UY Press - Agencia uruguaya de noticias

14.10.2026

El derecho al cuidado debe traducirse en apoyos concretos y respuestas previsibles para quienes necesitan asistencia y para quienes cuidan

Cuidar a una persona que necesita ayuda para alimentarse, vestirse o movilizarse exige organizar la vida alrededor de necesidades que no pueden postergarse. Cuando el apoyo demora, alguien debe cubrir ese tiempo. Eso puede significar reorganizar horarios de trabajo, reducir ingresos o resignar descanso. La posibilidad de resolverlo depende también de los recursos disponibles.

Por eso, el tiempo de respuesta del Estado merece ocupar un lugar en la discusión política. Reconocer el derecho al cuidado es una conquista. Hacerlo efectivo exige servicios suficientes, trabajadores con condiciones dignas e información clara para las familias. Desde una perspectiva de izquierda, importa preguntarse cómo se distribuyen los costos de la espera y qué compromisos públicos permitirían reducirlos.

Una espera que cuesta distinto

La misma demora puede tener consecuencias muy diferentes. Un hogar con ingresos suficientes puede contratar ayuda mientras aguarda una prestación. Otro puede depender de que un integrante reduzca su jornada laboral o abandone temporalmente el empleo. Son posibilidades que deben considerarse al diseñar la política, porque el acceso efectivo a un derecho también depende de las condiciones materiales de cada familia.

La persona que necesita cuidados tiene derecho a conservar su autonomía, sus vínculos y su capacidad de decidir. Quien cuida también necesita tiempo propio, descanso y oportunidades de trabajo. Una política pública debe atender ambas dimensiones, sin dar por supuesto que dentro de cada hogar siempre habrá alguien disponible para hacerse cargo.

Conviene precisar lo que sabemos. El Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 informa que, en 2025, el programa de Asistentes Personales alcanzaba a unas 5.900 personas y la Teleasistencia a unas 1.100. El propio documento reconoce que la cobertura continúa siendo limitada. Esas cifras describen personas atendidas por servicios diferentes: no equivalen a una lista de espera ni permiten calcular, por sí solas, toda la demanda insatisfecha.

La precisión importa. La crítica política gana fuerza cuando distingue los datos de las interpretaciones y reconoce aquello que todavía necesita ser comprobado. La insuficiencia de cobertura señalada por el plan oficial ofrece una base para discutir cómo ampliar la respuesta.

La igualdad también se juega en el acceso

Uruguay debe valorar la construcción de una política que reconoce el cuidado como una responsabilidad social. Ese reconocimiento permite discutir su financiamiento, su calidad y su organización en el terreno de los derechos. También obliga a evaluar hasta dónde llega la respuesta y qué obstáculos encuentran las personas para utilizarla.

Entre presentar una solicitud y recibir un apoyo existen etapas de evaluación y asignación. La página del BPS dedicada a explicar la demora del programa de Asistentes Personales describe la valoración domiciliaria realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, pero no informa allí un plazo concreto. Esa ausencia de información pública en la página no demuestra cuánto demora cada trámite. Sí abre una pregunta legítima sobre la previsibilidad de la respuesta.

Una familia necesita saber en qué etapa está su solicitud, qué documentación falta y cuándo tendrá novedades. Explicar estos pasos y comunicar las demoras forma parte de una gestión respetuosa. Además, permite diferenciar una dificultad administrativa de una insuficiencia de servicios o de recursos.

La equidad de género debe atravesar esta discusión. La política debe evitar que se dé por sentada la disponibilidad de las mujeres para resolver las necesidades de cuidado. Distribuir responsabilidades entre el Estado, las familias, la comunidad y los actores económicos requiere servicios que permitan compatibilizar el cuidado con el empleo y la participación social.

Una izquierda que se hace responsable de la respuesta

Para una izquierda democrática, ampliar los cuidados es una forma concreta de transformar la vida cotidiana. Permite proteger a quienes necesitan asistencia y mejorar las oportunidades de quienes sostienen esa tarea. Su vínculo con el desarrollo aparece en la posibilidad de trabajar, capacitarse y participar sin que una necesidad familiar obligue a renunciar a esas oportunidades.

El Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 propone modificar el modelo de acceso, avanzar hacia una postulación única al sistema y ampliar la oferta de programas y subsidios. Son orientaciones que deben traducirse en medidas financiadas, responsabilidades claras y resultados que puedan ser evaluados. Una previsión del plan no debe presentarse como un logro ya realizado.

Podemos plantear compromisos concretos: publicar información periódica sobre solicitudes pendientes y tiempos de respuesta; comunicar a cada persona el estado de su trámite; establecer criterios de prioridad comprensibles; y definir metas de ampliación de cobertura acordes con los recursos disponibles. La información debería permitir distinguir las etapas del proceso y las diferencias territoriales.

Todo esto exige cuidar también a quienes trabajan en el sector. La formación, las remuneraciones dignas y la continuidad laboral son condiciones para ofrecer un servicio de calidad. Acelerar respuestas requiere personal y organización adecuados. La responsabilidad política consiste en explicar cómo se alcanzarán las metas y rendir cuentas sobre su cumplimiento.

La confianza necesita pruebas cotidianas

La confianza ciudadana se relaciona con la experiencia de ser escuchado y recibir una respuesta. Cuando una necesidad permanece sin solución y sin explicación, puede crecer la distancia entre las personas y las instituciones. Esa relación merece atención política, aunque las cifras de cobertura, por sí solas, no permitan medir sus efectos sobre la confianza.

Una democracia se fortalece cuando sus ciudadanos pueden conocer las decisiones, exigir explicaciones y evaluar los resultados. En los cuidados, esa posibilidad debe estar al alcance de quien presenta una solicitud y de quien necesita entender cómo funciona el conjunto del sistema. Publicar información útil y accesible es una forma de respetar a ambos.

Poner primero al Uruguay y a su gente supone mirar qué ocurre dentro de los hogares, donde las necesidades continúan mientras se tramitan las respuestas. Supone reconocer lo construido y asumir la responsabilidad de mejorarlo. El cuidado merece ocupar un lugar central en un proyecto de desarrollo que amplíe oportunidades y reduzca desigualdades.

El tiempo de la gente tiene valor. Una política de izquierda debe incorporarlo a sus decisiones, protegerlo mediante servicios suficientes y respetarlo con respuestas claras. La confianza puede encontrar allí una base concreta: un Estado que acompaña, explica y cumple.

Gerardo Amengual es integrante de la Dirección Nacional de SER, lista 141 FRENTE AMPLIO.

Fuentes

Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Plan Nacional de Cuidados 2026-2030, apartado sobre ampliación del acceso. Datos de cobertura correspondientes a 2025. https://www.gub.uy/sistema-cuidados/sites/sistema-cuidados/files/2026-06/Plan%20Nacional%20de%20Cuidados%202026-2030_web.pdf

Banco de Previsión Social. ¿Cuál es la demora en la que se asigna el Asistente personal? Consultado el 12 de octubre de 2026. https://www.bps.gub.uy/23728/cual-es-la-demora-en-la-que-se-asigna-el-asistente-personal.html

Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS