UY Press - Agencia uruguaya de noticias

18.08.2026

La justicia atraviesa hoy una transformación profunda. A los problemas históricos de demora, acumulación de expedientes, insuficiencia de recursos y dificultades de acceso se agregan nuevos desafíos vinculados con la digitalización, la inteligencia artificial y la creciente complejidad de los conflictos económicos y sociales.

Ya no alcanza con pensar la independencia judicial únicamente como la ausencia de presiones políticas directas: también es necesario preguntarse si el sistema de justicia cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para ejercer efectivamente esa independencia.

Este problema adquiere especial relevancia cuando los tribunales deben intervenir en controversias que involucran actores económicos con enormes capacidades jurídicas, financieras y tecnológicas. Las grandes corporaciones transnacionales cuentan con equipos especializados, consultorías, peritajes y herramientas de análisis que muchas veces superan ampliamente las posibilidades materiales de las instituciones públicas. No significa que los tribunales estén necesariamente sometidos a esos intereses, pero sí que existe una asimetría de capacidades que puede afectar las condiciones reales en las que se administra justicia.

Por eso, la discusión presupuestaria no puede reducirse a una cuestión contable. Un Poder Judicial que funciona con insuficiencia persistente de recursos humanos, tecnológicos y financieros enfrenta dificultades para investigar asuntos complejos, sostener peritajes independientes, mantener infraestructura adecuada y responder con agilidad a las necesidades de la población. La escasez presupuestaria termina convirtiéndose, entonces, en un problema institucional.

Quienes trabajamos cotidianamente dentro del sistema sabemos que estas dificultades no son abstractas. La sobrecarga de tareas, la falta de personal, los problemas edilicios y las limitaciones de los sistemas informáticos forman parte de la realidad diaria de muchas oficinas judiciales. La eficiencia importa y los recursos públicos deben administrarse responsablemente, pero existe un punto a partir del cual exigir permanentemente "hacer más con menos" deja de producir eficiencia y comienza a deteriorar la calidad del servicio, las condiciones de trabajo y las garantías de quienes recurren a la justicia.

La Inteligencia Artificial no llega a un Terreno Vacío

Es precisamente sobre esa estructura tensionada donde comienza a incorporarse la inteligencia artificial. Frente a la necesidad de procesar grandes cantidades de documentos, resumir información, buscar antecedentes o preparar borradores, estas herramientas pueden resultar enormemente útiles. El problema no está en la tecnología en sí misma, sino en las condiciones institucionales en las que se utiliza.

Cuando el Poder Judicial no dispone de herramientas propias, protocolos claros o sistemas institucionalmente evaluados, puede aparecer lo que podríamos llamar una "IA doméstica": el uso individual e informal de plataformas comerciales por parte de jueces, funcionarios u otros operadores que buscan resolver necesidades concretas de su trabajo cotidiano. Esa utilización puede resultar comprensible frente a la presión de los expedientes y la falta de recursos, pero también genera riesgos importantes.

Uno de ellos es la protección de la información. Introducir expedientes, datos de víctimas, antecedentes personales o información de investigaciones en plataformas comerciales puede comprometer la confidencialidad y el control sobre datos especialmente sensibles. Muchas de estas herramientas funcionan sobre infraestructuras administradas por empresas privadas y, dependiendo de sus condiciones de uso, la información puede ser procesada fuera de los sistemas directamente controlados por el Estado.

Esto convierte la discusión tecnológica también en una cuestión de soberanía informativa. El Poder Judicial administra una enorme cantidad de información sensible y debe poder garantizar quién accede a ella, dónde se almacena y con qué finalidad se utiliza.

Existe además el riesgo de los errores y los sesgos. Los sistemas generativos pueden producir afirmaciones incorrectas, inventar referencias o reproducir patrones presentes en los datos con los que fueron entrenados. Pueden también trasladar criterios provenientes de otras jurisdicciones o contextos que no resultan aplicables al derecho nacional. La velocidad de una respuesta no garantiza su calidad.

Por eso es fundamental distinguir entre utilizar inteligencia artificial como herramienta de apoyo y delegar en ella decisiones que corresponden a las personas. Puede ser razonable emplearla para organizar documentación, resumir información o facilitar búsquedas. Muy diferente es permitir que determine de manera automática cuestiones vinculadas con la credibilidad de una persona, su nivel de riesgo, una pena, una medida cautelar o cualquier otra decisión que afecte derechos.

Una sentencia no puede fundarse diciendo simplemente que "el sistema lo recomendó". El juez continúa siendo responsable de valorar la evidencia, interpretar el derecho y fundamentar su decisión. Cuanto mayor sea el impacto de una decisión sobre la vida de una persona, mayores deben ser las exigencias de control humano, trazabilidad, explicación y posibilidad de impugnación.

Tecnología, Trabajo y Participación

Hay además una dimensión que muchas veces queda relegada en estas discusiones: la incorporación de inteligencia artificial también transforma el trabajo dentro del Poder Judicial. Puede modificar tareas, reorganizar procesos, alterar responsabilidades y generar nuevas exigencias de formación.

Por eso, su implementación no puede ser tratada exclusivamente como una decisión técnica adoptada desde arriba. Quienes trabajan diariamente con los sistemas conocen de primera mano sus limitaciones, los cuellos de botella y las necesidades reales del servicio. Esa experiencia debe formar parte del diseño, la evaluación y la implementación de cualquier transformación tecnológica.

Desde una perspectiva sindical, el desafío no consiste en rechazar la innovación. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para mejorar procedimientos y liberar tiempo de tareas rutinarias. Pero no debería utilizarse como mecanismo para sustituir indiscriminadamente personal, intensificar ritmos de trabajo o trasladar nuevas responsabilidades a funcionarios que no cuentan con capacitación suficiente.

La transformación tecnológica debe ir acompañada de inversión, formación continua, reglas claras de uso, protección de datos y participación de los trabajadores. La tecnología debería contribuir a mejorar las condiciones en las que se presta el servicio de justicia, no convertirse simplemente en una respuesta barata frente a la falta de recursos.

También es necesario considerar el impacto de la digitalización sobre la relación entre la justicia y el territorio. Las nuevas tecnologías pueden ampliar el acceso, facilitar trámites y evitar desplazamientos innecesarios. Pero una justicia exclusivamente digital también puede crear nuevas barreras para quienes tienen dificultades de conectividad, bajos niveles de alfabetización digital o situaciones sociales particularmente complejas.

La justicia no procesa solamente expedientes. Procesa conflictos humanos que ocurren en contextos concretos. La pobreza, la violencia doméstica, las relaciones laborales o las condiciones de vivienda no siempre pueden traducirse adecuadamente en variables o categorías estandarizadas. Un algoritmo puede reconocer patrones, pero eso no equivale a comprender plenamente el contexto social de una persona.

La incorporación tecnológica debería permitir que jueces y funcionarios dispongan de más tiempo para aquellas tareas donde el componente humano resulta indispensable. El éxito no puede medirse únicamente por la cantidad de expedientes cerrados, sino también por la calidad, la accesibilidad y la legitimidad de la respuesta judicial.

Pablo Elizalde

Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU)

Pablo Da Rocha

Economista / Asesor Técnico