El poder de los poderosos. Esteban Valenti

18.11.2026

En Uruguay, la forma en que ejercen su poder los poderosos es bastante particular: son los fiscales.

La historia ha registrado muchas formas en que los que detentan el poder lo ejercen sobre el resto de la sociedad: las fuerzas armadas, los bancos, los altos funcionarios públicos, las grandes empresas, los medios de información y comunicación.

Uruguay, desde hace pocos meses, dispone de una novedad. No quiere decir que todos los demás hayan sido abandonados, sino que las fiscalías los ponen a reparo de la más dura de las sanciones; es decir, ejercen el más fuerte e imponente de los poderes: los mantienen libres de sus delitos.

Para ello deben tener las armas necesarias, y la Fiscalía de Corte, la suprema autoridad técnica de todos los fiscales de la nación, dispone nada menos que del Código del Proceso Penal, el célebre CPP. No podemos negar que antes, en el Uruguay, y ante el reclamo del mundo de la justicia a nivel internacional, estábamos anclados al Código Rocco, y que los jueces tenían un poder desmesurado al tratar los casos. Bien a la uruguaya, les quitamos el poder desmesurado que tenían los jueces y se lo dimos a los fiscales. Y a los pocos años de reformado el CPP, estamos discutiendo asombrados qué cambios deberíamos hacer para encontrar el equilibrio que se requiere para el funcionamiento del conjunto del sistema de justicia.

Mientras tanto, los poderosos siempre caen bien parados. Procesos eternos, juicios abreviados o, directamente, el tiempo corriendo a ritmos dignos de Kafka, donde en las computadoras de las fiscalías los casos se empantanan y la sociedad se aburre de tanta ineficiencia interesada. Y los ricos siguen libres.

Yo debería preguntarme para qué cumplí el rito de presentarme ante la oficina de denuncias de la Fiscalía de Corte con el expediente redactado por mí -obviando la posibilidad de que la denuncia fuera realizada por un ciudadano anónimo-, con kilos y kilos de papel comprimidos en un pequeño pendrive, y haber soportado 1.454 minutos de intercambio con una simpática funcionaria.

Lo peor me esperaba afuera, cuando mis amigos y compañeros aguardaban un relato épico sobre la denuncia contra nada menos que el expresidente de la República y el exministro de Defensa Nacional, y se encontraron con el cuento de un trámite burocrático y la confianza en el sistema de justicia horadada por el tiempo y por la vaguedad de la situación.

La pregunta más común al terminar la denuncia era, naturalmente: ¿qué esperaba de tanta expectativa? Yo les contesté a todos lo mismo: tengo confianza, en el fondo, en el funcionamiento de la República y, sobre todo, en la bronca que tienen los ciudadanos porque les robaron 30 millones de dólares -y seguramente, si los planes hubieran funcionado, 160 millones de dólares-, terminados en las manos de un pobre armador de Vigo y de un conjunto de políticos uruguayos y sus cómplices en la Armada y en algunos engranajes enmohecidos de la Fiscalía.

Esa bronca ciudadana a la que apelo no es un sentimiento abstracto ni un mero desahogo de boliche; es, en última instancia, el único contrapeso real frente a la arquitectura de la impunidad que parece haberse perfeccionado en nuestras fiscalias. Porque cuando el expediente ingresa por la mesa de entradas, deja de pertenecer al ciudadano que lo impulsó para convertirse en un fantasma digital, un archivo más en un servidor cuya velocidad de procesamiento parece inversamente proporcional a la jerarquía política o económica de los indagados. 

Allí reside el verdadero arte de la burocracia moderna: no hace falta quemar pruebas ni intimidar testigos a la vieja usanza cuando basta con dejar que el calendario haga su trabajo, desgastando el interés público hasta que el escándalo de ayer sea tapado por la urgencia trivial de mañana.

La historia de aquellas embarcaciones, los pliegos hechos a medida, las advertencias técnicas desoídas y los millones girados hacia las costas gallegas encierra una pedagogía perversa sobre cómo se administra el Estado cuando se confunde el interés nacional con el negocio privado. Mientras al ciudadano de a pie se le exige el cumplimiento milimétrico de cada norma, bajo amenaza de embargos, multas o prisión preventiva dictada en cuestión de horas, los grandes desfalcos al erario parecen gozar de una inmunidad diplomática tácita. Para el delito común, el sistema acusatorio funciona con la precisión de una guillotina; para el delito de guante blanco, se transforma en un laberinto de vistas, pericias postergadas y cambios de fiscal que reinician los plazos una y otra vez.

Al salir de aquella oficina, tras haber entregado el fruto de meses de investigación y recopilación documental, comprendí que el verdadero desafío no terminaba con el sello de recibido. La presentación formal es apenas el primer paso de una carrera de resistencia contra el olvido institucional. Quienes apostaron a que el caso muriera en la indiferencia subestiman la memoria colectiva de un país que, aunque lento para reaccionar, suele tener un umbral muy bajo de tolerancia frente a la estafa cuando los hechos quedan expuestos a la luz del día. El expediente ya no está solo en manos de los operadores judiciales; ahora habita en la conversación pública, en las redacciones que aún conservan independencia y en la mirada atenta de una ciudadanía que empieza a notar las costuras de un sistema diseñado para absolver por cansancio.

Sin embargo, el debate de fondo trasciende este episodio puntual y nos obliga a mirar el espejo institucional con honestidad. No basta con señalar a los responsables de una contratación ruinosa ni con lamentar la lentitud de una sede fiscal; es imprescindible cuestionar un diseño procesal que concentra facultades discrecionales enormes en figuras que no rinden cuentas ante el soberano, pero que tampoco parecen inmunes a las presiones del poder político de turno. El equilibrio entre jueces y fiscales que tanto se discute en los pasillos del Palacio Legislativo no puede resolverse con parches cosméticos ni con repartos de cuotas partidarias, porque lo que está en juego es la credibilidad misma del pacto republicano.

El tiempo dirá si aquel pendrive entregado tras horas de paciente trámite se convierte en la piedra angular de una investigación ejemplar o en una prueba más de la parálisis que aqueja a nuestras instituciones. Pero incluso en el peor de los escenarios, la acción de denunciar cumple un propósito irrenunciable: dejar constancia escrita de que no todos estuvimos dispuestos a mirar hacia otro lado. Porque en una república, el silencio de los ciudadanos es siempre el aliado más eficaz de quienes confunden el poder con la impunidad, y la persistencia en exigir justicia, por más ingrata y solitaria que parezca, sigue siendo la única herramienta capaz de destrabar los engranajes más oxidados del Estado.

Esteban Valenti
2026-11-18T07:15:00

Esteban Valenti.

Trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista, escritor, director de Bitácora (www.suplementobitacora.net) y Uypress (www.uypress.net), columnista en el portal de información Meer (www.meer.com/es)