UY Press - Agencia uruguaya de noticias

11.11.2026

En Uruguay, cuidar la confianza pública exige verificar quién financia las campañas y dar a los organismos de control los recursos para actuar durante la campaña y después de cada elección.

La pregunta incomoda, pero merece una respuesta que no se acomode a las conveniencias partidarias. La percepción de corrupción no demuestra un delito. Tampoco corresponde descalificarla como una simple sensación térmica. Cuando la ciudadanía sospecha que el poder se utiliza para favorecer a unos pocos, la política tiene la obligación de dar explicaciones y abrir la gestión al escrutinio público.

En Uruguay debemos cuidar un patrimonio institucional que no pertenece a ningún gobierno ni partido. Cuidarlo exige reconocer sus fortalezas y examinar sus fallas. La confianza no se preserva negando los problemas: se sostiene con información, investigaciones serias y consecuencias cuando se comprueban responsabilidades.

Lo que los datos dicen y lo que no dicen

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, publicado en febrero de 2026, ubicó a Uruguay en el puesto 17 entre 182 países y territorios, con 73 puntos sobre 100. Es una posición destacada y el mejor resultado de América Latina y el Caribe. La ficha del país registra, además, tres puntos menos que en la edición anterior. Ambos datos merecen atención, sin convertir una variación anual en una explicación automática de sus causas. [1]

Hay una precisión fundamental: este indicador reúne evaluaciones de expertos y empresarios sobre la corrupción del sector público. No es una encuesta al conjunto de la ciudadanía ni un recuento de delitos comprobados. Por eso, una buena ubicación no certifica que no exista corrupción, y una caída del puntaje no demuestra por sí sola que hayan aumentado los delitos. [2]

Para conocer la realidad necesitamos mirar también las investigaciones, sus resultados, las observaciones de los organismos de control y las respuestas de las autoridades. Incluso el número de denuncias requiere interpretación: puede expresar más irregularidades, pero también mayor disposición a denunciar. Confundir indicadores empobrece el debate y facilita su manipulación.

No todo es lo mismo

Una decisión equivocada, una irregularidad administrativa, un conflicto de intereses y un acto de corrupción no son categorías intercambiables. Tampoco una denuncia equivale a una condena. Mezclarlo todo puede destruir reputaciones sin fundamento y, al mismo tiempo, diluir la gravedad de conductas que sí implican abuso del poder para obtener beneficios particulares.

Las garantías y la presunción de inocencia son parte de la democracia que defendemos. No pueden depender de la simpatía que despierte una persona. Pero la responsabilidad política merece un examen propio: una conducta puede exigir explicaciones, correcciones o una renuncia aunque no termine en una condena penal. La ética pública no puede reducirse a preguntar si algo alcanza para configurar un delito.

También hay que evitar que la discusión quede encerrada en quienes ocupan cargos públicos. Cuando existen sobornos, beneficios indebidos o acuerdos para torcer decisiones estatales, corresponde investigar a todos los participantes, incluidos los actores privados. La exigencia de integridad debe alcanzar a quienes deciden y a quienes buscan comprar esas decisiones.

La misma vara también para los propios

El compromiso democrático se pone a prueba cuando una denuncia involucra al espacio político que uno integra. Reclamar rigor frente al adversario y pedir silencio frente al compañero destruye la credibilidad de cualquier discurso ético. La lealtad a un proyecto colectivo no obliga a justificar conductas que contradicen sus principios.

Desde una perspectiva de izquierda, esto tiene un significado concreto. Los recursos públicos permiten financiar cuidados, educación, salud, vivienda y oportunidades de trabajo. Su desvío o utilización para favorecer intereses particulares limita esas posibilidades y perjudica especialmente a quienes más necesitan del Estado. Combatir la corrupción forma parte de la lucha por la igualdad.

A la vez, debemos rechazar la generalización de que todos los políticos son iguales. Esa afirmación borra diferencias entre quienes sirven a la sociedad y quienes se aprovechan del cargo. La crítica fundada ayuda a corregir; el descrédito indiscriminado puede terminar debilitando las herramientas democráticas necesarias para controlar al poder.

La confianza necesita controles

No alcanza con proclamar honestidad. Se necesitan organismos de control con recursos y autonomía, información accesible sobre contrataciones y criterios de adjudicación, y mecanismos para prevenir y gestionar conflictos de intereses. También hacen falta protección para quienes denuncian de buena fe, periodismo capaz de investigar y autoridades dispuestas a responder preguntas incómodas.

En medio de campañas intensas, los partidos y sectores deben cumplir con las obligaciones de informar sobre los aportes y rendir cuentas. Al sistema político le corresponde asegurar que la Corte Electoral y los organismos que la apoyan dispongan del personal y el presupuesto necesarios para verificar el origen de los fondos durante la campaña y revisar las rendiciones después de cada elección.

La fiscalización debe permitir detectar posibles conflictos de intereses cuando un donante privado tiene interés en una decisión de gobierno. También debe ayudar a prevenir que el narcotráfico canalice fondos hacia una campaña por medio de terceros. Para eso hacen falta recursos para seguir el rastro del dinero y actuar a tiempo ante indicios fundados. Fortalecer esa capacidad es una responsabilidad del sistema político y una forma concreta de cuidar las instituciones democráticas del Uruguay. La exigencia debe ser la misma para todos los partidos y sectores.

La transparencia debe permitir comprender las decisiones: qué se compra, por qué se elige una oferta, quién se beneficia y cómo se verifica el cumplimiento. Publicar documentos difíciles de encontrar o interpretar no satisface esa necesidad. La ciudadanía tiene que poder seguir el uso de los recursos y conocer qué se hizo ante una observación.

¿Sensación térmica o realidad? La respuesta exige examinar cada hecho con pruebas y escuchar la desconfianza sin convertirla en sentencia. Podemos valorar las fortalezas de Uruguay y exigir mejoras. Podemos defender las garantías y reclamar responsabilidades. La política recupera autoridad cuando acepta que el control también debe ejercerse sobre los propios.

Ni condenar por sospechas ni proteger por afinidades. Cuando se trata de los recursos públicos y de la confianza de la sociedad, no vale todo.

Gerardo Amengual es Integrante de la DN de SER lista 141 FA. 

Fuentes de los datos

[1] Transparencia Internacional, ficha de Uruguay, IPC 2025: https://www.transparency.org/en/countries/uruguay

[2] Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2025, metodología y alcance: https://www.transparency.org/es/publications/corruption-perceptions-index-2025