UY Press - Agencia uruguaya de noticias

05.10.2026

Los hogares con menos ingresos no solo disponen de menos dinero: la falta de liquidez, crédito, infraestructura y cercanía reduce lo que cada peso puede comprar.

Una familia compra el envase pequeño de aceite porque no puede inmovilizar dinero en uno grande. Recarga datos móviles por un día porque necesita conservar efectivo para mañana. Acepta un préstamo costoso porque la emergencia no puede esperar. Viaja durante horas para llegar a una clínica, un banco o una oficina pública.

Cada decisión parece distinta. Todas comparten una característica: tener menos recursos puede aumentar el costo de resolver necesidades básicas.

No necesariamente son malas decisiones. Comprar poco puede ser perfectamente racional cuando el ingreso es irregular, no existe espacio para almacenar o el dinero disponible también debe cubrir alimentos, transporte y electricidad. Una recarga pequeña protege la liquidez. Un crédito caro puede resolver una urgencia que no admite demora.

El problema es que el mercado suele cobrar por esa flexibilidad.

La discusión importa para una población enorme. La CEPAL estima que 162 millones de latinoamericanos, equivalentes al 25,5 % de la población regional, vivían en pobreza por ingresos en 2024. Otros 62 millones estaban en pobreza extrema [1].

Pero medir cuánto dinero entra en un hogar cuenta solamente una parte de la historia.

Dos familias con exactamente el mismo ingreso pueden alcanzar niveles de vida diferentes si una puede comprar por volumen, acceder a crédito barato, desplazarse fácilmente, almacenar productos y utilizar servicios públicos confiables, mientras la otra no puede hacerlo.

La diferencia está en cuánto bienestar consigue comprar cada peso.

A esta situación suele llamársele "impuesto a la pobreza", aunque no se trate de un impuesto ni aparezca en ninguna factura. Tampoco significa que una persona de bajos ingresos pague siempre más por todos los productos. El fenómeno es más complejo: pequeñas penalidades se acumulan cuando faltan liquidez, crédito, infraestructura, almacenamiento, tiempo o poder de negociación.

El primer recargo puede aparecer en algo tan cotidiano como el tamaño del paquete.

Comprar una presentación grande suele permitir aprovechar descuentos por cantidad, pero exige desembolsar más dinero de una sola vez. Quien dispone de liquidez puede comprar para el mes. 

Quien vive al día compra para hoy.

Attanasio y Pastorino documentaron en comunidades rurales mexicanas descuentos importantes por cantidad en productos básicos y analizaron cómo las restricciones presupuestarias interactúan con estructuras de precios no lineales [2]. Su investigación también ofrece una advertencia importante: estos esquemas no perjudican automáticamente a todos los hogares de menores recursos y, bajo determinadas condiciones, pueden incluso ampliar la participación en el mercado.

La conclusión, por tanto, no es que el envase pequeño siempre castigue al pobre.

Es otra: la falta de liquidez limita la posibilidad de elegir cuándo conviene comprar más para pagar menos por unidad.

Incluso comparar precios puede resultar engañoso.

Angus Deaton mostró hace décadas que los llamados valores unitarios obtenidos de las encuestas de hogares no representan necesariamente precios puros. También reflejan diferencias de calidad, composición de las compras y errores de medición [3].

Esto importa porque una familia puede reducir lo que paga por kilo cambiando de marca, calidad, frescura o características nutricionales. El gasto unitario disminuye, pero parte del ahorro puede provenir de consumir algo diferente.

Lo barato no siempre significa que el mismo producto costó menos.

A veces significa que el consumidor tuvo que renunciar a alguna característica para poder comprarlo.

El segundo recargo aparece con enorme claridad en el crédito.

Quien posee empleo formal, ingreso estable, historial crediticio y posibilidad de esperar suele recibir mejores condiciones. Quien necesita poco dinero inmediatamente puede enfrentarse exactamente al escenario contrario.

Bonomo y sus colegas analizaron información de más de un millón de personas en Brasil. Encontraron que los préstamos personales presentaban una tasa anual promedio cercana al 146 %, frente a aproximadamente 28 % en los préstamos con descuento directo de nómina. Más importante aún, después de considerar diferencias de riesgo y características de los créditos, quienes ganaban entre uno y dos salarios mínimos pagaban tasas entre 28 y 44 puntos porcentuales superiores a las de quienes recibían más de 20 salarios mínimos [4].

La lógica resulta difícil de ignorar.

Quien tiene menor capacidad para absorber el costo del dinero puede terminar pagando más por él.

El tercer recargo cabe en un teléfono.

El sistema prepago ofrece una enorme ventaja: permite controlar el desembolso y evita comprometerse con una factura mensual. Para millones de personas es precisamente esa flexibilidad la que hace posible mantenerse conectadas.

Pero las cantidades pequeñas también pueden tener un precio unitario mayor.

Un análisis de tarifas móviles en ocho países encontró un ejemplo revelador en Brasil. Un paquete mensual de Claro de 300 megabytes costaba 7,99 reales, equivalente a unos US$4,90 por gigabyte. Un paquete de dos gigabytes costaba 29,99 reales, o alrededor de US$2,80 por gigabyte [5].

La presentación pequeña costaba aproximadamente 75 % más por unidad.

El consumidor que podía desembolsar casi cuatro veces más dinero de una sola vez recibía datos considerablemente más baratos por gigabyte.

Esto ya no es únicamente una cuestión de entretenimiento. Quedarse sin conexión puede significar no poder solicitar un empleo, asistir a una clase, utilizar banca digital, completar un formulario, enviar un documento o comparar precios.

La falta de conectividad puede incluso impedir utilizar herramientas que permitirían ahorrar dinero en otras áreas.

El cuarto recargo lo cobra el territorio.

Vivir lejos del empleo, de una clínica, de un supermercado, de una universidad o de una sucursal bancaria añade pasajes, transbordos, espera y tiempo que no se remunera.

La revisión de Oviedo y sus colegas sobre la asequibilidad del transporte en América Latina muestra que los hogares de menores ingresos soportan cargas proporcionalmente mayores para acceder a oportunidades y servicios. La ubicación periférica puede combinar costos monetarios con largos tiempos de espera, transbordos y menor disponibilidad de transporte [6].

Aquí aparece otro error frecuente en las estadísticas.

Gastar poco en transporte no necesariamente significa que el transporte sea asequible.

Puede significar que la persona dejó de hacer el viaje.

No acudió a una consulta. No solicitó un empleo. No realizó un trámite. No visitó una universidad.

La restricción no aparece como gasto porque aparece como oportunidad perdida.

República Dominicana permite observar otra dimensión del problema: lo que ocurre cuando un servicio colectivo no satisface completamente una necesidad y el hogar debe adquirir una solución adicional.

La ENHOGAR-MICS 2025 encontró que el agua embotellada constituye la principal fuente de agua para beber del 85,1 % de los hogares dominicanos. Otro 5,7 % utiliza principalmente agua procesada distribuida por camiones [7].

Un análisis anterior del Banco Mundial permite comprender la dimensión distributiva del fenómeno. Utilizando datos de 2018, estimó que el 40 % de hogares de menores recursos atendidos por la CAASD destinaba aproximadamente el 12,8 % de su consumo mensual al agua. De esa cantidad, 11,7 puntos porcentuales correspondían a agua embotellada [8].

El dato de gasto es anterior y no debe presentarse como una medición de la situación actual. Pero adquiere relevancia cuando se observa junto con la persistencia del consumo masivo de agua embotellada reportada en 2025.

El hogar paga por el servicio de red y después destina recursos adicionales a obtener el agua que considera apropiada para beber.

El mecanismo que une estos ejemplos podría llamarse prima de inestabilidad.

Los mercados suelen ofrecer mejores condiciones a quien puede comprometerse: comprar por volumen, mantener un saldo, contratar un plan, esperar una promoción, presentar un ingreso estable, pagar puntualmente o trasladarse en vehículo propio.

La pobreza dificulta ofrecer esas certezas.

Por eso el problema no consiste solamente en recibir menos dinero.

Consiste también en enfrentar un tipo de cambio doméstico desfavorable entre dinero y bienestar.

Esta idea cambia la manera de interpretar incluso las estadísticas tradicionales.

Una línea de pobreza mide recursos monetarios, pero difícilmente puede capturar que dos personas pagan precios unitarios diferentes porque compran presentaciones distintas; que una familia consume una versión de menor calidad para reducir el gasto; que un servicio público insuficiente obliga a realizar una compra adicional; o que acceder a una oportunidad exige tres horas de transporte.

Incluso el índice promedio de precios puede describir imperfectamente la experiencia de un hogar que compra en otro establecimiento, otra presentación, otro barrio y mediante otro sistema de financiamiento.

Nada de esto significa que deban prohibirse los envases pequeños, el prepago o el crédito de emergencia.

Sería un error.

Esas alternativas existen precisamente porque resuelven restricciones reales. Eliminar la presentación pequeña puede obligar a desembolsar dinero que la familia no tiene. Suprimir el prepago puede excluir a quien no puede comprometerse con un contrato mensual. Restringir indiscriminadamente el crédito puede dejar sin opciones a quien enfrenta una emergencia.

Tampoco basta con responder mediante educación financiera.

Explicarle a una familia que comprar el envase grande es más económico no crea el dinero necesario para comprarlo.

Saber cuál es la mejor decisión no significa tener capacidad para tomarla.

Reducir esta penalidad exige actuar sobre las restricciones que la producen.

Las transferencias sociales predecibles pueden disminuir la necesidad de realizar compras de emergencia. Mostrar claramente el precio por unidad permite comparar presentaciones. Los planes de datos pueden diseñarse para no penalizar desproporcionadamente las compras pequeñas. Una mayor transparencia sobre el costo total del crédito facilita la comparación entre alternativas.

Pero las soluciones más importantes están fuera de la tienda y del banco.

Agua potable confiable, transporte asequible, conectividad accesible y servicios públicos cercanos reducen costos que los hogares pobres hoy absorben individualmente. Sistemas de compras colectivas, ahorro, almacenamiento comunitario o cooperativas pueden acercar algunas economías de escala a personas que individualmente carecen del capital necesario para obtenerlas.

La política más efectiva no consiste en decirle a una persona de bajos ingresos que debe "comprar mejor".

Consiste en ampliar su capacidad real para elegir.

Elegir cuándo comprar.

Cuánto comprar.

Dónde comprar.

Cómo financiarlo.

Y cuánto tiempo está dispuesta a sacrificar para conseguirlo.

La pobreza suele describirse como falta de recursos. Es también falta de margen.

Quien dispone de margen puede esperar, comparar, almacenar, financiarse barato y absorber una emergencia. Puede comprar volumen, tiempo, calidad y seguridad.

Quien vive al día paga por dosis pequeñas, urgencia, distancia e incertidumbre.

Por eso, en América Latina, ser pobre cuesta más caro: cada peso debe superar más obstáculos antes de convertirse en bienestar.

Luis J. Camacho es académico, investigador y editor en las áreas de negocios internacionales, comportamiento del consumidor y sostenibilidad. Preside ALBUS y dirige LABSREVIEW.

Referencias

[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025: Cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/84175-panorama-social-america-latina-caribe-2025-como-salir-la-trampa-alta-desigualdad?utm_source=chatgpt.com

[2] Attanasio, O., & Pastorino, E. (2020). Nonlinear Pricing in Village Economies. Econometrica, 88(1), 207-263. https://doi.org/10.3982/ECTA13918
[3] Deaton, A. (1988). Quality, Quantity, and Spatial Variation of Price. The American Economic Review, 78(3), 418-430. http://www.jstor.org/stable/1809142

[4] Bonomo, M., Cavalcanti, T., Chertman, F., Fantinatti, A., Hannon, A., & Santos, C. (2025). Consumer loans, heterogeneous interest rates, and inequality (Working Paper Series No. 614). Banco Central do Brasil. https://bcb.gov.br/content/publicacoes/WorkingPaperSeries/WP614.pdf?

[5] Global Digital Inclusion Partnership. (2025, January 22). Not every byte is equal: Understanding mobile data pricing trends in the majority world. Global Digital Inclusion Partnership. https://globaldigitalinclusion.org/2025/01/22/not-every-byte-is-equal-understanding-mobile-data-pricing-trends-in-the-majority-world/?

[6] Oviedo, D., Meléndez Fuentes, N., & Chong, A. Z. W. (2025). Transport Affordability Across Time and Space: Considerations for Latin America and the Caribbean and Other Global South Settings. Journal of Planning Literature, 0(0). https://doi.org/10.1177/08854122251343876

[7] Oficina Nacional de Estadística (ONE). (2026). ENHOGAR-MICS 2025: Informe básico de resultados. Oficina Nacional de Estadística, República Dominicana.https://www.one.gob.do/publicaciones/2026/enhogar-mics-2025-informe-basico-de-resultados/

[8] World Bank. (2021). Dominican Republic Public Expenditure Review. World Bank, Washington, DC. Report No. 35856. https://neuseal.mod.gov.my/neuseal/Record/okr-10986-35856