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13.02.2026

En Uruguay se ha instalado, con una rapidez inquietante, una forma de hacer política que prescinde del debate, del debido proceso y de la razón crítica, y que se ampara en un discurso moral absoluto para destruir trayectorias, disciplinar militancias y reordenar jerarquías internas.

Los casos de Gerardo Núñez y Gustavo "Tato" Olmos no son episodios aislados ni errores circunstanciales: son síntomas de una política equivocada y profundamente siniestra, donde el feminismo -o más bien una de sus versiones más degradadas- se convierte en herramienta de cancelación y control político.

Gerardo Núñez: la condena sin proceso

El caso de Gerardo Núñez es paradigmático. Las dos acusaciones en su contra se presentaron en 2022 y se archivaron en los primeros meses de 2023, la primera tras la retractación de la denunciante, que pidió además disculpas, y la segunda luego de que el legislador cumpliera las medidas cautelares dispuestas por el Poder Judicial: "Vivimos momentos de mucha polarización social y política, donde no siempre importa la verdad ni los resultados judiciales. Importa más la instalación de relatos. En este contexto lo que menos quiero es perjudicar a mi fuerza política y a mi partido", explicó en una carta difundida en abril de 2023, cuando oficializó su renuncia y la Cámara de Representantes votó un subsidio en su apoyo.

Hubo primero que nada una denuncia en redes sociales, amplificada de inmediato por sectores feministas organizados, por medios complacientes y por una dirigencia política cobarde, incapaz de sostener el principio más elemental de cualquier democracia: nadie es culpable sin proceso.

Núñez fue empujado a una licencia prolongada y, finalmente, a la renuncia. No por decisión soberana del electorado ni por una resolución judicial, sino por el peso de una condena moral administrada en tiempo real, donde la acusación equivale automáticamente a la culpa y donde la defensa se interpreta como una nueva forma de violencia. Este mecanismo no busca verdad ni justicia: busca escarmiento.

Lo verdaderamente grave no es solo la suerte individual de Núñez, sino el precedente que se consolida: cualquier militante, cualquier cuadro político, puede ser destruido sin mediación institucional, siempre que la acusación sea presentada bajo el ropaje correcto y en el clima adecuado. La política queda así subordinada al linchamiento simbólico.

Gustavo "Tato" Olmos: cuando el archivo no repara nada

El caso de Gustavo Olmos revela el mismo problema desde otro ángulo. Aquí sí hubo investigaciones, hubo intervención de la Fiscalía y del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Y ambas instancias archivaron la causa por falta de pruebas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

El archivo no reparó la reputación, no restituyó plenamente la legitimidad política ni desarmó el relato instalado. Porque el objetivo de esta lógica no es esclarecer, sino marcar, estigmatizar y disciplinar. El mensaje es claro: incluso cuando no se demuestra nada, la sospecha basta; incluso cuando no hay condena, el castigo permanece.

Este es el núcleo siniestro del fenómeno: una política que opera fuera del derecho, pero que se sirve de su lenguaje, y que convierte la denuncia -necesaria y legítima cuando es real- en un arma que no admite falsación.

El feminismo como coartada punitiva

Conviene decirlo sin rodeos: lo que actuó en estos casos no fue el feminismo como proyecto emancipador, sino una versión punitiva, autoritaria y profundamente reaccionaria del mismo. Un feminismo que no busca igualdad ante la ley, sino excepción permanente; que no exige justicia, sino adhesión incondicional; que no discute poder, sino que lo administra.

Este feminismo de aparato se ha integrado sin fricciones al progresismo uruguayo pos-2000, ese mismo progresismo que renunció a la crítica estructural del capitalismo, que vació de contenido la idea de transformación social y que encontró en la moralización permanente una forma cómoda de sustituir la política por gestos.

No es casual que este tipo de cancelaciones prosperen en partidos debilitados ideológicamente, donde la acusación moral reemplaza al debate político y donde nadie se anima a incomodar a los nuevos sujetos sagrados del discurso público.

Melgar, González Viñoly y la legitimación de la cancelación

La cancelación de Gerardo Núñez y Gustavo "Tato" Olmos no fue un fenómeno espontáneo ni meramente emocional. Tuvo militantes activas y también productoras de legitimidad discursiva. Entre ambas dimensiones se inscriben Micaela Melgar y Patricia González Viñoly, cada una desde un lugar distinto, pero convergente en sus efectos.

Micaela Melgar participó activamente en ambos procesos, amplificando denuncias, exigiendo consecuencias políticas inmediatas y sosteniendo públicamente la idea de que la acusación basta. Su intervención expresa un feminismo militante que confunde denuncia con verdad, y que concibe la renuncia o el apartamiento como respuestas automáticas, no como decisiones políticas a evaluar.

Patricia González Viñoly, en cambio, cumple otra función, más sofisticada y más peligrosa: la de dotar de ropaje jurídico y moral a la lógica de la cancelación. Desde su lugar de politólogo, referente feminista y voz autorizada en el debate público, contribuyó reiteradamente a instalar la idea de que el debido proceso es un obstáculo, una trampa patriarcal o una excusa conservadora; que la presunción de inocencia es secundaria frente a la "creencia" en la denunciante; y que la sanción social anticipada no solo es legítima, sino deseable.

Esta combinación es letal para la democracia interna de cualquier fuerza política: militancia que presiona, discursos jurídicos que justifican, y dirigencias que capitulan.

En ese marco, lo ocurrido con Núñez y Olmos no fue un error: fue la aplicación coherente de una doctrina. Una doctrina según la cual no importa si hay pruebas, archivo judicial o contradicciones; lo que importa es enviar un mensaje ejemplarizante. Y ese mensaje fue enviado con éxito.

Cuando el derecho se vuelve coartada moral

La intervención de figuras como González Viñoly marca un punto de inflexión particularmente grave: el derecho deja de ser un límite al poder y pasa a ser su coartada. No se trata ya de proteger a las víctimas reales -objetivo incuestionable-, sino de redefinir las garantías como privilegios y de naturalizar un estado de excepción permanente para determinados sujetos.

Este feminismo jurídico-punitivo no emancipa: administra castigos. No repara: produce obediencia. Y al hacerlo, vacía de contenido tanto la lucha contra la violencia de género como la propia tradición garantista que la izquierda uruguaya decía defender.

Un progresismo que se devora a sí mismo

Lo ocurrido con Núñez y Olmos habla menos de ellos que del estado actual del progresismo uruguayo. Una izquierda que abandonó la presunción de inocencia, que desconfía de sus propios militantes y que prefiere sacrificar personas antes que enfrentar conflictos con racionalidad y coraje político.

Esta lógica no protege a las mujeres ni combate la violencia real. Al contrario: banaliza la denuncia, vacía de sentido las luchas históricas contra el patriarcado y convierte causas justas en instrumentos de poder interno. Es una política que, en nombre del progreso, reinstala prácticas inquisitoriales que la propia izquierda debería haber sepultado hace décadas.

La cancelación de Gerardo Núñez y Gustavo "Tato" Olmos no fue un accidente ni un exceso aislado. Fue la aplicación coherente de una forma de hacer política profundamente equivocada, que renuncia al derecho, desprecia la razón y se ampara en una moral selectiva para imponer silencios.

Si la izquierda uruguaya no revisa con urgencia esta deriva, no solo seguirá perdiendo cuadros y credibilidad: seguirá renunciando a la política misma, reemplazándola por una gestión del miedo, la culpa y la obediencia. Y ese camino, históricamente, nunca condujo a la emancipación, sino a su contrario.

Publicado originariamente en revista eXtramuros el 10 de febrero