgo democrático: El poder que se desborda

El poder sin límites es la antesala de la degradación democrática. Lo que ocurre con el caso Cipriani -la suma de excepciones urbanísticas en Maldonado, las presiones por licencias de juego online y la constante amenaza de caducidad de permisos- es el ciclo vicioso de un Estado que ha cedido su soberanía regulatoria.

Estamos ante una forma de "capitalismo de amigos" o, más precisamente, de "capitalismo de privilegios". Si los gobernantes creen que el desarrollo se compra entregando la ciudad al mejor postor, están profundamente equivocados. El verdadero desarrollo requiere de instituciones fuertes, de normas claras y, sobre todo, de gobernantes que sepan decir "no".

Lo que hoy se le otorga a un inversor en Maldonado es una porción de soberanía política. Y esa es una moneda que, una vez que se empieza a gastar, es muy difícil de recuperar. La política debe servir para ponerle límites al poder, no para allanarle el camino cuando este decide ignorar las reglas que todos los demás ciudadanos estamos obligados a cumplir.

Ahora viene la parte más dolorosa, la trama que hoy sacude tanto a Uruguay como a Italia es el ejemplo perfecto de cómo el poder, cuando se acostumbra a la excepción, termina navegando en aguas muy turbias. Aquí no estamos hablando solo de ladrillos y casinos; estamos hablando de una red de favores y sombras que une el "Bunga Bunga" de Berlusconi con la residencia de Cipriani en la Barra de Maldonado.

El escándalo estalló este abril de 2026: la investigación periodística de Il Fatto Quotidiano que ha puesto en jaque el indulto (perdón presidencial) otorgado en Italia a Nicole Minetti, la actual pareja de Giuseppe Cipriani.

Nicole Minetti, fue la higienista dental de Silvio Berlusconi, convertida luego en diputada regional. Fue condenada en Italia a 2 años y 10 meses de prisión por el delito de favorecimiento de la prostitución (específicamente de menores) en el marco del famoso "Caso Ruby".

El llamado "Caso Ruby" (por Karima El Mahroug, fue el escándalo que reveló las fiestas Bunga Bunga de Silvio Berlusconi. En este marco, Nicole Minetti no fue una simple asistente; fue una pieza clave del engranaje, fue condenada por favorecimiento e inducción a la prostitución (incluyendo menores de edad). La justicia italiana determinó que ella se encargaba de la "gestión logística" de las jóvenes, gestionaba los pagos y los apartamentos donde se alojaban para estar a disposición del Cavaliere Berlusconi

A principios de 2026, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le otorgó un indulto (perdón presidencial) que la libraba de cumplir la cárcel. Este beneficio no fue gratuito; se basó en un expediente supuestamente "humanitario" construido desde Uruguay.

Minetti y su pareja, Giuseppe Cipriani, alegaron que habían adoptado en Uruguay a un niño "huérfano, abandonado al nacer y con graves problemas de salud" que dependía exclusivamente de ellos en el exterior.

La investigación en  abril de 2026 acaba de demoler esa versión. El niño no es huérfano. Nació en 2017 en Maldonado en un contexto de pobreza extrema; su padre estaba preso y su madre, María de los Ángeles González, era indigente.

Esta es la parte más oscura de la trama, donde la "arquitectura de la excepción" de la que hablábamos deja de ser un tema de ladrillos y casinos para convertirse en una crónica policial con olor a impunidad. Lo que ha sucedido en Maldonado en torno a este caso parece sacado de un thriller de conspiración, pero los nombres y las fechas son reales y estremecedores.

Aquí los detalles de lo ocurrido con la madre biológica y la abogada que intentó desafiar al poder:

1. La madre biológica, María de los Ángeles González, del niño que fue presentado como base del pedido de indulto según las investigaciones no había abandonado a su hijo, sino que el niño fue captado por la red de influencias del empresario mientras el padre biológico estaba en prisión.

Se le perdió el rastro de forma oficial en octubre de 2024, poco después de que ella intentara reclamar la restitución del menor tras enterarse de que pretendían sacarlo del país de forma definitiva. Desde entonces, no hay registros de su paradero en los centros asistenciales ni en los refugios que solía frecuentar en Maldonado.

La Dra. Mercedes Nieto, abogada penalista de Maldonado que había tomado el caso de la familia biológica del niño de forma honoraria y su esposo fueron encontrados muertos el 12 de enero del 2025 tras un incendio "repentino y voraz" en su vivienda ubicada en la zona de Garzón.

Aunque inicialmente las autoridades locales lo manejaron como un accidente doméstico por un cortocircuito, la fiscalía especializada ha reabierto el caso este mes tras las revelaciones en Italia. Se investiga un doble homicidio y posterior incendio provocado para destruir la evidencia y los archivos que la abogada poseía sobre el expediente del niño.

Para completar esta crónica de sombras y poder, las figuras claves en Italia que hoy protagonizan el desenlace de esta trama: el Presidente de la República: Sergio Mattarella. Es quien ostenta la máxima autoridad del Estado y quien firmó el decreto de indulto en febrero pasado. Tras las revelaciones de este mes sobre el fraude del "niño huérfano uruguayo", Mattarella se encuentra en una posición sumamente delicada, habiendo solicitado "aclaraciones urgentes e inmediatas" al Ministerio de Justicia para salvaguardar la integridad de la firma presidencial.  El Ministro de Justicia: Carlo Nordio. Exmagistrado y pieza fundamental del gobierno de Giorgia Meloni. Nordio es quien tramitó y recomendó el indulto para Nicole Minetti.

Estos hechos forman un paquete indivisible entre sus influencias en Uruguay a nivel nacional y departamental y en Italia, también a los más altos niveles.