Innovar desde el Estado. Federico Rodríguez Aguiar
03.07.2025
En un momento en que los diferentes países de América Latina y el Caribe enfrentan exigencias crecientes por parte de la ciudadanía, la innovación pública se posiciona como una herramienta clave para repensar y mejorar la gestión pública. Frente a desafíos complejos y demandas sociales cada vez más diversas, las formas tradicionales de gobernar ya no son suficientes.
La innovación en el sector público no se limita a aplicar nuevas tecnologías. Se trata, ante todo, de transformar enfoques, revisar procesos y construir soluciones que pongan en el centro a las personas. Implica también generar una cultura institucional que valore la experimentación, el aprendizaje y la apertura al cambio, incluso en contextos marcados por la urgencia y la escasez de recursos.
Los ciudadanos demandan respuestas más ágiles, efectivas y transparentes. La desconfianza en algunas instituciones ha crecido, y recuperar la legitimidad del Estado exige algo más que buenas intenciones. Innovar en la forma en que se diseñan e implementan las políticas públicas es fundamental para fortalecer ese vínculo con la sociedad.
Los ejemplos abundan. Laboratorios en gobiernos nacionales, centros de transformación digital, guías para modernizar la gestión pública: son iniciativas que demuestran que hay una voluntad creciente de hacer las cosas de otra manera. Pero más allá de los casos puntuales, el reto es lograr que ésta herramienta se convierta en parte estructural del funcionamiento estatal.
Uno de los aspectos más relevantes es la capacidad de los gobiernos para anticipar y responder a nuevos desafíos. Temas como la inteligencia artificial, la crisis climática, la ciberseguridad o los derechos digitales requieren respuestas que no pueden surgir de modelos burocráticos rígidos. Se necesita flexibilidad, creatividad y, sobre todo, una mirada colaborativa.
En este sentido, la innovación pública también implica abrir el juego a otros actores: empresas, organizaciones sociales, universidades y ciudadanía en general. Promover la participación y construir soluciones en conjunto no solo mejora las políticas, sino que también refuerza la confianza en las instituciones.
Además, existe un vínculo directo con el desarrollo sostenible. Incorporar estos enfoques a la gestión pública puede ser decisivo para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -sobre los que escribía un par de semanas atrás- ya que permite mejorar la calidad de los servicios, reducir brechas y promover una mayor equidad social.
Distintas organizaciones internacionales han destacado la importancia de este enfoque. Desde fomentar la colaboración interinstitucional hasta simplificar trámites o fortalecer las competencias digitales del personal público, las líneas de acción son múltiples. Pero todas apuntan a un mismo objetivo: construir Estados más cercanos, eficaces y preparados.
La innovación pública, por tanto, no es un lujo ni una moda. Es una condición necesaria para que el Estado siga cumpliendo su rol de garante de derechos, promotor del bienestar y motor del desarrollo.
Federico Rodríguez Aguiar. Analista en Marketing, egresado de la Universidad ORT-Uruguay, con sólida formación en estrategias comerciales y desarrollo económico. Su trayectoria académica está complementada por diversas certificaciones y cursos internacionales en áreas clave como la gestión pública, cooperación internacional, y liderazgov
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