UY Press - Agencia uruguaya de noticias

23.09.2017

Qué dice el actual artículo?

"el funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)". 

Es al menos una redacción confusa. La inmensa mayoría de los académicos y especialistas concuerda en que es demasiado amplio, demasiado discrecional y le permite a un juez condenar a un funcionario/a sin que se haya enriquecido en forma indebida o injustificada, sin que haya violado alguna norma específica o que haya favorecido notoriamente a un tercero.

Así como está no debiera seguir integrando nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora bien, alcanza con derogarlo? Es un tema para resolver exclusivamente con los votos del partido de gobierno?

Son muchas las leyes y disposiciones que se han implementado durante los gobiernos del FA para dar mayor transparencia en el acceso a la información, en el sistema financiero, en las cuentas públicas. Lamentablemente no todas esas leyes fueron acompañadas por todos los partidos políticos, en particular, las destinadas a transparentar las cuentas bancarias y el pago de impuestos.

La derogación lisa y llana de este artículo sería una señal política en el sentido contrario. En cambio su sustitución por una norma clara que permita por ejemplo, castigar a los que se enriquecieron injustificadamente en el ejercicio de sus funciones o a quienes estando en el ejercicio de cargos de jerarquía dispusieron gastos que favorecieron a empresas de su propiedad puede ayudar a profundizar el camino de mayor transparencia que el Frente Amplio viene impulsando a todo nivel.

El otro asunto relevante es la oportunidad y conveniencia de resolver este asunto sólo con los votos del FA. No es por cierto un asunto menor. Las mayorías parlamentarias son la expresión de la decisión popular en las urnas. Y están para ser respetadas.

Sucede que no es lo mismo votar con esas mayorías los proyectos que hacen al corazón del proyecto político (el presupuesto, las leyes que ampliaron los derechos de los trabajadores, el Sistema de Salud, etcétera) que otro tipo de leyes. Para hablar de lo que está en carpeta: si la oposición no quiere votar el proyecto de los cincuentones o la Reforma de la Caja Militar, allá ellos, son leyes imprescindibles (mejorables, sin dudas) para seguir avanzando en el camino de la justicia social y la equidad y si no hay más remedio habrá que votarlas con las mayorías que el pueblo le otorgó al Frente.

Pero votar sin acuerdos con otros sectores del parlamento la derogación lisa y llana del abuso de funciones es otra cosa. Es obvio que la oposición querrá sacar ventajas de esta situación, que querrán presentar el asunto como que nuestra intención es "salvar a un compañero". La cuestión es si nos prestamos a ese juego o no. Tal vez peque de ingenuo, pero confío en que en un contexto de mejorar las normas, de hacerlas más claras, de avanzar en transparencia, con iniciativas que cuenten con un amplio apoyo académico es posible construir mayorías más amplias.

No nos apuremos, estamos retomando la agenda política para seguir conquistando derechos y derribando privilegios. Sigamos en esa.