Segunda parte
La Justicia en la Encrucijada. Pablo Elizalde/Pablo Da Rocha
20.08.2026
En la primera parte tratamos temas generales, y el problema de la modernización del sistema judicial, fundamentalmente con la computación y la inteligencia artificial. En esta segunda nos enfocamos en las repercusiones que podría tener para nuestra justicia.
La Defensa Pública como Garantía Indispensable
En este escenario, la Defensa Pública adquiere una importancia todavía mayor. Si la tecnología comienza a ocupar un lugar creciente dentro de los procesos judiciales, también deben existir capacidades para examinarla, cuestionarla y eventualmente impugnarla.
No alcanza con que una fiscalía, un tribunal o una gran empresa pueda presentar evidencia obtenida mediante sistemas algorítmicos si la persona afectada carece de los medios técnicos necesarios para comprender cómo se produjo esa evidencia. El derecho de defensa exige una cierta igualdad de armas, y esa igualdad comienza hoy a tener también una dimensión tecnológica.
Una Defensa Pública fuerte debe contar no solo con abogados suficientes, sino también con capacidades técnicas para analizar evidencia digital, detectar errores en bases de datos, comprender sistemas automatizados y cuestionar resultados cuando corresponda. De lo contrario, la desigualdad material dentro de los procesos puede profundizarse.
Esta cuestión se vuelve especialmente sensible en un contexto donde los sectores de menores recursos dependen directamente de la Defensa Pública para acceder efectivamente a la justicia. Si la Defensa Pública carece de presupuesto, personal o herramientas tecnológicas, la igualdad formal ante la ley pierde parte de su contenido real.
Para cumplir adecuadamente ese papel, la Defensa Pública necesita además independencia institucional. Su función consiste muchas veces en representar a personas enfrentadas al propio Estado: personas investigadas, privadas de libertad o afectadas por decisiones de organismos públicos.
Por eso existe una tensión evidente cuando quienes deben garantizar esa defensa dependen jerárquicamente del mismo Poder Ejecutivo que conduce las fuerzas policiales, administra el sistema penitenciario y define buena parte de la política criminal. No se trata de afirmar que toda dependencia administrativa implique necesariamente interferencia política, sino de construir las mayores garantías posibles para impedir que esa interferencia pueda producirse.
La autonomía, sin embargo, no puede ser solamente formal. Una institución puede ser jurídicamente independiente y al mismo tiempo carecer de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. La verdadera autonomía requiere presupuesto, personal, formación y capacidades técnicas suficientes.
Una Política Pública para la Inteligencia Artificial en la Justicia
La respuesta a estos desafíos no debería ser rechazar la tecnología. Sería un error renunciar a herramientas que pueden mejorar búsquedas jurisprudenciales, ordenar documentación, automatizar tareas administrativas y facilitar el acceso a información relevante.
Pero tampoco sería responsable incorporar inteligencia artificial de manera improvisada, dejando su utilización librada a decisiones individuales. El Poder Judicial necesita una política institucional clara sobre estas tecnologías.
Esa política debería establecer qué herramientas pueden utilizarse, qué información puede introducirse en ellas, cómo se protegen los datos, quién puede auditar los sistemas y quién responde cuando se producen errores. También debería definir aquellas decisiones que, por su impacto sobre los derechos de las personas, no pueden quedar exclusivamente en manos de sistemas automatizados.
La capacitación es otro componente central. Jueces, defensores y funcionarios deben conocer no solamente las posibilidades de estas herramientas, sino también sus límites. Saber utilizar inteligencia artificial implica también saber cuándo no utilizarla, cómo verificar sus resultados y cómo reconocer los riesgos que puede introducir.
Esa formación debería desarrollarse con participación de todos los actores del sistema, incluyendo a las organizaciones sindicales. La transformación tecnológica modifica el trabajo y, por lo tanto, no puede ser diseñada sin quienes diariamente sostienen el funcionamiento de la justicia.
Recuperar la Inversión y el Sentido Humano de la Justicia
La inteligencia artificial obliga a ampliar nuestra idea de independencia judicial. Durante mucho tiempo pensamos esa independencia fundamentalmente como protección frente a la interferencia política. Esa dimensión continúa siendo indispensable, pero hoy debemos agregar otras preguntas: quién controla la infraestructura tecnológica utilizada por la justicia, dónde se almacenan los datos, quién puede auditar los sistemas y qué ocurre cuando una institución pública depende de tecnologías que no controla plenamente.
Nada de esto puede resolverse sin recursos. Digitalizar un Poder Judicial debilitado presupuestariamente no soluciona automáticamente sus problemas. Incluso puede profundizarlos si la tecnología termina siendo utilizada simplemente para compensar la falta de personal, infraestructura o presencia territorial.
La discusión presupuestaria, la transformación tecnológica, las condiciones de trabajo, la independencia judicial y la autonomía de la Defensa Pública forman parte, en realidad, de un mismo problema democrático. No existe una verdadera soberanía judicial cuando las instituciones carecen de las capacidades materiales y tecnológicas necesarias para ejercerla.
El desafío consiste en aprovechar el enorme potencial de la inteligencia artificial sin convertir la urgencia presupuestaria en una excusa para delegar funciones públicas esenciales en sistemas que el propio Estado no puede comprender, auditar o controlar.
La innovación puede fortalecer la justicia si está acompañada de inversión, capacitación, participación y responsabilidad institucional. La justicia del futuro no debería ser simplemente una justicia más automatizada. Debería ser una justicia más rápida, accesible y transparente, pero también más humana, territorial y democrática.
Una justicia donde la tecnología esté al servicio de quienes trabajan en ella y, fundamentalmente, de quienes recurren a ella para defender sus derechos.
(*) Pablo Elizalde
Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU)
(*) Pablo Da Rocha
Economista / Asesor Técnico
