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24.07.2026

La discusión sobre las transferencias sociales reabrió un viejo debate que trasciende la Rendición de Cuentas: la creencia de que quien prospera lo hace únicamente por mérito propio y que quien permanece en la pobreza es responsable de su situación. Pero la historia, la economía y la evidencia muestran una realidad bastante más compleja.

Hay frases que se repiten tanto que terminan pareciendo verdades: "El que quiere, puede", "el pobre es pobre porque no se esfuerza", "a mí nadie me regaló nada"...

Se pronuncian con la seguridad de quien cree estar describiendo un hecho objetivo. Sin embargo, detrás de ellas no hay una ley natural. Hay una forma de mirar el mundo. Una ideología que ha logrado instalarse con tanta fuerza que hoy muchos la aceptan como una explicación evidente del éxito y del fracaso.

La discusión que volvió a plantearse en Uruguay a raíz de la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia no trata solamente sobre una política pública. En realidad, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta mucho más profunda: ¿por qué algunos creen que quién tiene es porque se esforzó y quien no tiene es porque no quiso hacerlo?

Es una idea seductora porque simplifica la realidad. Si todo depende exclusivamente del esfuerzo individual, entonces el éxito siempre es un mérito personal y la pobreza una responsabilidad individual. La sociedad deja de preguntarse por las condiciones de origen, por las oportunidades o por las desigualdades estructurales. Cada uno queda solo frente a su destino.

Pero la realidad nunca fue tan sencilla. Nadie elige el hogar donde nace. Nadie decide si crecerá en una familia que pueda comprar libros, pagar una buena alimentación o acompañar los estudios. Nadie escoge el barrio donde aprenderá a convivir con la violencia o con la tranquilidad. Nadie define si tendrá una escuela de tiempo completo o una institución con enormes carencias. Mucho menos decide heredar una empresa, una vivienda o simplemente una red de contactos que abra puertas.

Y, sin embargo, pretendemos que todos compitan como si hubieran comenzado exactamente desde el mismo punto.

Pierre Bourdieu lo explicó hace décadas con una claridad extraordinaria. El éxito nunca depende únicamente del talento o del esfuerzo. También intervienen el capital económico, el capital cultural y el capital social que cada persona recibe mucho antes de tomar su primera decisión importante. No se trata de negar el mérito. Se trata de reconocer que el mérito nunca actúa en el vacío.

Y aquí aparece una segunda pregunta, igual de incómoda.¿La clase media y la clase media alta tienen lo que tienen exclusivamente porque se esforzaron?

La respuesta, nuevamente, es incompleta. Claro que hubo esfuerzo. Millones de personas estudiaron, trabajaron, emprendieron, hicieron sacrificios enormes para progresar. Ese mérito existe y debe ser reconocido.

Pero ese esfuerzo casi nunca comenzó desde cero. ¿Cuánto influye haber nacido en una familia donde nunca faltó un plato de comida? ¿Poder terminar el liceo sin tener que salir a trabajar a los catorce años? ¿Tener una computadora en la adolescencia, acceso a internet, apoyo familiar para estudiar una carrera, madres y padres amorosos, con tiempo para sus hijos u otros que nunca están en casa porque tienen dos trabajos cada uno, o una casa heredada que evitó pagar alquiler durante décadas?

Nada de eso elimina el esfuerzo. Pero sí demuestra que el mérito nunca viaja solo. Dos personas pueden trabajar con idéntica dedicación durante toda su vida y llegar a destinos completamente distintos porque comenzaron la carrera desde lugares radicalmente diferentes.

El problema del discurso meritocrático aparece cuando convierte ventajas heredadas en méritos exclusivamente personales. Por eso resulta llamativo que cada vez que se discuten políticas sociales reaparezca la sospecha sobre los pobres. Se dice que las transferencias generan dependencia. Que desestimulan el trabajo. Que el dinero termina gastándose en alcohol, cigarrillos o consumos superfluos.

La evidencia científica lleva años diciendo exactamente lo contrario. Diversos estudios realizados en América Latina, África y Asia muestran que las transferencias monetarias no aumentan el consumo de alcohol ni de tabaco y, en muchos casos, incluso lo reducen. Tampoco existe evidencia consistente de que provoquen una caída significativa en la participación laboral. Al contrario: muchas familias utilizan esos recursos para mejorar la alimentación, sostener la escolarización de sus hijos, acceder a medicamentos o enfrentar situaciones de emergencia.

Los datos están disponibles desde hace años. Sin embargo, los prejuicios sobreviven a la evidencia. Y eso debería hacernos pensar. Porque cuando los hechos no modifican una creencia, probablemente ya no estemos frente a un debate técnico, sino frente a una convicción ideológica.

Pero hay una contradicción aún más evidente. Algunos legisladores ("casualmente" de derecha) sostienen que las familias pobres no deberían recibir dinero libremente porque podrían gastarlo en un celular nuevo, en ropa o en cualquier cosa que ellos no consideran prioritaria. Se instala así la idea de que el Estado debe vigilar en qué gasta cada peso quien recibe una transferencia.

Sin embargo, esos mismos legisladores reciben todos los meses partidas para gastos de telefonía celular superiores a los cuatro mil pesos. ¿Alguien controla en qué utilizan ese dinero? ¿Presentan un detalle de cada llamada realizada? ¿Existe una auditoría pública que determine si toda esa partida fue destinada exclusivamente al ejercicio de la función parlamentaria?

No. Y nadie parece escandalizarse por ello. Se parte de un principio básico: la buena fe.

Entonces, ¿por qué ese principio desaparece cuando el dinero llega a una madre pobre? ¿Por qué suponemos que un legislador administrará correctamente recursos públicos y, en cambio, sospechamos de entrada que una mujer que recibe una transferencia para criar a sus hijos los utilizará irresponsablemente?

La diferencia no está en el dinero. Está en la mirada. A unos se les reconoce autonomía. A otros se les exige demostrar permanentemente que merecen la ayuda que reciben. Como si la pobreza implicara también perder el derecho a decidir.

Hay otro aspecto que rara vez aparece en estas discusiones. Cada vez que el Estado destina recursos a los sectores más pobres se habla inmediatamente de gasto, de asistencialismo o de dependencia. Pero cuando el Estado exonera impuestos a grandes inversiones, financia infraestructura para emprendimientos privados, otorga beneficios fiscales o crea regímenes especiales para atraer capitales, casi nadie habla de subsidios. Entonces el lenguaje cambia. Se habla de incentivos. De competitividad. De promoción de inversiones.

Curiosamente, las ayudas parecen molestar únicamente cuando llegan a quienes menos tienen.

No se trata de cuestionar las políticas de promoción de inversiones. Muchas pueden ser necesarias para generar empleo y desarrollo. Lo que resulta difícil de comprender es por qué una parte de la sociedad acepta con naturalidad que el Estado apoye a quienes ya disponen de capital, pero considera sospechoso que ese mismo Estado ayude a quienes nacieron sin prácticamente nada. Tal vez porque el verdadero debate nunca fue económico. Siempre fue moral.

Durante décadas el neoliberalismo consiguió instalar una idea muy poderosa: si el mercado premia el esfuerzo, entonces toda desigualdad es, en alguna medida, justa. Quien triunfa merece su éxito. Quien fracasa debe asumir las consecuencias.

Es una explicación cómoda porque libera a la sociedad de cualquier responsabilidad colectiva. Si la pobreza es consecuencia exclusiva de malas decisiones individuales, entonces no hay nada que corregir. Basta con exigir más esfuerzo.

Pero la historia demuestra otra cosa. Ningún país redujo de manera significativa la pobreza únicamente apelando al mérito personal. Todos los procesos exitosos combinaron crecimiento económico, inversión pública, educación, salud, infraestructura, protección social y generación de oportunidades.

El mérito importa. Claro que importa. Nadie propone una sociedad donde el esfuerzo carezca de valor. Lo verdaderamente injusto sería sostener que el compromiso, el estudio o el trabajo no hacen ninguna diferencia. Lo que sí resulta discutible es convertir el mérito en la única explicación posible del éxito.

Porque el mérito existe. Pero las oportunidades también. Y las oportunidades nunca estuvieron distribuidas de manera uniforme.

La verdadera igualdad no consiste en decir que todos pueden correr la misma carrera. Consiste en procurar que ninguno empiece cincuenta metros detrás del resto.

Por eso las políticas sociales no deberían verse como un premio a la pobreza ni como un castigo al éxito. Son, en el mejor de los casos, un intento imperfecto de reducir desigualdades que nadie eligió al nacer.

La pregunta, entonces, quizás deba formularse de otra manera. No si quien tiene llegó allí gracias a su esfuerzo. Muchos lo hicieron. La pregunta es si todos tuvieron las mismas oportunidades para demostrar ese esfuerzo. La respuesta parece bastante evidente.

Una democracia madura no puede conformarse con premiar a quienes llegan primero. También debe preguntarse por las condiciones en que comenzó la carrera.

Porque el mérito importa. Pero cuando se transforma en una explicación absoluta deja de ser una virtud para convertirse en una coartada.

Y una sociedad que controla con lupa el celular de una madre pobre mientras jamás pregunta en qué gastan sus partidas quienes legislan para ella, no está defendiendo la responsabilidad fiscal.

Está revelando un prejuicio. Y una sociedad que convierte el privilegio en mérito termina confundiendo la desigualdad con la justicia. Esa es, quizás, la mayor trampa de nuestro tiempo.

Y permítame, amable persona que lee estas líneas, terminar con una referencia ideológica que me parece necesaria. 

La izquierda nunca sostuvo que todos debían terminar en el mismo lugar. Sostuvo algo bastante más modesto y, al mismo tiempo, mucho más revolucionario: que nadie debía quedar condenado por el lugar donde nació. Esa diferencia parece pequeña, pero separa dos concepciones completamente distintas de la libertad. Una entiende la libertad como la posibilidad de competir. La otra la entiende como la posibilidad real de desarrollar las propias capacidades. 

La igualdad no consiste en garantizar el mismo resultado. Consiste en impedir que el punto de partida decida de antemano ese resultado.