UY Press - Agencia uruguaya de noticias

01.04.2026

La historia no hay que revolverla, pero tampoco olvidarla. Sobre todo, cuando tiene el mismo color y tan pocos años de diferencia. Daniel Cambón asesor político del entonces Presidente de la República, Luis Lacalle Herrera, fue procesado por la justicia en 1995 con prisión por el caso del Banco de Seguros del Estado, tuvo un segundo procesamiento y prisión preventiva en 1996 por el Banco Pan de Azúcar y la condena final con multa e inhabilitación en el año 2000.

Fueron años siniestros para la moralidad de la república y para la imagen del Partido Nacional.

En el mismo paquete cayó el contador Enrique Braga, una figura mucho más importante, como Ministro de Economía y Finanzas y luego nada menos que Presidente del Banco Central, del mismo gobierno de Lacalle Herrera.

El juez penal José Balcaldi resolvió procesar con prisión a Enrique Braga, imputándole el delito de Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Ese delito se configura cuando un funcionario público toma decisiones arbitrarias o contrarias a derecho en el ejercicio del cargo. Braga estuvo aproximadamente un mes y medio en prisión preventiva:

El proceso continuó durante varios años hasta que la justicia dictó sentencia definitiva. El tribunal concluyó que, Braga había actuado de forma irregular en la operación de venta del banco y sus decisiones constituían abuso de funciones. La pena fue sin cumplimiento efectivo de cárcel.

No fueron casos aislados, Julio Grenno (expresidente del Banco de Seguros del Estado), fue procesado por el delito de abuso de funciones. Se le vinculó estrechamente con las maniobras de Daniel Cambón, facilitando negocios y manejos de información privilegiada que beneficiaban a terceros en contra de los intereses del Estado. Iván Coronel (Exdirector de AFE) fue procesado por fraude. La causa estuvo relacionada con el manejo irregular de fondos y contrataciones dentro de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

Algunos procesamientos ocurrieron años después, varios jerarcas de su confianza fueron señalados procesados, como Salomón Noachas: Expresidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) Carlos y José Rohm, si bien eran banqueros privados (Banco Comercial), su estrecha relación con el gobierno de Lacalle y la falta de controles estatales durante la reprivatización del banco marcaron el escándalo financiero que estalló años después.

Sí. Integrantes de la familia José Rohm y Carlos Rohm fueron procesados penalmente en relación con la crisis bancaria que afectó a Uruguay y Argentina a comienzos de los años 2000.

El resumen del clima moral que existió durante esa administración lo dejo a entera disposición de los lectores. No creo que haya que agregar adjetivos, ni nada más. Pasó a la historia.

Han trascurrido más de 30 años, nunca más tuvimos otro gobierno blanco hasta el año 2020 con la Presidencia de Luis Lacalle Pou. Soy un firme defensor de que no se puede imputar a los hijos por los pecados de sus progenitores. Creo que la mayoría de los uruguayos pensaron como yo y lo demostraron las elecciones del 2019.

Aunque el porcentaje de votos tiene también su mensaje, en 1989 Lacalle Herrera obtuvo el 38.9% mientras que Lacalle Pou en el 2019 en la primera vuelta obtuvo el 28.6% de los votos nacionales. El apoyo de sus socios de la Coalición, le permitió ser electo Presidente con el 48.8% frente al 47.3% de Daniel Martínez. Un 1.5% de diferencia.

Algo sucedió entre la primera y la segunda vuelta, en las elecciones nacionales de octubre del 2019, los 5 partidos que luego formaron la Coalición multicolor sumados sacaron el 54.05% del total de los votos validos y el Frente Amplio en esa instancia obtuvo el 39.02% del total. Sin contar votos nulos y en blanco, una diferencia del 15.03%, mientras cuatro semanas después se redujo al 1.5%. ¿Qué pasó?

La diferencia de los cinco partidos coaligados fue en esa instancia de 15.03%, la diferencia fue exactamente 10 veces más que en las elecciones nacionales. Una parte importante de los votantes huyó de esos partidos en la Coalición. ¿Alguna razón debió existir para que 147.239 votos se esfumaran en cuatro semanas y no votaran a Lacalle Pou?

Sería un atrevido si a mi antojo le diera una explicación, que seguramente es compleja, pero supongo que los directos interesados, sobre todo los blancos y sus socios, deben haber buscado alguna explicación política racional. Son muchos votos los que se fugaron.

Permitan que especule de que las causas penales y las serias y graves faltas morales en el anterior gobierno blanco, pueden haber tenido alguna influencia, sobre todo que fueron esas causas la que hicieron estallar la crisis del 2002, que embistió de lleno al país y al gobierno de Jorge Batlle.

Volvamos al presente, durante el gobierno de Lacalle Pou fueron procesados los siguientes dirigentes blancos: Pablo Caram, Intendente de Artigas (Partido Nacional), Valentina Dos Santos, diputada suplente y dirigente del Partido Nacional en Artigas, Rodolfo Caram,  Secretario general de la Intendencia de Artigas. Ese fue un bloque completo.

Ahora vayamos a los casos a nivel nacional: Alejandro Astesiano, jefe de seguridad presidencial. Fue condenado por delitos vinculados a una red de falsificación de pasaportes, espionaje de senadores de la república y de privados. No fue preso por otros delitos, porque la fiscal del caso, Gabriela Fossati,  que luego se pasó directamente al Partido Nacional, para que no hubiera dudas, entrevistó amorosamente al entonces Presidente Lacalle Pou y anuló miles de documentos del expediente judicial. Una vergüenza para la fiscalía uruguaya.

El ex senador Gustavo Penadés, una figura central del herrerismo, fue procesado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores; 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado; 3 delitos de abuso sexual agravado; 1 delito de violación; 1 delito de corrupción de menores; 1 delito de desacato y un delito de atentado violento al pudor. Posteriormente la causa sumó nuevos delitos y maniobras para intentar encubrir el caso, por lo que la imputación total llegó a más de 24 delitos. La fiscalía llegó a pedir una condena de 16 años de cárcel en la acusación formal. Está preso.

Solo mencioné los procesados y condenados.

Hace pocos días el fiscal convocó a declarar por la destrucción de los documentos en la Cancillería a:  Roberto Lafluf (Exasesor de comunicación del Presidente); Francisco Bustillo (Exministro de Relaciones Exteriores); a Guillermo Maciel (Exsubsecretario del Interior) y Carolina Ache (Exvicecanciller)

¿Y que tiene que ver este pasado tan abrumador con el ex ministro de Defensa Javier García y actual senador y con varios personajes civiles y militares vinculados todos con el Partido Nacional, con la excepción del subsecretario de Defensa Rivera Elgue, que hace pocos días renunció a Cabildo Abierto, casualmente pocas horas después que el Presidente de ese partido el ex senador Guido Manini Ríos afirmara en la prensa: "Si hubo corrupción se debe ir a fondo, y que termine preso el que sea, del partido que sea."

El gobierno uruguayo presentó la denuncia penal por el caso Cardama ante la Fiscalía General de la Nación, específicamente ante la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el 24 de octubre de 2025. Actualmente, el caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1º Turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado.

La Fiscalía de Delitos Económicos, está trabajando sobre una plataforma fáctica que apunta a delitos contra la administración pública y la fe pública.

A marzo de 2026, los tipos penales que se manejan en la investigación del Caso Cardama son principalmente cuatro: 

Estafa (Art. 347 del Código Penal) es el eje central de la denuncia presentada por Presidencia. Se investiga si el astillero indujo a error al Estado uruguayo mediante "estratagemas o engaños" para obtener un beneficio económico (el pago anticipado o la adjudicación).

 Falsificación de documento privado y Alteración de certificados (Arts. 240 y 241) la fiscalía analiza la ruta de los documentos presentados durante la licitación y la firma del contrato.

Conjunción del interés personal y del público (Art. 161), este delito se dirige específicamente a los funcionarios públicos uruguayos (exjerarcas del Ministerio de Defensa y asesores técnicos) que participaron en el proceso de selección. La fiscalía busca determinar si algún funcionario tenía intereses cruzados o vínculos con intermediarios del astillero Cardama que influyeran en que se eligiera a esta empresa pese a las advertencias sobre su falta de solvencia técnica y financiera.

Abuso de funciones (Art. 162) se investiga si hubo una "arbitrariedad" manifiesta en el proceso de adjudicación directa o en la flexibilización de los controles mínimos exigidos por el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). El foco está en por qué se aceptaron garantías sin la debida validación del Banco Central del Uruguay (BCU) o del consulado uruguayo en Vigo.

Cooperación Internacional, el fiscal Machado ha enviado exhortos (cartas rogatorias) a España para tomar declaración a los directivos de Cardama y verificar la trazabilidad de los fondos que Uruguay llegó a transferir. Se realizan pericias informáticas, se están analizando los correos electrónicos y comunicaciones de los dispositivos incautados a los asesores que dieron el "visto bueno" técnico a la oferta del astillero. Todavía no se ha comenzado a tomar declaraciones.

La investigación continúa activa y se ha sumado una comisión investigadora bicameral en el Parlamento uruguayo para analizar las responsabilidades políticas y administrativas en la negociación con el astillero de Vigo. Además, Presidencia ha presentado ampliaciones de la denuncia incorporando informes notariales desde España que confirmarían la inexistencia de las empresas garantes.

Nadie, ni el más incauto de los incautos, puede creer que el entonces Ministro de Defensa Javier García, con el apoyo explícito y público del Presidente de la República en ese momento y durante todo el proceso, son totalmente ajenos a la maniobra más burda y con más pruebas condenatorias que la compra de las patrullas oceánicas a Cardama S.A.

Naturalmente que hay más, Rivera Elgue debe explicar su viaje a Vigo para ver el varadero, que ante cualquier mortal mostraba en toda su desnudez su incapacidad y su inexperiencia en construir naves militares, de ese porte (86 metros de eslora) o de cualquiera. Nunca había construido un solo buque militar.

Otros implicados tendrán que explicar cómo llegó Cardama a Uruguay, quién lo trajo después de anular una licitación, luego violó repetidamente todas las clausulas del Contrato y varias normas del TOCAF, sobre las dos garantías, permitiéndole nada menos que extender el plazo de presentación, de 45 días a 11 meses y una lista interminable de irregularidades, una más burda que la otra. No hay en toda la historia nacional, ni siquiera en tiempos de dictadura, pruebas tan abrumadoras de la estafa continuada y alevosa contra el Estado uruguayo.

Así que no es ningún delirio pensar que jerarcas del más alto nivel del gobierno blanco del 2020 al 2025 tengan que rendir cuentas ante la justicia y no puedan hacerlo.

Hice una investigación y lo que voy a afirmar cualquiera lo puede comprobar, nunca hubo un gobierno con tantos procesados como el de Lacalle Herrera, le sigue el de Lacalle Pou (sin que se haya pronunciado la justicia sobre el escándalo Cardama y no sepamos nada del pasaporte expreso a Sebastián Marset). Y si quieren comparar con gobiernos Colorados o del Frente Amplio los desafío a que lo hagan.

Esta es una prueba para todos los partidos de la Coalición y para la ciudadanía: ¿Se harán los desentendidos con la comprobación de varios delitos?

Es una dura prueba para la fiscalía, para la justicia, pero mucho más dura para todos los partidos políticos, naturalmente para el Partido Nacional, pero también para sus socios. Y un examen definitorio para la moral de la sociedad uruguaya.

Parece que la oposición ha decidido jugar con barro y no se han dado cuenta que la mayoría de los jerarcas blancos, no todos, viven en el barro y los colorados al lado y gratuitamente, esperando una migaja.