Gobernanza y transparencia. Federico Rodríguez Aguiar
17.07.2025
En América Latina, la lucha contra la corrupción y la demanda por mayor transparencia no son meras consignas ciudadanas: constituyen condiciones imprescindibles para alcanzar un desarrollo sostenible, consolidar instituciones sólidas y garantizar derechos fundamentales.
Sin embargo, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, la región sigue enfrentando desafíos persistentes. Los bajos niveles de confianza reflejan una necesidad urgente de reformas estructurales, mayor rendición de cuentas y mecanismos efectivos de control social.
Ante este panorama, la cooperación se presenta como una aliada estratégica para impulsar una transformación profunda de la gobernanza pública. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) encabezan programas que combinan asistencia técnica, financiamiento y generación de capacidades. Estas iniciativas no solo fortalecen la gestión administrativa de los Estados, sino que también promueven una cultura de gobierno abierto, en la que la ciudadanía participe activamente en los procesos de decisión y supervisión.
"La transparencia no es un gasto, es una inversión en confianza y desarrollo", afirma Ana Gómez, especialista del BID. En línea con esto, el investigador Carlos Santiso sostiene que "los gobiernos que invierten en transparencia digital y rendición de cuentas aumentan su legitimidad institucional y reducen el margen de discrecionalidad en el uso de los recursos públicos". El BID ha promovido el uso de herramientas como los portales de datos abiertos, las licitaciones electrónicas y los sistemas de monitoreo presupuestal, que han demostrado ser eficaces para prevenir prácticas corruptas y aumentar la eficiencia institucional. Un ejemplo destacable es el sistema Transparencia Fiscal Digital implementado en Colombia, que permite a cualquier ciudadano consultar en tiempo real la ejecución del gasto público, fortaleciendo así el control ciudadano.
Sin embargo, la tecnología, por sí sola, no es suficiente. La participación activa de la sociedad civil es un pilar indispensable para consolidar la transparencia. Redes de veeduría ciudadana, observatorios de políticas públicas y mecanismos de auditoría social han cobrado fuerza en países como Chile, Argentina y México, donde han contribuido a mejorar la calidad de los servicios públicos.
En ese sentido, la CEPAL advierte que el fortalecimiento de la gobernanza en la región requiere una visión integral que combine transparencia, participación ciudadana y desarrollo de capacidades institucionales. En su informe sobre políticas públicas y desarrollo, subraya que sin capacidades estatales sólidas, ni las mejores normas pueden traducirse en transformaciones sostenibles.
Un eje crítico dentro de esta agenda es el combate al lavado de activos y al crimen organizado, que, según la UNODC, representan una amenaza estructural con pérdidas estimadas en decenas de miles de millones de dólares anuales para la región. Estas prácticas no solo debilitan las economías formales, sino que también erosionan profundamente la confianza en las instituciones. La cooperación ha sido clave para consolidar unidades de inteligencia financiera, armonizar marcos regulatorios y profesionalizar los sistemas judiciales, aunque persisten importantes brechas en su implementación efectiva.
Para sostener estos avances, es esencial invertir en la formación continua de funcionarios públicos, promoviendo principios de ética, integridad y responsabilidad. Al mismo tiempo, se vuelve urgente modernizar los sistemas de control interno y externo, reforzar a los órganos de fiscalización y garantizar marcos de protección robustos para quienes denuncian actos de corrupción.
La construcción de un Estado más transparente y participativo no es un proceso automático; requiere decisión política sostenida y colaboración multisectorial. Hoy más que nunca, es necesario avanzar hacia un modelo de gobernanza innovadora, inclusiva y centrada en las personas. Esto exige compromisos firmes de los gobiernos y una ciudadanía activa y articulada. Iniciativas como el Plan de Acción Regional de Gobierno Abierto, impulsado por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), ofrecen una hoja de ruta concreta para los países de la región.
Superar la desconfianza estructural y avanzar hacia una acción coordinada es, sin duda, uno de los grandes desafíos de nuestra época. Apostar por la transparencia no es solo un imperativo ético, sino una estrategia inteligente de desarrollo que fortalece la cohesión social, mejora la calidad de vida y legitima la democracia. América Latina cuenta con el talento, los recursos y la energía ciudadana para liderar esta transformación.
Federico Rodríguez Aguiar. Analista en Marketing, egresado de la Universidad ORT-Uruguay, con sólida formación en estrategias comerciales y desarrollo económico. Su trayectoria académica está complementada por diversas certificaciones y cursos internacionales en áreas clave como la gestión pública, cooperación internacional, y liderazgo
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