UY Press - Agencia uruguaya de noticias

06.06.2026

El crecimiento del conglomerado militar GAESA reabrió viejos debates dentro del marxismo sobre burocracia, Estado y poder político.

La experiencia cubana, atravesada por el bloqueo estadounidense y la necesidad de sobrevivir tras el derrumbe soviético, presenta similitudes y diferencias con los procesos vividos en la Unión Soviética, China y Vietnam, y obliga a repensar las relaciones entre soberanía nacional, hegemonía política y control popular sobre la economía.

La discusión sobre GAESA suele quedar atrapada entre dos simplificaciones igualmente insuficientes. Por un lado, la narrativa liberal occidental presenta al conglomerado como una mera estructura mafiosa o un aparato de enriquecimiento militar. Por otro, ciertos sectores de la izquierda tienden a justificar automáticamente su existencia como una necesidad inevitable de la defensa revolucionaria.

Ninguna de las dos interpretaciones alcanza para comprender la complejidad histórica del fenómeno.

GAESA no puede analizarse separadamente del problema central que atraviesa toda experiencia socialista del siglo XX y XXI: la relación entre revolución, Estado y burocracia. La cuestión de fondo no es simplemente económica. Lo que está en discusión es cómo una revolución que nace como movilización emancipadora termina generando estructuras administrativas relativamente autónomas respecto de las masas populares en cuyo nombre gobierna.

Ese problema no comenzó en Cuba. Acompaña prácticamente toda la historia de los procesos poscapitalistas contemporáneos.

Tras la Revolución de Octubre, la Unión Soviética enfrentó condiciones extraordinarias: guerra civil, aislamiento internacional, atraso productivo y destrucción económica. En ese contexto emergió una burocracia estatal que progresivamente adquirió intereses propios y terminó consolidándose como capa dirigente diferenciada.

Aunque las interpretaciones marxistas sobre la naturaleza de esa burocracia fueron diversas, existe un consenso amplio en que la centralización extrema del aparato estatal terminó limitando severamente la participación democrática de los trabajadores.

Ernest Mandel analizó este fenómeno como una consecuencia histórica de las condiciones materiales adversas y del aislamiento internacional de la revolución. Para Mandel, la burocracia no constituía una nueva clase dominante en sentido estricto, pero sí una capa administrativa con intereses específicos que tendía a reproducir privilegios y mecanismos de control político.

Ese razonamiento resulta particularmente útil para analizar la experiencia cubana.

La Revolución liderada por Fidel Castro nació bajo un asedio permanente de Estados Unidos. Invasiones, sabotajes, bloqueo económico, aislamiento financiero y presión diplomática obligaron al Estado cubano a desarrollar una lógica defensiva casi permanente. La supervivencia nacional pasó a convertirse en prioridad absoluta.

En ese contexto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias adquirieron un papel central no sólo en la defensa militar, sino también en la organización económica. GAESA representa precisamente la cristalización histórica de esa dinámica.

Desde una perspectiva marxista, el problema central consiste en comprender cómo las condiciones excepcionales de supervivencia pueden fortalecer estructuras burocráticas que inicialmente cumplen funciones defensivas, pero que gradualmente desarrollan autonomía relativa respecto del conjunto de la sociedad.

Aquí las categorías de Nicos Poulantzas resultan particularmente esclarecedoras: sostenía que el Estado no es un simple instrumento mecánico de una clase, sino una condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones sociales. Incluso dentro de procesos revolucionarios, el aparato estatal desarrolla dinámicas propias, intereses institucionales y tendencias a la autonomización.

GAESA expresa justamente esa autonomización relativa. Lo que comenzó como una herramienta de emergencia para captar divisas durante el Período Especial terminó convirtiéndose en una estructura económico-administrativa con enorme capacidad de decisión sobre áreas estratégicas de la economía cubana. El control del turismo, las remesas, los puertos, el comercio exterior y buena parte de las inversiones en moneda fuerte colocó al conglomerado en una posición decisiva dentro del modelo cubano contemporáneo.

La cuestión clave no es solamente quién posee formalmente los medios de producción, sino quién controla efectivamente las decisiones económicas estratégicas y mediante qué mecanismos de legitimación política.

Aquí aparece otro elemento fundamental del análisis marxista: la hegemonía. Antonio Gramsci comprendió que ningún proyecto político puede sostenerse únicamente mediante coerción administrativa. Toda dominación duradera requiere construcción de consenso, dirección cultural y articulación ética con amplios sectores sociales.

Durante décadas, la Revolución Cubana logró construir una poderosa hegemonía popular basada en la soberanía nacional, la igualdad social, el internacionalismo y las conquistas materiales de la revolución. Incluso en condiciones extremadamente difíciles, buena parte de la población percibía al Estado revolucionario como expresión de una voluntad colectiva emancipadora.

Sin embargo, la expansión de estructuras opacas y burocráticas puede erosionar progresivamente esa legitimidad.

Cuando sectores estratégicos de la economía funcionan con escasa transparencia, cuando las decisiones aparecen concentradas en círculos reducidos y cuando la desigualdad social comienza a ampliarse, la hegemonía revolucionaria enfrenta tensiones crecientes.

Eso fue precisamente lo ocurrido en la fase final de la Unión Soviética. La burocracia dejó de presentarse como administradora transitoria de un proyecto colectivo y terminó funcionando como estructura conservadora interesada en preservar sus propios privilegios. La desconexión entre aparato estatal y sociedad abrió paso a la crisis de legitimidad que facilitó posteriormente la restauración capitalista.

La experiencia de China siguió un camino diferente. A partir de las reformas impulsadas por Deng Xiaoping, el Partido Comunista optó por integrar mecanismos de mercado, inversión extranjera y acumulación privada dentro de un marco político altamente centralizado. El resultado fue un crecimiento económico extraordinario, pero también una expansión notable de desigualdades sociales y nuevas élites económico-tecnocráticas.

Muchos analistas consideran que el modelo chino representa una forma de capitalismo de Estado administrado por un partido comunista. Otros sostienen que constituye una transición socialista peculiar bajo condiciones históricas específicas. Más allá de las definiciones, lo cierto es que el aparato estatal chino logró evitar la desintegración política sufrida por la Unión Soviética mediante una combinación de crecimiento económico, control político y nacionalismo.

Vietnam desarrolló un proceso similar, aunque a menor escala. Las reformas del Doi Moi introdujeron mecanismos de mercado preservando el monopolio político del Partido Comunista y una fuerte orientación estatal sobre sectores estratégicos.

Cuba quedó situada en una posición mucho más compleja. Sin la dimensión económica de China ni la inserción regional vietnamita, la isla debió enfrentar simultáneamente bloqueo, escasez estructural y dependencia de divisas. En esas condiciones, GAESA funcionó como una especie de mecanismo híbrido: un aparato estatal-militar orientado a captar recursos mediante lógicas parcialmente mercantiles sin abandonar completamente el marco político socialista.

La contradicción es profunda. Por un lado, el conglomerado permitió preservar márgenes importantes de soberanía nacional y evitar una restauración capitalista abierta subordinada a Estados Unidos. Por otro, su expansión consolidó dinámicas burocráticas, desigualdades y formas de concentración de poder difíciles de reconciliar con los ideales originales de participación popular y control colectivo.

Desde una óptica marxista, el problema no puede reducirse a denuncias morales sobre corrupción o privilegios. La burocracia no surge simplemente por desviaciones individuales; emerge de determinadas condiciones materiales, institucionales e históricas.

El aislamiento internacional, el bloqueo económico y la necesidad permanente de administrar escasez favorecen tendencias centralizadoras. Pero esas tendencias pueden transformarse gradualmente en estructuras relativamente autónomas cuya reproducción pasa a convertirse en objetivo propio.

Por eso el debate sobre GAESA no es un asunto secundario ni puramente administrativo. Remite a una cuestión estratégica para cualquier proyecto socialista contemporáneo: cómo combinar planificación económica, soberanía nacional y eficiencia estatal con participación democrática real y control social efectivo sobre las estructuras de poder.

Gramsci advertía que toda hegemonía requiere renovación constante del vínculo entre dirigentes y dirigidos. Cuando ese vínculo se debilita, la política corre el riesgo de transformarse en mera administración burocrática.

La experiencia cubana continúa abierta. A diferencia de la Unión Soviética, el Estado revolucionario conserva importantes niveles de legitimidad histórica y cohesión nacional. A diferencia de China, no dispone de una expansión económica capaz de absorber las tensiones sociales mediante crecimiento sostenido. Y a diferencia de Vietnam, enfrenta una presión geopolítica mucho más intensa por parte de Estados Unidos.

En ese contexto, el futuro de Cuba probablemente dependa de su capacidad para resolver una tensión central: preservar la soberanía nacional y las conquistas sociales sin consolidar una burocracia económico-militar cada vez más distante del control popular.

Ese desafío no es exclusivamente cubano. Atraviesa toda la tradición socialista contemporánea. Porque la historia del siglo XX mostró que no basta con transformar las relaciones de propiedad; también es necesario democratizar radicalmente el ejercicio del poder político y económico.

En este punto, las reflexiones de Rodney Arismendi conservan una notable actualidad. Lejos de concebir la construcción socialista como un simple proceso de estatización o de concentración administrativa del poder, Arismendi insistió en que toda transición revolucionaria debía ampliar de manera permanente la participación consciente de las masas en la dirección de la sociedad. El problema no era únicamente quién poseía formalmente los medios de producción, sino cómo impedir que los aparatos estatales desarrollaran una lógica propia, separada de los trabajadores y de los sectores populares que debían constituir el sujeto de la transformación histórica.

Desde esa perspectiva, la cuestión planteada por GAESA trasciende ampliamente el caso cubano. Remite al desafío permanente de todo proyecto emancipador: construir instituciones capaces de defender la soberanía nacional y organizar el desarrollo económico sin sustituir la iniciativa popular ni erosionar los mecanismos de control democrático. La fortaleza de una revolución no puede medirse solamente por su capacidad de resistir las agresiones externas, sino también por su aptitud para renovar continuamente los vínculos entre Estado, sociedad y poder popular.

Tal vez allí resida la principal lección histórica de GAESA y de las experiencias socialistas anteriores: ninguna revolución puede sostener indefinidamente su legitimidad apoyándose sólo en la resistencia defensiva o en la administración técnica del Estado. Necesita, permanentemente, reconstruir participación, hegemonía y horizonte emancipador.

Como advertía Rodney Arismendi al reflexionar sobre los procesos de transformación social, la democratización no puede entenderse como un hecho consumado ni como una consecuencia automática de la conquista del poder político. Es, por el contrario, una construcción permanente, sometida a tensiones, contradicciones y luchas. También para Cuba, el desafío consiste en que la defensa de la soberanía nacional y de las conquistas de la revolución se complemente con una ampliación constante de los mecanismos de participación y control popular sobre las estructuras económicas y estatales.

Permítanme incluir la cita textual del flaco Arismendi en su Informe al Comité Central del PCU allá por 1984. Ruego a quien lea esto que sobrevuele la cita a "la democracia avanzada" tan precisa, actual y necesaria para el Uruguay de 2026, 42 años después de emitida, y se concentre en la idea que la democratización es un proceso permanente impulsado por la participación popular y no una condición garantizada por la mera existencia de un gobierno revolucionario: "La democracia avanzada no es un acto ni el carácter automático del gobierno que empieza en marzo. La democracia avanzada es un proceso de combate programático, reivindicativo, que empieza ya, pero que debe seguir mañana, de desarrollo de la lucha de clases en determinadas condiciones (...) de imposiciones mediante el empuje popular. Desde luego, también será un gobierno, si es el gobierno que surge por el triunfo del Frente Amplio. Pero incluso en tal caso, sería un proceso."