UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.08.2026

El gobierno nicaragüense defiende la retirada de la ciudadanía a sus opositores. A lo largo de la historia, los Estados han usado ampliamente la privatización de la nacionalidad para excluir o expulsar a las personas consideradas indeseables, como disidentes políticos, delincuentes condenados y miembros de grupos minoritarios étnicos, religiosos o raciales.

A fines de la década de 1930, Alemania, Italia y Francia promulgaron leyes de nacionalidad discriminatorias que revocaba la ciudadanía a grupos específicos, particularmente -aunque no solamente- judíos recién naturalizados, lo que facilitó su persecución. En 1941, el presidente panameño Arnulfo Arias presentó una nueva constitución que promovía una forma excluyente de nacionalismo y estableció disposiciones de ciudadanía discriminatorias, lo que sentó las bases del retiro de nacionalización de miles de panameños afrocaribeños. En 1982, Myanmar (entonces Birmania) aprobó una ley de ciudadanía que despojaba de su ciudadanía a los rohinyá-minoría étnica predominantemente musulmana del estado Rakáin-. según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los rohinyá constituyen la mayor población apátrida del mundo, cerca de 1.8 millones de personas no tienen nacionalidad. Aunque la privación de nacionalidad no resulta invariablemente en apatridia, frecuentemente ha tenido ese resultado, y ha dejado a muchas comunidades afectadas con esas políticas sin protección de ningún Estado.

Como afirma Audrey Macklin en su capítulo "El regreso de la deportación: ¿Las nuevas políticas de retiro de la nacionalidad debilitan la ciudadanía?" en el libro "Debate de las transformaciones de la ciudadanía nacional", los "defensores de revocar la ciudadanía recitan litúrgicamente que la 'ciudadanía es un privilegio, no un derecho», honor que algunos líderes autoritarios creen que se debe ganar con fidelidad al camino político que han considerado adecuado para el país.

Quienes traicionan a su patria pierde su derecho a pertenecer.

El 9 de febrero de 2023, el Gobierno nicaragüense liberó a 222 prisioneros políticos y los deportó a Estados Unidos. Ese mismo día, la Asamblea Nacional -controlada por el partido gobernante- aprobó unánimemente una reforma constitucional que autoriza revocar la nacionalidad a quienes se declare "traidores a la patria". Estas reformas se aprobaron con la ley 1145 y luego se incorporaron a la ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. El 15 de febrero de 2023, el Gobierno nicaragüense revocó la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses.

La ciudadanía como instrumento de control: en Nicaragua, el desacuerdo es silenciado.

El gobierno nicaragüense defiende la retirada de la ciudadanía a sus opositores.

Un año después, el 21 de febrero de 2024, en un discurso para celebrar los 90 años del revolucionario Augusto Nicolás Calderón Sandino, el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo, "quienes traicionan a su patria dejan de pertenecer a ese país y dejan de tener una patria. Es por eso quien traiciona a su patria se le llama" apátrida. Ortega usa "traición a la patria" y "apátrida" en su declaración para igualar traición a la patria con apatridia.

Ortega hizo estas declaraciones en referencia a Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro, dos expresidentes de Nicaragua de la primera mitad del siglo XX, y a las más de 300 personas a quienes se privó de su ciudadanía. Comparó a los exiliados con los dos anteriores líderes del país que apoyaron la ocupación estadounidense de Nicaragua (1912-1933), contra la que Sandino luchó.

Miembros del actual Gobierno nicaragüense y la prensa afiliada repiten esta narrativa y la creencia de que expresar desacuerdo con la actual administración es un acto de traición que debe penalizarse con el retiro de la nacionalidad.

Esta narrativa también se difunde fuera de Nicaragua. En julio de 2025, Camboya revisó su Constitución y aprobó nueva legislación que autorizaba al Gobierno despojar de la ciudadanía jemer a personas declaradas culpables de traición, de colaborar con entidades extranjeras o de amenazar la seguridad nacional. En referencia a la regulación, dijo: Si eres patriota y estás determinado hasta tu último aliento a no actuar contra los intereses camboyanos, por favor, no te preocupes. Pero si tienes un plan para conspirar con un país extranjero para destruir los intereses camboyanos, entonces debes preocuparte. Y si es así, no debes seguir siendo camboyano.

 El julio de 2026, el Parlamento ruso aprobó una ley que envía un mensaje similar a los disidentes. Según esa norma, los rusos que viven en el extranjero para evadir acusaciones con motivación política pueden verse privados de sus derechos de propiedad, acceso a cuentas bancarias y servicios consulares, un grupo de medidas que los abogados dicen que, en realidad, equivalen a revocar la ciudadanía.

El contexto alrededor de la narrativa.

Daniel Ortega es un excombatiente de guerrilla que ayudó a derrocar al presidente Anastasio Somoza Debayle en julio de 1979. Somoza Debayle fue el último miembro de la familia Somoza en gobernar Nicaragua, lo que puso fin a una dinastía respaldada por Estados Unidos que había gobernado el país desde 1936. Ortega ejerció primero como presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, en representación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido político que surgió del movimiento al que pertenecía.

Entre 1990 y 2006, Nicaragua pasó de guerra civil y gobierno sandinista a un sistema democrático multipartidario bajo el mando de tres presidentes consecutivos -Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños- antes de que Daniel Ortega recuperara la presidencia con su victoria electoral de 2006.

Daniel Ortega ha gobernado Nicaragua desde 2007. Luego de reformas constitucionales aprobadas en 2024, empezó a compartir la presidencia con su esposa, Rosario Murillo, en 2025.

Numerosas organizaciones internacionales consideran ampliamente a la administración de Ortega y Murillo como autoritaria. Según Amnistía Internacional, el Gobierno nicaragüense ha consolidado el control autoritario e intensificado su represión del desacuerdo. La organización informa de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de opositores políticos, y restricciones a la libertad de expresión, asociación y religión. También documenta un continuo acoso a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Amnistía Internacional señala que las reformas constitucionales han ampliado los poderes del Estado y han debilitado las protecciones contra abusos, y que incluso han eliminado la prohibición constitucional de la tortura.

 La crisis política en Nicaragua ha ido en aumento desde 2018, cuando las protestas sociales, desencadenadas por reformas propuestas de Seguridad Social, reflejaron años de creciente descontento público por restricciones a libertades cívicas, instituciones debilitadas y la concentración del poder en el Ejecutivo. La violenta represión estatal dejó al menos 355 muertos, más de 2000 heridos y más de 2000 detenidos arbitrariamente.

 Ortega y sus seguidores sostienen que representan el legado de Augusto César Sandino, controvertido revolucionario que luchó por la soberanía nacional, se opuso a la intervención estadounidense en Nicaragua en la década de 1920 e inspiró el movimiento sandinista.

Las intervenciones estadounidenses en Nicaragua ocurrieron en varias ocasiones, sobre todo la expedición obstruccionista de William Walker de mediados del siglo XIX, la prolongada ocupación militar estadounidense entre 1912 y 1933, y el apoyo estadounidense a los Contras, movimiento armado contrarrevolucionario que luchó contra la Junta de Reconstrucción Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la presidencia de Daniel Ortega en la década de 1980.

Ortega se ha presentado como uno de los significativos líderes antiimperialistas de Latinoamérica, junto con el cubano Fidel Castro y el venezolano Hugo Chávez Frías. En su discurso, a los disidentes se les considera "traidores a la patria" y a menudo se les vincula con intentos imperialistas que se consideran vienen principalmente de Estados Unidos.

Pero ya no cuenta con amigos. Cuba aislada y una Venezuela que le vende combustible a precios de mercado. Nicaragua no tiene refinerías, su electricidad proviene de usinas de gas oil, y la geografía no es benigna: Los aerogeneradores no soportan los huracanes y la hidroeléctrica es mínima, en país montañoso y poblado cada pequeño valle es aprovechada para la agricultura.

Los más de 300 nicaragüenses despojados de su nacionalidad incluyen a miembros de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, escritores y representantes de la Iglesia católica. Después de que el Gobierno nicaragüense anunció su decisión, los Gobiernos de México, España, Chile y Argentina ofrecieron naturalizar a quienes recientemente habían pasado a ser apátridas.

 El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega anunció que «no habrá más elecciones» en el país. Las elecciones presidenciales de Nicaragua estaban programadas para 2027, después de que una reforma constitucional las postergó de su fecha original, a fines de 2026.

El hecho solo suscito algunos comunicados de las cancillerías latinoamericanas, Estados Unidos y de la UE. Pero Nicaragua tiene una economía estable, totalmente liberal que utiliza mano de obra barata para productos de exportación y con muchas empresas internacionales obtienen ganancias exprimiendo a los más pobres de Nicaragua. Tampoco se puede tener un doble discurso. Mientras el derechista Bukele busca eternizarse como presidente cambiando la constitución de El Salvador, casi sin críticas de otros estados, inclusive de la OEA. Nicaragua no tiene petróleo ni nada que la haga interesante para algún tipo de embargo o intervención militar. Queda en mano de los propios nicaragüenses sacar a los Sandinistas del poder. Bueno si hay un país: o Costa Rica que tiene refugiados unos 800 mil nicaragüenses, a los que cubre los gastos de salud y de todo el aparato de bienestar social, igual que ha sus propios ciudadanos. Los Ticos se cansaron de la situación y llevaron a la presidencia al derechista, Laura Fernández Delgado.

Michael Mansilla.

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