UY Press - Agencia uruguaya de noticias

14.08.2024

Me disculpo por la longitud de esta nota, pero ciertas afirmaciones deben ser fundamentadas y demostradas con información. Y considero este aspecto fundamental para entender el proceso de deterioro y decadencia venezolana.

El régimen de Nicolás Maduro en una de sus explosiones de publicidad mundial, lanzó el concepto del "socialismo del siglo XXI", ninguno de los datos económicos y sociales han demostrado Ningún resultado positivo o elementos que permitan hablar de socialismo. La peor síntesis de sus fracasos es la emigración de 8 millones de venezolanos en los últimos 10 años y que según oficinas de la ONU hay 9 millones de venezolanos en emergencia alimentaria.

Debe ser la peor propaganda sobre el socialismo desde su nacimiento hace más de dos siglos. Nunca un gobierno logró destrozar los indicadores económicos y sociales de esta manera.

Ahora se ha incorporado un nuevo elemento, el fraude en las elecciones nacionales, donde la Comisión Electoral, totalmente dependiente del régimen se niega a publicar las actas, cuando han transcurrido ya dos semanas desde las elecciones. Y no las van a publicar, porque la oposición ya las publicó en Internet, y el oficialismo llegó al 30% de los votos y la oposición al 67%. Un resultado aplastante e inocultable.

Hay gobierno y personalidades en el mundo que siguen reclamando la publicación de las actas. Una diversión o en el mejor de los casos lograr que el paso del tiempo disminuya el impacto de un robo flagrante de las elecciones por parte de la dictadura.

Pero hay un episodio que muestra cierta inocencia y candidez en la propia oposición, cuando llamaron a las Fuerzas Armadas de Venezuela a hacer respetar la voluntad popular. La respuesta fue inmediata, la imagen de los generales y jefes de los servicios de seguridad, brindando todo su apoyo a Maduro. En realidad lo que estaban proclamando los uniformados, es que ellos son los dueños del poder y que no tienen ninguna intención de entregarlo.

Maduro, con licencia para hacer discursos tronantes y payasadas de diverso tipo, es un instrumento privilegiado, junto con todo su entorno, pero quienes manejan el poder en Venezuela son los militares y los servicios de seguridad, políticamente, económicamente y en la apropiación del máximo de la renta nacional.

Lo que funciona en Venezuela al igual que Cuba es un "capitalismo militar", una variable local del sistema de apropiación de la mayor parte de las riquezas por parte de la cúpula cívico-militar

Nos podría venir la tentación de llamarlo socialismo militar, pero sería falso, lo que funciona es la apropiación organizada de los principales bienes de producción, cambio y consumo de la estructura militar y la ocupación a través del PSV, de su cúpula de todas las estructuras del Estado. El poder ejecutivo en pleno, el poder legislativo (perdieron las elecciones en el 2015 y las anularon a través de la Suprema Corte de Justicia), la Comisión Nacional Electoral y a través del Supremo Tribunal de Justicia, de toda la estructura del poder judicial.

El régimen militar de Nicolás Maduro se consolidó en la búsqueda del autoabastecimiento en momentos de crisis. Constructoras, petroleras y firmas agrícolas están dirigidas por oficiales con roles clave en el gabinete

Al comienzo de su gobierno, en abril de 2013, el presidente venezolano Nicolás Maduro consideró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debía construir un poderoso conglomerado en el marco de la zona económica militar.

Durante cuatro años, la FANB no detuvo los esfuerzos para ampliar su dominio: petroleras, constructoras, firmas agrícolas, seguros, bancos y fábricas de ropa y vehículos forman parte del grupo de empresas en manos de los militares.

Entre 1956 y 1998, la actividad de las FFAA se centró en la elaboración e importación de municiones y equipos. Durante el gobierno de Hugo Chávez crearon una constructora y una ensambladora de vehículos blindados, pero con la llegada de Maduro el número de firmas creció exponencialmente.

Entre 2013 y 2017 se crearon 14 nuevas compañías militares en áreas clave, con lo cual el poderío económico de la FANB ascendió a un total de 20 industrias. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, afirmó este año que es necesario impulsar el motor militar y ordenó a las empresas "aumentar su productividad y eficiencia".

Con los gobiernos de Chávez y Maduro, los militares han sido ministros, presidentes de organismos y empresas estatales. Pero, además de esos roles, se les ha permitido tener empresas, con lo cual el presidente otorga beneficios a cambio de lealtad, según señalan los analistas.

El conglomerado militar va desde la fabricación de municiones hasta la elaboración de uniformes y embotellamiento de agua. Y a 16 de esas 20 compañías, el Poder Ejecutivo le destinó este año, de manera inicial, más de 1.000 millones de bolívares.

Además de la fabricación de diversos rubros militares, obviamente los más básicos pues el resto se importa, por parte de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), creada en 1975.

El régimen de Maduro formó Emiltra para controlar la distribución de rubros básicos, especialmente de los alimentos. Autoridades anunciaron en 2013 que la compañía apoyaría a los ministerios. Los registros de Defensa y el Sistema de Contratistas muestran que ha llegado a prestar servicios a las distribuidoras Pdval, Mercal, Abastos Bicentenarios, Lácteos Los Andes, y a agroindustrias privadas.

La Constructora Ipsfa se creó en 2012 para el desarrollo de obras públicas y viviendas: remodeló hospitales e instalaciones militares como el Fuerte Mara y el Fuerte Paramacay.

Constructora FANB se armó en 2013 y tiene a Juan García Toussaint, el actual ministro de Transporte, en la dirección general. Su misión también es hacer obras y casas, y al igual que Ipsfa, reformó construcciones militares y proyectos de entes oficiales.

Cancorfanb, tambien dirigida por García Toussaint, fue creada en 2014 para explotar piedra y arena para la venta de agregados.

Y, además, el control militar se extiende hasta la distribución de cemento. Actualmente, las cementeras estatales dan la prioridad en el despacho de ese insumo a las empresas militares, según denunciaron fuentes del sector construcción.

Agrofanb, creada en agosto de 2013, es clave en el conglomerado de la FANB. De acuerdo con el plan de siembra notificado por el Gobierno a junio de este año, tiene como meta sembrar 720.000 hectáreas de arroz, maíz, café y sorgo.

Es la mayor beneficiada de los insumos para la siembra, de acuerdo con productores consultados. Su presidente José Aguilera también dirige Agropatria, la empresa nacionalizada hace siete años y que se encarga de vender a los agricultores semillas, agroquímicos, entre otros artículos.

Tiene alianzas con privados como El Tunal, Agroinsumos El Granero, Asoguárico, etc. Algunas de estas empresas han recibido, a través del dólar complementario (Dicom), más de 400.000 dólares, según explicó Crónica Uno. Mientras, agricultores denunciaron que apenas pudieron adquirir 30% de los materiales que requerían para el inicio de este ciclo de siembra.

Militares importan y fabrican ropa, agua, artefactos eléctricos, muebles y hasta neumáticos. En 2016 se inauguró el Complejo Industrial Tiuna I, cuyas accionistas son Cavim y el Grupo Atahualpa.

De acuerdo con su decreto de creación, este complejo hace de todo ya que envasa y comercializa: el agua mineral que se reparte en las concentraciones oficialistas, productos textiles, electrodomésticos, muebles, equipos médicos quirúrgicos, útiles y textos escolares, juguetes y utensilios de cocina.

El Complejo Tiuna II se formó este año para la siembra y cultivo de algodón, confección de uniformes militares y prendas de damas, caballeros y niños.

Y a estos complejos, se suma Neumalba, que tiene como propietarios a Camimpeg y Covencaucho. Se encarga de producir y comercializar todo tipo de cauchos, materias primas y equipos. Prestará servicios de transporte y está buscando alianzas con privados, señalan fuentes del sector.

En el sector automotor, está Automotores Ipsfa, para la comercialización de vehículos Chery y Venirauto.

En cuanto a la impresión, en junio de este año el ministerio de Defensa creó Imprefanb para "explotar el ramo de la imprenta, tipografía, litografía, elaboración de impresas, papelería, libros, revistas, tarjetería, trípticos, encuadernación".

Los militares cuentan desde 1956 con Seguros Horizonte, que actualmente es la segunda aseguradora del mercado y maneja gran parte de las pólizas del sector público.

El Banco de la Fuerza Armada Nacional también fue inaugurado por Maduro para garantizar servicios "a la familia militar". Tras su conformación, el mandatario indicó que "será un poderoso banco".

El Fondo Negro Primero es el fondo de financiamiento de los militares, que este año recibió una asignación inicial de 2.400 millones de bolívares. Financia la Misión Negro Primero, varios de los proyectos que ejecutan las empresas militares y con los recursos que maneja puede hacer operaciones financieras.

A fines de 2013, la cadena TVFanb comenzó sus transmisiones y opera como el resto de los medios públicos. "Esta televisión tiene que ser para el país, para que se entere y puedan ver la hermosa obra que el Comandante Chávez logró al resucitar la doctrina de Bolívar en la FANB", expresó Maduro cuando la aprobó.

Y los oficiales cuentan con una empresa para ventas de equipos de telecomunicaciones: Emcofanb. También ofrece equipos de informática y organiza eventos.

Los militares cuentan con proveedoras de productos y agencia de viajes. Desde 1996, el ministerio de Defensa tiene Inversora Ipsfa, que provee productos y servicios a oficiales como la tarjeta de alimentación, mantenimiento de oficinas y comercialización de mercancías en consignación.

Ahora pasemos al sector clave, el petróleo. La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) se formó en 2016 y es dirigida por la vicepresidenta de PDVSA, Maribel Parra, y el ahora jefe del gobierno del Distrito Capital, José Benavides Torres, entre otros oficiales.

Se encarga de la rehabilitación y mantenimiento de pozos, administración de taladros, apoyo logístico en las instalaciones petroleras, importación y distribución de productos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera. Tiene un presupuesto de 270.000 millones de bolívares y una meta: obtener 250.000 barriles diarios cuando la industria petrolera está en crisis.

Camimpeg tiene como socio privado a Southern Procurement Services (propiedad de venezolanos y registrada en el Reino Unido), y esta alianza firmó un acuerdo con PDVSA en mayo para incrementar la producción de crudo.

El pasado 6 de julio, el mayor general Manuel Quevedo se unió en oración a su esposa, un sacerdote católico y un grupo de trabajadores petroleros en una sala de conferencias de la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas.

El militar de carrera, quien ha llevado las riendas de la atribulada petrolera estatal en el último año, no presenció una misa ordinaria. En la ceremonia, Quevedo y otros altos funcionarios de la industria petrolera venezolana le pidieron a Dios incrementar la producción de crudo.

"Este espacio de paz y espiritualidad", se lee en un comunicado del Ministerio de Petróleo que luego fue retirado de su página web, "estuvo acompañado por las peticiones de la clase trabajadora dirigidas a la recuperación productiva de la industria".

El presidente Nicolás Maduro sorprendió a muchos en noviembre de 2017 cuando nombró a Quevedo, un alto oficial de la Guardia Nacional sin experiencia en el sector petrolero, para dirigir PDVSA.

Desde entonces, las acciones de Quevedo han despertado aún más dudas de que él y los demás militares que dirigen PDVSA tengan un plan viable para rescatar la empresa de una deuda aplastante, el éxodo de buena parte de sus trabajadores y una producción menguante, que ha bajado a su menor nivel en casi siete décadas.

Además de suplicar al cielo, Quevedo ha ejecutado en los últimos meses una serie de polémicas medidas que expertos de la industria, empleados y contratistas de PDVSA e, incluso, ciudadanos comunes, dicen está empujando a la ruina a la otrora respetada y rentable compañía, que opera en el país con la mayor reserva de crudo de todo el mundo.

Los trabajadores que cometan errores al operar los cada vez mas deteriorados equipos de PDVSA enfrentan el riesgo de ser arrestados bajo acusaciones ??de sabotaje o corrupción. Asimismo, jefes militares con nexos con el sector privado se disputan con otros contratistas lucrativos contratos de servicios y negocios de suministro a la compañía.

En un revés poco difundido de la política gubernamental de nacionalización de la industria, que perduró por casi dos décadas, la falta de experiencia entre gerentes militares está llevando a PDVSA a contratar firmas externas para mantener a flote incluso sus operaciones medulares, como perforar o producir crudo en los campos petroleros.

Para consternación de muchos actores familiarizados con la industria petrolera venezolana, algunos contratos se asignan a compañías poco conocidas sin experiencia en el sector.

Combinadas, las acciones de las Fuerzas Armadas en PDVSA dejan a la compañía más importante del país, responsable de más del 90 por ciento de sus ingresos por exportaciones, con cada vez menos vías para reconstruir las finanzas nacionales, pagar a sus numerosos acreedores y recuperar su holgada autosuficiencia como productor de petróleo, dicen veteranos de la industria.

"Vemos una política de destrucción de la industria petrolera", dijo José Bodas, secretario general de la Federación de Trabajadores del Petróleo, un sindicato nacional de trabajadores. "Los militares no escuchan a los trabajadores. Pretenden dar órdenes, con el agravante de que desconocen la naturaleza de un trabajo tan complejo". "PDVSA SOCIALISTA"

Maduro defiende a los jefes militares argumentando que están más en sintonía con su visión socialista en comparación con profesionales capitalistas de la industria que "explotan" al país para beneficio personal.

"Quiero a una PDVSA socialista", dijo el presidente a la Asamblea Nacional Constituyente a comienzos de año. "Una PDVSA ética, soberana y productiva. Hay que romper el modelo rentista petrolero", agregó.

Quevedo, quien es a la vez ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo. Ni el Ministerio de Comunicación e Información ni la oficina de prensa de PDVSA respondieron a llamadas telefónicas o correos electrónicos de Reuters.

PDVSA y el Ministerio de Petróleo han revelado escasa información sobre Quevedo, que tiene 51 años, según su registro de seguridad social. Aunque rara vez hace discursos públicos, a su llegada a una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena en junio, Quevedo dijo a periodistas que PDVSA era consciente de sus desafíos y esperaba revertir en pocos meses la caída de la producción.

"Esperamos a fin de año recuperar la producción diferida", dijo en un pronóstico que no se cumplió. "Tenemos la capacidad, hemos llamado a la fuerza de los trabajadores", agregó.

Casi 20 años después de que el fallecido presidente Hugo Chávez lanzó su "revolución bolivariana", los problemas se acumulan en Venezuela. Alimentos y medicinas escasean, la hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los ciudadanos, cada vez más desesperados, y cerca de ocho millones de venezolanos han salido del país en busca de una mejor vida.

En PDVSA, la gerencia buscó por mucho tiempo mantener a la empresa funcionando incluso cuando la crisis económica y los declinantes precios del petróleo recortaron los recursos disponibles para invertir en exploración, crecimiento y mantenimiento básico.

Pero sus esfuerzos no fueron suficientes para detener el progresivo deterioro, que condujo a una disminución en la producción aún mayor, daño acumulado en las instalaciones y pérdida progresiva de trabajadores calificados.

Ahora, dicen los críticos, los militares que dirigen PDVSA han dejado de lado cualquier pretensión de manejar la compañía como un verdadero negocio, haciendo poco por detener la veloz caída en la producción o aliviar los problemas financieros, operativos y de personal de la petrolera.

La producción petrolera de Venezuela promedió en unos 904.000 barriles por día (bpd) en el segundo trimestre de este año. Hace 20 años era de 2.400.000 barriles por día. A pesar de haber aumentado 4.62%, en relación al 2023, representa un 40% de la producción antes del chavismo-madurismo.

Esta apropiación por parte de los militares de las principales empresas y riquezas de Venezuela, ha representado un aumento sideral de la corrupción, de las inversiones financieras e inmobiliarias de la cúpula madurista y en especial de los militares.

El acceso a bienes y servicios también está muy bien diferenciado para que llegue a la tropa militar y de seguridad, para integrarla al soporte del régimen. El personal de las FF.AA. es de 300.000 efectivos (datos del 2023) y la reserva de 430.000 efectivos.

Los militares no son los guardianes del régimen, son los principales beneficiarios y la cúpula política-empresarial y de la corrupción. Maduro los representa.

Nota: Una nota con información produciremos la semana que viene sobre el mismo proceso de militarización de la economía en Cuba.