UY Press - Agencia uruguaya de noticias

20.10.2026

Cuánto podrían aportar las grandes fortunas para atender las urgencias de Uruguay y preparar una sociedad que envejece ante la transformación del trabajo

Uruguay debe discutir con seriedad una mayor contribución de las grandes fortunas. La seguridad, las personas que viven en la calle y la transformación del sistema carcelario requieren recursos y una gestión capaz de producir resultados. A esas urgencias se suma una responsabilidad que no podemos seguir postergando: preparar al país para el envejecimiento de su población y para los cambios que la inteligencia artificial introduce en el trabajo.

Desde una perspectiva de izquierda, esa discusión compromete nuestra idea de justicia y nuestra capacidad de gobernar. Quienes poseen más tienen una responsabilidad mayor en el sostenimiento de la sociedad. Para convertir ese principio en una política viable debemos precisar cuánto se recaudaría, quiénes aportarían y cómo se utilizaría cada peso.

Las cifras sobre la mesa

Hay estimaciones que permiten dimensionar el debate. Un documento técnico divulgado por el PIT-CNT en julio de 2025 calculó que un impuesto del 1% al patrimonio del 1% más rico podría recaudar entre 600 y 800 millones de dólares por año. En octubre de 2026, el economista Carlos Grau planteó una referencia más moderada, de 300 a 400 millones anuales, para un diseño más acotado que busca preservar los activos productivos.

Pongámoslo blanco sobre negro. Un escenario de 300 a 400 millones de dólares anuales equivaldría a entre 1.500 y 2.000 millones en los cinco años de un gobierno. El escenario de 600 a 800 millones anuales representaría entre 3.000 y 4.000 millones en un quinquenio.

Son estimaciones de propuestas diferentes, no una recaudación certificada por la DGI. Las sumas quinquenales suponen cinco años completos de aplicación y un ingreso anual constante en dólares. El resultado dependerá de los activos incluidos, las exoneraciones, el control fiscal y la respuesta de los contribuyentes. Tampoco corresponde asegurar que elevar la tasa al 2% duplicaría el ingreso.

Incluso el escenario más moderado representa una capacidad de acción considerable. Para juzgar su alcance hay que contrastarlo con proyectos presupuestados. La misma recaudación no puede prometerse íntegramente para seguridad, vivienda, cárceles y jubilaciones a la vez. Gobernar supone elegir prioridades y hacerse responsable de ellas.

Qué riqueza y qué contribuyentes

Uruguay ya tiene un Impuesto al Patrimonio. La discusión consiste en evaluar cómo reforzar la progresividad del sistema y qué carga adicional correspondería a las mayores fortunas. No alcanza con mencionar apellidos conocidos: una ley debe definir reglas generales, residencia fiscal, bienes alcanzados y métodos de valoración.

La propuesta del Instituto Cuesta Duarte de noviembre de 2025 utiliza como referencia un millón de dólares de patrimonio neto exento y tasas progresivas sobre el excedente. Ese diseño no equivale a cobrar un 1% uniforme sobre todo lo que tenga cualquier persona que supere el umbral. Las diferencias importan, especialmente cuando se comparan patrimonios próximos al mínimo con fortunas de decenas o cientos de millones.

También importa distinguir riqueza de dinero disponible. Un patrimonio puede estar compuesto por inmuebles o participaciones empresariales. Por eso defiendo un esquema gradual, con mecanismos para atender problemas comprobados de liquidez y controles que impidan convertir las exoneraciones en vías de elusión. La DGI debe estimar la recaudación adicional respecto de los impuestos actuales antes de comprometer su destino.

Invertir y contribuir

La pregunta sobre la inversión es legítima. Uruguay necesita empresas que produzcan, incorporen tecnología y generen empleo de calidad. Un impuesto mal diseñado puede afectar decisiones de inversión o inducir cambios de residencia fiscal. La OCDE advierte sobre estos riesgos y sobre la necesidad de considerar la carga total sobre el capital.

Pero tampoco corresponde clausurar la discusión diciendo que toda contribución adicional alejará las inversiones. Hay que examinar qué activos se gravan, con qué tasas y qué sucede con las empresas cuyos propietarios deben pagar. Gravar a una persona y gravar directamente a su empresa son decisiones distintas, aunque pueden existir efectos indirectos.

Mi posición es avanzar con reglas previsibles, evaluación técnica y una contribución proporcionada a la capacidad económica. Una sociedad más segura y con mejores oportunidades también ofrece condiciones favorables para producir. El beneficio de esas políticas debe demostrarse mediante resultados, sin dar por hecho que compensará automáticamente cualquier costo tributario.

Una sociedad que envejece

Las proyecciones del INE, revisadas en 2025, muestran la dirección del cambio. La edad media pasaría de 39 años en 2024 a 44,3 en 2045. Hacia 2070, la proporción de personas de 65 años o más llegaría al 32,5%, frente al 15,8% de la referencia actual utilizada por el organismo. Son proyecciones sujetas a supuestos, pero exigen incorporar el desafío demográfico a las decisiones presentes.

En los próximos veinte o treinta años tendremos que sostener jubilaciones dignas y una mayor demanda de cuidados y salud. La relación entre aportantes y beneficiarios dependerá también del empleo formal, los salarios, la productividad y la inmigración. No estamos ante una quiebra inevitable de la seguridad social; estamos ante decisiones que serán más difíciles si las aplazamos.

Un impuesto a las grandes fortunas puede aportar recursos, pero no resuelve por sí solo el financiamiento previsional. Necesitamos una estrategia que aumente la capacidad de producir, amplíe la formalización y distribuya de manera justa el esfuerzo de sostener la protección social.

El trabajo que viene

A ese proceso se suma la inteligencia artificial. La OIT y el instituto NASK estimaron en 2025 que uno de cada cuatro empleos del mundo presenta algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. Exposición no significa desaparición: el estudio considera más probable la transformación de las ocupaciones que su sustitución completa. Tampoco es una estimación específica para Uruguay.

La cuestión política es quién se beneficia de esa transformación. Si determinadas actividades generan más riqueza con menos horas de trabajo humano, debemos discutir cómo participan de esas ganancias los trabajadores y cómo se financia la protección social. Sería irresponsable esperar a que las pérdidas de empleo, allí donde ocurran, encuentren a las personas sin herramientas para reconvertirse.

Preparar al país exige formación durante toda la vida laboral, apoyo a quienes cambien de ocupación y acceso a tecnología para las pequeñas empresas. También demanda revisar si la combinación de aportes laborales, rentas del capital y otras fuentes tributarias puede sostener las necesidades futuras.

Recursos con resultados

Propongo que esta discusión desemboque en un programa público con costos, plazos y rendición de cuentas. En seguridad, prevención e investigación profesional. Para quienes viven en la calle, vivienda y atención sostenida en salud mental y adicciones. En las cárceles, condiciones dignas, educación, trabajo y acompañamiento al egreso que contribuya a reducir la reincidencia.

Las obras y los servicios requieren financiamientos distintos. Una contribución por única vez puede ayudar a construir infraestructura; sostener equipos de atención y programas de reinserción necesita ingresos permanentes. Esa distinción debe estar presente desde el comienzo.

El Frente Amplio tiene la responsabilidad de impulsar este debate con sensibilidad social y rigor. Podemos defender la inversión y reclamar una contribución mayor a quienes concentran más riqueza. Debemos explicar cómo se combinan ambos objetivos y aceptar que los resultados sean evaluados.

La cuenta del futuro ya está llegando a los hogares que no encuentran una respuesta, a quienes temen por su seguridad y a quienes se preguntan cómo vivirán su vejez. Una izquierda que aspira a transformar debe ofrecer un camino concreto. Discutir quién aporta y para qué país es parte de esa responsabilidad.

En el mundo contemporáneo, donde la tecnología multiplica la capacidad de producir riqueza, el capital debe asumir una responsabilidad ineludible en el desarrollo y el bienestar de la humanidad. Las grandes fortunas deben contribuir de manera efectiva, justa y sostenida al financiamiento de los bienes y servicios que hacen posible una vida digna. Ese aporte debe traducirse en obligaciones democráticamente establecidas, acordes con su capacidad económica. El progreso se mide también por la seguridad, los cuidados y las oportunidades que llegan a cada persona. Esa debe ser una exigencia política de nuestro tiempo: que la riqueza contribuya a construir un futuro compartido.

Gerardo Amengual es integrante de la Dirección Nacional de SER, lista 141 FRENTE AMPLIO.

Fuentes de referencia

PIT-CNT. Consideraciones sobre un impuesto a la riqueza, julio de 2025. https://www.pitcnt.uy/sites/default/files/2025-07/Consideraciones%20de%20impuesto%20riqueza.pdf

Instituto Cuesta Duarte. Propuesta de sobretasa al IPPF para financiar la reducción de la pobreza infantil, noviembre de 2025. https://www.cuestaduarte.org.uy/sites/default/files/2025-11/IPPF%20para%20financiar%20la%20reduccio%CC%80n%20de%20la%20pobreza%20infantil%20(1).pdf

Táh. Carlos Grau plantea reforzar el impuesto al patrimonio para financiar políticas contra la pobreza infantil, 7 de octubre de 2026. https://somostah.com/2026/10/07/carlos-grau-plantea-reforzar-el-impuesto-al-patrimonio-para-financiar-politicas-contra-la-pobreza-infantil-a6njbhgomrv8uszo8r1zzy3q

INE. Una sociedad que envejece y Proyecciones de población revisión 2025. https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/noticias/sociedad-envejece

OIT y NASK. Generative AI and Jobs A Refined Global Index of Occupational Exposure, 2025. https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure

OCDE. The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD, 2018. https://www.oecd.org/en/publications/the-role-and-design-of-net-wealth-taxes-in-the-oecd_9789264290303-en.html