UY Press - Agencia uruguaya de noticias

05.07.2026

Cada cierto tiempo, la política uruguaya parece olvidar una de las conquistas más importantes de su historia reciente: los gobiernos se eligen en las urnas y se cambian en las urnas. Todo lo demás constituye una excepción prevista por la Constitución para situaciones excepcionales.

Por eso resulta profundamente preocupante que, a un año y pico de gobierno, ya existan voces que reclaman la renuncia del presidente Yamandú Orsi. No porque un presidente no pueda ser criticado. Debe serlo. No porque un gobierno no pueda equivocarse. Se equivoca. Ni siquiera porque la oposición deba ser complaciente. Su obligación es controlar, denunciar y ofrecer alternativas.

Lo preocupante es otra cosa: naturalizar la idea de que la derrota electoral puede corregirse por otros caminos.

La democracia no consiste únicamente en votar. Consiste también en aceptar el resultado del voto, respetar los tiempos institucionales y reconocer que la legitimidad de un gobierno proviene de la voluntad popular y permanece vigente mientras conserve las condiciones constitucionales para ejercer el cargo.

Orsi fue electo por la ciudadanía para gobernar cinco años. Ese mandato no pertenece al Frente Amplio, ni al presidente, ni a su coalición. Pertenece al pueblo uruguayo. Alterarlo por razones de conveniencia política significaría debilitar una de las pocas certezas que sostienen nuestra convivencia democrática.

Las críticas al gobierno pueden y deben ser durísimas. Hay que investigar a fondo todas las irregularidades que correspondan. Si existen responsabilidades políticas, administrativas o penales, deberán determinarse con todas las garantías del Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley. Pero tampoco nadie puede colocarse por encima del veredicto de las urnas.

La izquierda uruguaya conoce demasiado bien el valor de la institucionalidad como para relativizarla cuando gobierna. También debería conocerlo la derecha cuando le toca ser oposición. La alternancia democrática supone una regla sencilla: quién gana gobierna; quien pierde controla y espera la próxima elección. Esa fue la conducta que permitió consolidar una democracia admirada en la región.

Convertir cada crisis política en una discusión sobre la continuidad del presidente es importar una lógica ajena a la tradición republicana del Uruguay. Es transformar el conflicto político permanente en inestabilidad institucional permanente. Y cuando eso ocurre, nadie gana. Ni el oficialismo ni la oposición. Pierde la democracia.

Existe, además, una diferencia fundamental entre exigir responsabilidades y exigir renuncias presidenciales. La primera fortalece las instituciones porque obliga al poder a rendir cuentas. La segunda, cuando no existen causales constitucionales que la justifiquen, erosiona la legitimidad del propio sistema democrático.

Las democracias maduras no se distinguen porque sus gobiernos nunca cometan errores. Se distinguen porque cuentan con mecanismos institucionales para corregirlos sin poner en cuestión el mandato popular.

Defender que Orsi complete su período presidencial no significa respaldar todas sus decisiones. Significa defender un principio mucho más importante que cualquier gobierno: el de la soberanía popular. Porque mañana puede gobernar otro partido. Y ese presidente también deberá terminar el mandato que la ciudadanía le otorgó. Las reglas democráticas no se defienden según quién ocupe el poder. Se defienden precisamente cuando resulta más incómodo hacerlo.

La estabilidad institucional no pertenece a un gobierno. Es patrimonio de toda la República. Y ese patrimonio merece ser defendido con la misma firmeza con que se defiende la libertad, la justicia o el voto.

Porque cuando comienza a discutirse si un presidente electo debe terminar o no su mandato por razones exclusivamente políticas, la discusión ya dejó de ser sobre Orsi. Empieza a ser sobre la calidad de nuestra democracia.